Las recientes movilizaciones de cinco sindicatos del sector salud en Michoacán ocurren sin fundamento jurídico, debido a que las prestaciones exigidas no se encuentran registradas en el Contrato Colectivo ni en las Condiciones Generales de Trabajo. Conforme a la ley laboral vigente, los beneficios solicitados no forman parte de las obligaciones patronales y, por lo tanto, no pueden exigirse.
Tras la incorporación del sistema estatal al modelo IMSS-Bienestar, la administración del personal pasó de manera íntegra a la Federación. Esto implica que la creación de plazas, la autorización de prestaciones, los procesos escalafonarios y cualquier modificación laboral competen exclusivamente al ámbito federal, no al estatal. Por ello, las prestaciones reclamadas no son materia estatal, sino de la autoridad federal.
De acuerdo con los lineamientos normativos, los sindicatos que desean negociar beneficios deben contar primero con registro ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Solo después de obtener dicho reconocimiento pueden acudir al IMSS-Bienestar para solicitar las prestaciones de carácter federal.
La legislación laboral también establece que ninguna institución estatal puede otorgar prestaciones que no existan en la ley o que no estén previamente presupuestadas o que sean competencia federal. En este caso, las prestaciones demandadas no aparecen en las Condiciones Generales de Trabajo ni en el contrato colectivo aplicable al sector, lo que imposibilita su entrega.
Conceder beneficios fuera de norma generaría un incumplimiento legal y financiero y un conflicto mayor con otros sindicatos que podrían recurrir a las mismas acciones.
Los sindicatos con reconocimiento federal afirman que las protestas carecen de razón de ser y de fundamento jurídico, ya que las demandas corresponden al ámbito federal, no están contempladas en la normatividad laboral vigente y no pueden ser otorgadas por un gobierno estatal.
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