Morelia, Michoacán, a 13 de julio de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, refrendó su compromiso con la libertad de expresión y la protección de las y los periodistas, al señalar que el Poder Legislativo debe avanzar en la construcción de acuerdos que permitan fortalecer el marco jurídico para garantizar el ejercicio seguro de esta profesión.

Ante las inquietudes expresadas por integrantes del gremio periodístico en torno a la denominada Ley Mauricio, el legislador reconoció que existe preocupación por la falta de aprobación de la iniciativa y sostuvo que el Congreso debe responder con apertura, responsabilidad y disposición al diálogo.

“Entendemos la preocupación legítima de quienes preguntan por qué esta iniciativa aún no ha sido aprobada. Es una pregunta válida y merece una respuesta seria. Nuestro deber no es únicamente legislar con rapidez, sino legislar bien y construir normas que realmente protejan los derechos de las y los periodistas”, expresó.

Gaona García señaló que una reforma de esta trascendencia requiere del análisis de sus alcances jurídicos y de la construcción de consensos entre las distintas fuerzas políticas, a fin de evitar vacíos legales o controversias que impidan alcanzar el objetivo de brindar una protección efectiva al ejercicio periodístico.

“El Congreso del Estado no es adversario de las y los periodistas. Compartimos la convicción de que deben ejercer su labor con absoluta libertad, sin intimidaciones, censura, amenazas ni violencia. La crítica fortalece a las instituciones; el silencio impuesto por el miedo las debilita”, afirmó.

Finalmente, Baltazar Gaona reiteró su disposición para impulsar el diálogo entre las comisiones legislativas, promoventes de la iniciativa, colectivos de periodistas y especialistas, con el objetivo de construir los acuerdos necesarios para avanzar en una legislación eficaz que honre la memoria del periodista Mauricio Cruz Solís y fortalezca la libertad de expresión en Michoacán.

Morelia, Michoacán, 9 de julio de 2026.- Con la aprobación en el Congreso de Michoacán de la reforma para prohibir el nepotismo, delimitar quiénes no pueden aspirar a una diputación o cargo municipal y la reelección inmediata; se podrá garantizar un ejercicio electoral con mayor democracia y soberanía para que en las próximas campañas del 2030 prevalezca la equidad en el ejercicio ciudadano.

Así lo señaló el coordinador parlamentario del Partido del Trabajo, Reyes Galindo Pedraza, quien aplaudió la disposición de las y los legisladores para avalar por unanimidad esta reforma constitucional en beneficio del pueblo, en la que votaron a favor del Dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales sobre las reformas propuestas.

Reyes Galindo, explicó que de acuerdo con las Consideraciones del Dictamen, quedó prohibida la reelección inmediata a los cargos populares para diputados locales, presidencias municipales, regidurías y sindicaturas, así como jueces y magistrados del Poder Judicial; así como también queda estrictamente prohibido el nepotismo en línea recta y colateral hasta el cuarto grado.

“El objetivo de eliminar el nepotismo, es erradicar el fenómeno familiar de los puestos populares en el Estado de Michoacán, a fin de evitar el bloqueo de las alternancias democráticas en los procesos electorales, por lo que con estas reformas se establece una restricción temporal y no absoluta al derecho de ser votado para las personas Diputadas, Presidentes y Presidentas Municipales, Regidoras y Regidores, y personas Síndicas, en aras de la dedicación exclusiva a la gestión pública”, agregó.

El líder de la bancada del PT, que este es un gran paso a la democracia y bienestar del pueblo michoacano que aseguró, rendirá frutos en el ejercicio democrático a partir del año 2030 y consecuentemente habrá una transición hacia un estado libre de cacicazgos políticos, que abrirá las puertas a nuevos liderazgos emanados del pueblo.

· La reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial reconoce expresamente los documentos en formato digital emitidos por plataformas oficiales del gobierno estatal.
un nuevo pago.

Morelia, Michoacán, a 09 de julio de 2026. – En sesión ordinaria, el Pleno de la LXXVI Legislatura aprobó el dictamen que reforma la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado para reconocer con plena validez jurídica la licencia de conducir y la tarjeta de circulación en formato digital. La iniciativa, presentada por el diputado Abraham Espinoza Villa (PVEM), fue respaldada por todas las fuerzas políticas y consolida un proceso de modernización que hoy beneficia a miles de michoacanas y michoacanos.

Desde la tribuna, el legislador del PVEM explicó que la tecnología ha transformado la forma en que las personas realizan sus actividades diarias, y cada vez son más los servicios públicos que incorporan herramientas digitales para hacer los trámites más ágiles, seguros y accesibles.

“Nuestro deber como legisladores es garantizar que esa evolución también encuentre respaldo en la ley. Con esa visión fue presentada la iniciativa que hoy estamos dictaminando. El objetivo siempre fue reconocer jurídicamente el uso de documentos digitales en materia de movilidad y brindar certeza tanto a la ciudadanía como a las autoridades responsables de hacer cumplir la ley”, señaló Espinoza Villa.

El diputado reconoció la voluntad del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por impulsar la implementación de la licencia de conducir y la tarjeta de circulación en formato digital, pero subrayó que las decisiones administrativas permiten poner en marcha políticas públicas, mientras que las leyes garantizan que esas políticas permanezcan en el tiempo.

“Los avances que generan beneficios para la ciudadanía deben convertirse en instituciones, no quedarse únicamente como decisiones de gobierno. Con esta reforma, los documentos digitales quedan reconocidos expresamente en la ley, lo que garantiza su continuidad y evita que su permanencia dependa de la visión o de las prioridades de futuras administraciones”, afirmó.

La reforma también fortalece la seguridad jurídica, ya que los documentos digitales emitidos por las plataformas oficiales del gobierno del estado podrán verificarse en tiempo real, lo que reduce riesgos de falsificación y brinda mayor certeza tanto a las autoridades como a las personas usuarias.

Otro aspecto destacado es que la recuperación de la documentación digital o su utilización en un nuevo dispositivo no implicará volver a pagar por un derecho previamente adquirido.

“La tecnología debe servir para facilitar la vida de las personas y hacer más eficiente la administración pública. No es justo que un ciudadano que ya pagó su licencia tenga que pagar de nuevo si pierde su celular”, enfatizó el legislador.

Espinoza Villa concluyó su intervención señalando que las mejores reformas son aquellas que trascienden los periodos de gobierno. “Cuando una política pública demuestra su utilidad, corresponde al Poder Legislativo darle estabilidad, certeza jurídica y permanencia. Eso es precisamente lo que hoy estamos haciendo”, sentenció.

Con esta aprobación, Michoacán se coloca a la vanguardia en materia de digitalización de trámites vehiculares, sumándose a entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, donde ya opera este esquema con plena validez jurídica.

Morelia, Michoacán, a 9 de julio de 2026.- El diputado local Baltazar Gaona García criticó las ofertas que dirigentes del PRI y Movimiento Ciudadano han realizado a integrantes del Movimiento del Sombrero para que encabecen candidaturas bajo las siglas de esos partidos.

El legislador del Partido del Trabajo consideró que ambas fuerzas políticas deberían fortalecer a sus propios cuadros y respetar el trabajo de quienes durante años han construido una trayectoria al interior de sus organizaciones.

Gaona García agregó que el hecho de que el PRI y MC estén rogando a perfiles externos representa una falta de respeto a sus cuadros y a su militancia.

“Los partidos políticos deben respetar su propia identidad, su vida interna y, principalmente, a su militancia. Me pregunto si en el PRI o en Movimiento Ciudadano no existen perfiles con la capacidad y los conocimientos necesarios para encabezar sus propios proyectos”, expresó.

El diputado señaló que recurrir constantemente a figuras externas refleja la falta de confianza de las dirigencias partidistas en sus propios militantes, quienes legítimamente aspiran a participar y representar a sus institutos políticos en los procesos electorales.

“Los partidos deben tener dignidad y confiar en su gente, no buscar desesperadamente a alguien externo para que les haga el favor de salvarlos. Quienes han trabajado y defendido durante años las siglas de un partido merecen respeto y oportunidades”, afirmó.

Finalmente, Baltazar Gaona sostuvo que las decisiones políticas rumbo al próximo proceso electoral deberán partir de la congruencia y el respeto a las identidades partidistas. Señaló que las alianzas o los acercamientos coyunturales no garantizan acuerdos políticos ni candidaturas.

Morelia, Michoacán a 08 de julio de 2026.- El diputado Juan Antonio Magaña de la Mora presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Familiar para el Estado de Michoacán, con el objetivo de establecer un límite temporal claro y razonable para la obligación alimentaria respecto de hijos mayores de dieciocho años.

«Me permito poner a la consideración de este Pleno la presente iniciativa que se sustenta, entre otras consideraciones, en los siguientes motivos.», señaló el legislador.

El diputado recordó que el derecho de alimentos constituye una institución fundamental del derecho familiar mexicano, vinculado con la supervivencia, la dignidad humana, el mínimo vital, la solidaridad familiar y el desarrollo integral de las personas. Tratándose de niñas, niños y adolescentes, la obligación alimentaria deriva directamente del artículo 4° constitucional y del principio del interés superior de la niñez, por lo que la protección es máxima y la obligación posee carácter prioritario.

Sin embargo, señaló que la situación jurídica cambia sustancialmente cuando la persona alcanza la mayoría de edad, ya que ello implica capacidad jurídica plena, autonomía personal y la posibilidad de asumir responsabilidad sobre su propia subsistencia.

En consecuencia, respecto de mayores de dieciocho años, la obligación alimentaria adquiere características distintas: ya no se parte de una presunción preexistente, sino de principios de solidaridad familiar, razonabilidad, proporcionalidad y autosuficiencia progresiva, dentro de una lógica transitoria.

El legislador explicó que la doctrina contemporánea reconoce que los alimentos para mayores de edad no poseen naturaleza perpetua ni incondicionada, sino excepcional y temporal, con la finalidad de permitir la conclusión razonable de estudios o superar situaciones justificadas de dependencia económica. En ese sentido han resuelto los tribunales federales, reconociendo la inexistencia de un derecho alimentario ilimitado para personas mayores de edad.

Magaña de la Mora señaló que actualmente el Código Familiar de Michoacán permite la subsistencia de alimentos para mayores de dieciocho años cuando continúan realizando estudios, y que recientemente esta Legislatura estableció un límite para obtener el título profesional. No obstante, no se establece un límite temporal objetivo y claro respecto de la duración razonable de la obligación, lo que ha generado incertidumbre jurídica, criterios judiciales dispares y litigios prolongados.

El diputado calificó esta situación como preocupante, pues en múltiples casos la obligación se prolonga indefinidamente aun cuando han transcurrido lapsos excesivos sin conclusión razonable de estudios, sin incorporación efectiva al mercado laboral y con dependencia económica excesiva sin justificación, en detrimento de otros acreedores alimentistas como hijos menores de edad o del propio deudor cuando ya es adulto mayor.

En ese sentido, la iniciativa propone establecer expresamente que el derecho de alimentos respecto de los hijos mayores de dieciocho años subsistirá hasta los 25 años de edad, salvo causas justificadas apreciadas judicialmente. El legislador destacó que esta reforma no elimina el derecho alimentario, sino que establece un límite razonable de temporalidad, lo que representa una regulación más clara, objetiva, proporcional y equilibrada, preservando la posibilidad de que la autoridad jurisdiccional extienda la obligación cuando exista causa justificada.

•⁠ ⁠La reforma será remitida a los ayuntamientos del Estado para continuar con el procedimiento constitucional y sus disposiciones entrarán en vigor a partir del proceso electoral de 2030.

Morelia, Michoacán, a 8 de julio de 2026.– El diputado local del PRD, Octavio Ocampo, tras votar a favor de la reforma constitucional en materia de no reelección inmediata, aprobada este miércoles por el Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán, dijo que esta reforma representa la culminación del trabajo realizado en la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual forma parte el legislador, donde se llevó a cabo el análisis, estudio, integración y dictaminación de las diversas iniciativas que dieron origen a esta importante reforma constitucional.

Durante el proceso legislativo, la Comisión consolidó en un solo dictamen distintas propuestas orientadas a armonizar la Constitución Política del Estado de Michoacán con la reciente reforma constitucional federal, fortaleciendo principios como la equidad democrática, la transparencia y la renovación en el ejercicio del poder público.

Con su voto favorable en el Pleno, Octavio Ocampo dijo refrendar su compromiso con el fortalecimiento de las instituciones democráticas y con la construcción de un marco jurídico que garantice igualdad de oportunidades en la competencia electoral, evitando prácticas que generen ventajas indebidas y fortaleciendo la confianza ciudadana en las instituciones.

Entre los principales alcances de la reforma destaca la eliminación de la reelección inmediata para diputadas y diputados, integrantes de los ayuntamientos y demás cargos de elección popular previstos en la Constitución local, con el propósito de favorecer la renovación de los espacios de representación pública. Las nuevas disposiciones entrarán en vigor para los procesos electorales de 2030, conforme a los plazos establecidos en la reforma constitucional.

Al tratarse de una reforma a la Constitución Política del Estado de Michoacán, el decreto será remitido a los ayuntamientos para que los cabildos emitan el voto correspondiente conforme al procedimiento constitucional. Una vez que sea aprobado por la mayoría de los municipios, el Congreso realizará la declaratoria de validez y enviará el decreto al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

“Desde la Comisión de Puntos Constitucionales asumimos con responsabilidad el análisis de una reforma de gran trascendencia para Michoacán. Hoy, con su aprobación en el Pleno, damos un paso importante para fortalecer la democracia, garantizar reglas más equitativas en la competencia electoral y consolidar instituciones más transparentes y cercanas a la ciudadanía”, expresó el diputado Octavio Ocampo.

Finalmente, el diputado Octavio Ocampo reiteró que desde el Congreso del Estado continuará impulsando reformas que fortalezcan el Estado de Derecho, promuevan la transparencia y consoliden una democracia más justa, incluyente y cercana a la ciudadanía, privilegiando siempre el interés público y la confianza de las y los michoacanos en sus instituciones.

Morelia, Michoacán, a 8 de julio de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, cuestionó la recepción personal que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, brindó a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, en el marco de la tramitación de una acción de inconstitucionalidad relacionada con la reforma electoral de Michoacán.

El legislador consideró que la actuación del presidente de la Corte genera dudas sobre el principio de imparcialidad establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente al tratarse de un asunto que deberá ser analizado y resuelto por el máximo tribunal del país.

“Quienes acuden ante la Suprema Corte deben tener la certeza de que recibirán un trato igualitario y de que quienes participen en la resolución de los asuntos mantendrán absoluta imparcialidad. La justicia no puede generar percepciones de cercanía, simpatía o trato diferenciado hacia ninguna de las partes”, señaló Gaona García.

Ante esta situación, Baltazar Gaona adelantó que analiza presentar un escrito de recusación ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la finalidad de solicitar que el ministro Hugo Aguilar Ortiz se abstenga de participar en la discusión y votación del litigio relacionado con la reforma electoral aprobada por el Congreso de Michoacán.

“No cuestionamos el derecho de ninguna persona o autoridad a recurrir a los tribunales ni a presentar los recursos que considere pertinentes. Lo que cuestionamos es que el presidente del máximo tribunal del país reciba personalmente a una de las partes y proyecte una imagen que puede comprometer la percepción de imparcialidad que debe prevalecer en todo proceso constitucional”, puntualizó.

Finalmente, el presidente de la Mesa Directiva exigió que el asunto sea resuelto con plena objetividad, a partir de un estudio exhaustivo de los argumentos jurídicos planteados por las partes. Asimismo, consideró necesario que, una vez emitida la resolución, se expliquen de manera clara y precisa al pueblo de Michoacán los fundamentos, alcances y consecuencias de la determinación adoptada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Morelia, Michoacán, 8 de julio de 2026.- La diputada Giulianna Bugarini presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para aumentar las penas cuando los delitos de violación o abuso sexual sean cometidos contra niñas, niños o adolescentes dentro de una institución educativa pública o privada. La propuesta recibió el respaldo de las y los diputados, quienes la turnaron para su análisis legislativo.

La reforma propone incorporar una agravante al artículo 168 del Código Penal de Michoacán para que estos delitos sean castigados con mayor severidad cuando ocurran dentro de una escuela. La iniciativa no crea un nuevo delito; fortalece la legislación vigente al reconocer que una agresión cometida en un plantel educativo tiene una gravedad mayor por tratarse de un espacio que debe garantizar protección, confianza y seguridad para las y los estudiantes.

“La escuela debe ser un lugar donde las familias tengan la certeza de que sus hijas e hijos están seguros. Quien traicione esa confianza y dañe a una niña, un niño o un adolescente dentro de una institución educativa debe enfrentar un castigo más severo. Nuestro deber es proteger a la niñez y fortalecer la ley para que nunca haya impunidad”, afirmó Giulianna Bugarini durante la presentación de la iniciativa.

La legisladora explicó que este tipo de delitos no sólo afectan profundamente a la víctima, sino que también vulneran el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir educación en un ambiente seguro, generan consecuencias psicológicas de largo plazo y debilitan la confianza de las familias en las instituciones educativas.

Giulianna Bugarini reiteró que esta reforma busca cerrar un vacío en la legislación estatal y reforzar la protección de la niñez en Michoacán. “Las escuelas son para aprender, crecer y soñar. Desde el Congreso seguiremos impulsando leyes que garanticen que sean espacios seguros para todas y todos”, concluyó.

La propuesta integra al marco jurídico estatal la operación del Morebús y los teleféricos, fortalece la seguridad de las personas usuarias y garantiza que la infraestructura financiada con recursos públicos permanezca como patrimonio del Estado.

Morelia, Michoacán (08 de julio del 2026).- Con el propósito de cerrar el vacío jurídico existente en la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, el diputado local Hugo Rangel, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó una iniciativa para incorporar a la legislación la regulación de los sistemas de transporte masivo, semimasivo y por cable. La propuesta dota de certeza jurídica a la operación del Morebús y los teleféricos mediante reglas claras para su administración, contratación, operación, mantenimiento y supervisión, atendiendo una realidad que no existía cuando la ley fue expedida en 2023.

“No podemos construir infraestructura del siglo XXI con leyes pensadas para un sistema de transporte que ya cambió. La modernización de la movilidad exige instituciones y reglas capaces de responder a esa nueva realidad”, afirmó el legislador.

Durante la presentación de la iniciativa, Hugo Rangel señaló que la reforma responde a las transformaciones urbanas que vive Michoacán y al reconocimiento de la movilidad como un derecho vinculado al derecho a la ciudad. Recordó que la legislación debe acompañar la evolución de la infraestructura pública y establecer las bases para que los nuevos sistemas de transporte operen con criterios de seguridad, eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, la propuesta incorpora formalmente a la Ley el Sistema Integrado de Transporte, definiendo sus principios, atribuciones, mecanismos de integración operativa y tarifaria, así como las responsabilidades de las autoridades y de los operadores involucrados.

Uno de los ejes centrales de la reforma es fortalecer la seguridad operativa de estos sistemas mediante la obligación de contar con protocolos de emergencia, manuales de operación, certificaciones técnicas periódicas y personal debidamente capacitado en los centros de control y monitoreo.

Además, incorpora un régimen de sanciones para inhibir conductas que pongan en riesgo a las personas usuarias, con multas de hasta 300 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), suspensión de funciones para operadores negligentes y sanciones para quienes invadan carriles confinados o afecten la operación de la infraestructura.

“La movilidad masiva no admite improvisaciones. La seguridad de las y los usuarios debe ser una obligación legal y no una simple buena intención”, sostuvo el legislador.

Finalmente, la propuesta establece que toda la infraestructura financiada con recursos públicos permanecerá como patrimonio del Estado, limitando la participación de particulares a esquemas de prestación de servicios y administración, sin que ello implique la privatización de los activos estratégicos. Al concluir cualquier contrato o concesión, los bienes deberán incorporarse al dominio estatal libres de gravámenes.

“No permitiremos que la modernidad sea una excusa para la depredación financiera ni para relajar la protección de la vida humana. Esta reforma blinda el interés colectivo y garantiza que el desarrollo de la movilidad permanezca al servicio de las y los michoacanos”, concluyó Hugo Rangel.