La investigación fue iniciada por la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión; la detención se llevó a cabo mediante un operativo coordinado en el municipio de Uruapan
Morelia, Michoacán, a 1 de julio de 2026.- Como parte de las acciones para combatir la extorsión, la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro y la Extorsión (FECSE), detuvo a José Guadalupe “N” y Mario Alberto “N”, por su probable responsabilidad en este delito. La acción operativa fue coordinada con la Guardia Civil y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
La investigación inició a partir de la denuncia presentada por un empresario, quien refirió que el pasado 5 de junio comenzó a recibir mensajes y amenazas mediante las cuales le exigían el pago de una fuerte suma de dinero, bajo advertencias de causar daño a él, a su familia y a su patrimonio.
Tras el inicio de la Carpeta de Investigación, personal de la Fiscalía Especializada inició con los actos respectivos, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la persona afectada y reunir datos de prueba que permitieran su detención.
Como resultado de las labores de inteligencia e investigación, el pasado 29 de junio se implementó un operativo en coordinación con la GC y la SSPC en un establecimiento ubicado en la Central de Abastos de Uruapan, lugar donde se había pactado la entrega del dinero.
Al sitio acudieron José Guadalupe “N” y Mario Alberto “N” a bordo de un vehículo marca Volkswagen, tipo Jetta, para exigir la entrega del efectivo, momento en el que fueron detenidos en flagrancia. Ambos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.
Durante la acción fueron asegurados tres teléfonos celulares y el vehículo en el que se trasladaban los ahora investigados, indicios que ya son materia de investigación.
La Fiscalía General del Estado de Michoacán refrenda su compromiso de investigar y combatir de manera frontal el delito de extorsión, mediante acciones de inteligencia, coordinación interinstitucional y atención especializada a las víctimas, a fin de garantizar el acceso a la justicia y proteger el patrimonio de las y los michoacanos.
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