Colectivo Michoacano de Derecho se reparte Catastro

MORELIA, Mich., 13 de diciembre 2021.-Pese a que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es clara en su artículo 8, que establece que existe conflicto de interés cuando se nombra a una persona que forma parte de sociedades, el Presidente de la Asociación Civil, Colectivo Michoacano de Derecho, Alfredo Vargas Flores, fue designado Director del Instituto Registral y Catastral del Estado de Michoacán.

Pero no solo eso, ya con el cargo, Alfredo Vargas designó a todo un séquito de amigos y compañeros de la propia asociación en diversas áreas del catastro.

En la página de Facebook del Colectivo Michoacano del Derecho, se ve a Sergio Arturo Calvillo, cuando recibe nel nombramiento de Director de Catastro del instituto.

También, la página muestra a Lizbeth Pérez Marchan, que es designada como delegada administrativa, mientras que a Aristóteles Aguilasocho, le entregan el nombramiento de subdirector de Planeación Estratégica del Instituto.

Otro nombramiento fue el de Alejandro Hernández Virrueta, quien fue designado como jefe de Departamento de Anotaciones y Trámites Administrativos.

En tanto que Aldo Díaz García, asumió la Jefatura del Departamento de Archivo.

Todos los nombramientos aparecen en la página de la asociación, Colectivo Michoacano de Derecho, que apenas tiene un año de conformación.

El artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos cita:

“Habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor públicos puedan afectar el desempeño imparcial de su empleo, cargo no comisión.

Igualmente, se establece que el servidor público deberá excusarse de intervenir por motivo de su encargo en en cualquier forma de atención, tramitación, o resolución que tenga interés personal, que pueda resultar en algún beneficio para él, su cónyuge o parientes, terceros para los que tenga relaciones profesionales, laborales, de negocios, para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte”.