Morelia, Michoacán, 09 de octubre de 2025.- El diputado Conrado Paz Torres destacó que el derecho humano de acceso a la información pública está garantizado en Michoacán, y que las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados no han sido suspendidas ante la desaparición del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (IMAIP).
Al respecto, el presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública, acompañado de Brenda Fabiola Fraga Gutiérrez, Encargada del Despacho de la Contraloría Interna; Cinthia Hernández Gallegos, Titular de Transparencia de la Secretaría de Contraloría; Carina de Jesús García Campos, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Julio César Hernández Alfaro, Enlace de Transparencia y Acceso a la Información Pública, adelantó que en las próximas semanas se estarán definiendo propuestas concretas de las leyes secundarias que definirán tanto los lineamientos como las directrices a seguir.
“Nuestro artículo 6 Constitucional establece claramente el derecho de acceso a la información pública, así como la obligación del Estado para garantizarlo”, por lo que dijo, están trabajando diversas propuestas sobre cómo el Estado deberá, en cada uno de los poderes, ser garante de este derecho, por lo que con voluntad política de cada una de las fuerzas representadas en el Congreso del Estado, considera puedan ser ya una realidad en las próximas semanas.
Brenda Fraga, señaló que será una vez que se emitan las leyes secundarias cuando se otorguen las atribuciones de cada uno de los órganos garantes, para que a su vez, hagan las respectivas adecuaciones administrativas y modificaciones a sus estructuras orgánicas a fin de seguir atendiendo los derechos de los ciudadanos.
Explicó que en el Congreso del Estado aun cuando no se cuenta con las leyes secundarias, los tiempos jurídicos para atender las solicitudes de información corren; no así, en los 91 asuntos que quedaron pendientes de resolver en el IMAIP y que una vez formalizado el órgano garante con las leyes correspondientes, se dará continuidad a los mismos.
Carina de Jesús García Campos, Coordinadora de Transparencia y Acceso a la Información Pública, destacó que a pesar de la extinción del órgano autónomo encargado de su vigilancia nunca se suspendió el derecho de acceso a la información ni la protección de los datos personales, toda vez que éste es un derecho inalienable y vigente.
“La transparencia y el acceso a la información son pilares fundamentales de una democracia; por un lado, una sociedad informada es más participativa y propositiva y cuenta con las herramientas necesarias para evaluar a sus gobernantes y ejercer sus derechos, y por otro lado, contribuye para que sus autoridades se desempeñen con honestidad, eficacia y se responsabilice de las decisiones en el ejercicio de sus funciones”, precisó.
