Propone reformar el Código Penal del Estado para cerrar el paso a la usurpación de funciones

Hasta siete años y medio de prisión para quienes usurpen funciones como médicos, es la propuesta de la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, quien propuso este jueves una reforma al Código Penal del Estado.

De manera particular la legisladora se refirió a la medicina estética, sobre la que refiere que hoy día es bastante común que personas no certificadas para ejercer esta especialidad, apliquen tratamientos invasivos o incluso lleguen a realizar cirugías plásticas, provocando resultados desfavorables y algunas veces irreversibles en la salud de los pacientes.

Es así que consideró sumamente necesario que tanto el gobierno como la sociedad, trabajen en coordinación para que este tipo de prácticas tan graves como deshonestas sean erradicadas, pues su ejercicio además de ocasionar graves daños a la salud física, psicológica y económica de los pacientes y su familia, crea un ambiente de incertidumbre social y competencia desleal que afecta además a los profesionistas preparados, aptos en la materia y acreditados en la materia.

Además explicó que la propuesta de reforma tiene también la finalidad de evitar; que todas aquellas personas que desempeñen o aspiren a desempeñar cargos públicos, se ostenten o ejerzan como profesionistas o signen documentos públicos con el carácter de una profesión o nivel académico sin haber cursado los estudios y haber obtenido los documentos que legalmente lo acrediten.

“En nuestro país, y por supuesto en nuestro Estado, no es ético ni jurídicamente permitido atribuirse el carácter de profesionista u ostentarse con algún grado académico sin tenerlo formal y legalmente; en lo que se refiere a la ética, atribuirse tal carácter, implica ser una persona incongruente o deshonesta”.

Lucila Martínez Manríquez recordó que la Ley de profesiones del Estado establece que toda persona que haya concluido los estudios correspondientes en una institución educativa con reconocimiento de validez oficial o demostrado tener los conocimientos necesarios para obtener un título profesional expedido por instituciones legalmente reconocidas, podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente, que lo faculte para el ejercicio de su profesión.

“Esta propuesta tiene como finalidad incrementar las penas para quien o quienes mediante el engaño desempeñen u ofrezcan pública o particularmente, sus servicios profesionales sin contar con un título o autorización para ejercer alguna profesión reglamentada; plantea que estas mismas penas se endurezcan para aquellos que ejerzan una rama de la medicina que requiera especialidad para su ejercicio, o cuando se trate de funcionarios públicos que, en ejercicio de sus funciones o con la finalidad de asumir algún cargo, se ostenten como profesionistas, sin contar con los documentos que legalmente lo acreditan”.

Por ello, en la iniciativa de reforma de Lucila Martínez se establece que quien sin tener título profesional expedido por una institución educativa con reconocimiento de validez oficial de estudios o autorización para ejercer por la autoridad competente, desempeñe u ofrezca pública o particularmente sus servicios profesionales, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa.

Estas mismas penas se aplicarán a quien sin ser funcionario público se atribuya ese carácter o ejerza funciones como tal. Las penas señaladas se aumentarán hasta en una mitad cuando: se ejerza una rama de la medicina que requiera especialidad para su ejercicio; al Servidor Público que en uso de sus funciones, o con la finalidad de ocupar cargo público se ostente como profesionista, sin contar con el título legalmente expedido.

Y en lo que se refiere a la práctica indebida del servicio médico, se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de trescientos a seiscientos días multa, a quien teniendo la calidad de médico, sin autorización del paciente o de quien legítimamente pueda otorgarla, salvo en casos de urgencia, realice una operación quirúrgica que por su naturaleza ponga en peligro la vida del enfermo o cause la pérdida de un miembro o afecte la integridad de una función vital.

Presentó iniciativa para que en Michoacán se otorgue seguro de desempleo

Esta contingencia sanitaria por el Covid-19, visibiliza que en Michoacán y en el país se debe ampliar la protección a las mujeres jefas de familia, para garantizarles por Ley, su protección al trabajo, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso Local, quien presentó una iniciativa de reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado.

Durante la sesión virtual, la legisladora presentó la iniciativa en la que plantea que se considere como violencia laboral, el despido injustificado por razón de género, y se otorgue un seguro de desempleo a las mujeres, quienes se encuentren en dicha situación.

La diputada por el Distrito de Pátzcuaro resaltó que, es urgente que se implementen acciones emergentes y políticas públicas que ayuden a las mujeres, durante y después de esta contingencia por el COVID-19, ya que el impacto económico que esta situación va a dejar será devastador, por ello la importancia de esta iniciativa.

“Es complicada la situación que están viviendo desde sus hogares y la falta de trabajo o sustento económico, es también una forma de violencia contra la mujer, por lo que debemos fortalecer nuestra legislación”.

Con esta reforma, Araceli Saucedo propone que se implementen y fortalezcan las políticas públicas en materia laboral, en beneficio de las mujeres jefas de familia en situación vulnerable en Michoacán.

Además, se instruye a elaborar el proyecto de Programa Estatal con sus Ejes de Acción para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema Estatal.

Se establece que se debe considerar dentro del Programa Estatal, un plan de apoyo emergente de desempleo en beneficio de mujeres jefas de familia en situación vulnerable, otorgando un seguro de desempleo, cuando por causas de fuerza mayor o ajenas a su persona, no puedan desempeñar sus actividades laborables.

Lo anterior se realizará de acuerdo a las condiciones presupuestarias del Ejecutivo del Estado, quien determinará los lineamientos bajo los cuales deberá regirse el programa de apoyo, subrayó Araceli Saucedo.

En la iniciativa se establece que la titular de SEIMUJER deberá fungir como secretaría ejecutiva del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres por razones de género, y quien impulse las propuestas de la política de sanción y erradicación de los delitos contra las mujeres.

Además, se deberá registrar e integrar los programas y los modelos estatales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, en coordinación con las dependencias, entidades y unidades administrativas de la Administración Pública Estatal y Municipal.

De la misma forma, se tendrá que impulsar la armonización jurídica en materia de violencia de género contra las mujeres, en concordancia con los instrumentos internacionales y nacionales, así como establecer los indicadores de desempeño para la evaluación de la Administración Pública Estatal y sus servidores públicos en materia de discriminación y violencia contra las mujeres.

En la iniciativa se establece que se tiene que capacitar y sensibilizar al personal de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal, para proporcionar una atención con perspectiva de género, en especial la atención urgente a las mujeres víctimas de la violencia.

Aunado a impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas de violencia; refugios para mujeres y sus hijos víctimas de violencia familiar, así como centros de atención psicológica y reeducación a los agresores evaluando las formas y modalidades del abordaje psicoterapéutico, entre otras acciones.

El líder del Partido Verde en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, signó convenio de colaboración con representantes de la institución educativa

Morelia, Michoacán, a 20 de mayo del 2020.- El Partido Verde Ecologista de México en Michoacán y la Universidad Magno Americana unen esfuerzos a favor de la educación y el desarrollo profesional de su militancia, por lo que ofrecerán facilidades económicas para que las y los afiliados al PVEM continúen sus estudios en dicha institución educativa.

Lo anterior, gracias a la firma del convenio de colaboración que se llevó a cabo entre el dirigente estatal del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar y la representante legal de la Universidad Magno Americana, Sonia Zavala López, con el cual se otorgarán descuentos del 40 por ciento en colegiaturas de programas educativos y educación continua de la base militante.

Para el líder del Partido Verde en Michoacán, Ernesto Núñez Aguilar, es de gran trascendencia apostarle a la preparación educativa de sus militantes, por ello este tipo de convenios, pues así se fortalece la profesionalización de sus bases y perfiles para que, en determinado momento, desempeñen un mejor papel a favor de la ciudadanía.

“Es importante mantener a las personas capacitadas y que sigan estudiando es primordial, de mi parte siempre habrá el apoyo, ya teníamos un acuerdo verbal, pero ahora me da gusto que lo formalicemos para impulsar los estudios de nuestros militantes”, expresó Núñez Aguilar.

Por su parte, Sonia Zavala López, representante de la institución, destacó la gran oportunidad que tanto Universidad Magno Americana como el Partido Verde están ofreciendo a su militancia, llevando acciones de capacitación y preparación conjunta, aportando en gran medida desde su trinchera.

“Como institución educativa colaboraremos con nuestros perfiles docentes e instalaciones, llevando a cabo acciones que nos beneficien a todos como gobernantes. Estamos conscientes que las alianzas nos fortalecen como personas e instituciones”, subrayó.

La oferta educativa que ofrece Universidad Magno Americana es de nivel licenciatura, con programas de estudio en Derecho, Psicología y Educación; maestrías en Educación, Derecho Familiar, Derecho Penal y Gobierno y Política Pública; doctorados en Derecho y Educación Andragogía.

Así también programas de educación continua adaptables a las necesidades del solicitante, y especialidades en proceso oral familiar, penal acusatorio, políticas públicas y criminalística. Diplomados y talleres, todos enfocados al área de las ciencias sociales.

Las y los afiliados interesados en adquirir esta oportunidad educativa podrán acudir a las instalaciones de la institución, ubicada en avenida boulevard Sansón Flores #64 colonia Bosque Camelinas o llamar al (443) 695 6746, para solicitar informes, teniendo como único requisito presentar un documento que compruebe la afiliación de los interesados.

Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión lamentó dicha determinación con la que se frena la inversión y se generan graves efectos negativos a la economía y medio ambiente.

Luego de la publicación del acuerdo de la Secretaría de Energía (Sener), mediante la que se establece la nueva política en materia de generación de energía, el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión, José Guadalupe Aguilera Rojas, lamentó dicha determinación con la que se frena la inversión y se generan graves efectos negativos a la economía y medio ambiente.

El diputado federal michoacano coincidió con las voces que señalan que dicha determinación, con la que se frenan los proyectos renovables, va en contra de los compromisos nacionales e internacionales asumidos por México, en la reducción de emisión de gases de efecto invernadero y cierra el paso a las energías renovables.

Por ello, se sumó al llamado para exigir la renuncia de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, al resaltar que el frenar la entrada de nuevas plantas renovables en el país, generará graves afectaciones.

Lamentó que cada vez que en nuestro país se toma una mala determinación, se justifique la acción por el supuesto combate a la corrupción, en donde no se han mostrado resultados de que se haya logrado algo al respecto.

Reprobó que se deje en estado de indefensión la soberanía energética del país y que se frena la inversión privada en energías limpias o renovables, lo cual tal y como lo han dicho diversos sectores es una violación al marco constitucional y ello, generará efectos negativos al país.

En medio de la crisis sanitaria en la que se han perdido más de 500 mil empleos, y ahora con dicha determinación, se reportaría más desempleo en México, aunado a que se debilitaría las inversiones y con ello, incrementaría la pobreza.

Por ello, Lupillo Aguilera dijo que el Grupo Parlamentario del PRD se sumará a todas las acciones para defender el Estado de Derecho en México y al sector energético mexicano como motor del desarrollo del país.

El decreto que se publicó echa abajo el compromiso realizado en el Acuerdo de París, así como ir en contra de la legislación vigente en materia de transición energética, en donde México se compromete a generar el 30% de energía limpia para 2021 y del 35% para 2024.

Lo anterior, subrayó es un acto de ilegal y violenta el Estado de Derecho y al no permitir las inversiones de empresas de la Unión Europea las cuales superan los 6 mil 400 millones de dólares, sumado a las inversiones canadienses en proyectos con un valor de 450 millones de dólares.