Morelia, Michoacán, 5 de junio de 2025.- Ante el incremento sostenido de temperaturas extremas en gran parte del país, el diputado Hugo Rangel Vargas presentó un exhorto de urgente y obvia resolución al Pleno del Congreso del Estado, en el que demanda a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud y al Instituto de Infraestructura Educativa de Michoacán a garantizar el mantenimiento y operatividad de los bebederos de agua potable en las escuelas de nivel preescolar, primaria y secundaria, así como la instalación de nuevos bebederos en aquellos planteles que actualmente no cuenten con ellos.

La medida, enfatizó, tiene como objetivo preservar el derecho constitucional a la salud de niñas, niños y adolescentes, quienes se encuentran particularmente vulnerables ante fenómenos climáticos que, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, han superado los 45 grados en diversas regiones del país, incluyendo Michoacán.

El legislador subrayó que la gravedad de la actual ola de calor no puede subestimarse ni tratarse como una contingencia menor. En ese sentido, sostuvo que las autoridades deben actuar conforme al marco normativo vigente, que establece de manera explícita la obligación de dotar a las escuelas de infraestructura suficiente y funcional para el acceso al agua potable.

Citó textualmente el artículo correspondiente de la Ley General de Infraestructura Educativa, el cual establece que “se garantizará la existencia de bebederos suficientes y con suministro continuo de agua potable en cada inmueble de uso escolar”, así como lo dispuesto en el artículo séptimo de la Ley General de Educación.

“El agua potable es un derecho humano. En este contexto climático, no garantizar su acceso en los espacios escolares constituye una forma de omisión grave y una vulneración directa a los derechos de la infancia”, enfatizó Rangel Vargas.

Además de hacer énfasis en el sustento legal, el diputado alertó sobre el carácter preventivo de su propuesta. Recordó que las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias federales ante las olas de calor —como evitar la exposición prolongada al sol, consumir agua aún sin sentir sed y no realizar actividades físicas extenuantes durante las horas pico— dependen directamente de que las escuelas cuenten con las condiciones mínimas de infraestructura para que esas medidas sean realmente implementables.

En este sentido, señaló que “el exhorto no busca generar una carga adicional, sino hacer efectiva una obligación preexistente que hasta ahora ha sido ignorada o postergada por la inercia burocrática”.

Finalmente, Hugo Rangel subrayó que este exhorto se alinea con los esfuerzos recientes por erradicar la venta de alimentos ultraprocesados en planteles escolares y zonas limítrofes, en la búsqueda de entornos educativos verdaderamente saludables.

“No podemos permitir que las escuelas se conviertan en zonas áridas, sin agua ni alimentos dignos, donde se niegue a niñas, niños y adolescentes lo más elemental para vivir y aprender. Es hora de construir escuelas que cuiden la vida, no que la pongan en riesgo”, concluyó.

Ante el incremento de casos de reclutamiento forzado de menores por parte de grupos delictivos en Michoacán y otras regiones del país, la diputada local Sandra María Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para tipificar esta práctica como delito y establecer sanciones penales de hasta 16 años de prisión cuando las víctimas sean niños o adolescentes.

La propuesta legislativa plantea la creación del delito denominado “Privación de la libertad por reclutamiento de grupos delictivos”, con penas que van de 7 a 12 años de prisión, las cuales podrían aumentar en un tercio si las víctimas son menores de edad, personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad.

“El narcotráfico es el quinto empleador en México, reclutando a 350 personas cada semana. Según datos de la ONU, más de 30 mil menores han sido forzados a integrarse a grupos delictivos. En Michoacán, 204 adolescentes fueron detenidos en 2020 por delitos relacionados con el crimen organizado. ¡Estamos perdiendo una generación!”, expresó Arreola Ruiz durante la presentación.

La legisladora también hizo referencia al caso de la Hacienda Izaguirre, en Jalisco, como ejemplo de la deshumanización con la que operan estos grupos, que utilizan redes sociales como TikTok para engañar a jóvenes con promesas falsas de empleo.

La diputada destacó que esta iniciativa es complementaria a una propuesta similar presentada en el Congreso Federal por el dirigente nacional del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar. “El crimen no tiene color político. Hoy convoco a todos los grupos legislativos, gobiernos municipales y sociedad civil a cerrar filas por la niñez michoacana”, añadió.

Además de la tipificación del delito, Arreola subrayó la necesidad de implementar medidas preventivas y de atención integral, como campañas informativas en escuelas y redes sociales, programas de reinserción para víctimas rescatadas, y una coordinación interinstitucional con organismos como la ONU, la CNDH y autoridades locales para proteger a las comunidades más vulnerables.