Una democracia sólida: desafíos y oportunidadesOctavio Ocampo

La democracia mexicana se encuentra en un punto de inflexión. En un país marcado por la desigualdad, la polarización política y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones, hablar de democracia no es un ejercicio retórico, es una urgencia nacional.

Es importante subrayar que la democracia no se reduce a la celebración periódica de elecciones, también se trata de garantizar que las reglas del juego sean equitativas, transparentes y legítimas, y que la pluralidad política se traduzca en inclusión social. Como bien lo apuntaba Norberto Bobbio en El futuro de la democracia, este régimen no se define únicamente por la existencia de elecciones libres, sino por la vigencia de los derechos y garantías que hacen posible una participación efectiva.

La historia reciente de México muestra una larga marcha hacia la democracia. Desde la reforma política de 1977, que abrió espacios a la oposición, hasta la alternancia presidencial del año 2000, el país transitó de un sistema de partido hegemónico hacia una democracia electoral competitiva. Este proceso fue una transición marcada por pactos, acuerdos y reformas graduales que transformaron al Estado y a sus instituciones, según José Woldenberg.

En este recorrido, destacan reformas clave. En 1990, con la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), antecedente del actual INE; en 1996, con la ciudadanización de sus órganos de dirección; en 2007, con nuevas reglas de acceso a medios; y en 2014, con la transformación del IFE en INE, ampliando su autoridad al ámbito local.

Ahora bien, el avance democrático de las últimas cuatro décadas no puede explicarse sin la irrupción de la izquierda como fuerza política y social. La ruptura encabezada por Cuauhtémoc Cárdenas en 1987 con la Corriente Democrática, seguida de la creación del Frente Democrático Nacional y posteriormente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en 1989, marcó un parteaguas en la historia política nacional.

Además, la izquierda introdujo debates y conquistas fundamentales como la representación proporcional, que equilibró un Congreso históricamente dominado por mayorías artificiales, y colocó en la arena electoral las demandas sociales de campesinos, pueblos indígenas y sectores urbanos marginados. Con ello, la izquierda no solo abrió cauces institucionales, sino que también amplió la inclusión política y social, obligando al sistema a reconocer voces históricamente excluidas.

La llegada de un partido de izquierda al poder en 2018 representó una oportunidad para fortalecer la institucionalidad democrática en México. No obstante, también trajo nuevos desafíos, como la discusión sobre las reglas del juego electoral y la representación, así como el necesario replanteamiento del financiamiento de los partidos, los procesos de fiscalización y la estructura del INE.

Si bien, las reformas lograron abrir espacios de competencia y garantizar la alternancia, no hemos resuelto la desafección ciudadana ni la violencia que amenaza a candidatos y electores. El financiamiento opaco y la penetración del crimen organizado en procesos locales muestran que la democracia mexicana aún carece de condiciones plenas de equidad y seguridad.

En este sentido, propuestas como tipificar la intervención del crimen organizado como delito electoral y anular comicios donde existan pruebas de coacción del voto serían pasos indispensables para blindar el sistema. Igualmente, los actos anticipados de campaña requieren lineamientos más claros para no desgastar la confianza ciudadana en la legalidad de las elecciones.

Hoy, la responsabilidad de la izquierda en el poder es doble, por un lado, demostrar que puede gobernar sin socavar las instituciones democráticas; por otro, garantizar que las reformas no se conviertan en instrumentos de hegemonía. No se trata solo de ajustar leyes o procedimientos, pero, sobre todo, no hay que perder de vista que los sistemas electorales deben evaluarse no solo por su costo, sino también por su capacidad de generar confianza y estabilidad política, tal como lo han señalado Dieter Nohlen y otros politólogos.

Más allá de defender instituciones, debemos fortalecer su legitimidad social. La prosperidad compartida, la inclusión política y la justicia social son elementos inseparables de una democracia sólida. Sin equidad, no hay estabilidad; sin participación real, no hay democracia.

La democracia en México debe ser defendida y perfeccionada todos los días. Y en ese esfuerzo, la izquierda está llamada a ser no solo gobierno, sino garante de un sistema político incluyente, plural y justo, capaz de construir cohesión social y garantizar un proyecto de nación verdaderamente democrático.

Juventud 2025: romper muros, abrir caminosOctavio Ocampo

La juventud no solo es una edad o un dato demográfico, es ante todo una esperanza de cambio, formas de cuestionar el status quo. Es mirar el mundo y atreverse a decir que las cosas pueden —y deben— ser distintas. Es inconformarse con la injusticia aunque parezca “normal”, incomodarse con lo que todos aceptan y señalar lo que nadie quiere ver. Ser joven es no dar por sentado que las reglas son inamovibles, es preguntarse por qué las cosas se hacen como se hacen… y, sobre todo, imaginar otras maneras de hacerlas.

En 2025, ser joven en México significa enfrentar una realidad donde las oportunidades no siempre alcanzan para todos, donde la violencia, la desigualdad y la crisis climática marcan la vida cotidiana. Pero también significa vivir en un tiempo donde la tecnología conecta, donde las luchas por la diversidad y la equidad ganan espacios, y donde las voces jóvenes tienen el potencial de convertirse en la fuerza transformadora que el país necesita. Cuestionar no es destruir: es abrir la puerta a lo nuevo.

Por ello, el Día Internacional de la Juventud no es una fecha para la retórica vacía, sino para una reflexión profunda: ¿qué significa ser joven en México en 2025 y cómo se construye un futuro digno en un país con profundas desigualdades, pero también con un potencial enorme? En el marco de la nueva izquierda, el compromiso con las juventudes debe ir más allá de los discursos y convertirse en una estrategia integral que coloque a las y los jóvenes en el centro del proyecto de nación.

Hoy, más de 30.4 millones de personas en México tienen entre 15 y 29 años, según el INEGI, lo que representa cerca de una cuarta parte de la población. En Michoacán, este grupo etario constituye aproximadamente el 26% de sus habitantes, un bono demográfico que no durará para siempre.

El PRD Michoacán ha apostado de manera decidida por las juventudes: de nuestros 19 alcaldes, 10 son menores de 35 años, y en nuestras estructuras municipales contamos con jóvenes que hoy toman decisiones y ejercen liderazgos reales. Esto demuestra que cuando se abren espacios y se confía en su capacidad, las y los jóvenes no solo participan, sino que transforman la realidad desde sus comunidades.

La oportunidad es clara. Si se les brinda educación de calidad, empleo digno, acceso a la salud, vivienda y participación política real, pueden convertirse en el motor del desarrollo social y económico del estado y del país.

Sin embargo, los retos son tan evidentes como urgentes. En el plano nacional, el 42% de las y los jóvenes trabajan en condiciones de informalidad. En Michoacán, la migración juvenil hacia otros estados o al extranjero es una señal de que el talento se está yendo. El acceso desigual a la educación superior, la inseguridad, la violencia de género y las adicciones son problemas que no pueden seguirse postergando.

La nueva izquierda entiende que la justicia social para la juventud no es caridad, sino un derecho. Esto implica políticas públicas con tres ejes centrales:

Garantizar derechos universales: educación gratuita y de calidad en todos los niveles, salud mental y física, acceso a vivienda y transporte digno.

Redistribuir oportunidades: empleo formal, salarios justos y programas de emprendimiento que incluyan a quienes viven en zonas rurales, indígenas o con rezagos históricos.

Ampliar la participación política y social: consejos juveniles vinculantes, representación efectiva en el Congreso y en los cabildos, y apoyo a movimientos culturales y comunitarios liderados por jóvenes.

Frente a las narrativas que reducen a los jóvenes a un “futuro” indefinido, es fundamental reconocer que la juventud es presente y que sus problemas y sueños deben formar parte de la agenda inmediata. No hay democracia sólida ni desarrollo sostenible sin el protagonismo de quienes hoy estudian, trabajan, crean, luchan y defienden causas en todos los rincones del país.

Michoacán tiene retos particulares, pero también aspectos demográficos, educativos, tecnológicos, sociales y culturales que pueden potenciar el papel de los jóvenes. Aprovechar este potencial implica conectar el talento local con los grandes proyectos de infraestructura, innovación y desarrollo regional.

La izquierda actual debe asumir que apostar por la juventud no es una mera estrategia electoral, sino un deber histórico; implica tejer un pacto intergeneracional en el que la experiencia de las generaciones mayores se combine con la energía y creatividad de las nuevas, en un marco de respeto, equidad y solidaridad. Porque, como bien señala la Declaración Universal sobre la Juventud, “el desarrollo de la humanidad exige el despliegue pleno del potencial de todos los jóvenes”.

La juventud no espera concesiones, exige derechos, justicia y futuro. El llamado es claro: que cada política pública, cada presupuesto y cada acción de gobierno sean evaluados por su impacto en la vida de las y los jóvenes. Solo así, el Día Internacional de la Juventud será más que una efeméride, será la reafirmación de un compromiso con el presente, con Michoacán y con el país que queremos construir.

El bono demográfico no es eterno

En la década de 1970, el país gestionaba la oportunidad de aprovechar a plenitud su bono demográfico, una etapa de potencial crecimiento que, como lo identifica el Fondo de Población de las Naciones Unidas, se da cuando la población en edad productiva (entre 15 y 64 años) supera a las personas dependientes (menores de 15 y mayores de 65 años).

Sobra decir que, durante las últimas seis décadas, la población de México se triplicó y aumentó la edad mediana, que pasó de 17 años a 30 años. Aunque el país aún se encuentra dentro del periodo del bono demográfico, cada vez queda menos tiempo. Actualmente, viven en el territorio nacional 133 millones de personas, de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO), de las cuales el 24% es menor de 14 años, el 67% se encuentra en plena edad productiva (15 a 64 años) y el 9% son adultos mayores de 65 años. Esto significa que hay alrededor de 49 personas dependientes por cada 100 personas en edad productiva.

CONAPO y otros organismos estiman que el bono demográfico de México alcanzó su punto óptimo entre 2010 y 2020, y que comenzará a cerrarse entre 2030 y 2040, lo que implica que el país debe acelerar su inversión en capital humano y elevar la productividad antes de que el envejecimiento poblacional eleve la carga social y económica de México.

Este fenómeno demográfico no solo permite acelerar el crecimiento económico, sino también reducir la carga financiera de las familias y mejorar su calidad de vida. A nivel macroeconómico, facilita la canalización de recursos ahorrados o acumulados hacia inversiones estratégicas y el acceso a servicios básicos, tal como lo señala el Fondo Monetario Internacional. Sin duda, el bono demográfico ha representado una oportunidad histórica para detonar el desarrollo social y económico del país.

En Michoacán también estamos viviendo un momento crucial, pues nos encontramos en el punto más alto de nuestra capacidad productiva poblacional. De los cinco millones de personas que radican en el estado en 2025, según CONAPO, el 64% se encuentra en edad laboral (15 a 64 años), y la mitad de la población es relativamente joven.

Si bien, la edad media de la población es de 29 años —la octava más baja del país— la dependencia ya es significativa, pues tenemos 55 niñas, niños y adultos mayores por cada 100 personas en edad productiva, lo que significa que más de 1.79 millones de michoacanos dependen de quienes trabajan.

Hacia el año 2050, Michoacán entrará en una etapa clave de transición demográfica, pues la población alcanzará los 5.8 millones de habitantes, con una edad media de apenas 36 años —la tercera más baja del país—, pero el llamado bono demográfico comenzará a cerrarse. Las proyecciones indican que el 65% de la población estará en edad productiva (entre 15 y 64 años), pero también aumentará el número de personas dependientes, dado que el 21% será menor de 15 años y el 16% tendrá más de 65 años. Esto significa que por cada 100 personas en edad de trabajar habrá 56 personas dependientes, un dato clave que marca el inicio del envejecimiento poblacional.

No hay que perder de vista que cuando la carga social y económica es muy alta, los gobiernos necesitan gastar más en salud, educación o pensiones, pero los recursos son limitados porque hay menos gente trabajando y pagando impuestos. Por eso es tan importante aprovechar el bono demográfico, dado que es una ventana de oportunidad para ahorrar, invertir en educación, crear empleos y prepararse para cuando la población envejezca y la carga social aumente.

Si bien, el gobierno mexicano ha priorizado las pensiones para las personas mayores, esto es solo un eslabón de una reforma más amplia que debe mirar a mediano y largo plazo para garantizar la sustentabilidad financiera de los sistemas de pensiones, desarrollar un sólido servicio de salud y consolidar un sistema de cuidados, además de crear las condiciones para una cultura del ahorro y promover la inclusión financiera para las personas mayores.

Maximizar el bono demográfico también significa apostar por la juventud, brindar acceso a una educación de calidad, oportunidades de empleo formal, programas de salud preventiva y espacios de participación. Aunque este fenómeno demográfico no es eterno, si sabemos gestionarlo, con visión y responsabilidad, también puede convertirse en el motor que transforme la historia de nuestro estado.

Soñar en grande requiere planear en serio. Por Octavio Ocampo

El desarrollo regional no depende solo de que lleguen inversiones; también requiere una estrategia bien pensada y de largo plazo, que combine una visión clara del territorio, una política industrial sólida y el impulso desde el sector público. Esto significa que se necesita planear el desarrollo urbano-regional, fortalecer a las empresas locales y preparar a las personas para la nueva demanda de empleos. En este marco, convergen tres enfoques clave: la teoría de los polos de desarrollo de François Perroux, el modelo de competitividad de Michael Porter y la visión del Estado emprendedor de Mariana Mazzucato.

El economista francés François Perroux sostenía que el desarrollo económico no es uniforme, sino que se produce en torno a polo específico donde se concentran industrias dinámicas que generan efectos de arrastre; es decir, “empresas ancla” que atraen otras actividades económicas y que impulsan el crecimiento de otras regiones, beneficiando a más comunidades.

Sin embargo, la presencia física de infraestructura o de industrias no basta para garantizar el desarrollo, Michael Porter en “La ventaja competitiva de las naciones” (1990), argumentaba que la competitividad no dependía solo de los recursos naturales o de la mano de obra, sino de la capacidad para generar ventajas competitivas específicas, como capital humano de calidad, innovación, calidad institucional y articulación de clústeres; en otras palabras, ecosistemas productivos integrados que impulsarán el desarrollo de las cadenas de valor locales y promovieran un entorno fértil para la transformación y el crecimiento..

Con todo, no se puede subestimar el rol de los gobiernos, tal como lo plantea Mariana Mazzucato, quien sostiene que el Estado no debe limitarse a facilitar ni a corregir fallas, sino también debe asumir riesgos y liderar la creación de nuevas industrias y mercados con la colaboración de la iniciativa privada.

Bajo este escenario, es crucial que los gobiernos identifiquen las regiones con potencial para convertirse en polos de desarrollo, generen condiciones para construir ventajas competitivas sostenibles y, sobre todo, asuman un rol proactivo como arquitectos de la prosperidad compartida.

En México, los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI), impulsados por el Gobierno Federal, buscan integrar a regiones históricamente rezagadas a través de infraestructura, incentivos fiscales y conexión con corredores logísticos. Sin embargo, para que estos polos realmente cumplan con su propósito transformador y no reproduzcan desigualdades ni se conviertan en elefantes blanco, sobre todo en Michoacán, es indispensable una planificación integral y de largo plazo.

Algunos argumentarán que es mejor actuar y corregir sobre la marcha que esperar a tener un plan perfecto. Es cierto que la inversión es necesaria y la oportunidad impostergable, pero la necesidad no debe ser enemiga de la estrategia ni de la visión de largo plazo, porque una planificación sólida multiplica los impactos positivos, reduce costos y evita errores costosos e irreversibles.

Entre los principales riesgos de avanzar sin una planificación adecuada destacan varios problemas que ya han ocurrido en otros casos. Por ejemplo, la construcción de elefantes blancos; la exclusión de la población local, cuando la mano de obra calificada proviene de fuera y los beneficios no llegan a las comunidades; conflictos sociales o territoriales producto de la imposición de proyectos sin consulta previa o sin resolver las tenencias de la tierra; la inconsistencia con otros planes de desarrollo, lo que genera duplicidades o contradicciones con estrategias municipales, y la falta de infraestructura útil y sostenible, al privilegiar obras rápidas y mal realizadas.

Michoacán tienen mucho potencial y gente trabajadora, pero ese potencial solo se convertirá en desarrollo real si va acompañado de una planificación seria, que escuche a las comunidades, tome en cuenta las condiciones del territorio, integre una visión de largo plazo y articule esfuerzos entre el sector público y el privado, no hay que perder de vista que la improvisación cuesta cara, sobre todo, cuando se trata del bienestar de nuestra gente.

Opinión: Michoacán tiene con qué: historia, territorio y talento

 

En Michoacán tenemos historia, un territorio diverso y fértil, y, lo más importante, un pueblo con una vocación productiva que no se ha rendido pese a las adversidades. Nuestro estado ocupa el primer lugar nacional en exportaciones agrícolas, destacando productos como el aguacate, la fresa, la zarzamora, el mango, el limón y la guayaba.

Tenemos potencial en ganadería y pesca, en la agroindustria, las tecnologías de la información, la metalmecánica, la textil y el turismo. Y no hay que olvidar que contamos con el Puerto de Lázaro Cárdenas, un activo estratégico que nos permite conectarnos con distintas ciudades industriales del mundo y no tengo duda que será un espacio estratégico de los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

Sin embargo, no podemos ignorar que el 37.2 % de nuestra población sigue viviendo en pobreza moderada y el 8.4 % en pobreza extrema. Además, en 2025, Michoacán se ubica en el puesto 29 de 32 en el Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Los resultados revelan que Michoacán enfrenta serios desafíos estructurales que limitan su competitividad frente al resto de los estados del país. 

De acuerdo con el IMCO, Michoacán ocupa los últimos lugares en múltiples indicadores clave de desarrollo, especialmente son críticos en educación, seguridad, infraestructura digital, atracción de inversión extranjera directa, gobernabilidad, corrupción y transparencia. La baja cobertura educativa en nivel secundaria, la alta percepción de inseguridad y corrupción reflejan un entorno poco favorable para el desarrollo humano y económico. 

Con todo, existen fortalezas que pueden ser un punto de partida para trazar estrategia integral y de largo aliento. La diversificación económica, el crecimiento moderado del PIB, la eficiencia energética y ciertos avances en inclusión laboral de género ofrecen oportunidades para impulsar un desarrollo más equilibrado y sostenible. 

Si bien, el Gobierno Federal ha lanzado el Plan México como política industrial, resulta estratégico que nuestro estado fortalezca sus capacidades institucionales, mejore su infraestructura logística y apueste por la diversificación económica, aprovechando activos como el Puerto de Lázaro Cárdenas para reposicionarse como nodo clave del desarrollo nacional, impulsando al mismo tiempo sus vocaciones productivas y el talento humano que existe en cada región del estado.

La meta es clara, atraer inversión que respete al territorio, fomentar la innovación local y garantizar que el crecimiento beneficie también a las mujeres, a los jóvenes y a las comunidades más vulnerables. Ese es el tipo de competitividad que nos interesa, la que genera prosperidad compartida y eleva condiciones de vida, no la que alienta la exposición de indicadores.

La competitividad no se trata solo de competir, sino de construir condiciones para que nuestra gente viva mejor. Y eso solo será posible si el desarrollo se planea desde el territorio, con participación ciudadana, vocación productiva y compromiso político.

Nuestro compromiso no debe ser solo coyuntural, sino que realmente se sienten las bases de un modelo económico más justo para Michoacán, que priorice la inversión en capital humano, la digitalización, la transparencia gubernamental y la innovación productiva, con enfoque territorial y participación social. Solo así podrá transformar sus debilidades estructurales en ventajas competitivas reales. Por lo tanto, es necesario apoyar desde lo legislativo, desde el gobierno local y respaldar cualquier iniciativa que promueva empleos formales, redistribución de oportunidades y sustentabilidad. Pero también es indispensable señalar cuando se ignore a las comunidades, los municipios, a las mujeres o a los trabajadores.

Estoy convencido de que Michoacán tiene con qué, y que juntos podemos lograr que esta tierra sea competitiva, sí, pero también más justa, más digna y con futuro para todas y todos. 

El momento es ahora y la propuesta es clara: más allá de las ideologías, hagamos del desarrollo una causa común y pongamos al talento michoacano en el centro para construir una gran alianza entre la ciudadanía, el sector productivo y la academia, con el acompañamiento del gobierno estatal, los ayuntamientos y el Congreso; una alianza con visión de largo aliento que apueste por la educación, los empleos dignos, la sostenibilidad y el fortalecimiento de nuestras vocaciones productivas y capacidades locales.

El capital humano como base del progreso

Octavio Ocampo

La inversión en capital humano se ha consolidado como una de las principales fuentes de crecimiento de las economías a nivel mundial. Las naciones que han apostado por formar a su población, garantizar su salud y expandir sus habilidades han logrado insertarse con éxito en industrias tecnológicas clave y sus sistemas de producción están en constante innovación.


Pero ¿qué es el capital humano? Según el Banco Mundial, se refiere a los conocimientos, las habilidades y la salud que las personas acumulan a lo largo de su vida y que les permiten desarrollar su potencial como miembros productivos de la sociedad. La OCDE, por su parte, destaca que incluye también competencias y atributos que permiten a las personas contribuir tanto a su bienestar como al de su comunidad y su país.


Entre los pilares más sólidos del capital humano se encuentran las carreras vinculadas con la Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Estas áreas se han convertido en el corazón del crecimiento económico, científico y social de nuestra época. Y no es para menos, pues son la columna vertebral de muchos de los avances que hoy nos permiten curar enfermedades, automatizar procesos o diseñar vehículos más limpios y eficientes.


En México, este tipo de formación es clave para que iniciativas como los Polos de Bienestar no se queden solo en el papel. Para que funcionen realmente, necesitamos técnicos, ingenieros y científicos que sean formados localmente y puedan dar vida a estos proyectos industriales. Sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología, las energías limpias, el desarrollo de software, la agroindustria o el automotriz no solo están creciendo rápido, sino que demandan mano de obra calificada y de alto valor para funcionar.


A nivel nacional, los datos son alentadores. De acuerdo con cifras del Gobierno Federal, México ocupa el segundo lugar entre los países de la OCDE con el mayor número de jóvenes egresados de programas técnicos, y el cuarto lugar en cuanto a egresados de nivel profesional. Además, el país registra un mayor número de estudiantes matriculados en bachilleratos tecnológicos que economías avanzadas como Alemania o Japón.


Estas cifras revelan una tendencia positiva, pero aún hay desafíos por superar. La distribución territorial de las instituciones educativas también importa y mucho. En la región Centro-Sur y Oriente, donde vive casi el 40 % de la población del país se concentra el 35.4 % de las escuelas de nivel medio superior y superior. Pero otras regiones como el Sur, el Noreste o el Noroeste, siguen enfrentando importantes desigualdades en acceso, cobertura y calidad educativa.


En Michoacán, por ejemplo, hay cerca de 800 escuelas de educación media superior, donde estudian alrededor de 171 mil estudiantes. Pero cuando vemos los datos con lupa, solo dos de cada tres jóvenes en edad de cursar este nivel están efectivamente en la escuela, esto coloca al estado entre las tres entidades federativas con menor cobertura a nivel nacional. En cuanto a la educación superior, solo tres de cada diez jóvenes en edad de estudiar una carrera universitaria lo está haciendo. Para ponerlo en contexto, en estados con vocación industrial fuerte como Nuevo León, Querétaro o Coahuila, la cobertura supera el 45 %.


Otro punto crítico es la brecha de género. Según el IMCO, solo tres de cada diez profesionistas matriculados en las carreras STEM son mujeres, a pesar de que estas carreras cuentan con mayor demanda laboral y mejores salarios.


Impulsar la educación STEM en todas las regiones de Michoacán no es solo una propuesta educativa, es una estrategia de desarrollo con visión de futuro. Apostar por estas áreas del conocimiento es clave para detonar la innovación, atraer inversiones estratégicas, generar empleos bien remunerados y reducir las desigualdades entre regiones. Porque sin jóvenes preparados no hay desarrollo regional que se sostenga y sin condiciones para formar ese talento estamos condenando a nuestra juventud a emigrar.


A diferencia de la inversión física, cuyos resultados pueden verse en meses, la formación de capital humano requiere tiempo, constancia y visión. Educar y acompañar a una persona desde la infancia hasta que concluye su carrera profesional puede tomar hasta dos décadas. Por ello, se requieren políticas públicas sostenidas y de largo aliento, capaces de trascender gobiernos. Estoy convencido de que el verdadero desarrollo comienza en las aulas, pero también se construye día a día, con compromiso, perseverancia y responsabilidad desde cada uno de nuestros espacios de acción.

Más que números, necesitamos datos con rostro

Por Octavio Ocampo Córdova

La migración internacional es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. Actualmente, hay más personas que nunca viviendo fuera de su país de origen. De hecho, según datos de la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) de las Naciones Unidas, en 2024 había alrededor de 304 millones de migrantes internacionales en el mundo, casi el doble de los que había en 1990.

 

Muchas personas migran con la esperanza de encontrar un mejor trabajo, acceder a oportunidades educativas o reencontrarse con sus seres queridos; mientras que otras salen de su país por la violencia, los conflictos armados o por violaciones a sus derechos humanos, y cada vez con mayor frecuencia, hay quienes se ven forzados a desplazarse por razones climáticas.

 

Aunque las personas migrantes representan menos del 4 % de la población mundial, su impacto ha sido tan profundo que la migración se ha convertido en uno de los temas centrales en la política global. En países como Estados Unidos y Europa, este fenómeno ocupa un lugar prioritario en la agenda pública, provocando debates intensos, opiniones divididas y decisiones que influyen directamente en el destino de sus gobiernos.

 

Y no es para menos, Estados Unidos es el país que más inmigrantes alberga en todo el planeta. Según cifras del Pew Research Center, en 2023 había 47.8 millones de personas nacidas en el extranjero viviendo allí. Tan solo en ese año llegaron 1.6 millones más, lo que representó el mayor crecimiento anual registrado desde el año 2000. Para darnos una idea del cambio, en 1970 la población inmigrante en Estados Unidos era apenas una quinta parte de lo que es hoy. 

 

Con base en información del mismo Pew ResearchCenter, México sigue siendo el principal país de origen de quienes migran a Estados Unidos. No obstante, desde 2007 el flujo migratorio desde nuestro país ha disminuido y también ha bajado el número total de mexicanos viviendo allá. En 2010, los mexicanos representaban el 29 % de todos los inmigrantes en ese país; para 2022, la cifra había bajado al 23 %. Después de México, los grupos más numerosos provienen de India, China y Filipinas.

 

 

Michoacán, por su parte, ha sido históricamente uno de los principales estados expulsores de migrantes hacia Estados Unidos. Desde hace décadas, muchas familias de municipios como Morelia, Uruapan, Zamora, Ciudad Hidalgo, La Piedad, Puruándiro, Tarímbaro, Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Pátzcuaro han cruzado la frontera en busca de un mejor futuro.

 

Hasta ahora sabemos que alrededor de 4.5 millones de personas de origen michoacano viven en Estados Unidos, principalmente en los estados de California, Florida, Georgia, Illinois, Nevada, Nueva York, Texas y Washington.

 

A pesar de su importancia, no disponemos de datos precisos y detallados sobre la población migrante michoacana. La información existente está fragmentada en diversas fuentes, cada una con metodologías, enfoques y periodos de actualización distintos, lo que limita la capacidad para diseñar políticas públicas efectivas.

 

Estamos hablando de una población que, en número, es comparable a la que actualmente vive en Michoacán. Por eso, contar con información cualitativa y cuantitativa objetiva y confiable de nuestros migrantes y sus familias no es solo deseable, sino crucial para tomar decisiones responsables y bien fundamentadas, tanto en el Congreso del Estado como en el Gobierno Estatal. 

 

En este contexto, la creación de un Centro de Estudios Migratorios vinculado al Congreso del Estado debería ser una de las prioridades de esta legislatura. Un espacio que trabaje de manera coordinada con universidades, organizaciones de la sociedad civil y las propias comunidades de migrantes, para generar información y construir herramientas que nos ayuden a entender mejor este fenómeno y, sobre todo, a responder con acciones legislativas y políticas públicas que verdaderamente atiendan las necesidades de los migrantes y las de sus familias.

 

Hoy más que nunca, necesitamos cifras que cuenten historias, no hay que perder de vista que detrás de cada persona que ha salido de Michoacán en busca de un mejor futuro hay una historia que nos concierne a todos. Se trata de madres, padres, hijas e hijos siguen siendo parte viva de nuestro querido Michoacán.