Morelia, Michoacán, a 22 de abril de 2026.- El diputado Reyes Galindo Pedraza recibió en el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana presentada por Victoria Alejandra Cruz Olvera, representante de Pride Michoacán, para reformar el Código Penal de Michoacán y tipificar el delito de transfeminicidio, con sanciones de 35 a 50 años de prisión para quien prive de la vida a una persona trans por motivos de identidad o expresión de género.

Durante la entrega de la propuesta, el legislador destacó que Michoacán tiene una deuda histórica con la población de la diversidad sexual, por lo que consideró indispensable avanzar en un marco jurídico que garantice justicia, protección y acceso real a los derechos humanos.

Reyes Galindo subrayó que el transfeminicidio no puede seguir siendo tratado como un homicidio común, ya que responde a patrones específicos de odio, discriminación y violencia estructural. “Es un delito que debe ser nombrado en todas sus letras y que debe tener una respuesta jurídica autónoma, porque detrás de estos crímenes existe una cadena de exclusión social que termina en la violencia extrema”, expresó.

El coordinador parlamentario señaló que reconocer, prevenir y sancionar con severidad este delito representa un acto de dignidad y justicia social para una comunidad que históricamente ha sido invisibilizada. “Es decirle a la población trans que sus vidas importan y que el Estado no puede seguir siendo omiso, sino garante de su integridad y de su derecho a vivir libres de violencia”, afirmó.

Asimismo, explicó que la iniciativa busca que las investigaciones se realicen con perspectiva de género y diversidad desde el primer momento, evitando prejuicios institucionales que muchas veces contaminan los procesos judiciales y favorecen la impunidad. También contempla medidas de no repetición y acompañamiento para las familias y redes afectivas de las víctimas.

Reyes Galindo sostuvo que las leyes reflejan aquello que una sociedad decide proteger. “Nadie debería morir por ser quien es. Desde el Congreso debemos enviar un mensaje claro: en Michoacán no habrá espacio para el odio ni para la indiferencia. Vamos a legislar para que las niñas y jóvenes trans crezcan con libertad, seguridad y esperanza”, expresó.

En el acto también estuvieron presentes la diputada Diana Espinoza Mercado, el diputado Vicente Gómez Núñez, el diputado Juan Pablo Celis y el diputado Antonio Carreño Sosa.

Morelia, Michoacán, a 23 de abril de 2026.- El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Baltazar Gaona García, expresó su respaldo a la iniciativa ciudadana presentada por la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán (FUCIDIM), impulsada por el maestro Bernardo de María León Olea, al considerar que representa una ruta seria y responsable para fortalecer la seguridad pública en la entidad.

El legislador señaló que Michoacán necesita transitar hacia un modelo de seguridad basado en la profesionalización, la preparación técnica y la coordinación institucional, dejando atrás la improvisación que durante años ha debilitado la capacidad de respuesta de muchas corporaciones policiales. “La seguridad pública no puede depender de ocurrencias ni de decisiones sin sustento; requiere planeación, disciplina y perfiles capacitados”, sostuvo.

Gaona García destacó como uno de los principales ejes de la propuesta la creación de una Academia de Alta Gerencia Policial, orientada a formar a quienes aspiren a dirigir corporaciones municipales y estatales, con conocimientos en estrategia, liderazgo, administración y evaluación del desempeño. Afirmó que contar con mandos mejor preparados permitirá instituciones más eficientes y cercanas a la ciudadanía.

Asimismo, resaltó la propuesta de integrar un Colegio de Mandos Policiales, mecanismo que establecería estándares mínimos de experiencia, certificación y trayectoria para ocupar cargos directivos dentro de las instituciones de seguridad. “No se puede construir paz con estructuras débiles. Necesitamos corporaciones sólidas, confiables y con liderazgo profesional”, expresó.

El diputado petista también reconoció el trabajo de la sociedad civil organizada y, en particular, la labor de la FUCIDIM, encabezada por Roberto Ramírez Delgado, al impulsar propuestas de largo alcance para el desarrollo de Michoacán. Señaló que cuando ciudadanía y autoridades dialogan con responsabilidad, surgen soluciones reales para los grandes retos del estado.

Finalmente, Baltazar Gaona aseguró que la iniciativa será revisada con apertura y responsabilidad en el Congreso local, privilegiando siempre el interés público. “La seguridad no es un privilegio; es un derecho de todas y todos. Y para garantizarlo, necesitamos instituciones fuertes, mandos preparados y visión de futuro”, concluyó.

• Se pretende alcanzar un equilibrio entre tradiciones culturales y el respeto por los animales
• Priorizar un enfoque de cuidado y bienestar evitando que sean sometidos a maltratos

Morelia, Michoacán, 22 de abril de 2026 -La diputada local Brissa Arroyo, presentó una iniciativa de ley que permita proteger a los caballos bailadores y considerar esta actividad como parte del patrimonio cultural de nuestro estado.

La Congresista y Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, explicó que
los caballos bailadores son un símbolo muy importante de la cultura mexicana y en Michoacán esta tradición vive en sus municipios.

Las tradiciones culturales y el respeto por los animales son dos temas que deben estar presentes en nuestras agendas para encontrar un equilibrio porque son aspectos que ayudan a la construcción de valores sociales al promover la empatía, la compasión y la responsabilidad.

«La iniciativa que hoy presento es un llamado a proteger el bienestar de estos animales, su integridad física y emocional, así como asegurar que no sean sometidos a tratos crueles con tal de que cumplan con un número de entretenimiento, porque sería incongruente que la violencia sea el motor de una expresión artística como esta, en lugar del talento y el vínculo de respeto», afirmó.

Proteger la integridad de estos animales, en el contexto de esta práctica, es también evitar que esta tradición que ha pasado de generación en generación se desvirtúe o se vea de forma inapropiada, además de que garantiza la seguridad de los participantes y de quienes asisten a verla, abundó.

El significado cultural que tiene esta tradición es tan importante que merece ser considerada como parte del patrimonio cultural de nuestro estado, porque es una expresión artística, y porque representa historia, identidad, origen y valores sociales, esenciales para la cohesión social y la construcción de redes ciudadanas de apoyo que promuevan las buenas acciones y pongan a las personas en el centro de las decisiones.

Considerarla parte de nuestro patrimonio cultural, permitiría obtener herramientas para su protección, fomento y promoción; ayudaría a impulsar el desarrollo económico de nuestras comunidades, daría certeza y prestigio, y, sobre todo, priorizaría que las actividades con los animales se hagan desde un enfoque de cuidado y bienestar, dignificando su integridad y evitando que sean sometidos a maltratos.

Como toda acción institucional, se requiere de compromiso y responsabilidad, por eso hoy, el llamado es a priorizar los valores y trabajar para que esta importante tradición evolucione hacia prácticas responsables y éticas, y demostrar que el respeto hacia nuestra cultura y por los seres vivos puede avanzar en equilibrio y de la mano.

Al hacer uso de la máxima tribuna del estado, Brissa Arroyo también presentó
un exhorto para postular a la tradición de los caballos bailadores como candidata a ser declarada Patrimonio Cultural inmaterial de la humanidad.

Argumentó que la declaratoria de los caballos bailadores como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad es una necesidad, porque se trata de proteger una herencia que nos define y de dignificar esa conexión con nuestro pasado, así como el esfuerzo de cientos de familias que día a día trabajan para mantenerla viva.

Este reconocimiento proporcionaría las herramientas necesarias para ayudar a preservarla como una tradición que promueve los valores, la cultura, el respeto hacia los animales, la convivencia familiar, el dialogo y las buenas acciones.

*La iniciativa presentada se hizo de forma conjunta con la coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano, la diputada Grecia Aguilar Mercado

Morelia, Michoacán, 22 de abril 2026.- Los gobiernos “deben asumir su responsabilidad de atención a la salud mental como un tema primario; basta de esperar a que sucedan hechos dramáticos o estar en crisis para actuar, tal y como ocurrió el pasado lunes en Teotihuacan”, sentenció Toño Carreño Sosa.

A nombre de la bancada de Movimiento Ciudadano, fijó postura en tribuna, para reprochar “la irrupción de la paz en uno de los símbolos más grandes de nuestra historia, que cobró una vida y varias personas resultaron heridas. Parte de la responsabilidad es la indiferencia institucional”.

La salud mental y la emocional, añadió Toño Carreño , “son parte de la seguridad pública, la justicia social y son responsabilidad del Estado”. Por ello, en conjunto con la diputada Grecia Aguilar Mercado, levantan la voz con sentido de urgencia y presentaron una iniciativa integral para reformar la Ley de Salud del Estado de Michoacán, la Ley de Educación y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el propósito de fortalecer el marco jurídico en materia de salud mental.

El legislador añadió que es impostergable actuar; “tenemos que prevenir antes que lamentar, tenemos que detectar antes que reaccionar y tenemos que acompañar antes que castigar”.

En su intervención, explicó que la propuesta establece tres ejes fundamentales: prevención y detección temprana en escuelas; coordinación efectiva entre salud y educación, y, participación comunitaria y corresponsabilidad social.

Desde la Bancada Naranja se estableció que dicha iniciativa descarta la burocracia innecesaria sin generar nuevas cargas presupuestales inmediatas. Optimiza lo que ya existe, ordena esfuerzos y orienta recursos hacia donde más se necesitan.

“No esperemos otra tragedia, otro caso viral u otra familia rota para legislar.
Si protegemos la salud emocional de nuestra niñez, protegemos su futuro, a nuestras comunidades y fortalecemos la paz social. Desde esta tribuna lo digo con convicción: gobernar también es prevenir. Legislar también es cuidar. Y escuchar también es salvar vidas”.

• *Propone catálogo de conductas prohibidas para evitar injerencia de servidores públicos

Morelia, Michoacán, a 22 de abril de 2026.- El diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó ante la 76 Legislatura del Congreso del Estado una iniciativa para evitar que personas servidoras públicas intervengan en la vida interna de los sindicatos y en la elección de sus dirigencias. La propuesta busca garantizar que las y los trabajadores tomen sus decisiones de manera libre, sin presiones ni uso de recursos públicos.

La iniciativa plantea adicionar el artículo 69 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, así como el artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, con el fin de reconocer el derecho de los sindicatos a desarrollarse sin injerencias y establecer la injerencia sindical como falta administrativa grave. Además, responde al mandato federal derivado del decreto publicado el 12 de diciembre de 2025, que obliga a las entidades federativas a armonizar su marco jurídico en esta materia.

“La iniciativa tiene como objetivo reconocer expresamente el derecho de los sindicatos a desarrollarse libres de cualquier acto de injerencia por parte de personas servidoras públicas, y establecer un catálogo claro de conductas que permitan identificar y sancionar estas prácticas”, explicó Octavio Ocampo.

El legislador señaló que la propuesta contempla un catálogo de conductas que serán consideradas como injerencia sindical, entre ellas la coacción del voto, la presión jerárquica a subordinados, el condicionamiento de apoyos o permisos laborales, el uso de recursos públicos para favorecer candidaturas sindicales, así como la utilización de instalaciones, vehículos o programas institucionales con fines de proselitismo. “Con esta reforma buscamos garantizar la neutralidad institucional en los procesos sindicales, proteger la libertad del voto de las y los trabajadores y evitar el uso indebido de recursos públicos con fines de proselitismo sindical”, indicó.

Octavio Ocampo destacó que la iniciativa no interviene en la vida interna de los sindicatos, sino que fortalece su autonomía y cumple con la obligación del Estado de armonizar su legislación. “Esta propuesta responde a un mandato federal y es obligación del Estado de Michoacán realizar esta armonización legislativa para garantizar la democracia sindical. Se busca que las decisiones de las y los trabajadores se tomen con libertad y sin intervención del poder público”, concluyó.