• La iniciativa sugiere que las medidas cautelares sean revisadas en cualquier momento del procedimiento legal

• Las medidas de protección tienen como finalidad prevenir la consumación o repetición de actos de violencia

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero de 2026.-La diputada local Brissa Arroyo, presentó una iniciativa de ley que permita establecer un mecanismo claro de revisión de las medidas de protección dentro del procedimiento familiar, evitando vacíos normativos y garantizando tanto la tutela efectiva de las víctimas como el respeto al debido proceso.

La Coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD (GPPRD) en la 76 Legislatura, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 842 Bis, al Código Familiar del Estado para robustecer legalmente el tema de medidas cautelares.

Refirió que hoy día las mujeres víctimas de violencia en razón género pueden solicitar a la autoridad competente —en el ámbito familiar o penal— la imposición de medidas específicas e inmediatas, que les protejan ante un hecho de violencia.

Estas medidas, constituyen acciones institucionales de carácter urgente que tienen como finalidad, prevenir la consumación o repetición de actos de violencia que puedan atentar principalmente contra su vida, su integridad, su seguridad o la de sus hijas e hijos. Su naturaleza es eminentemente cautelar y preventiva.

Brissa Arroyo argumentó que en Michoacán, cuando se solicitan medidas cautelares ante una autoridad en materia familiar, su revisión suele diferirse hasta la audiencia preliminar tratándose de juicio ordinario.

Nuestra legislación, -abundó-, no prevé de manera expresa otro momento procesal para su revisión o modificación antes de dicha etapa o de la emisión de la sentencia definitiva.

Si bien las medidas de protección pueden otorgarse con base en la apariencia del buen derecho y el riesgo inminente —incluso con sustento inicial en el dicho de la persona solicitante, dada su naturaleza urgente—, lo cierto es que sus efectos pueden impactar de manera significativa en los derechos de la persona señalada.

Por ello, resulta necesario fortalecer nuestro marco jurídico para que, una vez que la autoridad cuente con un panorama más amplio del caso y de las pruebas aportadas por ambas partes, pueda pronunciarse nuevamente sobre la subsistencia, modificación o levantamiento de las medidas decretadas.

Se adicionaría el Artículo 842 Bis, para quedar de la siguiente forma: Las medidas solicitadas, se podrán revisar y cambiar en cualquier momento del procedimiento y hasta antes de su citación para sentencia.
Esta revisión deberá de solicitarse por escrito, exponiendo en el mismo las causas por las cuales deban de modificarse, anexando al escrito los medios de prueba idóneos que acrediten la petición de la persona promovente, previo a pronunciarse la autoridad, se le dará vista a la contraria a través de notificación personal para que, en el término de tres días, dé contestación a lo solicitado por la parte promovente. Una vez agotado este procedimiento, la autoridad resolverá la petición.

El diputado petista subrayó que la implementación paulatina es necesaria para proteger la economía familiar y garantizar un crecimiento equilibrado.

Morelia, Michoacán (27 de febrero del 2026). – En el marco de la discusión y aprobación de la minuta que reforma el artículo 123 constitucional en materia de derechos laborales, el diputado del Partido del Trabajo, Hugo Rangel, fijó postura en el pleno y calificó la medida como un avance histórico largamente postergado por decisiones políticas del pasado. Señaló que desde la década de los ochenta existían condiciones económicas suficientes para reducir la jornada laboral sin afectar la productividad nacional.

Rangel recordó que desde hace décadas, diversos economistas han advertido que el desarrollo de las fuerzas productivas permitía que un trabajador reprodujera el valor necesario para su sostenimiento en una fracción menor a las ocho horas tradicionales. Sin embargo, explicó que el dogma neoliberal impuso la idea de que reducir la jornada encarecería la fuerza de trabajo y restaría competitividad al país, apostando durante décadas por la contención salarial y la precarización como estrategia de inserción en el mercado global.

El legislador subrayó que la implementación gradual de la reforma responde a una lógica de responsabilidad económica y social. “Las transformaciones estructurales requieren periodos de maduración”, sostuvo, al precisar que ninguna norma puede imponerse desconociendo las condiciones reales de operación de las empresas. Indicó que el proceso paulatino permitirá a los sectores productivos realizar los ajustes internos necesarios sin afectar el empleo ni la estabilidad económica.

Finalmente, advirtió que México cuenta con una economía predominantemente terciaria, donde pequeñas unidades económicas familiares, restaurantes, comercios, servicios y turismo, generan una parte sustancial del empleo. En ese sentido, afirmó que establecer esquemas rígidos e inmediatos podría impactar negativamente a estos negocios. “Esta reforma representa el mejor escenario posible: fortalece las conquistas laborales sin frenar el crecimiento ni castigar a las pequeñas empresas”, concluyó.

Morelia, Michoacán, a 27 de febrero del 2026.- El diputado local del PRD Michoacán, Octavio Ocampo, respaldó la aprobación de la reforma que establece la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas semanales, la cual fue avalada por el Pleno del Congreso del Estado de Michoacán.

Esta reforma forma parte de la Minuta enviada por la Cámara de Diputados a las legislaturas estatales para su aprobación constitucional, con el objetivo de fortalecer los derechos de las personas trabajadoras y avanzar hacia un modelo laboral más equilibrado y justo.

El legislador perredista resaltó la importancia de esta reforma por fortalecer los derechos de las personas trabajadoras mediante la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, proceso que se implementará de manera progresiva entre 2026 y 2030.

Entre los principales beneficios de la reforma se encuentra la actualización de un principio constitucional que no había tenido modificaciones sustanciales en más de un siglo, además de reforzar la progresividad de los derechos laborales conforme al artículo 1º constitucional. Asimismo, armoniza la legislación mexicana con estándares internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo.

La propuesta también promueve un modelo laboral más humano que favorece el descanso, la convivencia familiar, el bienestar integral y una productividad sostenible.

En cuanto a su contenido central, la reforma establece una jornada laboral de 40 horas semanales, con una implementación gradual entre 2026 y 2030. Además, define reglas más claras sobre el trabajo extraordinario, contemplando el pago del 100 por ciento adicional por horas extra dentro del límite legal y del 200 por ciento cuando se excedan dichos límites.

También establece un máximo de 12 horas extraordinarias por semana, distribuidas hasta en cuatro horas diarias, así como la prohibición del tiempo extraordinario para personas menores de 18 años. Asimismo, se garantiza que la reducción de la jornada laboral no implique disminución en salarios ni prestaciones.