Morelia, Michoacán, a 2 de julio de 2026.– El Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal y al Código Familiar de Michoacán para fortalecer las medidas contra las personas deudoras alimentarias. Entre los cambios destaca el incremento de la pena corporal, que podrá alcanzar hasta cinco años de prisión en los casos previstos por la ley.

La reforma también fortalece la reparación del daño y establece nuevas herramientas para hacer más efectivo el cumplimiento de las resoluciones judiciales. El objetivo es garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir los alimentos que les corresponden.

“Con esta reforma protegemos el interés superior de la niñez y enviamos un mensaje claro: incumplir con una obligación alimentaria tendrá consecuencias más severas. Lo más importante es garantizar los derechos de quienes dependen de ese apoyo”, afirmó el diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

Entre las modificaciones aprobadas se establece que, cuando exista una resolución judicial y el adeudo supere los 30 días sin causa justificada, la autoridad competente deberá notificar a las instancias correspondientes para restringir la salida del país de la persona deudora alimentaria. También se fortalece la coordinación entre las autoridades responsables de atender estos casos.

Las reformas buscan que las resoluciones judiciales se cumplan con mayor eficacia y que las personas acreedoras alimentarias cuenten con mecanismos legales más sólidos para hacer valer sus derechos.

“Las niñas, niños y adolescentes no pueden seguir esperando para recibir lo que por derecho les corresponde. Hoy damos un paso importante para que la ley responda con mayor firmeza y proteja a quienes más lo necesitan”, concluyó Baltazar Gaona García.

•⁠ ⁠La sumisión química consiste en la administración de sustancias psicoactivas para manipular la conciencia, doblegar la decisión o modificar el comportamiento de una persona sin su consentimiento

Morelia, Michoacán a 02 de julio de 2026.– El Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen de reformas al Código Penal de Michoacán que incorpora, entre otras disposiciones, el delito de sumisión química como una figura autónoma y sancionable, a propuesta de la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz. Con esta reforma, Michoacán se suma a las entidades que tipifican de manera específica la administración de sustancias psicoactivas sin consentimiento con el fin de anular la voluntad de las víctimas, conducta que hasta ahora navegaba en un vacío legal.

La legisladora reconoció a la Comisión de Justicia por su sensibilidad y rigor técnico al dictaminar el paquete de reformas, que no solo endurece sanciones y actualiza tipos penales en delitos sexuales, violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, y protección de periodistas, defensores de derechos humanos, personal de salud, seguridad y veterinarios, sino que también incorpora nuevas figuras delictivas y agravantes. Entre todas ellas, destacó la iniciativa que propone incorporar el delito de sumisión química.

Arreola Ruiz subrayó que legislar en este siglo implica tener la valentía de nombrar y enfrentar las nuevas y más cobardes formas de violencia que padecen las personas, y de manera desproporcionada, las mujeres. “Durante mucho tiempo, la sumisión química ha sido el delito invisible. Ocurre en las sombras de los bares y antros, en la confianza de compartir copa o en el descuido de un momento. Se ha utilizado para anular la voluntad de las víctimas y allanar el camino para otros delitos como violaciones, abusos sexuales, secuestros, desapariciones o robos”, afirmó.

La diputada explicó que la sumisión química consiste en la administración de sustancias psicoactivas para manipular la conciencia, doblegar la decisión o modificar el comportamiento de una persona sin su consentimiento, calificándola como una violencia de extrema gravedad porque no solo ataca el cuerpo, sino la esencia de la libertad, al despojar a la víctima de su capacidad para decir «no», para resistirse e incluso para recordar el horror vivido.

Sandra Arreola respaldó su propuesta con datos que indican que el 66% de las víctimas de sumisión química son mujeres, y de ellas, entre el 80 y el 90 por ciento sufren agresiones sexuales mientras se encuentran indefensas. “Compañeros, no estamos legislando sobre una hipótesis; estamos respondiendo a una crisis que ya está sucediendo en nuestros hogares, en nuestras calles y en nuestros espacios de ocio. El Estado no puede ni debe permanecer ajeno”, puntualizó.

Con la aprobación de este dictamen, quien use sustancias químicas para anular el consentimiento de una persona tendrá una sanción específica y ejemplar, cerrando así un vacío legal que durante años ha permitido la impunidad en estas conductas. “Porque aquello que la ley nombra, reconoce y sanciona, también construye justicia y envía un mensaje de protección a las víctimas y de cero tolerancia a los agresores”, sostuvo.

Al concluir, Arreola Ruiz reiteró su gratitud a las y los integrantes de la Comisión de Justicia por no haber dejado esta propuesta en el olvido y por entender que este dictamen no es un simple trámite, sino “un escudo legal para la libertad, la integridad y la dignidad de todas y todos los michoacanos”. El dictamen aprobado fue turnado a las instancias correspondientes para su publicación y entrada en vigor.

–

El diputado de Movimiento Ciudadano sentenció que las obras deben ser en beneficio de los michoacanos y no de partidos políticos o gobiernos

Morelia, Michoacán, 01 de julio 2026.- Toda la obra pública que se realice en Michoacán debe ser en su totalidad en beneficio de la ciudadanía, y dejar de lado los colores partidistas, eslóganes de gobierno o nombres de candidatos, ya que representa un gasto sin sentido proveniente de los impuestos de los michoacanos, sentenció Toño Carreño Sosa.

En la iniciativa propuesta por el diputado de Movimiento Ciudadano, fue enfático en tribuna al aclarar que
las obras públicas no pertenecen a un partido, ni a un gobierno o administración; son de la gente.

Sin embargo, lamentó el legislador, durante años hemos normalizado una práctica que nunca debió existir: pintar, decorar o identificar la infraestructura pública con colores, símbolos o elementos que inevitablemente la ciudadanía relaciona con una fuerza política. «Poco a poco dejamos de ver una escuela, un parque o una clínica, para empezar a ver los colores de un gobierno y eso debe terminar».

Toño Carreño hizo un llamado a entender que un hospital no cura ideologías; un puente no es un estatuto partidista y una obra pública jamás debe convertirse en un anuncio electoral, ni de manera directa ni de manera indirecta.

Las instituciones deben ser como un puente sólido; añadió el diputado de la Bancada Naranja, unen a las personas sin preguntarles por quién votaron o sus ideologías partidistas; esa es la esencia del servicio público.

La iniciativa que presentó, explicó, busca precisamente recuperar ese principio de neutralidad institucional. Propone que las obras financiadas con recursos públicos no puedan incorporar colores, emblemas, logotipos, lemas o cualquier elemento visual que razonablemente pueda identificarse con partidos políticos, candidaturas o servidores públicos.

“No se trata de prohibir colores; se trata de impedir que los bienes de todos se utilicen para promover a unos cuantos, además del consecuente ahorro de recursos públicos en cada administración”.

Finalmente, lamentó que se gasten millones de pesos únicamente para sustituir una identidad política por otra, cuando ese dinero podría destinarse a más obra pública como calles, luminarias, además de medicamentos, becas y seguridad.