Los Congresos locales gastan hasta 10 mil 500 millones de pesos adicionales a lo presupuestado, destinando la mayor parte del gasto a bonos, compensaciones y programas sociales que no deben otorgar, alertó el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

En la presentación del “Informe legislativo 2018”, el Imco destacó que el caso más crítico lo presenta la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que es dos veces más cara que el Congreso de Diputados de España, pues este año tuvo un presupuesto de 266.8 millones de dólares respecto de los 129 mdd del Congreso español.

Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Imco, precisó que en 2018 el presupuesto por diputado en la ALDF fue de 35.8 millones de pesos, mientras que en el Congreso de Puebla fue de sólo 3.5 millones.

“Si los congresos locales tuvieran un presupuesto por diputado como el de Puebla, se ahorrarían 10 mil 503.8 millones de pesos”, equivalente a 27% del presupuesto del programa Pensión para Adultos Mayores en 2018.

Guadarrama detalló que los principales aumentos en presupuesto sin justificación fueron los servicios personales, como bonos y compensaciones, y en segundo lugar, las ayudas sociales.

Sin embargo, aclaró, dichos apoyos no forman parte de las funciones de un legislador, porque éstos no pueden dar despensas, juguetes ni ofrecer fiestas ni ayudas económicas ni construir obra pública.

El Congreso estatal que registró el mayor exceso de gasto respecto de lo presupuestado fue Oaxaca, con 86%, seguido de Hidalgo con 30%, lo mismo que Tamaulipas. En tanto, según Notimex, en la Asamblea de la Ciudad de México el gasto fue 24% mayor al presupuestado.

“En el presupuesto aprobado de los Congresos, detectamos que hay variaciones en algunos que no encuentran una justificación. Es un tema, precisamente, el despilfarro legislativo, de estas variaciones injustificadas que se han encontrado en los Congresos”, añadió.

Para el presidente del organismo, Juan Pardinas, el caso de Oaxaca “es particularmente obsceno”, pues en 2017 el Congreso gastó 342 millones de pesos más de lo presupuestado, y fue un monto mayor al del Fondo de Reconstrucción en la entidad por los sismos de septiembre.

Pardinas consideró que, a partir de la elección del 1 de julio, se abrió una oportunidad, porque el presidente electo Andrés Manuel López Obrador planteó ajustar el presupuesto al Congreso de la Unión, entre 25 y 40%, suprimir partidas a grupos parlamentarios y comisiones, reducir comisiones legislativas, contratos por honorarios y viáticos, y eliminar gastos de seguro médicos, telefonía celular, vales de gasolina y comida.

“Es una señal en el sentido correcto, y a esto habría que aumentarle la dimensión de la transparencia, porque austeridad sin transparencia no nos garantiza que en el futuro los mexicanos tengamos líderes políticos austeros; entonces, si no los acompañamos de normas y reglas, los cambios simplemente no permanecen”, alertó.

Para tener Congresos más austeros, el Imco propone apegarse al presupuesto de egresos aprobado y evitar un aumento desproporcionado, así como evitar el gasto en ayudas sociales que impliquen el ejercicio de funciones que no son propias de las legislaturas, dotar de autonomía financiera a todos los órganos superiores de fiscalización, e implementar un servicio profesional de carrera en los Congresos y tener Consejos fiscales.

En el Poder Judicial de la Federación (PJF), 51% de los jueces de distrito y magistrados de circuito en México tiene al menos un familiar laborando, y en algunos casos la proporción es de hasta 80%, como es el caso de Jalisco.

Lo anterior se desprende del informe El déficit meritocrático, que denuncia que el nepotismo y las redes familiares provocan sesgos en las sentencias.

El documento fue presentado por Julio Ríos Figueroa, investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en conjunto con la organización no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El reporte destaca que, tras 25 años de la creación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se perpetúan redes familiares, abundan carreras judiciales incompletas y hay una falta de carreras administrativas.

La investigación encontró que entre 1995 y 2016, 87% de los concursos fueron convocatorias cerradas en las que sólo podían inscribirse personas ya dentro del PJF. Es decir, excluían a profesores, académicos y abogados litigantes.

De los más de 50 distintos puestos de trabajo que hay en el PJF, que engloba desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hasta jueces de distrito y tribunales unitarios, sólo 11 participan en el procesamiento de casos y sentencias, y solo cinco de estos últimos son parte de la carrera judicial.

De esos cinco, sólo dos puestos (juez de magistrado y distrito) se obtienen por concurso de oposición y exámenes estrictos, en tanto que los otros tres se consiguen “esencialmente a discreción de jueces y magistrados”, apuntó la investigación, y halló que ello incentiva a la creación de redes familiares que en el 47% cubren plazas sin filtros meritocráticos.

De estos familiares contratados, el 68% son por consanguinidad –49% de ellos son padre/madre a hijo/hija–, mientras que el 32% restante son contrataciones por “afinidad”, y en su mayoría, el 65% de los casos, se da trabajo al cónyuge.

Por estados, los más “solidarios” con la familia, según el reporte, son Jalisco, con 77%; Nuevo León, 73%; Tlaxcala, 70%; San Luis Potosí, 65%, y Guanajuato, con 63%. Por otra parte, las entidades menos “solidarias” son Nayarit, con 3%; Tabasco, 16%; Colima, 20%; Oaxaca, 24%, y Guerrero, con 31%.

Sin embargo, faltan los datos del circuito judicial de Ciudad de México y de Toluca, por lo que “es probable que las cifras reales sean bastante mayores”, abundó Ríos Figueroa. Pero a pesar de las diferencias regionales, el 51% promedio es “muy alto” si se compara con otros países, subrayó.

En Estados Unidos, por ejemplo, una reciente encuesta externa reportó un 8% de familiares en el Departamento de Justicia. Y en España el 14% de los miembros del Tribunal de Cuentas tienen familiares en la institución, remarcó el investigador.

El cargo más común para familiares es de oficial administrativo, que requiere muy pocos requisitos. El nombramiento recae en el titular del juzgado y tiene un salario bajo, por lo que puede ser una “plataforma para ingresar fácil” y después subir de categorías, abundó.

Estos factores merman la credibilidad del sistema judicial en México, ya que según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), el 71% de los mexicanos cree que hay corrupción en la Justicia y, según un estudio de World Justice Project (WJP), el 68% cree que tener familiares es “decisivo” para hacer carrera en la Justicia mexicana.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa señaló que una persona presuntamente ligada a actividades ilícitas (Ismael “El Mayo” Zambada) escapó el domingo en la sindicatura de Villa Adolfo López Mateos “El Tamarindo”, municipio de Culiacán.

En un comunicado el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, General Inocente Fermín Hernández, indicó que como parte del operativo de las corporaciones policíacas y militares, con el fin de localizar a dichas personas, arribaron a un domicilio de la sindicatura.

Destacó que los efectivos encontraron un vehículo en estado de abandono con las puertas abiertas y un arma de uso exclusivo del Ejército en su interior.

“Se estima que los ocupantes de la unidad motriz, la cual cuenta con reporte de robo, emprendieron la huida”, manifestó el funcionario estatal.

Detalló que desde el exterior del inmueble se observaron otros vehículos, por lo que se inició con una inspección de los alrededores y el sitio fue asegurado.

Al lugar se trasladó la autoridad competente, misma que solicitó una orden de cateo para ingresar, sin embargo, esta se encuentra en espera de que sea cumplimentada.

La Comisión de Diagnóstico creada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para analizar las causas de su derrota electoral conoció de un informe en el que 13 estados del país obtuvieron 17.17% o menos de la votación en las elecciones del 1 de julio pasado, ante lo cual corren el riesgo de perder el registro local en las elecciones intermedias de 2021, de continuar la tendencia a la baja.

Baja California Sur y Ciudad de México son las entidades con mayor riesgo de quedarse sin registro estatal, ante los bajos porcentajes de votación obtenidos en los comicios pasados; seguidas de Tabasco, Morelos y Chiapas, estados donde, además, el PRI no es gobierno y no tiene mayoría en el Congreso.

Los otros ocho estados de la lista son Puebla, Querétaro, Michoacán, Chihuahua, Nayarit, Guanajuato, San Luis Potosí y Jalisco.

Según fuentes priistas consultadas por 24 HORAS, del análisis de los resultados se desprende que el PRI puede comenzar a perder espacios a escala local de no tomar decisiones correctas en los próximos meses que les permitan reposicionarse.

Así, recomendaron elegir a coordinadores prometedores de bancada en los Congresos locales, hacer una buena labor política de agenda legislativa y abanderar causas ciudadanas, con el fin de posicionarse para el siguiente proceso electoral.

Piden proceso abierto

Asimismo, la Comisión de Diagnóstico ha recibido entre 2 mil y 3 mil propuestas y críticas en el marco de la consulta PRI, a través de redes sociales, correo electrónico y la plataforma oficial del partido. La exigencia principal es seleccionar a los candidatos mediante procesos abiertos.

Entre las críticas que más ha hecho llegar la militancia al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) está la omisión por el tema de ex gobernadores acusados de corrupción, como Javier Duarte, en Veracruz, y César Duarte, en Chihuahua.

Asimismo, la mayoría se ha pronunciado en contra de un cambio de nombre al partido, aunque ha pedido que se haga un estudio externo al respecto.

Los militantes y simpatizantes han solicitado que los líderes tengan más presencia en redes sociales, “que defiendan al partido” y que se defina la posición que deberá ocupar el PRI en la política.

Ante la respuesta de la consulta, se perfila que el plazo para la recepción de propuestas y críticas se amplíe hasta octubre, y las conclusiones se integrarían en un documento de arranque para el diagnóstico de la debacle del priismo en todo el país.

Los gobernadores de las 32 entidades del país se alinearon a la propuesta de los delegados federales que implementará el próximo Presidente,Andrés Manuel López Obrador, indicó Manuel Velasco, presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), a medios de comunicación luego de la reunión sostenida con el morenista.

Por segunda ocasión en lo que va del proceso de transición, López Obrador congregó a los gobernadores, esta vez logrando la participación de los representantes de todas las entidades, entre ellos su otrora rival electoral Jaime Rodríguez, gobernador de Nuevo León.

Además, contó con la presencia de los nueve gobernadores electos, que entrarán en funciones en los próximos meses.
“Todos respaldamos que estén los delegados federales, ningún gobernador se manifestó en contra, sí en sus funciones, y que haya claridad en las funciones de los delegados”, expresó en referencia a los representantes del Gobierno federal que se encargarán de los programas sociales y recursos de ramos federales.

Además, enfatizó que el Presidente electo dio garantía de que estos representantes del Gobierno federal respetarán la autonomía de los Gobiernos estatales, pues el cambio de un grupo de delegados a sólo uno obedece únicamente al plan de austeridad republicana.

“El objetivo del Presidente electo fue muy claro, lo que se busca con estos delegados es que esa nómina grande que se tenía de una burocracia mucho mayor, se pueda reducir”, afirmó.

“No van a estar, por ningún motivo, por encima de una autoridad local, de la autoridad de un gobernador mucho menos, que son los representantes populares elegidos y emanados por el pueblo”, sentenció.

Durante el encuentro, el Presidente electo también instruyó al próximo secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, establecer mesas de trabajo con los gobernadores para definir prioridades del presupuesto 2019.

Entre los acuerdos también estuvo el concluir las obras pendientes, entre ellas las relativas a hospitales, carreteras y caminos, así como el Tren Interurbano México-Toluca.

El gobernador chiapaneco también precisó que se acordó trabajar de manera coordinada en el tema de seguridad.
Debido a que la reunión se prolongó y tenía que volar a Chiapas, López Obrador no dio información sobre la reunión.

Pide compromiso a maestros a cambio de cancelar reforma

La reforma educativa será cancelada, pero los maestros deben establecer el compromiso de no deben caer en ausentismo, ofreció el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, durante el primer Foro de Educación para el Bienestar, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

El morenista resaltó que con éste se pretende reponer el proceso que no hizo el actual Gobierno federal, pues ahora sí se escuchará a los actores de la educación antes de proponer cambios a la reforma constitucional.

“Se va a presentar esta reforma educativa desde el 1 de diciembre, va a consistir en cancelar, abolir, abrogar, la mal llamada reforma educativa, y al mismo tiempo se va a presentar una nueva reforma educativa que va a surgir de esta consulta que se inicia a nivel nacional”, declaró.

Otro de los compromisos fue respetar la autonomía sindical y aumentar salarios por encima de la inflación.

Además, instruyó al próximo secretario de Educación, Esteban Moctezuma, agotar el diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) e iniciar gestiones para liberar a presos políticos por el tema.

“¿Qué más ofrecemos? Cero autoritarismo, cero represión. ¿Qué les pido a los maestros de Chiapas y a los maestros de México? Que se haga el compromiso de cumplir con su deber, con sus responsabilidades, ¡cero ausentismo!”, expresó generando aplausos.

Pedro Gómez, líder de la Sección 7 de la CNTE, rechazó la liberación de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, acto que consideró como un uso faccioso de las instituciones

El billete de 20 pesos desaparecerá de la familia de billetes mexicanos, de acuerdo con una presentación del Banco de México.

Además, existirá un nuevo billete de 2 mil pesos en caso de que se requiera para satisfacer las necesidades, explica el Banco Central.

Este billete sería protagonizado por los intelectuales Octavio Paz y Rosario Castellanos.

«En el caso de la denominación de 20 pesos, gradualmente dejará de circular como billete y se sustituirá por moneda, esto como resultado de diversos estudios técnicos y de costo-beneficio que se han realizado».

Así, la nueva familia de billete comprenderá 6 denominaciones: 50, 100, 200, 500 y 1,000, además del probable de 2 mil pesos.

Los nuevos billetes serán protagonizados por:

50 pesos: Fundación de la Ciudad de México – Tenochtitlán y en el reverso Ajolote, maíz y Xochimilco

100 pesos: La Colonia, con Sor Juana Inés de la Cruz y en el reverso la mariposa monarca, su biósfera, y pinos

200 pesos: La Independencia, con Miguel Hidalgo y José María Morelos y Pavón, y en el reverso el águila real, el sahuaro y la reserva de la biósfera El Pinacate y el Gran Desierto de Altar.

500 pesos: La Reforma, con Benito Juárez, y en el reverso la ballena gris, pastos marinos y la reserva de la Biósfera El Vizcaíno

1000 pesos: La Revolución, con Francisco I. Madero, Hermilia Galindo y Carmen Serdán. En el reverso el jaguar, ceiba y zapote, con la Antigua Ciudad Maya de Calakmul.

2000 pesos (de ser necesario): El México Contemporáneo, con Octavio Paz y Rosario Castellanos. En el reverso el murciélago magueyero, y el agave, acompañados de un paisaje agavero y antiguas instalaciones industriales de tequila.

Este 2018 entra en circulación el billete de 500 pesos, en 2019 el de 200 pesos y en 2020 el de mil pesos.