Ciudad de México.- La Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, consideró que ante el veredicto en las urnas, es momento de “hacer política que nos acerque a la gente”.

Al encabezar una reunión con el Foro Nacional Permanente de Legisladores, que dirige Luis Antonio Muñoz Mosqueda, invitó a los integrantes de este organismo a sumarse al proceso de reflexión con miras a fortalecer a este instituto político.

En el Salón “Presidentes” de la sede partidista, Ruiz Massieu subrayó que el PRI debe ser un espacio para articular las preocupaciones y causas de la ciudadanía.

Puntualizó que esta coyuntura es propicia para realizar un trabajo de vuelta al origen, reconstruir la confianza ciudadana y ganar elecciones sin sacrificar los principios partidistas.

Al referirse al proceso de reflexión al interior del PRI, destacó que “hay que abrir cauces institucionales para fortalecer al partido y no para minarlo”.

Ruiz Massieu añadió que el Revolucionario Institucional perdió una elección, pero vienen más procesos electorales y debe prepararse para estar en condiciones de enfrentarlos.

Durante el encuentro, tanto el dirigente del Foro Nacional Permanente de Legisladores, Luis Antonio Muñoz Mosqueda, como los miembros de esta agrupación, expresaron su respaldo a la dirigencia priista que encabeza Claudia Ruiz Massieu.

Asimismo, manifestaron su disposición para sumarse y participar activamente en el proceso de análisis y reflexión que lleva a cabo el PRI, de cara a su transformación.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que procurará un encuentro con el ex candidato presidencial panista, Ricardo Anaya, tal como lo hizo con el priista José Antonio Meade, y solo espera el momento “porque tenemos bastante actividad”.

Refirió que no ha restablecido comunicación con Anaya luego que éste le habló la noche del 1 de julio “le dije que pasando la elección lo iba yo a procurar; estoy acostumbrado a cumplir mis compromisos, entonces voy a proceder”.

Entrevistado vía telefónica en una estación de radio local, añadió que en este momento adelanta el trabajo para que el próximo 1 de diciembre, cuando rendirá protesta, tenga ya proyectos terminados “e inicie el trabajo. ¡Manos a las obras! Porque van a ser bastantes acciones”.

Expuso que prefirió, en vez de celebrar el triunfo y viajar al extranjero, no perder el tiempo y llegar al arranque del gobierno con programa y proyectos específicos.

“Perderíamos el impulso que es muy importante en estos casos; entonces, sí estoy consciente de que es un desgaste empezar ya a tomar algunas decisiones pero ya lo valoré y creo que es lo mejor, hay que adelantarnos, ganarle tiempo al tiempo”.

Al respecto, comentó que ya se avanzó en el anteproyecto del Tren Maya, pues se aprovechará la infraestructura del tren del Sureste que no fue concesionado y se mantiene como patrimonio de la nación.

Por ello se tienen los trazos y se usarán los derechos de vía carreteros y en eso se ha ocupado este tiempo “ya sabemos que son mil 500 kilómetros que vamos a comunicar Tabasco-Chiapas, Campeche-Yucatán-Quintana Roo, para dar a conocer al mundo y se van a facilitar mucho los viajes para turistas, a las zonas arqueológicas de la gran cultura maya”.

Añadió que se estima una inversión entre 120,000 y 150,000 millones de pesos entre participación pública y del sector privado, con lo cual tiene resuelto de dónde se obtendrán los recursos públicos.

Comentó que hay un impuesto que se cobra al turismo y llega a unos 8,000 millones de pesos al año, por lo cual en seis años se obtendrán alrededor de 50,000 millones de pesos.

“Entonces se están acomodando las cosas, ahí va el proyecto, ese es un extraordinario proyecto, es también reivindicar al sureste; yo lo dije y creo que la gente en todo el país lo sabe, lo acepta, de que el sureste se quedó muy rezagado en los últimos tiempos y ahora tenemos que apoyar la región”, puntualizó.

Sin embargo, resaltó que también se apoyará al Istmo y a la frontera norte del país en un plan especial porque será zona libre todo el norte.

Ciudad de México.- Atacar los recursos económicos que obtiene el narcotráfico con sus operaciones será la estrategia del próximo gobierno federal contra estas bandas criminales, aseguró Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública.

“Para nosotros es más importante perseguir el dinero que a los propios narcotraficantes porque lo que da capacidad de operación al narcotráfico no son los liderazgos, es el recurso financiero que da capacidad para corromper y para operar”, dijo tras la reunión que sostuvo con senadores y con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que el arresto de los líderes de bandas no ha sido efectivo para acabar con el fenómeno del narco, “de 122 objetivos se han detenido 120 y sigue la violencia”.

El próximo secretario de Seguridad Pública descartó que se vaya a implementar la guardia nacional y dijo que en lugar de ello se va a dar prioridad a la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad pública del Estado en lugar de intentar con una nueva corporación.

Irán tras las cuentas del narco

El próximo gobierno federal dará prioridad al combate a los recursos económicos que maneja el narcotráfico que al arresto de los líderes de las bandas criminales, aseguró Alfonso Durazo, propuesto como secretario de Seguridad Pública de la próxima administración.

Explicó que el combate al crimen organizado atacando a sus presuntas cabezas, como lo han hecho las últimas administraciones incluyendo la actual, ha demostrado no ser efectivo.

“Para nosotros es más importante perseguir el dinero del narcotráfico que a los propios narcotraficantes porque lo que da capacidad de operación al narcotráfico no son los liderazgos es previamente el recurso financiero que da capacidad para corromper y para operar”, dijo.

“Ahí sí hay un replanteamiento de fondo de la estrategia que será en lugar de perseguir a los narcotraficantes vamos a perseguir el dinero del crimen organizado”, dijo Durazo tras el encuentro que tuvo la mañana del miércoles con senadores y Andrés Manuel López Obrador.

Puntualizó que durante las últimas administraciones el seguimiento y ataque a los recursos que maneja el crimen organizado, entre ellos el narcotráfico, quedó de lado al dársele prioridad al efecto mediático que representa la aprehensión de los capos.

“Nosotros evaluamos que la estrategia de perseguir objetivos prioritarios no ha dado el mejor resultado; de 122 objetivos prioritarios se han detenidos a 120 y sigue la violencia, en consecuencia esa variable no es importante”, puntualizó Durazo en improvisada rueda de prensa.

Descartó también que se vaya a implementar la Guardia Nacional y en lugar de ello se va a dar prioridad a la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad pública del Estado en lugar de intentar con una nueva corporación.

“El objetivo de la Guardia Nacional era optimizar el aprovechamiento de todos los recursos de todas las instancias vinculadas a la seguridad, pero implicaba una serie de modificaciones legales que en este momento no tiene sentido para nosotros impulsar porque hay otras prioridades.

“Consecuentemente la optimización de esos recursos la vamos a garantizar a través de la coordinación y dejamos a un lado el tema de la Guardia Nacional”, recalcó el nominado como próximo secretario de Seguridad Pública.

Respecto al reclamo de José Manuel Mireles el martes en Morelia sobre la falta de representatividad en el presidium de los foros de pacificación, dijo que lo importante no es el protagonismo sino la atención a las víctimas.

“No podemos descalificar la seriedad y la trascendía del foro de Morelia porque a alguien no se le invitó al presidium. Me parece irrelevante y es de las prácticas que debemos cambiar, estar o no en el presidium no hace a alguien más o menos relevante.

“En todo caso, sí hay que modificar el presidium hay que llevar a las víctimas de la violencia. Si ya en Ciudad Juárez les dimos la primera fila, podemos darles el presidium”, expresó Alfonso Durazo.

Una de las obligaciones del Instituto Nacional Electoral es fiscalizar el gasto que realizan los partidos durante las campañas políticas e imponer sanciones monetarias si incurrieron en alguna falta sobre el origen y destino de esos recursos.

Desde 1997 hay un aumento significativo en el monto de las multas que la autoridad electoral impone a los partidos. Por ejemplo, en aquel año, cuando hubo elecciones intermedias, las sanciones fueron por 11 millones de pesos en términos reales. Seis años después, en las elecciones intermedias de 2003, el monto alcanzó los 875 millones. Esta misma tendencia se observa para las elecciones presidenciales. En el 2000, el entonces IFE multó a los partidos con 51 millones de pesos en términos reales; mientras que para la elección de este año el INE aprobó multas por 330 millones.

Las faltas son distintas año con año y varían en su nivel de gravedad. Algunas de las sanciones son impuestas años después por quejas específicas sobre la fiscalización. Éstas son las más controvertidas por el monto y los casos que involucran. Las tres más grandes registradas por esta razón fueron una impuesta al PRI de mil millones de pesos por el Pemexgate, una al PAN-PVEM, por 498 millones, por un esquema de financiamiento ilegal conocido como “Los amigos de Fox” y otra al PVEM, por 194 millones, por el uso indebido de promocionales. En este gráfico únicamente se muestran aquellas impuestas por la revisión de los informes de campaña.

En el proceso sancionador no solamente interviene el INE. Las multas pueden ser impugnadas ante el Tribunal Electoral. Esta instancia puede emitir sus resoluciones en dos sentidos: avalar la sanción o modificarla. Donde la ha modificado, siempre ha sido reduciendo el monto. Por ejemplo, apenas el año pasado el INE acató una sentencia del Tribunal sobre las sanciones impuestas por la campaña presidencial de 2012. Originalmente, se contemplaban multas a las coaliciones de AMLO (PRD-PT-MC) y EPN (PRI-PVEM) por 427 millones de pesos en términos reales, pero en 2017 se dio a conocer que serían 191 millones (245 millones a precios constantes) ya que se modificaron los gastos de campaña reconocidos por la autoridad.

A pesar de que en lo que va del año el peso ha tenido una recuperación y la mezcla mexicana ha oscilado entre los 60.72 y 65.09 dólares en agosto, el litro de gasolina en las estaciones de servicio sigue a la alza. Sólo en agosto, el promedio nacional de la gasolina magna subió 1.5 por ciento, mientras que en el año acumula un alza de 17 por ciento, según datos de PetroIntelligence.

Desde la perspectiva de Gonzalo Monroy, director general de GMEC, las razones por las que el precio del combustible se ha mantenido así han sido por el costo que genera la logística de distribución y el retail.

“A excepción de Exxon Mobil, todos los importadores están utilizando toda la infraestructura de Pemex y quedan sujetos a la disponibilidad de la petrolera. El segundo punto depende del retail, es decir, el margen de ganancia que los gasolineros en la bomba, también está libre (…); ellos básicamente están capturando de que han bajado los costos, pero el precio sigue igual”, comentó Monroy en entrevista.

Roberto Díaz de León, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), señaló que la estructura de precios no sólo se basa en el precio de referencia o tipo de cambio, sino que también participan el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el IVA y la distribución logística.

Asimismo, explicó que, cuando el “precio internacional de petróleo” va para arriba, también el precio de referencia de los refinados; sin embargo, no siempre cuando baja el precio del barril se reduce el precio del refinado “en el mismo momento”, por lo que se refleja tardía esta variación.

“Si se revisa el precio futuro de los refinados, la tendencia es al alza, esto significa que de aquí para las siguientes cuatro semanas los precios pudieran seguir esa tendencia, y no veríamos en ese tiempo una disminución en el precio del combustible considerando esa variable de precio de referencia”, explicó Díaz de León.

Por otra parte, José Carlos Femat Romero, director general de Quantum Consulting recordó que los cambios en el precio no son inmediatos debido a que el mecanismo de suavizamiento de precios no aplica de esta manera; es decir, recoge las variaciones del precio del barril así como las del tipo de cambio y las va suavizando conforme el tiempo.

“Estamos viendo que el tipo de cambio y los precios del barril se ha mantenido más o menos estable; lo más probable es que este efecto lo veamos en un par de semanas reflejado en el precio de las gasolinas”, agregó Femat Romero.

Femat, exdirector general de Onexpo, también señaló que, en teoría, la política de suavizamiento se creó justo para amortizar impactos tanto al alza como a la baja.

“La política se hizo para suavizar incrementos abruptos en el precio en Estados Unidos, pero opera lo mismo hacia la baja; si se mantienen estables o bajan, querrá decir que a lo largo del tiempo veremos cómo se van estabilizando e incluso reduciendo los precios”, puntualizó el exdirectivo de Onexpo.

Andrés Manuel López Obrador ganó la elección presidencial con la mayor contundencia de los últimos años. En sus dos anteriores participaciones, en 2006 y 2012, el antes perredista rozó y sobrepasó, respectivamente, el umbral de los 15 millones de votos; sin embargo, en 2018 llegó a los 30 millones 110 mil 327 sufragios -53.2 por ciento de la votación total, según el TEPJF-, que en parte se debieron al apoyo que recibieron sus propuestas de campaña.

Sin embargo, tres de las propuestas de campaña de López Obrador, dirigidas a los rubros de la seguridad, educación y salarios de funcionarios, han cambiado después de la elección y parece que no llegarán a concretarse.

Si bien el ahora presidente electo de México apunta a su misma base de políticas públicas como la austeridad y el bienestar social, existen contradicciones o modificaciones en las propuestas de derogar la Reforma Educativa, crear una Guardia Nacional y asegurar que ningún funcionario de la Administración Pública Federal gane más que el presidente de la República.

Una de las propuestas más apoyadas y también criticadas del próximo titular del Ejecutivo fue la derogación de la Reforma Educativa, que se aprobó en 2014.

El 12 de mayo, cuando se encontraba en campaña, López Obrador presentó un decálogo de compromisos educativos con miembros del magisterio en Oaxaca. Uno de ellos decía lo siguiente: “Se cancelará la mal llamada Reforma Educativa y en su lugar se hará uso de las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacional”.

Tres días después, en San Luis Potosí, el entonces candidato presidencial de la coalición ‘Juntos Haremos Historia’ comentó que “no se va a seguir ofendiendo al magisterio nacional, se va a cancelar la mal llamada Reforma Educativa. No les gusta a los de la mafia del poder, pero no me importa. Tenemos la razón”.

A pesar de estas declaraciones, los planteamientos sobre la Reforma Educativa han cambiado, con propuestas del gabinete de López Obrador que ahora exponen que no se derogará una de las reformas estructurales, sino que únicamente se le harán modificaciones.

Gerardo Esquivel, propuesto para el cargo de subsecretario de Egresos de Hacienda del gobierno de López Obrador, dijo que no se va a derogar, “sólo se va a hacer una reforma a la reforma”.

“Hasta donde yo sé, y entiendo que es lo que se ha acordado en el equipo, es que, entre otras modificaciones, se le retirará el componente punitivo contra maestros, se reorientarán los recursos en el sector y se modificará su implementación”, dijo Esquivel hace una semana.

Por otra parte, Esteban Moctezuma, propuesto para ocupar la Secretaría de Educación Pública, dijo que se llevará a consulta ciudadana y de los maestros el destino de la Reforma Educativa, cuestión que ya fue autorizada por López Obrador.

“(El modelo educativo) lo vamos a elaborar en conjunto, va a haber una consulta. Esta consulta va a ser una forma de trabajo permanente, siempre va a haber un diálogo entre maestros, padres de familia (…). Tengo la autorización de Andrés Manuel de crear un consejo consultivo permanente (…) en donde estén las organizaciones civiles, maestros, líderes sindicales, alumnos, empresarios, padres de familia, y que el secretario esté obligado a consultar con este consejo sus decisiones, aunque no esté vinculado”, precisó Moctezuma el 17 de julio, dos semanas después de los comicios.

Otra de las propuestas más fuertes de López Obrador ha sido la de la austeridad republicana, y una de las vías para llegar a ella fue la de plantear la disminución del sueldo de los funcionarios públicos, tanto del poder Ejecutivo como del Legislativo y Judicial.

Así lo dijo el presidente electo en la primera semana de mayo: “Dicen algunas personas: ‘López Obrador, si acaso, va a poder bajar los sueldos del Ejecutivo, pero no del Legislativo ni del Judicial porque son poderes autónomos independientes’. Nada más que existe ese artículo (el 127), y la Constitución es la ley de leyes, para todos los servidores públicos”.

Con ello, López Obrador aseguró que se valdría de la Carta Magna para que ningún funcionario público ganara más que el presidente.

Sin embargo, el 10 de agosto, el morenista dijo en reunión con integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que no se va a obligar a los ministros de la SCJN de Justicia de la Nación, o a miembros del Poder Judicial, a ganar menos que él.

«Son tres poderes y el Ejecutivo dejará de ser ‘el poder de los poderes’; no va a someter al Legislativo ni al Judicial. Vamos a ser respetuosos de la autonomía de poderes, pero tanto los ministros como los legisladores electos están conscientes de que no se pueden mantener los sueldos actuales y que debe haber una política de austeridad, que no es imponer nada», señaló López Obrador en conferencia de prensa.

Guardia Nacional, no; «hay otras prioridades»

En materia de seguridad, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México propuso en campaña unir a miembros del Ejército, la Marina y la Policía Federal con el fin de combatir la inseguridad en el país.

Los integrantes de estos tres organismos constituirían una ‘Guardia Nacional’, la cual no le quitaría facultades a las anteriores tres instituciones de seguridad.

Junto a esta propuesta, también se une la de volver a crear la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, la cual fue eliminada en 2013 por el Gobierno del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto.

El propuesto para ocupar la titularidad de la SSP fue Alfonso Durazo, quien este 15 de agosto aseguró que no se va a crear la Guardia Nacional como la propuso López Obrador en campaña.

“El objetivo de la Guardia Nacional era optimizar el aprovechamiento de todos los recursos de las instancias vinculadas con la seguridad, pero implicaba una serie de modificaciones que en este momento no tienen sentido para nosotros impulsar porque hay otras prioridades; consecuentemente, la optimización de esos recursos los vamos a garantizar a través de la coordinación, y dejamos a un lado el tema de la Guardia Nacional”, dijo Durazo antes de una reunión con senadores de Morena, a la cual también asistió López Obrador.

Luis Videgaray Caso, secretario de Relación Exteriores negó rotundamente que él sea el responsable de frenar la detención y extradición del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

A través de su cuenta de Twitter el canciller de México dijo que es “absolutamente falso” lo que afirma el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral quien aseguró para un medio de circulación nacional que la lentitud del caso, en comparación con los ex mandatarios de Veracruz, Javier Duarte; de Tamaulipas, Tomás Yarrington, y de Quintana Roo, Roberto Borge.

“El proceso de extradición es un proceso complejo de entender en términos de la competencia, porque cuando lo quieren hacer lo hacen, con la rapidez con que hicieron lo de Javier Duarte y lo de Borge y lo de Tamaulipas”, sostuvo.

Corral mencionó para el diario que “Tenemos un cuello de botella, que es Relaciones Exteriores, en donde el propio Videgaray está cuidando su pellejo (de César Duarte), ¡claro que sí!”, expresó el panista.

Al respecto Videgaray comentó: “No es ningún cuello de botella: las solicitudes de extradición de César Duarte se presentaron en tiempo y forma. Corresponde al gobierno de EU decidir sobre las mismas”.