-La iniciativa propone homologar el régimen sancionatorio de Michoacán con el modelo del Estado de México, cuya legislación contempla agravantes específicas y penas más severas
Morelia, Michoacán a 10 de junio de 2026.– La diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentará ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa para adicionar el artículo 302 Bis al Código Penal de Michoacán, con el objetivo de fortalecer el marco sancionatorio contra los delitos ambientales, particularmente la tala clandestina, el cambio ilegal de uso de suelo y la devastación de bosques y selvas.
La propuesta contempla penas de hasta veinte años de prisión y multas significativas, así como agravantes específicas cuando se empleen instrumentos especializados, vehículos de transporte o participen servidores públicos.
En la exposición de motivos, la legisladora subrayó que el medio ambiente constituye uno de los bienes jurídicos colectivos de mayor relevancia para el desarrollo presente y futuro de la sociedad, y que la protección de los bosques y recursos naturales responde a un mandato constitucional que reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano. Advirtió que, cuando los ecosistemas son devastados, no solo se afecta la biodiversidad, sino también la seguridad hídrica, la estabilidad climática, la economía regional y la paz social.
Arreola Ruiz señaló que Michoacán, por su riqueza forestal y ubicación estratégica, ha sido particularmente vulnerable a la explotación ilícita de recursos forestales, muchas veces vinculada a estructuras organizadas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2024 Michoacán se ubicó entre las entidades con mayor número de denuncias por delitos ambientales, particularmente relacionados con tala y daño forestal.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente han documentado cientos de denuncias por cambio ilegal de uso de suelo y deforestación en distintas regiones de la entidad. “Estas cifras revelan que el marco sancionatorio vigente no ha sido suficiente para inhibir la reincidencia ni para desarticular las estructuras que operan este tipo de actividades ilícitas”, afirmó la diputada.
La iniciativa propone homologar el régimen sancionatorio de Michoacán con el modelo adoptado en el Estado de México, cuya legislación contempla agravantes específicas y penas más severas. De aprobarse, se establecería una pena de cinco a quince años de prisión para quien realice, auxilie, coopere o participe en la transportación, almacenamiento, distribución, procesamiento, comercialización o destrucción de productos de montes o bosques. Para autores intelectuales, instigadores, quienes obtengan lucro indebido o controlen a menores de edad para cometer el delito, la pena sería de siete a quince años de prisión.
Adicionalmente, se contempla una pena de diez a veinte años de prisión y multa de mil a mil quinientos días cuando en la comisión del delito se empleen instrumentos como motosierras, sierras manuales o análogas; cuando se utilicen vehículos, camionetas o camiones cargados con tocones de madera; o cuando participen servidores públicos. La diputada explicó que el empleo de estas herramientas evidencia preparación, capacidad operativa y una intención clara de devastación, mientras que la participación de servidores públicos representa una circunstancia particularmente grave, pues erosiona la confianza institucional y facilita la impunidad.
“El reproche penal reforzado en estos casos responde al principio de responsabilidad agravada por posición de garante y por traición a la función encomendada”, sostuvo.
La iniciativa también establece que los instrumentos y efectos del delito serán asegurados de oficio por el Ministerio Público y puestos a disposición de la autoridad judicial para el decomiso correspondiente, con el fin de impedir la reiteración de la conducta.
“La pérdida de cobertura forestal no sólo implica la tala de árboles. Supone la alteración del ciclo hidrológico, la disminución de la captación de agua, el incremento de la erosión de suelos, la pérdida de biodiversidad y el agravamiento de fenómenos como incendios e inundaciones. En regiones indígenas y rurales, el impacto es aún más profundo, pues el bosque constituye base económica, cultural y comunitaria. Cuando se destruye el entorno natural, se debilita también el tejido social”, puntualizó Arreola Ruiz.
