*Sin importarle violar el debido proceso y haciendo uso ilegal de sus atribuciones, la diputada Guillermina Ríos, pidió a la Auditoría Superior de Michoacán investigar a los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, en un intento de frenar la remoción del Auditor Superior.

Morelia, Michoacán.- La diputada María Guadalupe Guillermina Ríos Torres, intentó intimidar a los diputados integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, con el objetivo de proteger al auditor “carnal”, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, acusó la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, Anabet Franco Carrizales.

Durante la reunión de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior en la que se analizaba la solicitud de remoción del Auditor Superior, la diputada Guillermina se apersonó para amenazar a sus compañeros a través de oficios en los que se les advierte que existen procesos de fiscalización en su contra.

Por ese motivo, el grupo parlamentario de Morena acompañará las denuncias penales por el delito de intimidación, abuso de autoridad, ejercicio ilícito del servicio público, contemplados en el Código Penal de Michoacán y en la legislación en materia anticorrupción.

Además, en el caso de la diputada, se actualiza el delito de ejercicio indebido y abusivo de funciones, ya que su actuar, le produce beneficios económicos a su hijo que trabaja en la Auditoría Superior de Michoacán (ASM).

También se enmarca en el delito de tráfico de influencia y cohecho, luego de que mediante una solicitud a la ASM, haciendo uso indebido de sus funciones, pidió dar a conocer si los diputados Seyra Anahí Alemán Sierra, María Guadalupe Díaz Chagolla, Roberto Reyes Cosari y César Enrique Palafox Quintero cuentan con algún procedimiento abierto ante el órgano fiscalizador, con el claro propósito de intimidar a los legisladores.

“Pretendían que el auditor carnal dijera que existen procedimientos abiertos en contra de estos diputados, para luego decir que existe conflicto de interés y pedir que se excusaran de la votación de este jueves, en la que se definirá sobre la remoción de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda”.

“Lamentamos que la diputada Guillermina Ríos viole el debido proceso y busque intimidar a sus compañeros diputados para defender al auditor carnal, haciendo uso político de información de carácter reservado y confidencial, como dispone la ley”, enfatizó Anabet Franco.

El ataque dirigido contra estos tres diputados, se debe a que aprobaron el dictamen que se someterá a pleno y que propone la remoción del auditor superior de Michoacán.

Cabe señalar que, durante las últimas semanas, se ha dado a conocer a través de medios de comunicación que empresas ligadas a Miguel Ángel Aguirre Abellaneda se han beneficiado con obra pública por más de 250 millones de pesos, obras que posteriormente debería revisar la Auditoría Superior de Michoacán.

• Presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado para incrementar las penas de los delitos de homicidio, lesiones y robo calificado como grave, cuando se empleen drones para cometerlos.

Morelia, Mich.; a 24 de mayo de 2023.- Resulta imperante establecer mayores penas para aquellos delitos cometidos mediante el uso de vehículos aéreos no tripulados, recalcó el diputado de Movimiento Ciudadano, Víctor Manríquez González, integrante de la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, el legislador presentó este miércoles una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado para incrementar las penas de los delitos de homicidio, lesiones y robo calificado como grave, cuando se empleen drones para cometerlos.

“Estos vehículos aéreos no tripulados frecuente y aceleradamente son utilizados con fines ilícitos, como lo es la vigilancia a distancia de viviendas previo a un robo de casa habitación, acoso, toma de videos y fotografías sin consentimiento, transporte de sustancias ilícitas, monitoreo de actividades, entre otros”.

Víctor Manríquez refirió que el constante aumento en el uso de drones para estas actividades resulta alarmante para la sociedad y simultáneamente representa una gran preocupación para las autoridades encargadas de brindar seguridad a la ciudadanía.

“El Código Penal para el Estado de Michoacán, no contempla una sanción para aquellos quienes hacen uso indebido de aeronaves pilotadas a distancia, y dista mucho en contemplar agravantes para quienes violen las normas oficiales, y, aunado a ello, empleen estos vehículos aéreos no tripulados para cometer actos ilícitos”.

El legislador apuntó que si bien es cierto que existen normas que regulan la fabricación y estándares necesarios para estas aeronaves, resulta imprescindible contemplar en la ley agravantes cuando se cometen delitos con ayuda de estos dispositivos.

• La diputada por el Distrito de Puruándiro, presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.

Morelia, Mich. a 24 de mayo de 2023.-En la dictaminación de la cuenta pública que realiza el Poder Legislativo, no deben darse juicios de valor, por lo que es necesario suprimir de la norma el fundamento para su aprobación o reprobación, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

Por ello la diputada por el Distrito de Puruándiro, presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.

“El poder legislativo tiene la facultad de revisar y dictaminar la cuenta pública de la hacienda estatal y la de los municipios, sin embargo, este proceso no tiene la claridad normativa que requiere su ejecución y función social”.

Julieta Gallardo subrayó que el dictamen se ha politizado y ello ha sido en detrimento del propio ejercicio de rendición de cuentas, ya que el espíritu de esa facultad es que las diputadas y diputados conozcan y evalúen cómo, cuánto y en qué se gastan los recursos de cada ejercicio fiscal y no una declaración política de aprobación o reprobación.

“El concentrarnos en la declaración política hace que dejemos de lado el mejoramiento del dictamen y sus efectos vinculantes, en este sentido, esta Legislatura tiene la oportunidad de quitar de en medio la simulación y abonar en la construcción de una interpretación suficiente para que la Comisión Inspectora y la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública fortalezcan el contenido técnico del dictamen, haciendo señalamientos precisos a las unidades programáticas presupuestales, consolidando a nuestro órgano técnico de fiscalización y la rendición de cuentas y transparencia que debería procurar el análisis de la Cuenta Pública”.

La legisladora agregó que de no hacerse cambios el ciclo va a repetirse y el jaloneo entre diputados tendrá la intervención en las sombras del Ejecutivo y todo se centrará nuevamente en señalar la indebida integración informativa por parte de entidades fiscalizadas, atribuible a las dependencias estatales; y, las omisiones de la Auditoría Superior del Estado, “que es como un balazo en el pie, ya que es el órgano técnico de este Poder, ahora con el involucramiento de la ineficiente Unidad de Evaluación y Control”.