“En las relaciones entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y el criado, es la libertad la que oprime y la ley la que libera”. — Henri Lacordaire.
El siglo XIX quedó grabado en la memoria del mundo como el episodio cruento donde el proletariado, mediante la lucha y la conciencia, comenzó a arrebatarle al capital su igualdad jurídica. Aquel movimiento obrero se erigió sobre dos bastiones que hoy, en pleno siglo XXI, recobran una vigencia absoluta: la reducción de la jornada laboral y la dignificación del salario. En México, este camino ha sido una larga y constante lucha.
Desde la Constitución de 1857, que ya asomaba la prohibición de los trabajos forzados, hasta la vanguardista Ley del Trabajo de Yucatán de 1915, nuestro país ha intentado domesticar la voracidad de un capitalismo que, por definición, desconoce los límites biológicos del trabajador. Esa genealogía de lucha cristalizó en el Artículo 123° de la Constitución de 1917, convirtiéndonos en la primera nación del mundo en elevar el constitucionalismo social a rango supremo. Sin embargo, el texto escrito no siempre se tradujo en dignidad para el pueblo.
Durante décadas, se impuso el dogma perverso, vivir para trabajar. Este sistema priorizó la competitividad por encima de los derechos, subordinando la vida de los mexicanos a una lógica de extracción. Las cifras de la OCDE son una bofetada a nuestra realidad. México encabeza la lista de países con más horas trabajadas al año (2,237), superando por mucho a Corea (2,163) y Grecia (2,037). En contraste, países como Dinamarca o Alemania apenas rozan las 1,380 horas. En México, trabajar más no se tradujo en bienestar, sino en un desgaste físico y social que hoy, finalmente, empezamos a revertir.
En el Partido del Trabajo, nuestra declaración de principios es meridiana; el trabajo es la actividad creadora y transformadora del ser humano, la única fuente generadora de riqueza social. Por ello, la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas es una conquista proletaria que emana directamente de los movimientos sociales y sindicales que nos dan origen. Es la búsqueda de una economía al servicio del hombre, y no un hombre a la merced del mercado.
La reforma contempla una transición gradual entre 2026 y 2030, mediante la reducción progresiva de dos horas efectivas cada 1° de enero. Esta medida no implica una merma en el ingreso, sino una reconfiguración del valor social del trabajo, al buscar que la productividad y la justicia salarial acompañen la disminución de la jornada. El proyecto también establece reglas claras para la protección de los derechos laborales como la regulación del pago de horas extraordinarias con remuneraciones del 100% y 200% según corresponda, la prohibición del tiempo extra para menores de edad y el establecimiento obligatorio de registros electrónicos en los centros de trabajo, con el propósito de impedir simulaciones y garantizar el cumplimiento efectivo de la jornada.
Beneficiar a más de 13.4 millones de mexicanos en sectores clave como la manufactura, el comercio y los servicios, es romper con una tradición de relaciones abusivas. Establecer la jornada de 40 horas tiene el mismo propósito civilizatorio que aquellas primeras huelgas del siglo pasado; recordar que el cuerpo necesita descanso, que el hogar reclama convivencia y que el ser humano requiere de una vida social y cultural fuera de la fábrica.
Reivindicar el “derecho a la pereza” no es renunciar al esfuerzo, sino reclamar la propiedad sobre nuestro tiempo. La determinación del movimiento obrero ha sido el motor, y la consolidación de las 40 horas será recordada como el acto de soberanía más profundo; devolverle al pueblo la propiedad de su propio tiempo y, con ello, el derecho a su propia vida.
