Nota: César Abrego

Michoacán.- Si bien en el municipio de Nahuatzen ya fue designada una encargartura de despacho, legisladores de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y de la Revolución Democrática (PRD) reconocieron que para la designación de la presidencia municipal interina deben existir las condiciones de seguridad y de consenso con los consejos ciudadanos indígenas.

Lo anterior, ante la división de opiniones de algunos grupos quienes piden la desaparición de poderes en el municipio, y por otra parte del mismo Cabildo de Nahuatzen quien afirma tener al perfil idóneo para ocupar el cargo que, a la fecha, continúa acéfalo tras el asesinato del edil constitucional, David Otlica Avilés.

A decir de la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, Araceli Saucedo Reyes, reiteró debe seguirse lo estipulado en la ley, es decir, que su partido sea quien envíe la terna al Congreso para que sea este quien defina al nuevo presidente o presidenta municipal en Nahuatzen, sin embargo, pidió esperar a tener las condiciones.

“Habrá que esperar más bien el momento en que pudiera ya llegar a este Congreso esa propuesta, esa terna que además está obligada a hacerse y bueno la propuesta le corresponde finalmente a quién postuló y fue a nuestro partido político… nosotros estaremos nada más a la espera de quién será la propuesta que el partido esté haciendo”, expresó.

En entrevistas por separado, el líder de la fracción parlamentaria del Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar, señaló que, ante la falta de gobernabilidad en Nahuatzen, deberá instalarse una mesa de diálogo con el Gobierno del Estado, el ayuntamiento, legisladores y autoridades electorales, a fin de llegar a un acuerdo.

“Yo he pedido que podamos juntarnos en la mesa de gobernabilidad para analizar bien e tema, al final quien tiene más información es el Gobierno del Estado, que puedan estar las autoridades electorales… y que puedan estar por lo menos los de la Junta de Coordinación Política para que tomemos las mejores determinaciones, habrá que ser muy cuidadosos porque si por una determinación de seguir en el esquema de partidos políticos vamos a poner en riesgo a alguien, es una decisión muy difícil”, agregó.

Ambos legisladores se pronunciaron porque se den las condiciones de seguridad y gobernabilidad en el municipio, luego del homicidio de David Otlica Avilés.

Nota: Brenda Barajas

Morelia.- En julio podrían estar listos los hospitales infantil y civil, informó Diana Carpio Ríos, Secretaria de Salud en el Estado, enfatizó que ambos nosocomios están prácticamente listos por lo que a partir de julio podría iniciar el traslado, el cual podría tardar dos meses.

“Yo esperaría que en verano hagamos pruebas, de seguridad en los hospitales, y empezar hacer un plan de traslado de los hospitales, el cual tardaría dos o tres meses”, dijo.

Detalló que la próxima semana podría iniciar el equipamiento del hospital civil, solo esperan que el área sea segura para introducir el mobiliario, mientras que el mobiliario del infantil podría llegar en cualquier momento.

“Estaba esperando que también terminaran una parte de las rejas, para que quedara seguro y pudiéramos introducir equipamiento, y en caso de que yo no siento tan seguro, esperaremos a que terminen vialidades para meter equipamiento”, enfatizó.

Morelia.- La administración municipal de La Piedad es ejemplo de los resultados que logra un buen gobierno encabezado por el Partido Acción Nacional, puntualizó Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del PAN, al asistir a la inauguración de la pavimentación de vialidades.

Con una inversión de alrededor de 20 millones de pesos se renovarán cinco vialidades con concreto hidráulico, además de la red de agua potable, drenaje y alcantarillado en beneficio de la población de La Piedad, ante esto Escobar Ledesma aseveró que se aporta a que los michoacanos puedan vivir y trabajar en paz.

«Este tipo de obras vienen a dignificar la calidad de vida de todos los habitantes de La Piedad; tenemos el compromiso de seguir de manera cercana con todos nuestros presidentes municipales para que en Michoacán se pueda vivir y trabajar en paz».

Escobar Ledesma recalcó que en La Piedad se escucha a los habitantes y muestra de ello es que las necesidades más sensibles que tiene la población son atendidas.

«El gobierno panista que encabeza el municipio de La Piedad es un ejemplo de lo que hacen la buena gestión y administración en beneficio de los michoacanos. En Acción Nacional destacamos por trabajar por el bien de la población y poder escuchar y solucionar las principales demandas».

El dirigente estatal explicó también que el trabajo que realizan en el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la Piedad (SAPAS) es un modelo a seguir a nivel estatal porque es de los que más recauda recurso, a la vez que logra sanear más del 93 por ciento del agua.

«El trabajo que se realiza en La Piedad es un ejemplo a nivel estado porque tiene un mejor aprovechamiento y potabilización del agua donde más del 93% se reutiliza para abastecer las necesidades de consumo de los ciudadanos».

Celebró el trabajo realizado al frente de esta administración por parte del presidente municipal Alejandro Espinoza Ávila que se refleja en la realización de este tipo de obras en beneficio de toda la población.

Oscar Escobar manifestó que con este tipo de acciones se refrenda el trabajo eficiente y humanista de los gobiernos panistas que avanzan para alcanzar mejores condiciones de vida para la población.

Michoacán.- Con el objetivo de consolidar acciones que garanticen la transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, la diputada local Miriam Tinoco Soto presentará este martes una iniciativa en la que se establecen sanciones para todos aquellos entes obligados a presentar cuenta pública y que no lo hagan ser sujetos a la inhabilitación, suspendidos o destituidos de su cargo.

La diputada integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán en la LXXIV Legislatura Local, propone que se adicione una fracción del artículo 49 y se agrega un segundo párrafo al artículo 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, a fin sancionar a quienes no cumplan con la entrega de cuenta pública o de sus informes trimestrales.

En ese contexto, en la iniciativa establece que se incurrirá en falta administrativa no grave al servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan lo contenido en las obligaciones siguientes: “no entregue uno de los informes trimestrales relativos a la Cuenta Pública; para efectos de la presente ley, se tendrá por no entregado el informe que carezca de la totalidad de los estados financieros y demás información presupuestaria, programática y contable señalada por la normatividad de fiscalización, rendición de cuentas y contabilidad gubernamental vigente y la información complementaria que determine la Auditoría Superior de Michoacán; de igual forma se tendrá por no entregado el informe que se entregue fuera de los plazos legales”.

Miriam Tinoco establece en la propuesta que la falta de entrega de los informes trimestrales se producirá por no rendirse al Congreso del Estado o en su caso, por la falta de entrega del servidor público responsable a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado o a las tesorerías municipales para su formulación, en los términos del artículo 92 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán.

Además, se tendrá por desacato cuando el servidor público responsable no haga entrega de dos o más informes trimestrales o la Cuenta Pública al Congreso, o a los responsables de su formulación, los rinda sin la totalidad de las características señaladas por la ley y la información complementaria que determine la Auditoría Superior de Michoacán o lo haga fuera de los plazos legales.

Miriam Tinoco recordó que dichas reformas son necesarias ya que dicho incumplimiento no se contempla en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Michoacán, en sus capítulos I y II del título tercero relativo a las faltas administrativas de los servidores públicos y actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves no se contemplan, en la especie se toma como un incumplimiento a la norma y los resultados jurídicos que producen son menores, relativos a las faltas administrativas no graves.

“Es necesario legislar en la materia, ya que es visible que en muchos casos para los entes fiscalizables es más simple el no entregar cuenta pública o entregarla incompleta, pues el resultado será una sanción menor, tal vez una multa o una amonestación, es preferible y mucho más económico que cumplir con los postulados constitucionales anticorrupción que implica capacitación de personal, inversión en sistemas de cómputo y planeación que permitan la recopilación y consolidación de las respectivas cuentas públicas”.

La falta de cumplimiento, dijo, genera no conocer la información financiera real y por lo tanto, no es posible saber el estado de su deuda pública de los entes públicos, menos de los bienes muebles e inmuebles que poseen, adquieren o enajenan, tampoco si su inversión se vincula a sus planes de desarrollo, información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas por mencionar solo algunos, y dificultan sobremanera, o de plano imposibilitan la fiscalización superior pues el órgano de mérito, no puede contemplar en su plan de fiscalización lo que no conoce.

Miriam Tinoco explicó que la falta de entrega de cuenta pública o de sus informes trimestrales, se presenta de distintas maneras, por entrega extemporánea, por incumplimiento parcial, es decir, no contiene la información completa que se establece en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán.

Ante ello, la legisladora presentará este martes una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para establecer en la misma sanciones para quienes son responsables y no presentan la cuenta pública ni los informes trimestrales, mismas que son la inhabilitación, suspensión y destitución del cargo.