Morelia, Michoacán a 5 de marzo de 2019 – Extrabajadores de Provincia, el Diario Grande de Michoacán, denunciaron públicamente que los directivos del medio de comunicación no han cubierto adeudos por concepto de quincenas, finiquitos, liquidaciones, vales de despensa y prestaciones de ley, pagos que ascienden a más de 3 millones de pesos.

En representación de personal de Provincia y más de 50 extrabajadores, Raúl López Téllez, exjefe de Información; Jaime Lucero, editor, así como los reporteros gráficos, Gustavo Vega e Iván Villanueva, compartieron que el director general del diario, Alonso Medina González, y el director administrativo, Ernesto Villaseñor Plaza, han mentido y afectado a más de 200 personas, entre operadores, reporteros, editores, diseñadores, repartidores, impresores, entre otros, por lo que la empresa ha llegado a acumular más de 70 demandas y quejas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Expresaron que desde 2014 dejaron de pagar las aportaciones de los trabajadores al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), sin embargo, los recursos correspondientes eran descontados del salario que estos percibían.

Derivado de la mala administración de la empresa y como consecuencia de la «evolución digital del periódico», alrededor de 100 empleados se quedaron sin trabajo a partir del 6 febrero de 2019.

A estos trabajadores que permanecían laborando en Provincia a pesar del retraso de las quincenas se les adeudan ocho quincenas de salario, 30 vales de despensa (quincenales) y diversas prestaciones de ley, además de que a todos los afectados se les registró con menor salario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los extrabajadores manifestaron que desde la fundación de la empresa hasta ahora a ningún trabajador se le entregó reparto de utilidades, lo cual se debe hacer cada año como lo marca la ley.

Desde 2015 se dejó de pagar a tiempo a los trabajadores sus respectivas quincenas, mismas que recibían distribuidas con menos de la mitad de su salario, motivo por el cual varios compañeros decidieron renunciar a la empresa y a quienes aún se les adeuda su finiquito, estos casos suman aproximadamente 40. Aunado a esto, se suma que los directivos nunca han firmado un compromiso en el que se puntualice la fecha en que se cubrirán estos montos que por ley deben saldar.

Además, los extrabajaodres explicaron que desde junio de 2017 la parte patronal de Provincia dejó de proporcionar los recibos de nómina al personal.

Gustavo Vega compartió que él ganó una demanda al diario por despido injustificado después de laborar más de 12 años, proceso que duró alrededor de cuatro años; sin embargo, la JLCA no ha hecho cumplir una orden de embargo para que se cubran 230 mil pesos que un juez resolvió a su favor.

Entre las afectadas se encuentran mujeres que en diferentes momentos estuvieron embarazadas y no recibieron pagos por parte de la empresa, caso reciente de una de las afectadas que dio a luz a su hijo el pasado mes y a quien la empresa no le ha pagado lo que le adeuda y que además, está en la incertidumbre de saber si sigue o no como trabajadora de la misma.

Andrea Verdin, quien fungía como corresponsal en La Piedad, después de cuatro meses de haber ingresado a la empresa tuvo un accidente que la llevó al hospital, momento en el que se enteró que no estaba asegurada ante el IMSS, por lo que tuvo que usar servicios médicos particulares. A Verdin se le adeudan quincenas y vales de despensa, y desde que tuvo su accidente no volvió a recibir un solo peso de la empresa, por lo que actualmente mantiene una demanda en proceso.

Ante las irregularidades mencionadas, trabajadores y exempleados de Provincia hicieron un llamado a las autoridades correspondientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), del Infonavit, de la JLCA, a que hagan cumplir la ley y no se deje en el desamparo a los exempleados de este diario.

Asimismo, solicitaron a los diputados integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, así como al Ejecutivo estatal, pagar el adeudo que, supuestamente el director de Provincia, Alonso Medina, se tiene con el medio para así resarcir el daño a los trabajadores.

Pidieron al gobierno federal aplicarlas respectivas sanciones a la parte patronal responsable por evadir su responsabilidad ante los trabajadores, ya que sus acciones son violatorias a los derechos laborales y garantías individuales de los empleados.

También denunciaron públicamente que el licenciado Alonso Medina ha querido intimidar a exempleados que han presentado demandas contra la empresa, así como a quienes buscan demandar, por lo que lo responsabilizaron de cualquier tipo de atentado contra el movimiento que exige se haga justicia y se les paguen los adeudos.

Operadora y Editora del Bajio SA de CV está registrada ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) como Empresa Familiarmente Responsable (EFR), distintivo que, de acuerdo con los trabajadores no se cumplió en los últimos cuatro años, ya que la falta de pagos afecta y ha afectado a las familias michoacanas.

Morelia, Michoacán, a 05 de marzo, de 2019.- Ante el incremento preocupante de violencia en algunas regiones del estado, y de manera particular en la zona de Tierra Caliente, exhortamos tanto al gobierno del estado como al gobierno de la república, para que emprendan medidas eficaces para que regrese la paz y se garantice la seguridad de los ciudadanos, remarcó Luis Manuel Antúnez Oviedo, Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en Michoacán.

En las últimas semanas la violencia comenzó a reflejar un aumento que en los últimos días se recrudeció, y con esto ha quedado claro que el problema de la inseguridad no se ha atendido de forma adecuada, enfatizó.

La estrategia fallida, impulsada desde el gobierno de Felipe Calderón, y que se reprodujo todavía con Enrique Peña Nieto, no puede seguir replicándose, un problema como este requiere una verdadera estrategia, que al momento no se ha visto de forma clara, señaló Luis Manuel Antúnez.

El combate a la delincuencia organizada demanda que se atienda el problema en varias vertientes, uno de ellos es a través de la coordinación, y que hasta ahora no se ha visto con claridad una estrategia coordinada entre el estado y la federación, explicó.

El Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano en la entidad dijo que también se requiere que se atiendan las causas de fondo como son la marginación, la pobreza y la falta de oportunidades, pero estos aspectos no tienen que atenderse a través de dádivas institucionales, con una visión meramente asistencialista, sino generar verdaderas oportunidades de desarrollo.

Un problema como el de la violencia, la inseguridad y el combate a la delincuencia organizada, también demanda que haya cuerpos suficientes elementos de seguridad, que se preparen y profesionalicen de manera permanente, que cumplan con los estándares de control y confianza, que garanticen que estos elementos no sean cooptados por la delincuencia.

Hasta el momento no se ha visto una estrategia clara que permita revertir las condiciones de violencia e inseguridad que se reprodujeron en gobiernos anteriores, y eso es preocupante porque con la seguridad de los ciudadanos no se puede jugar, sino que se debe garantizar, agregó Luis Manuel Antúnez Oviedo.

Llamamos a los gobiernos local y federal a que se coordinen, y a que establezcan líneas de acción claras, los ciudadanos demandamos que haya resultados en la seguridad que garanticen la paz a la que tenemos derecho, concluyó el Delegado Nacional de Movimiento Ciudadano.

Morelia.- En respuesta al aumento del flujo de información en las redes sociales, el incremento de riesgos que esto puede representar para grupos vulnerables como las mujeres y al reconocer que actualmente no existe una sanción por lo que se cataloga como “violencia digital”, el Instituto de la Mujer Moreliana, trabajará a la par con organizaciones civiles para la tipificación de esta situación, a través de una ley; lo anterior, como resultado del panel celebrado y de las actividades que realiza el Ayuntamiento en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En dicho foro, en donde participó la titular del IMUMO, María Concepción Torres Zaragoza; la diputada local y coordinadora de la Comisión de Igualdad, Lucila Martínez Manríquez; la legisladora local Brenda Fraga Gutiérrez; además de la activista del Frente Nacional para la sororidad, Olimpia Coral Melo, se coincidió en la urgencia por escriturar este modo de violencia, ante el aumento de uso de las redes sociales.

Las representantes del Congreso del Estado, acordaron que trabajarán en el impulso a las jornadas que trazarán esta iniciativa, al calificarla como necesaria, además de mencionar que la colaboración con la sociedad civil organizada será primordial para materializarla.

Por su parte la Directora del IMUMO, señaló la necesidad de crear un protocolo de acción, en el cual se detalle un procedimiento para prevenir y dar apoyo a féminas que sean víctimas de este tipo de situaciones, con el fin de protegerlas y evitar se atente contra su persona, además de realizar labor de concientización en escuelas, para tratar de cortar de tajo con el problema.

Por su parte, la activista Coral Melo, enfatizó la importancia de tipificar la violencia digital como un delito, al no existir actualmente dentro del marco legal algo que sancione este tipo de acciones, las cuales indicó, incluyen el “sexting”, la difusión de contenido sexual, el acoso, la extorsión y la toma de fotografías sin el consentimiento de las afectadas en espacios públicos.