Michoacán.- En los últimos cinco años alrededor de dos mil familias se han visto obligadas a dejar su lugar de origen en los municipios de San Miguel Totolapan, Chilapa y Zitlala, Heliodoro Castillo, Apaxtla de Castrejón, Leonardo Bravo y Copalillo en Guerrero debido a la violencia.
En tanto, fuentes consultadas del gobierno de Michoacán señalan que los municipios en los que la gente también deja sus hogares son Sahuayo, Aguillia, Tumbiscatío, Churumuco y Buenavista.
Entre las comunidades que registran desplazamiento se encuentran San Miguel Totolapan de la región de la Tierra Caliente, un promedio de casi 200 familias se ha desalojado, en 10 años, su población pasó de 24 mil a 12 mil habitantes. El grupo de Los Tequileros es uno de los principales responsables de estos hechos.
De acuerdo a la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz en Guerrero, en 2015 inició el periodo más violento, pasó de secuestrar de una a tres personas hasta grupos de 24 víctimas. En octubre de ese año, sumaban 25 pueblos desplazados por la violencia.
En el caso del municipio Leonardo Bravo en los últimos meses del año 2018, debido a las confrontaciones entre grupos armados en la sierra, muchas familias abandonaron sus comunidades para refugiarse en Chichihualco.
La causa es la lucha por el territorio de la célula al servicio de Juan Castillo Gómez el Teniente, brazo armado de Onésimo el Necho Marquina Chapa.
Mientras que en Chilapa y Zitlala hasta enero de 2017 se estima que alrededor de 800 familias indígenas nahuas han huido por la violencia. La disputa por el cultivo y trasiego de amapola y sus derivados entre dos grupos criminales, Los Ardillos y Los Rojos es la principal causa.
Por otra parte, don Rodrigo, originario de Michoacán, y quien se encuentra en el albergue Juventud 2000 en Tijuana junto con su familia a la esperara de recibir asilo por parte de Estados Unidos, dijo que es originario de Sahuayo y el 16 de enero de este año su hijo fue asesinado.
“Estaba chiquillo tenía 16 años lo torturaron y le cortaron la cabeza, un hermano mío trajo un carro de Estados Unidos, resulta que se subieron al vehículo, iban a un mandado, pero los agarraron robaron la unidad y los mataron, ellos iban al platanal de San Pedro a media de hora de donde vivíamos, a mí hermano también lo mataron”, relató el hombre en entrevista telefónica con 24 HORAS.
Comentó que al día siguiente, el Ministerio Público les informó que habían encontrado los cuerpos. “No agarraron a los responsables; no hicieron absolutamente nada. Terminamos el novenario y nos venimos a Tijuana. Somos 30 personas, queremos pedir asilo en Estados Unidos, tengo a mis hermanos en Dakota, ellos nos apoyan”, expresó.
Afectados instalarán plantón en el Zócalo; exigen apoyo
Alrededor de 400 personas desplazadas por la violencia en los municipios de Zitlala y Leonardo Bravo salieron este domingo en caravana a la Ciudad de México, para instalar un plantón en el Zócalo y exigir al Gobierno federal que intervenga ante la crisis humanitaria.
A bordo de autobuses y camionetas, los afectados comentaron que, desde hace cuatro meses, fueron expulsados por más de dos mil supuestos policías comunitarios. Crescencio Pacheco, ex comisario de la comunidad de Los Morritos y vocero de las familias desplazadas, comentó que el Gobierno de Héctor Astudillo no da respuesta a sus peticiones desde hace cuatro meses donde han estado refugiados en Chichihualco.
De acuerdo a medios locales, Pacheco explicó que exigen el desarme del grupo armado de Tlacotepec, dirigido por Humberto Moreno, primo del secretario de Desarrollo Social del Gobierno estatal, Mario Moreno Arcos, y que mantiene tomadas varias poblaciones del municipio Leonardo Bravo.
“Que esta zona sea libre de cualquier grupo armado, y que sea el Gobierno federal el que retome la seguridad; queremos que todo esté tranquilo y queremos regresar a nuestros hogares”, dijo.
También solicitan que el Gobierno federal asuma el control de la seguridad en el corredor minero y de amapola que sube de Xochipala a Tlacotepec, y de los municipios de Zitlala y Chilapa, así como una indemnización por el daño físico y moral que les ha provocado el desplazamiento forzado; y la pérdida de sus bienes que dejaron en los pueblos que abandonaron por la violencia.
