Estamos en plena transición para el arribo del Presidente Electo al poder, solo unos días nos separan de un acontecimiento que marcará la historia de nuestro país, con la esperanza de una mejor vida, seguridad y bienestar social; sin embargo en nuestro querido Michoacán, ya vivimos los primeros ajustes en los gobiernos municipales y Congreso del Estado.
Como abogado, con cierto beneplácito leí las declaraciones del Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXXIV Legislatura Local, quien palabras más, palabras menos, señaló se iban a erogar cerca de 8 millones de pesos en liquidaciones por el despido de alrededor de 60 trabajadores, ello en virtud de que los finiquitos se harán con estricto apego a la ley, a fin de evitar demandas laborales las cuales en sus laudos generan cargas financieras mayores.
Hice énfasis de mi postura como profesional del derecho, en razón de no serme desconocido el cúmulo de trabajo que tiene el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de Michoacán, el cual aunque de manera más lenta que perecila y flash de Zootopia, emiten sus laudos ordenando el pago de indemnizaciones elevadísimas a favor de trabajadores separados de manera injustificada e incluso en algunos casos instruyen la reinstalación y pago de salarios caídos, lo cual innegablemente impacta en el presupuesto de egresos de las entidades gubernamentales demandadas ¡¡pero qué necesidad!! Diría el oriundo de Parácuaro, Michoacán.
Por otro lado, como ciudadano integrante de la clase trabajadora, que se levanta rayando el sol para tender la cama, hacer la torta de frijolitos, tomar baño y salir corriendo tras el circuito San Juan a efecto de llegar al centro de trabajo sin retardo, me causa preocupación y tengo varias interrogantes para compartir con usted, amable lector ¿Por qué cuando hay relevos institucionales tiene que aparecer esa angustia laboral del empleado? ¿Por qué sistemáticamente se piensa en despedir a trabajadores, solo por haber colaborado en la anterior administración? ¿Por qué prescindir de la experiencia de personal en el cual se invirtieron fondos del erario público para su capacitación? ¿Por qué si se van a dar el lujo de despedir a los trabajadores, no se hace el pago de la retribución que en derecho corresponde? ¿Por qué debe cargarse al erario que proviene de nuestros impuestos el pago de prestaciones derivadas de un capricho? ¿No les parecería justo que, en caso de recibir laudos condenatorios de pagos de salarios caídos o indemnizaciones, se ordenara al servidor público instructor del despido pagara de su bolsillo? Digo, tal vez lo podamos someter a consulta.
Es de todos sabido, en los cargos de elección popular existe un “compromiso” para dar trabajo a las personas que apoyaron a lo largo de la campaña electoral, además de ciertos cargos discrecionales o de confianza del servidor público electo, presuntamente a fin de entregar buenas cuentas a la ciudadanía, son razones, no justificaciones lo aclaro; sin embargo, en los organismos cuyos titulares son designados, supuestamente con base en méritos propios y por ende no tendrían compromisos que pagar, no se entiende por qué, en algunos casos, arriban con la espada de Damocles, antes incluso de conocer, valorar o aprovechar las experiencias y capacidades del personal, aunado a eso, realizan los despidos sin liquidar como es debido a los trabajadores, lo cual -como acertadamente lo comentó el Diputado Alfredo Ramírez Bedolla, Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado- termina saliendo más oneroso y se causa un perjuicio al erario.
No me dejará usted mentir, a últimas fechas se ha puesto de moda destacar la trascendencia de los derechos humanos, entre ellos el derecho al trabajo, así como el llamado Servicio Profesional de Carrera, organizando eventos para tomarse la foto en firmas de convenios de capacitación con invitados especiales de testigos y toda la prensa local, además del boom en las redes sociales, más aún gastan fortunas en dicha preparación del personal, sin embargo al siguiente relevo institucional, todo queda en el olvido y quieren cambiar hasta al chofer, diría el célebre cómico mexicano ¡¡Qué nos pasa!!
El próximo 12 de diciembre habremos de pedir con devoción por aquellos altos funcionarios, para que sientan ese viento ligero, escuchen la melodía y aparezca en su escritorio una rosa, a ver si así piensan un poco…. en aquellos trabajadores antes de despedirlos sin una causa justificada y sin el pago de su liquidación por el servicio prestado a la institución, para contratar a quienes llegan a aprender sobre la marcha.
Un claro ejemplo es la Primer Legislatura del nuevo Congreso de la Ciudad de México, donde reestructuraron la totalidad de la Coordinación de Servicios Parlamentarios y se han evidenciado hasta al dar lectura de los acuerdos, causando la burla de los asistentes a las Sesiones, además de los respectivos memes en redes sociales. Señores responsables de la administración pública sean eso, RESPONSABLES, no realicen cambios sin justificación o por capricho y si lo hacen, actúen conforme a la ley liquidando con estricto apego a derecho, a fin de no privar de un plato de sopa caliente en la mesa de quienes han entregado semanas, meses y hasta años de su vida al servicio público, esto es lo que a ojo de buen cubero percibe quien esto escribe.
M en D Alfonso Villagómez León
