«No ha funcionado la estrategia de seguridad que han aplicado
los gobiernos del PRI y del PAN. Tenemos que hacer todo
para conseguir la paz.»
Andrés Manuel López Obrador
Y vaya que tuvo que hacer de todo, hasta recurrir a la institución a la que tanto denostó, humilló y acusó. Pero como bien dicen los que saben: «No es lo mismo ser cantinero que borracho». Y los seguidores del Presidente electo muy bien lo saben – lo estan viviendo ahora-.
El pasado miercoles nos dieron a conocer un plan, que de inicio, intenta responder a las exigencias de los votantes. Una oportunidad toral de mandar un mensaje para dejar en claro que se debía tomar el problema de manera seria y lanzar un mensaje a los electores y al mundo de una solución pronta a la crisis de seguridad, que tantas víctimas ha dejado al país y que necesitaba ser abordada de una manera responsable, digna, democrática, sostenible y contundente.
Pero lo que nos presentaron en esta ocasión ( para decepción de muchas personas y para confirmación de otros) fue un simple documento con muchos claroscuros, que devela formas y toques netamente militares.
Las luces:
El plan de AMLO tiene luces, por supuesto, no podemos pasar descalificando un documento que en verdad tiene puntos muy rescatables. El reconocimiento e incorporación de los problemas de salud como una temática de seguridad es un aspecto muy importante, tocando el tema de la legalización de las drogas como un tema de salud y no de criminalidad es un punto muy a favor. Este tema que los sexenios anteriores evitaron tratar, ahora es tocado con mucha delicadeza y sobretodo lucidez.
La deuda que el país tiene con las víctimas es enorme, la apuesta por la justicia transicional es algo digno de darle relevancia, porque es una postura que los gobiernos anteriores evadieron siempre. El compromiso de asumir la necesidad de una paz. con verdad, justicia y principalmente la garantía de no repetición de los hechos, que marcan a las personas, es algo que se espera que sea un acto de muy corto plazo.
Uno de los grandes olvidos del sistema de seguridad es la reinserción, siempre ha sido mencionado en los planes de seguridad, pero que nunca se ha se ha tenido en interés de llevarlo más allá. El sistema penitenciario en lugar de reconstruir a los individuos que caen en el, es un generador de más violencia, ilegalidad y criminalidad. Es menester observar que se puedan colocar dentro de las prioridades de este plan de acciones del nuevo gobierno y supervisar que cumpla con los objetivos trazados.
Lo oscuro:
El documento dado a conocer no esta libre de problemas, incluso de interpretaciones «tenebrosas». Uno de los puntos esenciales es la colocación del Crimen Organizado cómo la principal fuente de preocupación. El plan esta diseñado para volvrse a preocupar del mismo fenómeno delictivo, ubicándolo principalmente dentro de la variable del narcotráfico. Decisión sorpresiva, porque las encuestas de victimización que se han hecho, revisado, superrevisado y ultrarevisados, colocan a la criminalidad del fueron común ( sí, esa que vivimos los ciudadanos de a pie todos los días) cómo la verdadera preocupación del mexicano promedio.
Omisiones hay muchas, porque al momento de olvidarse – quizás de forma intencional- de la criminalidad del fuero común , por supuesto es hacer a un lado un punto muy interesante, que es la aplicación del SJPA, de la justicia procedimental, la justicia cívica y las policías. Esto es marcar una línea clara contra los mecanismos civiles de solución a los problemas, pasando de lleno a otros ámbitos y cortar de tajo los esfuerzos realizados ( problemas de aplicación) que nos estaban llevando a la perfección del sistema civil y por supuesto del SJPA.
La línea muy común de este nuevo gobierno es identificar y estigmatizar todo lo hecho con la corrupción, lo cuál por cierto no es equivocado. Pero un punto trascendente es omitir cómo afecta la misma en las instituciones, pero un aspecto aberrante es investigar cómo la Secretaría de la Función Pública va a entrar a hacer investigación de corrupción, dado que sabemos que las instituciones de carácter policial se manejan desde ámbitos netamente policiales.
¿Y si a esto le sumamos la investigación sobre implementación y procuración de justicia, cómo lo vamos a vincular al Sistema Nacional Anticorrupción?
Se habla de Política Social, responsabilidad inherente e ineludible del estado Mexicano, instrumento que es de gran valor para la vida de millones de ciudadanos mexicanos. Pero el vincular esta política social con los temas de seguridad es volver a caer en los mismos errores del pasado -PRONAPRED- donde se reportaron presupuestos o gastos de carácter social y se vincularon a la prevención y fue un pozo sin fondo. Por otro lado se termina fiscalizando con confusiones muy fuertes dado que se habla de políticas públicas de prevención, donde si hacer estudios previos y locales, se enfocan presupuestos sin conocer los fondos, formas y problemas de las comunidades a intervenir.
Los Derechos humanos son uno de los grandes problemas que deben ser atentidos por el nuevo gobierno con respeto y en contra de todas las manifiestaciones cómo la tortura. Pero dentro de las «particularidades y comicidades» de este nuevo gobierno es tratar todo por decreto. México tiene severas formas de violaciones a los Derechos Humanos de manera institucional. Se requiere mucho más que un comunicado o de las «buenas intenciones».
Un tridente que no acaba de entender es la desmovilización, desarme y reinserción. Las «buenas intenciones» del nuevo gobierno para poder lidiar con la guerrilla o grupos armadas es importante, pero creo que importar modelos de otros paises ( donde es evidente el fracaso de los mismos) no se adapta a la idiosincracia y sentir del mexicano.
La militarización:
No espero mucho este nuevo gobierno para mostrarnos su verdadera intención: la militarización del país. Una titubeante, oscura y macabra idea de una «Guardia Nacional» fue la joya de la corona de este documento. Sirviendo como base la profunda desconfianza del Presidente Electo por todo lo que tenga que ver con sociedad civil, policía, colectivos a favor de los derechos humanos y de dignificación de las víctimas, la única solución fue encomendarse a la institución a la cual le dedicó muy buena parte de sus improperios de campaña y donde ahora se busca la salida los problemas de inseguridad. La doctrina militar en efecto, se vuelve la mágica solución a los problemas.
La preocupación de muchos sectores ( entre ellos me incluyo), es de nueva cuenta la contradicción a las «propuestas» y argumentos de campaña, donde se planteo una solución «diferente» y que esto fue el motor del llamado «voto masivo». El voto por el nuevo presidente electo acarreaba el que se planterara una solución diferente a los sexenios anteriores. Las aplanadoras alcanzadas por Morena, sus candidatos y presidente electo, se basaron en un mensaje a favor de las víctimas, del respeto irrestricto a los Derechos Humanos y en contra de la solución militar ( cómo lo habián manifestado en sus incendiarios discursos).
El plan presentado fue un documento donde se condenan los errores cometidos por el ejército ( de nueva cuenta), pero donde termina encumbrándolo como la única solución viable al problema.
Solución unilateral, sin un contrapeso institucional, donde el olvido de la vía civil es notorio y donde se denosta por completo a la institución civil creada precisamente para dar protección a la ciudadanía – la policía- y donde se privilegia el reclutamiento, la doctrina y los operativos militares, huele y apesta a dictadura.
Este documento, plenamente se contrapone a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se opone al uso de los militares en tareas de seguridad pública y donde el producto principal fue la derogación de la Ley de Seguridad Interior. Este plan, dista años luz a un sistema democrático. que cómo todo sistema de este tipo, tiene pesos y contrapesos.
Tristemente es una estrategia, que pone todo su peso en un actor, que va a tener que cumplir funciones para las cuales no fue creado y que ahora bajo un ordenamiento mayor de un sistema totalitario, repliega a la sociedad civil y sus instituciones.
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José Alberto Guerrero Baena
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L.C.C. Fernanda Espinosa Méndez
