Se realizó el aseguramiento de vehículo propiedad del H. Ayuntamiento de Tangamandapio por parte de elementos de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el cual presentaba reporte de robo al estar vinculado a proceso por presuntas faltas por parte de ex funcionarios de la administración 2021-2024 por su probable participación en actos que pudieron ocasionar un daño al patrimonio municipal.
Esto derivado de indagaciones periodísticas con la presunta venta irregular de un vehículo oficial marca Jeep Grand Cherokee modelo 2017 color negro, propiedad del Ayuntamiento, el cual se encontraba asignado al despacho de la Presidencia Municipal y registrado como bien público municipal.
De acuerdo con datos recabados, el Cabildo de la ya mencionada administración presidido por el ex edil, aprobó la venta del vehículo sin cumplir previamente con el procedimiento legal de desincorporación, ni contar con dictamen técnico que acreditara que el vehículo había dejado de ser útil para el servicio público, ni con avalúo válido emitido por autoridad competente.
Posteriormente, se elaboró un reporte de supuesto accidente del vehículo sin que existieran registros oficiales, dictámenes periciales o evidencias técnicas que acreditaran los daños reportados, lo que podría constituir un indicio de simulación para justificar su depreciación que le acreditara como vehículo chatarra.
La investigación también refiere que existen inconsistencias en el procedimiento administrativo de baja y venta del vehículo, así como la ausencia de registros claros sobre el destino de los recursos obtenidos por la supuesta venta.
De manera adicional, se señala que el vehículo presuntamente vendido continuaba en uso y posesión del ex presidente municipal, lo cual ya es investigado, puesto que refuerza la presunción de posibles irregularidades en el proceso de venta marcado por la ley, que alude a una total simulación del procedimiento.
Derivado de lo anterior, se considera que los hechos podrían constituir diversos delitos previstos en el Código Penal del Estado de Michoacán, entre ellos, ejercicio ilícito del servicio público, coalición de servidores públicos y posible peculado y uso indebido de documentos oficiales; será la Fiscalía General del Estado la que determine responsabilidades en este caso.
