CIUDAD DE MÉXICO.- La mala aplicación de la justicia o el desinterés de los estados y municipios para frenar los altos índices de feminicidios (834 sólo en 2018)que hay en el país ha dado un revés al mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), el cual se encarga de visibilizar esta problemática de manera focalizada por entidad y municipio, así lo dio a conocer Ana Yeli Pérez, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
De 2015 a la fecha, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha declarado 17 alertas de género correspondiente a 17 entidades, y una declaratoria por agravio comparado en Veracruz, por lo que dicha entidad suma una AVGM y una declaratoria por agravio comparado, y pese a que 223 municipios del país tienen encendidos los focos rojos por AVGM (más los 212 de Veracruz por agravio comparado, es decir, todo el estado), éstos no han podido frenar los feminicidios y la violencia de género la cual en 2018 dejó más de tres mil 580 muertes de mujeres en el país, según la titular de esta dependencia, Olga Sánchez.
De acuerdo con Ana Yeli Pérez, en entrevista con Excélsior, en la pasada administración hubo un gran retroceso en la defensa de las mujeres, pues no hubo un compromiso real del Estado y su conjunto para atender este flagelo.
Traspié de las autoridades
Aclaró que la AVGM sí ha cumplido con visibilizar la violencia contra este sector; sin embargo, los estados no han sabido aplicar el mecanismo, además de que la Segob, en el caso del Estado de México, no ha podido encausar a la entidad para que mida los resultados de las estrategias que ha implementado y descubrir cuáles son las acciones que no han funcionado y por lo que la violencia de género sigue en incremento, ya que en 2018 sumó 106 feminicidios, según cifras del SESNSP.
“Lo que ha llevado al fracaso la lucha contra la violencia de género es la impunidad funcional, es decir, que las autoridades no cumplen con su trabajo y que no hay ninguna consecuencia para éstas”.
La causa del problema estructural de la violencia contra las mujeres y así como en muchos temas de violaciones a los derechos humanos es la falta de acción del Estado, pues no ha garantizado el cumplimiento de las leyes”.
En ello coincidió el doctor y criminólogo del Instituto de Ciencias Forenses, Jorge Olivares, quien criticó que las autoridades no realizan las investigaciones correctamente.
El también profesor de posgrado en la UNAM y el IPN expuso el caso de la niña Valeria, de 11 años, asesinada en junio de 2017 por un chofer del trasporte público, quien antes de matarla abuso sexualmente de ella.
Señaló que el padre de la víctima acudió inmediatamente a la Fiscalía a denunciar la desaparición de la pequeña y le dijeron que no podían hacer nada porque tenía que pasar un lapso de 72 horas para iniciar una búsqueda.
Por ello, deploró el actuar de los servidores públicos, pues se encuentran en una gran “apatía para investigar, para hacer su trabajo”
En tanto, Ana Yeli Pérez ejemplificó que la violencia en el ámbito familiar no es atendida correctamente por las autoridades, pues cuando las víctimas llegan a denunciar simplemente no las atienden, lo que se convierte en una víctima potencial de feminicidio.
Señaló que si las autoridades no hacen lo fácil, que es cuando llegan las víctimas y les piden ayuda, porque es un feminicidio prevenible, entonces menos cuando son feminicidios comunitarios, que son casi 70%, los cuales incluyen otros factores, como el crimen organizado, quien secuestra mujeres para distintas causas y que luego aparecen asesinadas.
Expuso que al no cumplir el Estado con su trabajo o no aplicar correctamente las estrategias, la carga para las organizaciones sociales aumenta.
Explicó que en el caso de Guatemala existe una fiscalía que investiga los feminicidios y que, por decirlo, de 50 casos esclarecen 45, situación que no sucede en nuestro país y que en muchos casos son las mismas ONG las que tienen que hace esa tarea.
Ana Yeli Pérez alertó que de todos los asesinatos cometidos contra mujeres al año en el país, la autoridad sólo reconoce 24% como feminicidio, por ejemplo, en el Estado de México, que tiene 300 asesinatos de mujeres al año, sólo reconoce 17% como feminicidio, eso refleja la resistencia que tienen para investigar con perspectiva de género, pese a que la Suprema Corte señala que toda muerte de mujer, incluyendo los suicidios y algunos accidentes deben ser investigados con perspectiva de género.
Pues señaló que las estadísticas de feminicidio arrojan bajos números porque hay casos de mujeres que, por ejemplo, fueron asesinadas en hoteles y en algunos casos los investigaron como asesinato culposo y no como feminicidio, ocasionando que las cifras por feminicidio no se acerquen a las reales.
Por ello, expuso que para hacer efectivas las AVGM es necesario que la Segob dé un acompañamiento más efectivo a los estados en los que se declaró, con un sentido supervisor para que se apliquen correctamente las políticas públicas y que haya una metodología que permita ir midiendo los avances reales.
Los estados en los que se ha declarado AVGM son Colima, para cinco de sus municipios; Chiapas, para ocho de sus ayuntamientos, Estado de México (11), Guerrero (8), Michoacán (14), Morelos (8), Nayarit (7), Nuevo León (5), Quintana Roo (3), San Luis Potosí (6), Sinaloa (5), Veracruz (11) y una segunda alerta por agravio comparado para todo el estado (212 municipios), además de Zacatecas (58), Oaxaca (40), Durango (16), Campeche (8) y Jalisco, para 10 de sus municipios, lo que suma 17 estados con 18 alertas para 435 de sus municipios.
