CIUDAD DE MÉXICO. Omar Gómez Trejo, quien se desempeñaba como secretario técnico del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), fue designado como titular de la recién creada Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, rechazó que la institución que encabeza haya encubierto tortura en el caso de una persona detenida por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y calificó esa afirmación de falaz.

El ombudsman refutó la aseveración hecha por organizaciones civiles, en el sentido de que el video en el que se aprecia tortura a un detenido por la desaparición de los 43 estudiantes acredita que la CNDH encubrió esta práctica con una recomendación que no es fiable.

«La refuto; no la comparto en lo absoluto; no se apega a la verdad. (…) Esta persona es víctima para nosotros; ahí está en la recomendación, por eso me parece que no debemos de ponerle adjetivos a una conducta que no se apega a lo que la recomendación está señalando”, subrayó.

En entrevista, señaló que en la recomendación sobre la persona se señaló que fue objeto de violación a derechos humanos.

“Señalamos que había detención arbitraria, señalamos que había retención ilegal en ponerlo a disposición del Ministerio Público y que con lo que teníamos no llegamos a acreditar el grado de tortura, pero sí de tratos crueles, inhumanos y degradantes”, aseveró.

Aclaró que esto no es obstáculo para que se profundice en las indagatorias penales “y eso es lo que vamos a exigir y lo vamos a incorporar en las denuncias penales que estamos por establecer”.

Resaltó que además fue la Comisión Nacional la primera en señalar la ruta hacia Huitzuco, que correspondería a lo que está señalando esta persona y nosotros denunciamos.

Cuestionó ¿dónde está el encubrimiento? “Si nosotros fuimos los que señalamos que debería de profundizarse una segunda ruta. Los primeros en señalar una segunda ruta de los estudiantes desaparecidos somos nosotros. La autoridad que corrobore ahora el dicho de esta persona con nuestra línea de investigación, que ahí está, y dijimos profundícese”, agregó.

La Comisión Nacional no ha encubierto, y rechazo esa afirmación falaz; ahí está que señalamos violaciones a derechos humanos. Esta persona es víctima de violación a derechos humanos; está señalado en la recomendación; por eso vamos a exigir que se profundice en la investigación”, reiteró.

Pidió que además se investiguen las razones «por las que no nos quisieron proporcionar esa información, toda la información».

Afirmó que no conocía el video: “tenemos evidencia de que solicitamos la información que estaba realizando la PGR sobre tortura de esta persona; la pedimos oficialmente; recuerden ustedes que siempre he señalado los obstáculos que nos puso la PGR para investigar; éste es uno más”.

Nota: El País

Sin novedades desde hace meses, un video de un detenido por el caso Ayotzinapa ilustra de nuevo los vicios de la investigación por la desaparición de los 43 estudiantes en 2014 en México. En las imágenes, publicadas hace unos días en Youtube, se ve a uno de los detenidos por el caso sentado, aparentemente maniatado, con los ojos vendados. Detrás hay una persona en uniforme, presuntamente un policía ministerial de la fiscalía federal, con una bolsa en las manos. Le interrogan. Un minuto más tarde, la persona en uniforme le coloca la bolsa en la cabeza, la cierra y estira.

Desde que iniciaron las investigaciones, las acusaciones contra agentes de diferentes corporaciones por torturar a detenidos han sido una constante. En marzo de 2018, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en que aseguraba que al menos 34 detenidos habían sido torturados. En 23 de los casos, los detenidos señalaban a agentes de la policía ministerial, adscrita a la fiscalía federal. Uno de los 23 es el hombre que aparece en el video.

La nueva evidencia vuelve a poner en duda la validez del proceso. El año pasado, un tribunal federal pidió reponer el procedimiento por las denuncias de que las confesiones e imputaciones de varios detenidos, acusados de participar en las desapariciones, fueron obtenidas mediante tortura.

El detenido que aparece en el video es supuestamente Carlos Canto. Según datos del expediente del caso Ayotzinapa, Canto fue detenido el 22 de octubre de 2014 en Iguala por agentes de la policía ministerial y elementos de la Secretaría de Marina. Eran los primeros días de la investigación. La fiscalía federal había asumido las pesquisas hacía apenas dos días, después de las críticas a la fiscalía de Guerrero, que había iniciado las investigaciones. Justo un día antes de la detención, el 21 de octubre, investigadores federales habían organizado un enorme operativo en Carrizalillo, cerca de Iguala, donde los 43 estudiantes habían desaparecido tres semanas antes. La presión era tremenda.

En el video, Canto aparece visiblemente asustado. Una voz le pregunta, «¿Dónde crees que se los llevaron, cuántos dices que se llevaron ahí?» y él, atropellado, contesta: «A Mezcala, fácil se llevaron a 12 o 13. Iban sentados en camionetas». ¿Dónde se los entregaron?, dice la voz, sugiriendo que los que se llevaron a ese grupo de estudiantes de Iguala, se los entregaron a otras personas. «En Tomatal», contesta. Es decir, en una de las salidas de Iguala, rumbo al sur, rumbo a Mezcala, rumbo a Chilpancingo, la capital del estado.

Estos 12 o 13 estudiantes serían parte de los pasajeros de uno de los cinco autobuses que ocuparon los 43 aquella tarde en Iguala, concretamente el Estrella de Oro 1531. Según el expediente, policías de Iguala agredieron a los estudiantes, les obligaron a bajarse del autobús y luego a subirse a las patrullas. Les llevaron rumbo sur, rumbo Chilpancingo. Ya no han vuelto a aparecer.

La declaración de Canto pone en duda de nuevo la versión oficial de lo ocurrido, rechazada desde el principio por las familias de los 43 y sus abogados, puesta en entredicho por el grupo de investigadores que patrocinó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasó con ese grupo de 12 o 13 estudiantes? Según la versión de los investigadores, aún bajo el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, todos murieron asesinados y fueron quemados en un basurero en Cocula, cerca de Iguala. Pero lo dicho por Canto exige una investigación más profunda, para descartar, por ejemplo, su presencia en algún momento en Mezcala.

La voz del video, la voz del que interroga, es de Carlos Gómez Arrieta, entonces encargado de la policía federal ministerial. La comisión presidencial que investiga el caso Ayotzinapa en el actual Gobierno supo del video hace unos días. Al oír la voz, no tardaron en sospechar de quién se trataba. Encargaron un peritaje para confirmar si era Gómez Arrieta y el resultado fue positivo. Actualmente, Gómez Arrieta es subsecretario de Seguridad Pública del Estado de Michoacán.

Si la investigación queda en entredicho, lo mismo ocurre con el informe que divulgó a finales del año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Después de sus estudios y análisis, los investigadores de la oficina del ombudsman concluyeron que Canto no había sufrido tortura. El video les quita la razón y genera dudas sobre la metodología de la comisión. A diferencia de Naciones Unidas, el ombudsman considera que solo hubo tortura en ocho casos y no en 34. ¿Se habrán equivocado en más?

JALISCO.- Cuatro ataques contra agentes de la Fiscalía General de Jalisco en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara dejaron como saldo dos policías estatales muertos, dos presuntos agresores abatidos y otro par heridos, además de 3 personas puestas a disposición del Ministerio Público y 2 civiles heridos.

Primero en Zapopan, se atacó a la directora de Puestos de Socorro de la Fiacalía, ella resultó ilesa y su esposo herido en una pierna. Casi en simultáneo se registró un ataque en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga contra un agente de fiscalía cuando se encontraba en un servicio por homicidio en el cruce de Javier Mina y Adolf Horn.

En el rastreo policiaco se encontró una casa de seguridad y comenzó el intercambio de disparos y ataque con granadas de fragmentación.

“En el inmueble también un menor de edad, hijo de la primera víctima, resultó con lesiones”, dijo el fiscal General de Jalisco, Gerardo Octavio Solís.

De inmediato acudieron en apoyo fuerzas policiales del estado, municipales y del Ejército Mexicano, se contó también con vigilancia área para intentar detener a los agresores, que durante varios minutos se parapetaron disparando contra los agentes del orden.

En otro evento, un agente adscrito a la dependencia en calle 14 fue abatido.

Ante los cuatro ataques, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro que se encuentra en Chicago, Estados Unidos mando un video mensaje a la población.

“Revisando con mucho cuidado lo que nuestra policía va a realizar para lograr detener a quienes están agrediendo a nuestra ciudad y a nuestro estado. Estamos concentrados en ello, vamos a seguir informando en las próximas horas. Desde acá decirles que estamos monitoreando y seguros de que muy pronto vamos a reestablecer la calma y vamos a poder detener a quienes están generando este ambiente de violencia en Guadalajara», señaló.

Hay al menos 3 presuntos agresores detenidos.

CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 142, fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, que le permitía a la Fiscalía General de la República (FGR) solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sin previa orden judicial.

Por mayoría de seis votos, el pleno del Alto Tribunal desechó el proyecto del ministro Eduardo Medina Mora, quien proponía declarar constitucional dicho precepto, al argumentar que no viola el derecho a la privacidad.

Los votos a favor estuvieron a cargo de los ministros Luis María Aguilar, Jorge Pardo, Eduardo Medina Mora, Javier Láynez, Yasmín Esquivel; mientras que en contra votaron ministros Arturo Zaldívar, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez, Juan Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán y Fernando Franco.

Al hablar a favor, el ministro Jorge Pardo Rebolledo aseveró que el criterio de la Corte de declarar inconstitucional dicho artículo podría poner en riesgo las investigaciones que realiza el Ministerio Público Federal.

Porque en automático a partir de que ese criterio sea notificado, publicado, se van a convertir en pruebas ilícitas toda la información, todas las solicitudes de información bancaria sobre las cuales se estén tramitando investigaciones incluso ya procedimientos penales sobre delitos, insisto, de toda índole no nos fijemos solamente en los fiscales o en los de lavado de dinero de toda índole”.

Advirtió que este criterio afectará a todas las investigaciones por cualquier delito realizadas hasta ahora, en la que se hubiera accedido a datos bancarios.

Por otra parte, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar destacó que el combate al delito se tiene que apegar a la Constitución y al marco legal.

El Estado mexicano tiene la obligación de ser eficaz en el combate a la delincuencia respetando la Constitución y si esto es así a mí me parece que el punto a determinar es si el derecho a la intimidad y a la vida privada puede ceder frente a una atribución del ministerio público para sin intervención judicial acceder a cuentas y a información bancaria”.

Será hasta la sesión del próximo lunes, cuándo el máximo tribunal del país discutirá los alcances que tendrá está resolución, es decir, se tendrá efectos retroactivos o no. En caso de que se le den efectos retroactivos, estarían en riesgo algunos casos emblemáticos como los de los ex gobernadores Javier Duarte y Roberto Borge o el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.

Los ministros Alberto Pérez Dayán —quien votó en contra de declarar constitucional el cateo de cuentas bancarias sin orden judicial—, Javier Laynez y Eduardo Medina Mora, quienes apoyaron el proyecto. Foto: Quetzalli González

Este tema fue abordado por primera vez el 27 de noviembre de 2018, cuando el ministro José Ramón Cossío Díaz propuso declarar inconstitucional dicho precepto y otorgar un amparo a Pedro Guillén Mariscal, quien en 2012 no declaró ingresos por 1.4 millones de pesos.

La Corte solo se pronunció sobre la facultad de la FGR, pero el artículo 142 también ordena a los bancos entregar información a las Fiscalías estatales, la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el SAT y autoridades fiscales locales, y la Procuraduría de Justicia Militar, todos sin orden judicial.

El amparo otorgado hoy a Pedro Guillén Mariscal, acusado por fraude fiscal de 5 millones de pesos, no invalida el artículo 142, fracción 1, de la LIC, pero garantiza que se concederán amparos a los investigados si la FGR lo sigue aplicando.

El Pleno discutió el caso de Guillén en noviembre de 2018, pero no hubo pronunciamiento, pues se desechó un proyecto del ministro José Ramón Cossío, quien ya se retiró.

Todo indica que Guillén no será absuelto, porque el tribunal colegiado que revisó la condena en su contra, consideró que había pruebas adicionales a los reportes bancarios, que confirman su culpa.

La Corte ya había suprimido, desde 2017, la facultad de la FGR para bloquear cuentas bancarias y otros activos de sospechosos, y en 2018, declaró inconstitucional la misma atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), oficina de la Secretaría de Hacienda.

En este último caso, sin embargo, el Congreso no ha reformado el artículo 115 de la LIC, por lo que la UIF sigue bloqueando cuentas.

El pasado 21 de mayo, el Consejo de la Judicatura Federal anunció que las solicitudes de la FGR sobre cuentas bancarias será revisadas por los seis jueces adscritos al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, que operan en virtual secreto en un edificio de Insurgentes Sur, y resuelven las solicitudes por internet.

El Acuerdo del CJF aclara que los jueces serán competentes para procesar solicitudes del MPF «desde el inicio de la etapa de investigación inicial, durante la misma y hasta antes de que se judicialice el asunto», pero no hace referencia a la UIF.

CIUDAD DE MÉXICO.- El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, negó la existencia de una caída en la generación de empleos en el mayo, tras un a un comparativo con la fecha de 2018, incluso, afirmó que la disminución responde a la desaceleración.

Mayo en particular es un mes complicado siempre para la creación de empleo y hay muchas razones, una parte que va a explicar mayo y junio seguramente porque hay una disminución de crecimiento al cierre de ciclo en el campo”, argumentó. “Hay una opinión respecto a que en mayo, después de utilidades, las empresas contratan poco”.

Desigualdad en el sector salud, un flagelo a erradicar: IMSS

Mencionó sobre quienes son parte del programa Jóvenes Construyendo El Futuro, que “éstos perciben un salario y son parte de la población económicamente activa… Se reporta la cifra. ¿Qué no estamos haciendo? Sumándola”.

Puntualizó: “Es importante precisar que en estas cifras de empleos no se incluyen otros esquemas de aseguramiento… De los 481 mil jóvenes registrados, 259 mil nunca habían estado registrados en el IMSS, es decir que son incorporaciones nuevas”.

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Manuel López Obrador se dijo abierto a explorar nuevas fechas para la consulta sobre la revocación de mandato, luego de que la oposición rechazó su propuesta para que este ejercicio se realice el 21 de marzo de 2021, previo a la elección federal intermedia.

“Si (los legisladores) no aceptan en marzo y no aceptan en junio durante las elecciones intermedias, se podrían ver otras fechas, nada más que se vea el compromiso de que no haya un gasto adicional”, planteó en rueda de prensa en Palacio Nacional.

En este contexto, López Obrador indicó que la Reforma Electoral no será parte de su agenda sino hasta después de que se lleve a cabo la consulta sobre la revocación de mandato.

*jci

Jóvenes estudiantes de múltiples universidades, se reunieron para realizar una grabación en memoria del Leonardo de 29 años, quien fue hallado sin vida y con signos de tortura y asfixia.

“Hace un par de semanas fue Norberto, ahora Leo, pero no son los únicos. Somos de la UIC, pero también de la Universidad Del Pedregal, del Politécnico, de la UNAM, de la UP, de la Ibero, de la UPN, de la UAM, del Tec, de cientos de escuelas privadas y públicas que vivimos con miedo y con inseguridad, queremos justicia para Leo y para los miles de desaparecidos en éste país”.

“Queremos paz, salir a trabajar, a estudiar y a divertirnos y tener la seguridad de que vamos a regresar”.

“Yo no conocía a Leo pero estudió en mi Universidad, era parte de mi comunidad, y mi comunidad está incompleta. Nos falta Leo, hay miles de familias incompletas, a quien les falte hijos, padres, madres, esposas; esto tiene que parar”.

“Queremos vivir en paz, queremos un México seguro, quiero llegar al trabajo o a la escuela y verte, quiero verte mañana, quiero verme mañana, hoy es Leo y Norberto y muchos más que no conozco, pero mañana puedo ser yo , puedes ser tú, Leo ya no regresó, sueños rotos, caminos truncados, quiero justicia”.

“Ni un estudiante más, ni uno más. La UIC está de luto, el país está de luto, gracias Leo por unirnos, gracias Norberto por unirnos. El precio fue muy alto, pero los que estamos aquí, no vamos a parar, nos falta Leo”.

“No queremos que mañana nos faltes tú, queremos justicia, justicia para Leo”.

Cabe recordar que Leonardo desapareció el martes 11 de junio, camino a la iglesia donde asistía; el joven fue hallado sin vida dentro de su camioneta Chrevrolet Trax en la alcaldía de Tlalpan.