Para evitar que la violencia familiar por desistimiento o falta de seguimiento siga cobrando víctimas, la diputada Lucila Martínez Manríquez propuso reformar el Código Penal del Estado para que se persiga de oficio y se castigue con 1 a 5 años de cárcel, así como endurecer las penas cuando la víctima sea menor de edad, adulto mayor de sesenta años, esté embarazada o tenga tres meses posteriores al parto y no tenga capacidad para comprender el significado del hecho.

Al hacer uso de la Máxima Tribuna en el Congreso del Estado planteó reformar la Ley para que se siga de oficio la violencia familiar y que el sujeto activo del delito será remitido a tratamiento especializado hasta por el tiempo que el terapeuta lo considere, así como a la inserción a programas de reeducación para personas generadoras de violencia, a través de instituciones públicas, cuyos servicios deberán ser integrales, especializados, gratuitos, con perspectiva de género y masculinidades; dichas instituciones deberán informar periódicamente al juez sobre los avances del tratamiento. En todo momento el Juez podrá ordenar las medidas necesarias para el cumplimiento de estas disposiciones.

En la iniciativa Lucila Martínez precisa los integrantes del núcleo familiar, para efectos de la aplicación de este Código, y propone que éste delito sea perseguido de oficio, con el propósito de proporcionar mayor protección a las víctimas, desde el momento en que se pueden ordenar cuantas diligencias sean necesarias desahogar para el desarrollo de la investigación, además de que los generadores o sujetos activos del delito de violencia familiar sean remitidos a tratamiento especializado hasta por el tiempo que el terapeuta lo considere, así como a programas de reeducación que les permitan con perspectiva de género y masculinidades, convivir dentro de un núcleo familiar afectivo.

Lo anterior, con el propósito de abonar en el cierre de estos episodios violentos que inician dentro del núcleo familiar y en la mayoría de las ocasiones esta violencia es expandida a otros ámbitos, y de un factor familiar con oportunidad de tener una rehabilitación, se convierte en un serio problema social traducido en un ambiente de inseguridad y violencia como el que actualmente sufre nuestro país.

Asimismo se plantea que el Estado preverá lo necesario para que las víctimas del delito accedan a los mismos tratamiento y se establece que comete delito de violencia familiar la persona que se encuentre unida por vínculo matrimonial, concubinato, sociedad de convivencia, consanguinidad en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado, parentesco colateral consanguíneo o afín hasta el cuarto grado.

“Independientemente de que se produzcan o no lesiones o se configure cualquier otro delito, sin que dicha conducta deba ser consecutiva o reiterada, se le impondrán de uno a cinco años de prisión, sanción de cien a doscientos días multa, suspensión de los derechos que tenga respecto a la víctima por el término de la pena de prisión impuesta, incluidos los de carácter sucesorio y prohibición de ir a un lugar determinado o rescidir en él”.

Lucila Martínez hizo referencia que en los últimos años, los casos de violencia familiar que inician con una simple discusión, una insinuación, un empujón, escalan a feminicidios y de acuerdo con las estadísticas sobre delitos del fuero común reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el país los casos de violencia familiar ha incrementado en un 12.4 por ciento, con respecto al 2018, contabilizando únicamente los casos denunciados y lamentablemente sólo el 3 por ciento de las denuncias presentadas reciben un castigo.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, los casos de violencia familiar en Michoacán se incrementaron en un 17.5 por ciento, y se reportaron 4 mil 463 sucesos durante el primer trimestre del año 2019, de los cuales el 98 por ciento se perpetraron en contra de mujeres.

“En la actualidad, el delito de violencia familiar establecido en nuestro Código Penal es perseguido únicamente por querella, es habitual que quienes denuncian el delito no lo ratifiquen, o bien otorguen el perdón a su agresor, lo que conlleva que los afectados se vean expuestos a seguir siendo vulnerados y que su núcleo familiar siga siendo violentado por este tipo de conductas. Además no se establece un procedimiento necesario para evitar la incidencia de este delito y coadyuvar con la rehabilitación tanto de la víctima como del victimario”.

Asimismo consideró que el sujeto activo de este delito, en algún momento de su infancia o adolescencia fue también una víctima, por lo que al violentar está siguiendo el mismo patrón de conducta que previamente ha padecido, por lo que es imprescindible concluir con este modelo de vida que afecta sobradamente a nuestra sociedad.

Comprometido con el combate a la corrupción, el diputado Octavio Ocampo Córdova propone que todo servidor público que haya sido sancionado e inhabilitado temporalmente, si reincide, será inhabilitado de forma permanente y lo mismo para particulares.

Al hacer uso de la Máxima Tribuna en la LXXIV Legislatura Local, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, en la que propone la inhabilitación definitiva, con lo que quienes reincidan, no podrán desempeñarse nunca más empleo, cargo o comisión en el servicio público ni podrán participar en proceso alguno de adquisición, arrendamiento, servicio u obra pública.

“En un país convulsionado por tantos problemas, fortalecer el marco legal y promover incentivos para que el servidor público actúe correctamente es fundamental y es tarea principal del legislador que ha sido electo como representante de la voluntad popular”.

Octavio Ocampo enfatizó que la corrupción es el resultado del descuido que se ha tenido en la implementación y práctica de la ética en el ámbito público, son las distintas actitudes antiéticas de los servidores públicos.

“La corrupción aparece en distintos gobiernos y administraciones públicas al grado de que es posible afirmar que hoy en día la corrupción es un fenómeno mundial. Si bien la corrupción ha acompañado al hombre en su historia, es en las últimas décadas del siglo XX cuando los casos conocidos han sido inauditos”.

El diputado por el Distrito de Huetamo hizo mención que “el costo de la corrupción es demasiado alto para la vida pública de cualquier Estado. La falta de ética en el sector público no es una cuestión de palabras, sino que se manifiesta mediante actos concretos con repercusiones evidentes en la que políticos y funcionarios utilizan su autoridad y sus atribuciones para beneficio propio, solos o en complicidad con grupos, desviando los recursos públicos y afectando a una parte de la sociedad al generar desigualdad”.

La inhabilitación temporal se dará cuando no se causen daños o perjuicios, ni exista beneficio o lucro alguno, en estos casos se podrán imponer de tres meses a un año de inhabilitación y de uno hasta diez años si el monto de la afectación de la Falta Administrativa grave no excede de doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y de diez a veinte años si dicho monto excede de dicho límite. De presentarse reincidencia en la sanción máxima aquí señalada será causal de inhabilitación permanente.

La inhabilitación temporal o permanente para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, será impuesta por el Tribunal y ejecutada en los términos de la resolución dictada.

La persona que por primera vez haya realizado alguna de las Faltas Administrativas graves o Faltas de Particulares, o bien, se encuentre participando en su realización, podrá confesar su responsabilidad con el objeto de acogerse al beneficio de reducción de las sanciones.

El Legislador Independiente, Javier Paredes Andrade, demandó a los diputados federales defender la autonomía del INE y no permitir la entrada de intereses político – partidistas_*

La elección de los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que gocen de la suficiente probidad e independencia, será un eje toral para garantizar la autonomía del órgano, afirmó el Legislador Independiente, Javier Paredes Andrade.

Celebró que se encuentren inscritos más de 60 perfiles dispuestos a ocupar los cargos y confió en que cada uno de ellos tenga las mejores intenciones de defender la soberanía de la institución que se encarga de respetar el voto de los ciudadanos y elegir libremente a sus gobernantes.

Paredes Andrade, recalcó la importancia de que se garantice una selección de perfiles apartidistas, alejados de intereses políticos y gubernamentales, sin filias, ni fobias, como una muestra de que los integrantes de la Cámara de Diputados Federal, no son proclives a la sujeción ramplona del presidente de la República.

El también integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana de la 74 Legislatura, demandó a los legisladores federales, a actuar con total pulcritud e imparcialidad, sin permitir que factores e intereses externos se entrometan en decisiones internas, que perjudicarán al pueblo mexicano.

Confío en la sana integración del Comité Técnico de Evaluación (CTE), para que brinde una mayor certeza a la selección de los nuevos consejeros del INE y México continúe gozando de procesos electorales libres.