•⁠ ⁠La coordinadora del PVEM en el Congreso de Michoacán plantea reformar la Constitución para que padres deudores alimentarios no puedan obstaculizar trámites de sus hijos.

Morelia, Michoacán a 12 de marzo de 2026.– En el marco del Día Internacional de la Mujer, la diputada y coordinadora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso del Estado, Sandra Arreola Ruiz, presentó un posicionamiento para impulsar la denominada “Ley Cazzu”, una iniciativa que busca garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes cuando exista abandono parental.

Durante su intervención en tribuna, la legisladora reconoció el esfuerzo de las madres jefas de familia, a quienes calificó como uno de los pilares más importantes de la sociedad mexicana.

“Quiero comenzar reconociendo y honrando a las mujeres más luchonas, más trabajadoras y más fuertes que tiene nuestro país: las madres jefas del hogar, mujeres que todos los días sostienen su hogar con un amor que no conoce descanso”, expresó.

Arreola Ruiz señaló que en Michoacán existen más de 1.3 millones de mujeres que son madres, y advirtió que una gran parte de ellas enfrenta la crianza de sus hijos sin el apoyo del padre. En ese sentido, destacó que más de 410 mil hombres son deudores alimentarios, quienes han abandonado sus responsabilidades parentales.

La legisladora explicó que actualmente muchas madres enfrentan obstáculos legales para realizar trámites fundamentales para sus hijos, como la obtención de pasaportes o permisos de viaje, debido a que la ley exige la autorización del padre, incluso cuando este no participa en la crianza ni cumple con sus obligaciones.

“Quien cuida, quien educa y quien sostiene el hogar tiene que pedir permiso, mientras quien decidió no estar conserva el poder de decir que no”, subrayó.

La propuesta, conocida como “Ley Cazzu”, toma su nombre de un caso mediático que visibilizó las dificultades que enfrentan muchas mujeres para realizar trámites de movilidad de sus hijos tras una separación, cuando el padre es ausente o deudor alimentario.

La diputada aclaró que el objetivo no es personalizar el problema, sino visibilizar una realidad que afecta a miles de mujeres y niñas y niños en el país.

Por ello, la iniciativa plantea que el Congreso de Michoacán remita al Congreso de la Unión una reforma al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de garantizar el derecho a la movilidad de menores cuando exista abandono parental y que el interés superior de la niñez sea el criterio central en estos procedimientos.

Asimismo, propone establecer mecanismos ágiles y accesibles para que quien ejerce la guarda y custodia pueda obtener autorizaciones de movilidad cuando el otro progenitor haya incumplido reiteradamente con sus obligaciones de crianza, alimentos o convivencia.

“La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control cuando las responsabilidades que le dan sentido han sido abandonadas”, enfatizó.

Finalmente, Sandra Arreola hizo un llamado a colocar en el centro de las decisiones públicas la justicia para las madres jefas de familia y la protección de la niñez.

“Que todos los padres deudores e irresponsables nos escuchen: si abandonan, nunca más tendrán el poder para decidir sobre la vida de quienes sí merecen todas las oportunidades”, concluyó.

Morelia, Michoacán; a 12 de marzo de 2026.- En cumplimiento de la ley, las y los integrantes del Congreso del Estado aprobaron los dictámenes con las glosas correspondientes a los rubros de protección a la niñez y adolescencia; así como, de desarrollo rural, y Fortalecimiento municipal y límites territoriales del Cuarto Informe del estado que guarda la Administración Pública del Estado.

En este sentido, la Comisión de Protección a la Niñez y Adolescencia sugirió al Titular del Poder Ejecutivo Estatal consolidar y ampliar las acciones reportadas en la materia, mediante un plan estratégico integral, con metas claras, medibles y diferenciadas por región.

Asimismo, lo exhortó a poner en marcha, a la brevedad, el Centro de Justicia de Protección a la Niñez y Adolescencia de Michoacán; y, diseñar e implementar una estrategia integral y diferenciada para la protección de niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia generalizada, criminalidad y desplazamiento.

De igual forma, las y los legisladores solicitaron a la Secretaría de Educación en el Estado que revise y verifique en qué escuelas existe suficiencia de maestras y maestros y en cuáles se presentan vacantes o carencias de personal docente, lo cual deberá informarles a los mismos sobre las acciones implementadas para garantizar el derecho a la educación.

Además, consideraron necesaria una reunión de trabajo con el secretario de Seguridad Pública del Estado, con el propósito de fortalecer la coordinación interinstitucional en materia de prevención del delito, protección de entornos seguros y atención integral a niñas, niños y adolescentes en contextos de violencia.

Paralelamente en la sesión extraordinaria fue avalado el dictamen elaborado por la Comisión de Desarrollo Rural, con la glosa del 4° Informe de Gobierno; en el cual, coincidieron las y los legisladores que el trabajo de un gobierno estatal para promover la agricultura debe ser integral, estratégico y sostenible, atendiendo tanto la producción como la comercialización, el bienestar rural y el cuidado ambiental.

“La agricultura en nuestro estado debe seguir avanzando cada vez más hacia una planeación y planteamiento de políticas públicas claras y precisas; el impulso de programas de subsidio, financiamiento y seguros de protección; fomentar las energías renovables en el campo; la apertura de mercados nacionales e internacionales”, entre otros destaca el documento.

Por su parte, el dictamen presentado por la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo del Estado para que, en los subsecuentes informes y en la implementación de las políticas públicas con impacto municipal, se incorporen mecanismos más claros de evaluación de resultados, indicadores de fortalecimiento institucional y criterios de priorización territorial.

Lo anterior, con el fin de contar con mayores elementos para valorar el impacto directo en la autonomía, capacidades administrativas y desarrollo integral de los municipios; asimismo, se insta a continuar fortaleciendo los procesos de coordinación técnica y capacitación institucional dirigidos a los ayuntamientos y comunidades con autogobierno, con el propósito de consolidar su planeación estratégica, rendición de cuentas y sostenibilidad administrativa.