Los parlamentos sensibles al género son aquellos que fundan su quehacer diario atendiendo a las necesidades e intereses de mujeres y hombres, observando en todo su actuar, tanto al interior como al exterior la perspectiva de género y propiciando en todo momento el acceso de las mujeres a sus derechos humanos.

Sobre la observancia de la perspectiva de género en los parlamentos es importante decir que pasa irremediablemente desde tener paridad en su integración, hasta atender los derechos humanos de las mujeres en su quehacer diario. 

Y aun cuando la productividad legislativa, desde el análisis de género y derechos no es en sí misma el único indicador real para identificar a los parlamentos que promueven la igualdad; si sientan bases para observar e identificar los obstáculos que existen en este proceso. 

La Paridad en la integración de los Congresos Locales es una gran oportunidad de revisar y reforzar  los avances legislativos en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, mucho más cuando el camino para que la participación política de las mujeres en los Congresos fuera una realidad, ha llevado un largo camino de trabajo, desde los movimientos sociales de mujeres, desde el feminismo, desde la academia y desde la armonización legislativa. 

Ahora bien, la obligación de los congresos tanto federales como locales en la observancia plena de los derechos humanos de las mujeres no es una concesión graciosa que las y los legisladores tienen que brindar a la sociedad, es una obligación estipulada con claridad en los instrumentos internacionales en la materia que tienen su origen en diversos hechos históricos. 

Basta recordar el año de 1975, en el que se celebró la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en ocasión del Año Internacional de la Mujer, organizada por la Comisión de la Condición Jurídica y Social; en ella participaron representantes de 133 gobiernos, y en esa ocasión se definió un plan de acción mundial para la consecución de los objetivos del Año Internacional de la Mujer.

Este plan de acción se constituía como una clara carta de indicadores a atender en el tema del cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres.

En América Latina hace ya casi 45 años que se celebró la Primera Conferencia Regional sobre la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina en la Habana, conferencia que abrió un espacio de intercambio regional sobre las demandas y necesidades de las mujeres en la región y señalaba para los países compromisos gubernamentales claros para atender dichas demandas. 

A partir de esta conferencia se acordó el Plan de Acción Regional para la Integración de la Mujer en el Desarrollo Económico y Social de América Latina, que sentaba también mandatos claros para la generación de una agenda, primero que reconocía las aportaciones de las mujeres a la sociedad y también hacía visibles los obstáculos que enfrentaban para mejorar su situación. 

Pero estas no son las únicas agendas tanto mundiales como regionales que se han desarrollado para identificar las brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres en el mundo, así como para evidenciar los retos que siempre han estado presentes en la vida de las mujeres para acortar dichas brechas.

Ahora bien, en septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, esta representa un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia.

Es así que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental.

El objetivo 5 señala de manera concreta, la necesidad de generar los mecanismos necesarios para alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.

A decir de María Nieves Rico, Directora de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “La Agenda 2030, aprobada por la comunidad internacional en septiembre de 2015, define un campo normativo que deberá traducirse en políticas e incluye metas y medios de implementación para alcanzarlas, además de mecanismos de seguimiento globales y regionales”.

Este objetivo 5 nos habla de dos conceptos, que, sin lugar a dudas, deben ser la base de la generación de política pública con perspectiva de género; la igualdad y el empoderamiento de las mujeres.

La igualdad entendida como un principio transversal, pero también como un derecho humano que no debe de estar a discusión, como no debieran estarlo ningún otro derecho humano; y el empoderamiento, entendiéndolo como la generación de todos los mecanismos necesarios para que las mujeres participen plenamente y en condiciones de igualdaden todos los sectores y a todos los niveles de la actividad económica, política y social de sus comunidades.

Por su parte ONU mujeres establece algunos de los principios para el empoderamiento de las mujeres, entre los que resaltan, la obligada promoción y respeto de la igualdad de género, el respeto y defensa de los derechos humanos y la eliminación de la discriminación contra las mujeres, el garantizar y velar por su salud, el fortalecer la formación y el desarrollo profesional de las mujeres;  entre otros que aparejados con la garantía de una vida libre de violencia, son sin duda los retos a los que el objetivo 5 de los ODS nos mandata. 

Y si bien es cierto que se han conseguido algunos avances durante las últimas décadas desde la parte normativa y desde la política pública a nivel mundial y nacional, también lo es que, todavía existen muchas dificultades y sobre todo poco entendimiento y nula voluntad política en relación a que la igualdad como derecho no es negociable, así como todos los otros derechos humanos postulados en distintos instrumentos internacionales a los que los países se han comprometido, entre ellos México.

Hoy en los diversos congresos legislativos de los estados y en el propio federal tenemos la representación paritaria de mujeres y hombres, y justamente es esa representación la que nos hace tener la esperanza de que por lo menos los derechos humanos de las mujeres estarán planteados en las mesas de prioridades a atender en un congreso que se precie ser sensible al género.

Lo que también es necesario decir, que aunque el trabajo legislativo en favor de las mujeres no solo debe recaer en las legisladoras, también lo es que por lo menos esperamos de todas ellas una real conciencia de género y una fuerte memoria de que miles de mujeres han tomado las calles en muchas ocasiones para demandar activamente la participación política de todas, y que los espacios ganados en la representación política no nacen de la noche a la mañana sino que son el resultado del esfuerzo colectivo femenino por abrir espacios en la política para más mujeres, por lo que la memoria política femenina no puede ser selectiva cuando de reconocer que esta lucha nunca ha sido individual sino el resultado de una lucha colectiva por generar mas espacios que nos representen. 

Sobre todo, cuando el ejercicio del poder para las mujeres esta lleno de brechas infinitas que son difíciles de sortear, difíciles de entender y trampas poderosas del patriarcado que nos hacen creer que avanzamos en la participación política  cuando en realidad se sigue atendiendo a los códigos sistemáticos y al parecer imperceptibles del patriarcado. 

Por lo que la sola incorporación de muchas mujeres en los espacios de decisión, como lo son los congresos, debiera abrir la oportunidad de caminar más rápido en los avances legislativos que tanto necesitamos para poder decir con claridad, las mujeres llegan a los espacios de representación política a representarnos a todas, por que entiendo que para eso se lucho colectivamente. 

Las agendas legislativas de y para las mujeres son necesarias, son obligatorias ante los compromisos internacionales, pero sobre todo son una gran oportunidad de avanzar por ley en aquello que la moral y los usos y costumbres impiden avanzar, son la oportunidad de generar justicia desde la obligación de un marco jurídico, no desde la opinión personalísima de un operador de justicia, son la oportunidad de transformar la realidad de violencia y la invisibilización de la misma y son la oportunidad de que las mujeres en las curules reconozcan y honren el trabajo de las otras mujeres que incluso dieron la vida para que hoy exista un congreso paritario. 

A las demás nos toca estar atentas de las agendas que desde los diversos congresos se empujan para atender los derechos humanos de las mujeres, así como el presupuesto que se destina para que esas agendas sean una realidad. La responsabilidad del voto va en dos sentidos, el de la persona que lo recibe y el de la persona que lo da, en el entendido que siempre será una buena oportunidad para saber si la persona por la que votaste te representa y de verdad entiende y garantiza el avance de los derechos humanos de las mujeres sin ponerlos a debate o discusión, o sólo usaron la agenda de género y tu voto como bandera política para poder lograr estar en el poder. 

Tiempo al tiempo…