Por César Rangel

MORELIA, Mich.- De las 83 familias michoacanas que ingresaron al curso-taller sobre adopción de menores, a través del Sistema para Desarrollo Integral de la Familia (DIF), sólo 16 ha dado continuidad al trámite durante los 2018 y lo que va del 2019.

Así lo informó la directora del DIF Michoacán, Rocío Beamonte Romero, luego de reconocer la falta de sensibilización sobre el tema de la adopción, misma que por trámites engorros y otras cuestiones, ha limitado la posibilidad de que algún menor sea resguardado por una familia en un hogar.

Durante el arranque del curso-taller sobre el tema, manifestó que en la actualidad la posibilidad de que un menor de seis años sea adoptado se reduce en un 90 por ciento, puesto que los solicitantes buscan niños y niños de menor edad.

De ahí que el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, urgiera a los diputados locales para que den continuidad a la revisión y aprobación de su propuesta para modificar la ley de adopción del estado y se armonice con la de protección de los niños, niñas y adolescentes.

Pese a que está en puerta la discusión del paquete económico estatal 2020, Aureoles Conejo emplazó a los legisladores para que se den el tiempo de aprobar la enmienda turnada desde el pasado 13 de noviembre, para que antes del cierre del año este lista y vigente.

Morelia.- Ma. Elena Silva Montes estuvo presente en la conferencia “La Responsabilidad Patrimonial del Estado” que expuso la M.D. María Esther Ruiz López en instalaciones del Poliforum.

La Responsabilidad Patrimonial del Estado fue el tema en turno en el ciclo de conferencias que el Poliforum Centro de Innovación Social viene desarrollando con propósito de capacitar a los juristas locales y facilitar a la sociedad moreliana los conocimientos indispensables para saber ante quién acudir o qué hacer si son afectados por instituciones y dependencias del Estado mexicano.

Ma. Elena Silva Montes, directora general del Poliforum dio la bienvenida a los asistentes, así como a la maestra en Derecho y especialista en el tema de responsabilidad patrimonial , María Esther Ruiz López, remarcó el interés del Centro de Innovación Social en el tema de la asesoría y orientación que es necesario brindar a la sociedad en temas jurídicos y por lo cual siguen desarrollando estas jornadas en el marco del programa “Tienes derecho a saber de Derecho”, del cual informó hay planes para llevarlo a las colonias de Morelia.

Para empezar su exposición, Ruiz López mencionó que el Estado es un ente compuesto por los 3 niveles de gobierno: municipal, estatal y federal, en tanto que definió la responsabilidad patrimonial del Estado como “la obligación de indemnizar al particular que sufra daños o perjuicios en sus derechos o bienes derivado del actuar irregular del estado a través de sus diversas dependencias o autoridades que lo integran”, cuando no tenga la obligación jurídica de soportarlo, es decir que no hay un acto justificado para dicho acto; ejemplo, cuando se detiene a una persona equivocada, quien jurídicamente no tiene obligación de soportarlo, ello determina la indemnización legal.

Estableció María Esther Ruiz que una responsabilidad administrativa se deriva de una actividad administrativa irregular, “aquella que cause daños a los bienes y derechos de los particulares, que no tengan la obligación jurídica de soportar, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño de que se trate”

La actividad administrativa irregular es requisito sine qua non (sin la cual no) para el “nacimiento” del derecho del particular a ser indemnizado por el Estado.

En esa circunstancia, la autoridad demandada deberá indemnizar al particular afectado por el importe de los daños y perjuicios causados al infringirle sus derechos.

La maestra en derecho por la Universidad Latina de América (UNLA) abundó que la responsabilidad del Estado por los daños que, con su actividad administrativa irregular cause en los bienes y derechos de los particulares, será objetiva y directa, de acuerdo a ello, los particulares tendrán derecho a una indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establezcan las leyes.

En una responsabilidad objetiva y directa no es necesario acreditar que el servidor público fue quien generó el daño, ya que la responsabilidad se atribuye al Estado a través de los servidores que integran la administración pública; no es necesario acreditar la ilicitud en el actuar del servidor público o ente generador del daño; tampoco es necesario acreditar el dolo o la intención de generar el daño por el servidor o ente generador, ni acreditar la insolencia del servidor público. Basta con acreditar que la actuación sujeta a debate es irregular, es decir, el gobernado no tenía obligación jurídica de soportar.

En contraparte, la responsabilidad subjetiva e indirecta obliga a acreditar la responsabilidad del servidor público y la ilicitud en su actuar; en resumen, es lo contrario a la responsabilidad objetiva y directa, pues se acciona en contra del servidor público como generador del daño.

Los daños y perjuicios están contemplados en los artículos 2108, 2109 y 1916 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado; el primero en mención establece como daño moral la pérdida o menoscabo sufrida en el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación; el apartado 2109 reputa el perjuicio como la privación de cualquier ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación, mientras que el enunciado 1916 define daño moral como “la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien en la consideración, que de sí misma tienen los demás.

Al final, la jurista recordó el caso de las “chicas superpoderosas”, Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas otomíes de Querétaro arrestadas arbitrariamente el 3 de agosto del 2006 acusadas de secuestrar a 6 agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI), siendo sentenciadas a pagar una multa de 90 mil pesos y pasar 21 años en prisión; no obstante, por fallas en el debido proceso al violentarse sus derechos fundamentales, la PGR consigno en el caso pruebas inventadas y contradictorias, entre otras irregularidades. Finalmente las mujeres fueron liberadas el 16 de septiembre de 2009, la PGR (Estado mexicano) se disculpó públicamente y en 2017 pagó una millonaria indemnización.

Michoacán.- Mediante un comunicado, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán denunció que un grupo de choque de militantes de los partidos políticos de Morena, PRI y PRD, liderado por Celerino Felipe Cruz, encargado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Michoacán agredió, golpeó, amenazó e intentó linchar a integrantes del Concejo de Gobierno Comunal de Comachuén, así como quemar sus casas el día de ayer 19 de noviembre.

Por lo anterior, se declararon en alerta máxima y convocaron a las comunidades originarias al bloqueo de carreteras e instituciones federales en todo el estado. De igual forma hicieron responsable al Gobierno de la Republica y al Gobierno de Michoacán por los actos de violencia, división y violación de derechos que actualmente está padeciendo la comunidad de Comachuén.

Finalmente, hicieron un llamado a las organizaciones sociales, sindicales y movimientos indígenas, para que se pronuncien en contra de la intervención del Gobierno Federal en los procesos de autodeterminación y autonomía de las comunidades p’urhépecha.

A continuación, el comunicado completo:

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA GOLPEA LOS PROCESOS DE AUTONOMÍA DE LAS COMUNIDADES P`URHÉPECHA

Comunidades P’urhépecha, a 20 de noviembre del 2019.

A los Pueblos y Comunidades Originarias
Al Pueblo de México y Michoacán
A los Medios de Comunicación

El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), consejo autónomo conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades originarias, declaramos conjuntamente lo siguiente:

El día 19 de noviembre a las 21:00 horas un grupo de choque conformado por militantes de los partidos políticos de Morena, el PRI y el PRD, dirigido por Celerino Felipe Cruz, encargado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Michoacán, utilizando su cargo como representante del Gobierno de la República con los pueblos originarios de la entidad, a través de su hermano Leonel Felipe Cruz agredió, golpeó, amenazó e intentó linchar a integrantes del Concejo de Gobierno Comunal de Comachuén y quemar sus casas, con un saldo de 15 heridos.

Lo anterior, forma parte de la estrategia del Estado mexicano para detener y acabar con los procesos de libre autodeterminación, autonomía y autogobierno de las comunidades originarias, pues al no poder suprimir los Concejos de Gobierno Comunal, han iniciado procesos para cambiarlos y suplantarlos con personas afines a los partidos políticos e intereses personales, todo esto, utilizando las instituciones federales, sus recursos públicos y sus programas de apoyo, condicionando su entrega a de manera clientelar y partidista.

Fue gracias a la organización del Concejo de Gobierno Comunal de Comachuén que lograron detener la feroz agresión orquestada desde las oficinas del INPI de la entidad, por lo que en los hechos representa una agresión directa por parte del Gobierno de la República, quien a pesar del discurso oficial, en los hechos no respeta la libre autodeterminación de las comunidades indígenas.

Pese a movilizaciones, clausuras de instalaciones del INPI en los Municipios de Pátzcuaro, Cherán y Morelia, toma de instalaciones de la Secretaría del Bienestar Delegación Michoacán y toma simultanea de diversas carreteras en el estado, el Gobierno de México a través del INPI, se niega sistemáticamente a respetar los derechos de los pueblos originarios. Por lo anterior:

1.- Nos declaramos en estado de alerta, haciendo un llamado a todas las comunidades que pertenecen al CSIM para que en breve se bloqueen carreteras e instituciones federales en todo el estado en apoyo al Concejo de Gobierno Comunal de Comachuén. Si atacan a uno, todos haremos frente.

2.- Hacemos un llamado a las organizaciones sociales, sindicales y movimientos indígenas, para que se pronuncien en contra de la intervención del Gobierno Federal en los procesos de autodeterminación y autonomía de las comunidades p’urhépecha.

3.- Hacemos responsable al Gobierno de la Republica y al Gobierno de Michoacán por los actos de violencia, división y violación de derechos que actualmente está padeciendo la comunidad de Comachuén.

¡Zapata Vive. La Lucha Sigue!
¡Zapata Irékaxatiteru. Kuájpekua Nitámaxatiteru!

Consejo Supremo Indígena de Michoacán