Morelia, Mich., a 14 de marzo del 2019.-* El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado a fin de que al interior del legislativo se les respete a los diputados el principio de libertad de asociación y puedan haber más de dos representaciones parlamentarias.

El legislador del PT señaló que la libertad de asociación es un derecho fundamental que no puede ser coartado por cualquier otra ley, ya que, de hacerlo así, ese ordenamiento estará en franca contravención a nuestra Constitución y violentando los derechos de las y los legisladores michoacanos.

“Y es el caso de que en la Ley Orgánica que rige a esta soberanía se restringe el derecho de asociación y al libre desarrollo de la personalidad de las y los diputados y esto es así porque, aunque en los términos en que está redactado el artículo 15 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, se habla de representaciones parlamentarias, en los subsecuentes se da a entender que solo puede haber una representación parlamentaria.”, añadió.

Baltazar Gaona refirió que esto, restringe el derecho que tienen los diputados independientes para solicitar su ingreso a un Grupo Parlamentario, previa solicitud y que sea aceptado, sin que ello implique que tenga que renunciar a su partido de origen, si es que su partido lo respalda y el Grupo Parlamentario a donde pretende ingresar lo acepta.

“En los términos en que actualmente se reglamenta la asociación de diputados en grupos y representación parlamentaria es a todas luces ilegal, por lo que la presente iniciativa pretende dar mayor claridad y certeza a este derecho de asociación, el cual a su vez tiene que ver con el libre desarrollo de la personalidad, garantizando el ejercicio de estos derechos.”, finalizó.

Michoacán.- Con la voluntad de no politizar la procuración de justicia en México, los integrantes del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, dieron su voto a favor pero condicionado a reforma constitucional federal que da vida en nuestro país a la prisión preventiva oficiosa.

Desde la Máxima Tribuna del Estado, el diputado por el Distrito de Huetamo Octavio Ocampo Córdova, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, subrayó que su bancada tiene tres premisas en el trabajo Legislativo: la responsabilidad, el compromiso con los michoacanos, y el respeto de la pluralidad política.

“Esta bancada es responsable y comprometida, no podemos politizar la procuración de justicia, por eso, así como ayer le dimos un voto de confianza a la Guardia Nacional, hoy se lo damos a esta reforma que promueve el Gobierno Federal”.

No obstante, el legislador dejó en claro dudas e inquietudes que para el PRD conlleva esta reforma, como el hecho de que vaya en contra del espíritu del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

“La presunción de inocencia es un derecho humano fundamental que establece que nadie –por regla general– debe ir a prisión, sin que antes un juez haya determinado su culpabilidad”.

Ocampo Córdova alertó sobre el riesgo de que en la Prisión Preventiva oficiosa se rompa el principio de progresividad que establece el artículo Primero Constitucional, a tal punto que una persona por portar una simple garrafa con gasolina pueda ser considerara como huachicolero, o bien, por portar un arma para protección personal, sea señalada como traficante de armas.

“Las consecuencias del cambio planteado impactarán de manera directa al sistema penitenciario mexicano, el cual se encuentra colapsado en muchos aspectos”, refirió.

«Se decidió aumentar el catálogo de delitos; al final de cuentas le queda la libertad al MP solicitar prisión preventiva justificada en tratándose de cualquier delito como medida cautelar, justificando que el imputado se pueda excluir de la acción de la justicia o que es un riesgo para la víctima o testigos».

Los nueve delitos que ameritarán prisión preventiva oficiosa son: abuso sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, transporte de explosivos y portación de armas, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción por enriquecimiento ilícito y robo de hidrocarburos.

«Como Grupo Parlamentario señalamos que el sentido de nuestro voto, es a favor, pero es un voto condicionado, por todos y cada uno de las señalamientos que hemos hecho y que consideramos graves de no tomarlos en cuenta», finalizó.

Morelia, Mich., a 14 de marzo del 2019.-* La Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) en el Congreso del Estado, Brenda Fraga Gutiérrez, señaló que el hecho de que se haya aprobado que el delito de feminicidio sea considerado como un delito grave, es un logro de todas y todos los mexicanos.

Al aprobar en Michoacán la ampliación del catálogo de delitos de presión preventiva oficiosa, Fraga Gutiérrez, manifestó que se debe seguir legislando para atacar el tema de la violencia de género en todos sus ámbitos y de una manera constitucional.

“Año con año los feminicidios en México crecen y es algo que ya no nos podemos permitir. Urge dejar de lado el discurso y emprender acciones concretas y eficaces para detener este tipo de delitos. Toda las mujeres deben tener garantizada su seguridad y es obligación de todas y todos trabajar en ello”, refirió la legisladora petista.

La diputada local, agregó que se debe de fortalecer la ley para que los castigos a quienes cometan algún ilícito contra las mujeres sean más severos, y reiteró que si bien se ha avanzado en tema, reconoció que aún hay pendientes con las mujeres del país.

“Este es un tema que nos incumbe a todos, autoridades y sociedad civil, pues mientras hagamos visible la violencia de género, será un acierto para la sociedad y obligarán a las autoridades encargadas de la materia a trabajar de manera eficaz en torno a las mujeres”, añadió.

Brenda Fraga señaló que al ocultar o minimizar los actos de violencia de género, se debilita el actuar tanto de las autoridades como de las leyes, por ello reiteró que estos temas se tienen que hacer visibles a toda costa.

Morelia, Michoacán, 14 de marzo del 2019*- En el contexto de la aprobación de la reforma al Artículo 19 constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, el diputado Alfredo Ramírez Bedolla afirmó que considerar graves delitos que atentan contra sectores sociales en condiciones de vulnerabilidad, y que amenazan el patrimonio de las familias, es un acto de justicia social que no podía ser aplazado más tiempo.

El legislador afín a la cuarta transformación convocó a los integrantes de la LXXIV Legislatura, del Congreso del Estado, a votar a favor de esta reforma aprobada en el Congreso de la Unión, “en aras de la unidad y la reconstrucción nacional, y por la seguridad de las ciudadanas y ciudadanos”.

Si bien, es relevante que se haya aprobado la aplicación de prisión preventiva oficiosa en delitos de alto impacto, como los relacionados con hidrocarburos, corrupción y en materia electoral, Alfredo Ramírez enfatizó que también es de suma trascendencia que esta medida cautelar se implemente en ilícitos como el robo a casa habitación y transporte, ya que estos afectan directamente a las familias y su patrimonio.

La alta incidencia en el delito de robo a casa habitación demuestra que esta reforma era una necesidad imperativa, recalcó Ramírez Bedolla, toda vez que entre el año 2015 y enero del 2019 se tienen registrados 335 mil 348 casos en el país; “lamentablemente, el índice de impunidad también es alto, en detrimento de la economía familiar”, condenó.

Asimismo, resaltó que la enmienda que ya ha sido aprobada por 26 legislaturas locales también le hace justicia a sectores en condición de vulnerabilidad al considerar que el abuso o violencia sexual contra menores, el feminicidio, la trata de personas, y desaparición forzada son delitos graves, y por ello ameritan la prisión preventiva oficiosa.

La reforma al Artículo 19 constitucional no sólo otorga una importante herramienta cautelar en delitos que afectan al Estado, abundó Ramírez Bedolla, también procura que no queden en la impunidad los ilícitos que vulneran a mujeres, a niñas y niños, y activistas, por lo que su vocación de respeto y defensa de los derechos humanos es otro aporte de la cuarta transformación a nuestra Carta Magna.

Morelia, Mich., La diputada del PRI Yarabí Ávila González presentó ante el Pleno del Congreso del Estado de la iniciativa de Ley de Juicio Político del Estado de Michoacán, misma que busca garantizar un procedimiento eficaz, claro, con pleno respeto a los derechos humanos del denunciado y denunciante, y al debido proceso.

En su intervención en Tribuna la diputada priista mencionó que de aprobarse esta propuesta se crea una ley especial que no existía en el Estado de Michoacán.

Agregó que al proponer la Ley de Juicio Político, se contempla que cualquier ciudadano o servidor público, sea facultado para interponer denuncia de juicio político contra servidores públicos de alto nivel de los tres poderes, de los organismos constitucionalmente autónomos y de los ayuntamientos.

“Esto significa una forma justa participativa y abierta de control, de pesos y contrapesos; además, se ha previsto dar claridad y certeza al procedimiento del Juicio Político, tanto para el ciudadano como para el servidor público denunciante, como para el servidor público denunciado”, dijo.

Ávila González destacó que además en esta Iniciativa se contempla de manera integral, desde la presentación de la denuncia hasta su resolución y votación por parte del Pleno del Congreso erigido en Jurado de Sentencia.

Expuso que el proyecto que presenta a consideración del Pleno, tiene como objeto regular el juicio político, para que este instrumento legal sea claro, ágil y certero jurídicamente para las partes.
Pero ante todo, manifestó, para que no existan errores en el procedimiento, ni exista la posibilidad de abandonar al denunciante o al servidor público en estado de indefensión por falta de precisión en su aplicación, clarificado períodos en que debe resolverse el juicio.