La democracia no debe medirse por los discursos de inclusión, sino por la capacidad de las instituciones para garantizar nuestros derechos, nuestra seguridad y, sobre todo, la dignidad de las personas que habitamos la sexodisidencia.
A raíz de lo que ocurrió con la patrulla espiritual y Karime Emmanuel la opinión pública en las últimas semanas ha recrudecido los discursos y acciones LGBTfóbicas contra la sociedad civil organizada y contra quienes desde el activismo buscamos incidir en temas de diversidad sexual.
Nosotras tejemos redes, construimos comunidad, organizamos marchas, conversatorios y mesas de trabajo. Cuando acompañamos a alguien, lo hacemos desde la solidaridad, la empatía y la compasión. Pero no pretendemos reemplazar la responsabilidad del Estado y sus instituciones frente a las problemáticas sociales que denunciamos; y, el tratamiento de adicciones es parte de las políticas públicas de salud que son obligación del Estado y sus Instituciones.
Combatir la discriminación, la violencia y la exclusión es responsabilidad del Estado y sus instituciones. Y eso implica política pública real.
Porque si la diversidad sólo sirve para campañas, efemérides o fotografías, entonces el sistema nos sigue fallando.
Hablar de diversidad sin hablar de derechos es solamente propaganda.
Hablar de inclusión sin garantizar condiciones de vida digna es solamente simulación.
Y la política pública con simulación también es discriminación institucional.
La inclusión de nuestras realidades en la política pública no puede depender de la voluntad o simpatía de las personas funcionarias. Es una obligación del Estado y una deuda pendiente de la democracia con nuestras poblaciones.
Este año, el lema internacional nos llama a colocar a las personas LGBT+ en el corazón de la democracia. Y no puede existir democracia plena mientras una persona trans siga enfrentando violencia institucional para acceder a la salud, al empleo o a la justicia.
No existe democracia cuando las juventudes diversas son expulsadas de sus hogares o violentadas en las escuelas.
Tampoco existe democracia cuando los partidos políticos sólo voltean a vernos durante las campañas electorales.
Muchas instituciones hablan de inclusión, pero no escuchan a las personas LGBT+. Presumen diversidad, pero siguen administrando la indiferencia y la simulación. Mientras eso ocurre, las personas sexodiversas siguen desapareciendo, siguen siendo asesinadas y siguen enfrentando discriminación y miedo.
Incluso algunas personas funcionarias y representantes públicas como algunes integrantes de las legislaturas o las presidentas municipales electas por acción afirmativa trans se han apropiado de nuestras banderas sin transformar realmente las condiciones de vida de nuestras poblaciones, ni asumir la responsabilidad de la lucha.
La realidad es que el combate a la LGBTfobia no puede descansar en el voluntarismo de activismos agotados, señalados constantemente por alzar la voz o hacer denuncia pública y excluides de la toma de decisiones.
El combate a la LGBTfobia debe convertirse en política pública, presupuesto, indicadores e institucionalidad.
Y eso implica mucho más que discursos, logotipos o fotografías una vez al año. Implica presupuesto, protocolos, capacitación obligatoria, acceso a la justicia, salud integral y educación libre de violencia.
Por eso también es importante reconocer avances institucionales.
Reconocer avances también es una forma de exigir continuidad y evaluación.
Celebramos que algunas instituciones hayan asumido parte de su responsabilidad institucional frente a las personas de la diversidad sexual. Porque ése es el camino: pasar del discurso a las acciones.
Cuando las instituciones escuchan, dialogan y actúan, la democracia deja de ser solamente discurso y comienza a convertirse en derechos para quienes habitamos la sexodisidencia.
Norma Elisa Valencia, Secretaría General de Pride Michoacán, Integrante de la Comisión dictaminadora del Laboratorio Nacional de Buenas Prácticas LGBTeras en política pública y desarrollo legislativo de la Alianza Nacional de Marchas LGBT+ México; psicóloga, maestrante en administración educativa, con una trayectoria de 15 años en el diseño de agendas programáticas y políticas públicas.
