•⁠ ⁠La iniciativa busca reconocer como sujetos de atención prioritaria a quienes han perdido a su madre o tutor por feminicidio u otros hechos violentos.

Morelia, Michoacán a 30 de abril de 2024.- En el marco de sus actividades legislativas, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la fracción XV al artículo 5 de la Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de incorporar de manera expresa a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de orfandad por violencia como grupo prioritario de atención por parte del Estado.

La legisladora subrayó que, si bien la violencia en el país y en Michoacán suele medirse a través de cifras de homicidios y procesos penales, poco se ha legislado sobre las secuelas silenciosas que quedan en el hogar tras el precinto policial. “Cuando la violencia arrebata a una madre o a un tutor principal, el daño no es solo jurídico o emocional; es un golpe estructural que condena a las siguientes generaciones a la pobreza y a la falta de oportunidades”, afirmó Arreola Ruiz.

La diputada señaló que, en la mayoría de los casos de feminicidio en Michoacán, las víctimas eran mujeres jefas de familia, principal sustento económico y guía afectiva de sus hijos. Además, al ocurrir el crimen en el ámbito familiar frecuentemente con el padre como agresor, los menores pierden a ambos progenitores: a la madre por la violencia y al padre por el proceso penal. Quedan entonces bajo el cuidado de abuelos o tíos que, pese a su voluntad, carecen de recursos suficientes.

“Sin la intervención estatal, el destino de estos jóvenes se trunca prematuramente, empujándolos al mercado laboral informal o, en el peor de los casos, a ser captados por la criminalidad. El Estado debe dejar de ser reactivo y convertirse en un escudo proactivo”, enfatizó.

El punto nodal de la reforma es el reconocimiento de que la vulnerabilidad no desaparece al cumplir los 18 años. Por ello, la iniciativa contempla que los beneficios de asistencia social —como becas y apoyos preferentes— se extiendan hasta los 25 años, garantizando que los jóvenes puedan continuar su educación superior o formación profesional.

“La mayoría de edad no borra el trauma ni llena la cuenta bancaria para pagar una universidad. Con esta propuesta creamos un ‘seguro de vida educativa’ que asegura que la violencia no gane la batalla por el futuro de nuestros jóvenes. Queremos que el Estado michoacano les diga: ‘Tu proyecto de vida no terminó con la tragedia; tu esfuerzo académico es el pasaporte hacia tu libertad y nosotros vamos a resguardar ese camino’”, expresó Arreola Ruiz.

La iniciativa establece que, para mantener los apoyos, los beneficiarios deberán acreditar que se encuentran cursando estudios y no tener vínculo matrimonial, asegurando que los recursos se destinen a fortalecer su autonomía personal y profesional.

“No es una simple asistencia; es una inversión en la paz duradera. Un joven con título profesional es un ciudadano que ha logrado romper las cadenas de la violencia sistémica. Estamos legislando para que el acceso a la justicia no termine en una sentencia condenatoria contra el agresor, sino en una cédula profesional para la víctima indirecta”, concluyó la diputada.

Morelia, Mich., 29 de abril de 2026.- Reyes Galindo Pedraza, coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de Michoacán, presentó una iniciativa de reforma a la Ley General de Víctimas del Estado para reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, en especial a los derechos relativos a la ayuda inmediata, asistencia, atención, protección, acceso a la verdad, justicia y reparación integral, debida diligencia, buena fe.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el líder de la bancada del PT presentó ante el pleno del poder legislativo este planteamiento que busca blindar a las víctimas de delito a través de la atención jurídica inmediata, así como psicológica, médica, trabajo social de primer contacto, sin que sea requisito la acreditación de la calidad de víctima, solo la existencia del hecho victimizante.

“La presente iniciativa tiene como propósito dar cabal cumplimiento a los principios consagrados por el artículo 5º de la Ley General a Víctimas de dignidad, buena fe, complementariedad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque transformador, gratuidad, igualdad y no discriminación, integridad, indivisibilidad e interdependencia, interior superior de la niñez, máxima protección, mínimo existencial, no criminalización, victimización secundaria, participación conjunta, progresividad y no regresividad, publicidad, rendición de cuentas, transparencia y trato preferente”, explicó el congresista desde la tribuna.

Asimismo, señaló que en México fue a partir de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, cuando se establecieron en la Constitución los principios que garantizan los derechos humanos de las víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos, en donde también se obliga a las personas servidoras públicas, en todos los niveles de gobierno, a proteger y garantizar estos derechos, conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En este contexto, el legislador del PT destacó la importancia de involucrar a todas las instituciones para cumplir con la obligación de proteger a personas víctimas de delitos en Michoacán, en aras de hacer valer la ley en todas sus formas y derivado del contexto social que se vive en la entidad.

“Cuando ocurren actos de violencia donde vehículos son incendiados para bloquear carreteras, centros comerciales para infundir miedo en la población, estos tienen cobertura noticiosa y son reconocidos por autoridades, se puede eximir a las víctimas de probar la existencia de tales hechos, ya que son públicos y del conocimiento general, el delito y la violación a los derechos humanos es conocida por un sector poblacional, por lo que observar los principios de debida diligencia y buena fe, deben ser aplicados”, acotó.

Agregó, que entonces es indispensable fortalecer el organismo encargado de garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de las graves violaciones de derechos humanos, en especial los derechos de asistencia, a la protección, a la atención, a la verdad, a la justicia, la reparación y a la debida diligencia y tiene la obligación de atender, asistir y, en su caso, reparar a las víctimas de delitos del fuero común y violaciones graves a derechos humanos cometidos por servidores públicos del orden estatal o municipal.

“El Estado de Derecho implica garantizar el derecho a la seguridad de las personas, salvaguardando su vida, integridad y patrimonio, además impone la responsabilidad del Estado de otorgar la debida atención, ayuda y protección a las víctimas, por lo que es necesaria la presente reforma para dar cumplimiento con el mandato legal que se impone a esta Honorable Asamblea la responsabilidad de realizar la armonización legislativa de la Ley General de Víctimas, la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo, responder a las necesidades urgentes y necesarias de las víctimas de los delitos, como el trato digno, el acceso a la justicia, la verdad, la reparación integral del daño y el acceso a medidas de atención, asistencia y protección”, afirmo.