Columna: Seguridad Sin Pretextos.

Por Alberto Guerrero Baena.

“La policía solo debe usar la fuerza para mantener la ley y el orden

cuando sea absolutamente necesario y únicamente cuando el uso de la persuasión,

el consejo y la advertencia se haya visto insuficiente.”.

Sir Robert Peel

El México de la descoordinación y los egos…

Las consecuencias en seguridad…

Hoy en día se está cumpliendo una de las máximas que en políticas de seguridad: ser selectivos para la coordinación interinstitucional y rehuir a las responsabilidades que corresponden a cada nivel. Y en cada estado municipio de este país, esto sucede día con día, sin que ninguno de los niveles de gobierno quiera ceder.

Esto ha tenido consecuencias funestas en este país, desde la propia evasión de reos que son estratégicos para poder llegar a la esfera íntima del crimen organizado, cómo a su vez el que selectivamente haya estados de la federación que han sido abandonados a su suerte en materia de seguridad.

Lo reciente…

Guanajuato el estado satanizado.

Guanajuato es un estado que ha sido señalado como el centro de la violencia en nuestro país. De acuerdo al reporte “Índice del Estado de Derecho en México 2019 – 2020” elaborado por World Justice Project, se encuentra en buenos lugares en calificaciones sobre tópicos como doceavo en límites al poder gubernamental, tercero en ausencia de corrupción, segundo en gobierno abierto, octavo en derechos fundamentales, primero en justicia civil y cuarto en justicia penal.

El rubro donde sale reprobado este gobierno es orden y seguridad, ubicado en el lugar 29 de 32 estados. Sin duda es donde la preocupación se ha centrado y que ante el embate del crimen organizado (Cártel Jalisco Nueva Generación, Cartel de Santa Rosa de Lima y otras organizaciones), ha desnudado la fragilidad y la corruptibilidad de la seguridad pública en el estado.

Por otro lado, las embestidas de estas organizaciones han desnudado otra de las situaciones que preocupan no sólo al Gobierno de Guanajuato, sino a México en general: la descoordinación selectiva de la autoridad central, para apoyar al ejecutivo estatal e incluso hacer sugerencias en materia de sustitución de funcionarios.

De ceder a las “sugerencias” del gobierno federal quizás pueda provenir el apoyo para el combate del crimen organizado.

El “abandono” de la autoridad federal no es nuevo, ni es algo de lo que debamos sorprendernos, porque si nos remontamos a tiempos recientes, en Michoacán lo hemos vivido de una manera latente. Desde los tiempos de Leonel Godoy con sus constantes pugnas con el gobierno de Felipe Calderón, la pugna interna del Gobierno Federal de Peña Nieto con la imposición de poderes y un comisionado en Michoacán, nos conceptualizan que esos abandonos son signos de aperturas de caminos de violencia extrema en las entidades.

Temporada de masacres…

Derivado de esta descoordinación selectiva por parte de las autoridades en todos los niveles, se ha dado una serie de eventos violentos que confirman que, desde el nivel municipal hasta el federal, no hay dialogo ni entendimiento para poder resolver desde la delincuencia común, hasta la delincuencia organizada.

Celaya, Salamanca y los episodios ligados con el huachicol, Caborca en Sonora, San Mateo del Mar en Oaxaca, Culiacán, Fresnillo, Michoacán y por último nuestro caso primario que es Guanajuato.

Las bandas delincuenciales ya no temen a los despliegues gubernamentales de seguridad.

El mensaje que ha llegado desde el presidente hasta los funcionarios de seguridad ha sido de abrazar a la delincuencia y tratar de disuadirla mediante los famosos programas sociales.

¿Resultados? Nulos por supuesto. Y va un ejemplo tangible.

Si a un chico que le dan una beca de tres mil seiscientos pesos mensuales, llega la delincuencia y le ofrece doce mil por simplemente ser halcón o vigía. Un costo realmente económico tomando en cuenta que estos grupos generan y manejan infinidad de recursos financieros para sus actividades ilícitas.

Para estos grupos matar es una forma de mandar un mensaje a propios y extraños. A los propios es una forma de disciplina al poder o a la cabeza y a los extraños (gobiernos) el mensaje llega a la población: un poder mas fuerte y eficaz que el del propio gobierno. Y que además impone condiciones a tal grado de vencer mediáticamente a quien se supone debía ser el vigía del estado de derecho en México.

Terrible, por donde se quiera ver.

Y soluciones a la vista no hay, porque en efecto esta descoordinación selectiva que tienen los gobiernos ha desnudado las fragilidades de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. En todos los ámbitos.

La danza de la violencia y las “soluciones” …

Hablar de soluciones implica que estados, municipios y la federación, dejen a un lado sus colores partidistas o fobias. Hemos visto resultados tangibles por ejemplo en Ciudad Juárez donde al estar la delincuencia organizada a tope, se conjugaron muchos factores más aparte de la operatividad policial para generar en ese momento un espacio seguro.

Y se dejaron a un lado los egos o colores doctrinarios para poder colaborar entre sí y levantar espacios donde históricamente estuvieron bajo el yugo de la delincuencia.

Hoy son otros los espacios tomados. Guanajuato y otras entidades fueron lugares donde hubo desarrollo de la industria y una seguridad que podía mantener a tope la delincuencia.

Si bien los delitos son de índole federal, desde el nivel municipal debe de haber información para poder colaborar en la investigación. Es lo que siguen sin comprender en las corporaciones o hay algunas que siempre van para atrás (Morelia, por ejemplo), donde al obtener información local, se puede coordinar e intercambiar con su contraparte estatal y federal, ayudaría que las fiscalías hicieran su trabajo.

La cadena de investigación de delitos siempre debe de partir desde lo local, para que en efecto pueda haber una buena coordinación entre todas las autoridades y poder llegar a buen puerto el trabajo. Y como ha sido la insistencia desde este espacio, todo el país debe de echar a andar el modelo de policía y justicia cívica.

Hay propuestas muy relevantes como el llamado “Impuesto a la violencia”.

Esta propuesta que han venido manejando diferentes especialistas en seguridad, indicaría que el estado mexicano podría informar a las células de la delincuencia organizada, ya sea por medios públicos o por alguna vocería en particular, que la violencia excesiva puede tener un costo mas agravado para estos grupos delictivos.

Esta vocería sería la encargada de hacer llegar un mensaje persuasivo a los grupos delictivos.

Eventos o masacres con más de ocho víctimas serán atendidos con toda la fuerza del estado mexicano (Operativo, armas, recursos jurídicos, financieros) pudieran hacer entender que no es lo mismo matar quince personas que una o dos.

Porque hoy saben que, si matan a 100, 50 o 15 el estado mexicano actuará de la misma manera y con la descoordinación esperada, nada nuevo, por cierto, y por lo tanto no se obtiene ningún resultado positivo, sin imputados y la impunidad crece… como hasta hoy.

Esta es una alternativa, implica una verdadera estrategia y coordinación. Dejando a un lado sus egos y diferencias tanto las instituciones de seguridad y procuración de justicia (que parece que no entienden que cumplen funciones distintas), así como los diferentes niveles de gobierno.

O la otra, que viene siendo la misma desde hace 15 años. que es seguir operando en las mismas condiciones.

Y ahora sumando que la Guardia Nacional no sabe que hacer o como operar y es u limbo que en cualquier momento puede ser borrado sin ningún cambio constitucional.

Ni Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Sonora van a cambiar si la autoridad no decide asumir el papel que le toca. Y es complicado, porque al parecer el ego político está por encima del bien común, es decir, la seguridad de sus gobernados.

Nota: Agradezco a World Justice Project la utilización de sus gráficos y datos.

Integrante del Observatorio de la Guardia Nacional.

Investigador del Foro Latinoamericano de Antropología del Derecho.

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