Sandra Arreola propone tipificar como delito el reclutamiento de menores por grupos delictivos

Ante el incremento de casos de reclutamiento forzado de menores por parte de grupos delictivos en Michoacán y otras regiones del país, la diputada local Sandra María Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa para tipificar esta práctica como delito y establecer sanciones penales de hasta 16 años de prisión cuando las víctimas sean niños o adolescentes.

La propuesta legislativa plantea la creación del delito denominado “Privación de la libertad por reclutamiento de grupos delictivos”, con penas que van de 7 a 12 años de prisión, las cuales podrían aumentar en un tercio si las víctimas son menores de edad, personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad.

“El narcotráfico es el quinto empleador en México, reclutando a 350 personas cada semana. Según datos de la ONU, más de 30 mil menores han sido forzados a integrarse a grupos delictivos. En Michoacán, 204 adolescentes fueron detenidos en 2020 por delitos relacionados con el crimen organizado. ¡Estamos perdiendo una generación!”, expresó Arreola Ruiz durante la presentación.

La legisladora también hizo referencia al caso de la Hacienda Izaguirre, en Jalisco, como ejemplo de la deshumanización con la que operan estos grupos, que utilizan redes sociales como TikTok para engañar a jóvenes con promesas falsas de empleo.

La diputada destacó que esta iniciativa es complementaria a una propuesta similar presentada en el Congreso Federal por el dirigente nacional del PVEM, Ernesto Núñez Aguilar. “El crimen no tiene color político. Hoy convoco a todos los grupos legislativos, gobiernos municipales y sociedad civil a cerrar filas por la niñez michoacana”, añadió.

Además de la tipificación del delito, Arreola subrayó la necesidad de implementar medidas preventivas y de atención integral, como campañas informativas en escuelas y redes sociales, programas de reinserción para víctimas rescatadas, y una coordinación interinstitucional con organismos como la ONU, la CNDH y autoridades locales para proteger a las comunidades más vulnerables.