Morelia, Mich., a 13 de mayo del 2026.- El diputado Baltazar Gaona García, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, recibió una iniciativa ciudadana, en el marco de la rueda de prensa que se desarrolla en la Tribuna Ciudadana.

El diputado Baltazar Gaona, señaló que informará al Pleno de la 76 Legislatura, la recepción de dicha iniciativa, para que posteriormente sea turnada a la comisión pertinente y ahí se analizada, discutida y se emita el dictamen correspondiente que volverá al Pleno para su votación.

Dicha iniciativa fue entregada por los ciudadanos, María del Carmen Soto Maya, Moisés García Díaz y Michelle Granados Ayala, quienes expusieron que esta iniciativa propone la creación del Instituto Michoacano para Fortalecer e Integrar a la Familia.

Además, señalaron que este debe ser un organismo público descentralizado con autonomía técnica y de gestión operativa, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto principal será diseñar, coordinar, evaluar y promover políticas públicas con perspectivas familiares, donde se atienda a la familia.

Los ciudadanos, explicaron que dicha propuesta va encaminada en tres ejes totales: tratamiento al agresor, sanar la conducta, no solo romper el hogar; incentivos a la estabilidad, porque es más barato premiar un hogar unido, que pagar por la criminalidad y las adicciones; y, protección de la función de cuidado, que el dinero de las y los michoacanos apoye a los padres y no a burócratas que intentan reemplazarlos.

Morelia, Michoacán, 11 de mayo 2026.- “Desde Movimiento Ciudadano se defiende bajo una convicción responsable la seguridad alimentaria de nuestro país y por ende el precio justo de la tortilla. De esa manera, que nunca falte el alimento en la mesa de México. Y que nunca la indiferencia institucional pese más que la economía de nuestro pueblo”, afirmó el diputado Antonio Carreño Sosa, al presentar en tribuna un Punto de Acuerdo a nombre de la Bancada Naranja.

En este contesto señaló que al aumentar el precio de la tortilla “se afecta directamente la economía familiar, la alimentación de niñas y niños, y la estabilidad cotidiana de millones de hogares que hacen enormes esfuerzos para salir adelante”.

“Por eso, desde Movimiento Ciudadano reconocemos y reforzamos la postura de la Presidencia de la República al señalar que debe protegerse la economía popular y evitar incrementos injustificados en un producto esencial de la canasta básica. Coincidimos en que el Estado mexicano no puede permanecer indiferente frente a una posible escalada de precios que impacte a quienes menos tienen”, señaló.

El legislador agregó que “la tortilla es parte de nuestra identidad cultural, nuestra historia y alimentaria de todo el país, ya que más del 84 por ciento de los hogares mexicanos la consumen diariamente. Esto significa que cualquier variación en su precio repercute inmediatamente en millones de mesas mexicanas”.

“Las tortillerías familiares, los pequeños molinos y los productores agrícolas están absorbiendo costos cada vez más elevados y cuando no encuentran respaldo institucional, terminan trasladándose al consumidor final”, así que con el Punto de Acuerdo lo que se busca son soluciones, aseveró.

Por lo anterior, el legislador propuso fortalecer el diálogo entre el Gobierno Federal, los productores, la industria de la masa y la tortilla, y las autoridades encargadas de proteger la economía nacional, “con mesas de trabajo reales, técnicas y urgentes, que permitan encontrar mecanismos para estabilizar precios sin poner en riesgo la viabilidad económica del campo mexicano ni de quienes producen diariamente este alimento esencial”.

Además, finalizó Toño Carreño, que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Procuraduría Federal del Consumidor actúen coordinadamente para evitar abusos, acaparamiento o especulación que puedan provocar incrementos injustificados, “porque debemos decirlo con claridad: el precio de la tortilla no puede quedar únicamente a merced de las presiones del mercado internacional».

El punto de acuerdo fue turnado a las comisiones correspondientes para su correspondiente análisis.

*La iniciativa busca castigar videovigilancia ilegal, espionaje digital, rastreo ilícito y suplantación de identidad, para cerrar vacíos legales frente al cibercrimen.

Morelia, Michoacán, a 29 de abril de 2026.- Frente a delitos que hoy se cometen desde una pantalla, un teléfono celular o incluso mediante cámaras clandestinas instaladas por grupos criminales, el diputado del PRD, Octavio Ocampo, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Michoacán y actualizar la ley ante los retos de la era digital.

La propuesta plantea tipificar y sancionar cuatro nuevas conductas: videovigilancia ilegal, rastreo digital ilícito, espionaje digital y suplantación de identidad digital. “La delincuencia ya evolucionó y la ley no puede quedarse atrás”, expresó el legislador.

Puntualizó que la iniciativa surge ante hechos como la detección este año de las llamadas “cámaras parásitas” en Apatzingán, presuntamente utilizadas por grupos delictivos para vigilar movimientos de las autoridades. También busca frenar prácticas como la colocación de dispositivos GPS para rastrear personas sin su consentimiento, el uso de software espía para acceder a información privada, o la comisión de fraudes mediante robo de identidad, incluso con herramientas de inteligencia artificial.

Octavio Ocampo señaló que actualmente la legislación local resulta insuficiente para responder a estos delitos, debido a vacíos legales que favorecen la impunidad. Por ello, explicó, la propuesta busca proteger la privacidad, los datos personales, el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía, además de fortalecer las capacidades del Estado para prevenir y sancionar el cibercrimen.

Con esta iniciativa, sostuvo, Michoacán puede colocarse a la vanguardia en la defensa de los derechos en el entorno digital.

Morelia, Michoacán, 29 de abril 2026.- Los procesos electorales que resulten manchados por el homicidio doloso de cualquiera de los candidatos, “pierden autenticidad, libertad y equidad, así que deberían causar nulidad”, propuso el diputado por Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa.

Como integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, aseveró que se ha privilegiado las iniciativas tendientes a consolidar procesos verdaderamente democráticos y por ello presentó la iniciativa de reforma al artículo 72 de la Ley de Justicia en Materia Electoral, misma que nace, lamentó, “de una verdad incómoda pero imposible de ignorar”.

En la actualidad, agregó Toño Carreño, “enfrentamos en los procesos electorales una amenaza brutal: el asesinato de candidatas y candidatos como mecanismo para alterar la voluntad popular, principalmente en entidades con complejidades territoriales como Michoacán”.

“La violencia criminal busca imponer vetos, seleccionar perfiles, capturar gobiernos municipales, influir en congresos locales y condicionar decisiones públicas. No estamos frente a hechos aislados. Estamos frente a una estrategia de intimidación contra el sistema democrático”.

El legislador de la Bancada Naranja explicó que su iniciativa contempla la nulidad ante los hechos descritos, desde el inicio formal del proceso electoral y hasta antes de la entrega de la constancia de mayoría y será el Tribunal Electoral del Estado (TEEM) el que deberá analizar el contexto de violencia, la relación del crimen con la contienda y la posible injerencia de factores externos.

Finalmente, Toño Carreño alertó desde la Tribuna legislativa que si el crimen organizado descubre que puede modificar elecciones asesinando candidatos sin consecuencias institucionales, el Estado pierde autoridad moral y jurídica; “Michoacán merece elecciones limpias, libres y seguras. Merece gobiernos nacidos del voto, no del miedo”.

*El legislador refirió que estas iniciativas serán analizadas con responsabilidad, buscando que las decisiones se traduzcan en certeza jurídica para los trabajadores del transporte.

Morelia, Michoacán, a 22 de abril de 2026.- El diputado Juan Carlos Barragán recibió dos iniciativas impulsadas por transportistas de Michoacán, encabezados por José Trinidad Martínez Pasalagua y Miguel Corona Salto, quienes acudieron acompañados de integrantes del gremio para presentar sus propuestas.

La primera iniciativa tiene como objetivo blindar jurídicamente a concesionarios, permisionarios y constanciatarios, evitando que sus derechos sean vulnerados por decisiones discrecionales de la autoridad, como reglamentos, lineamientos, permisos emergentes o actos administrativos sin un procedimiento formal.

Su propósito central es establecer reglas claras directamente en la ley, dando certeza al sector y poniendo límites a prácticas que hoy generan incertidumbre.

La segunda iniciativa propone establecer un distintivo obligatorio para unidades que operan mediante plataformas digitales y taxi ejecutivo, el cual deberá ser permanente, visible y adherido físicamente al vehículo, además de estar vinculado a medidas de seguridad en caso de incumplimiento.

Barragán reconoció la disposición del sector transportista para construir propuestas desde el diálogo y reiteró su compromiso de escuchar y respaldar iniciativas que fortalezcan la legalidad, la seguridad y el orden en el transporte público.

Por su parte, José Trinidad Martínez Pasalagua y Miguel Corona Salto destacaron la apertura del legislador para recibirlos y atender sus planteamientos.

“Agradecemos al diputado Juan Carlos Barragán por escuchar al sector y abrir las puertas para que estas propuestas puedan avanzar”, expresaron.

Finalmente, Barragán señaló que estas iniciativas serán analizadas con responsabilidad, buscando siempre que las decisiones se traduzcan en certeza jurídica para los trabajadores del transporte y mayor seguridad para las y los usuarios.

•⁠ ⁠La propuesta plantea capacitar a docentes y generar entornos escolares informados, seguros y libres de estigmas.
•⁠ ⁠Alrededor de 50 millones de personas viven con epilepsia en el mundo; el 40 por ciento son menores de 15 años de edad.

Morelia, Michoacán, a 17 de abril del 2026.- Con el objetivo de visibilizar la epilepsia en niñas, niños y adolescentes, la diputada Teresita Herrera Maldonado presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, enfocada en la detección temprana, atención oportuna y acompañamiento integral de quienes viven con esta condición.

La legisladora por el Partido Acción Nacional detalló que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 50 millones de personas viven con epilepsia en el mundo, y cerca del 40 por ciento de los casos se presentan antes de los 15 años de edad, lo que hace indispensable fortalecer las acciones desde la infancia.

Por ello, destacó la necesidad de que la sociedad, y particularmente las comunidades escolares, estén preparadas para actuar ante una crisis epiléptica y promover entornos incluyentes.

“La falta de información genera miedo y el miedo, muchas veces, se convierte en rechazo, en discriminación y aislamiento. Esta iniciativa es, sobre todo, un llamado a la empatía, a la inclusión, a no ser indiferentes”.

Desde el Congreso del Estado, Herrera Maldonado recalcó la importancia de que las y los docentes cuenten con herramientas para identificar señales de alerta, responder adecuadamente ante una crisis y contribuir a la construcción de espacios educativos libres de estigmas.

“Las escuelas deben ser espacios seguros, donde se cuide, se acompañe y se incluya. Una escuela informada puede cambiar una vida: puede significar un diagnóstico oportuno, prevenir complicaciones y marcar la diferencia entre la exclusión y la oportunidad”.

Reiteró que la salud de niñas, niños y adolescentes debe garantizarse como un derecho accesible para todas y todos, sin distinción alguna.