La reforma electoral prevista para 2026 ya comenzó a tomar forma, aunque todavía no exista un documento oficial presentado ante el Congreso. Su redacción está siendo trabajada por una comisión presidencial encabezada por el abogado Pablo Gómez y, como parte del proceso, se realizaron foros de discusión en los 32 estados de la República. Sin embargo, más allá del método, el fondo de la discusión empieza a evidenciar un problema político de origen: la ausencia de un consenso real con todas las fuerzas que integran la mayoría legislativa.
La propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum apunta a una reestructuración profunda del sistema electoral bajo cuatro grandes pilares. El primero es la austeridad, con la reducción del costo de las elecciones —consideradas entre las más caras del mundo— y un recorte al financiamiento público de los partidos políticos. El segundo es la renovación de instituciones, que contempla cambios en el Instituto Nacional Electoral y ajustes en los esquemas de fiscalización de los recursos. El tercero es la representación proporcional, donde se discute la posible eliminación o modificación de los legisladores plurinominales. Finalmente, se plantea ligar esta reforma con la eliminación del fuero constitucional para funcionarios públicos.
El debate es legítimo y necesario. No obstante, el problema no está solo en lo que se quiere cambiar, sino en cómo y con quiénes se está construyendo la propuesta. Hasta ahora, ni el Partido Verde Ecologista de México ni el Partido del Trabajo han sido incorporados de manera clara en la redacción y definición del proyecto. Y esto no es un detalle menor.
La aritmética legislativa es contundente. La Cámara de Diputados está integrada por 500 legisladores. Para aprobar una reforma constitucional se requieren 335 votos. Morena cuenta con 253 diputados. Sin el acompañamiento de los 62 legisladores del Verde y de los 49 del PT, simplemente no hay reforma constitucional posible. No es una opinión política; es una realidad numérica.
Más aún, tanto el PVEM como el PT han expresado reservas frente a algunos de los ejes que se han filtrado del proyecto original del Ejecutivo. Ambos partidos se han opuesto a la desaparición o reducción de los legisladores plurinominales y a una disminución drástica del financiamiento público a los partidos, al considerar que estas medidas pueden afectar la pluralidad, la representación de minorías y la equidad en la competencia electoral.
En este contexto, la iniciativa debe ser, ante todo, una reforma consensuada. No solo entre partidos, sino también con la sociedad civil, expertos electorales y autoridades locales. El país no necesita una reforma que divida, sino una que genere confianza. No una reforma para un sexenio, sino para varias generaciones.
El sistema electoral mexicano, con todas sus áreas de oportunidad, ha garantizado alternancias, certeza en los resultados y reconocimiento institucional. Cualquier modificación debe partir de diagnósticos técnicos sólidos y de un diálogo político responsable.
La reforma electoral de 2026 aún está a tiempo de convertirse en ese documento de gran calado que millones de mexicanos esperan. Todo lo que sea para mejorar nuestro sistema político debe ser bienvenido. Pero sin consenso no hay legitimidad. Y sin legitimidad, simplemente, no habrá reforma…
Facebook: Jorge Osnaya Gonzalez
TikTok: @jorge.osnaya
Instagram: @jorge.osnaya
