Durante décadas, la izquierda mexicana encontró en el ejército a uno de sus enemigos históricos. Desde Tlatelolco hasta Acteal, los soldados eran vistos como símbolo de represión, brazo armado del régimen, cómplices del autoritarismo. Las consignas eran claras: «Fuera el ejército de las calles», «No más militarización», «Democracia sí, cuartel no».

Hoy, esa misma “izquierda” transformada en gobierno no solo ha perdonado al ejército, sino que lo ha hecho protagonista.

La 4t ha entregado al poder militar más funciones que ningún otro gobierno desde la Revolución. Construyen aeropuertos, controlan aduanas, vigilan el metro, manejan empresas estatales y, ahora, podrán contender por cargos públicos. No es solo pragmatismo, es una decisión política. En lugar de fortalecer instituciones civiles, el oficialismo ha preferido confiar en la obediencia vertical de los uniformados.

Y lo más alarmante, gran parte de la verdadera izquierda institucional ha guardado silencio. Aquella que se decía heredera de luchas sociales, que juraba combatir el autoritarismo, hoy calla frente a desfiles, uniformes y cadenas de mando, aplaudiendo la disciplina que antes temían y abrazando a los generales que ayer repudiaban. Aún habemus muchas voces de quienes aún creemos que la democracia no se defiende con rifles ni con lealtades “castrenses”.

El ejército no pidió este protagonismo, se lo ofrecieron y llo aceptaron.

En nombre del “orden” y de una supuesta “eficiencia”, el gobierno ha militarizado casi cada rincón de la vida pública. No por necesidad, sino por cálculo político, ya que el soldado no reclama presupuesto, no cuestiona políticas públicas, no se sindicaliza, no contradice al Presidente.

Esta “izquierda” mexicana debería recordar que el poder militar, una vez desatado, no regresa fácilmente al cuartel. Pregúntenle a Chile, Argentina, a México mismo. Las Fuerzas Armadas no son un partido leal ni una facción confiable, son otra cosa. Y cuando se les convierte en actores políticos, la historia nunca termina bien.

Pero el silencio cómplice persiste. Como si vestir de guinda al uniforme bastara para civilizarlo, como si gobernar desde una supuesta izquierda fuera garantía de no traicionar los principios democráticos.

El desarrollo regional no depende solo de que lleguen inversiones; también requiere una estrategia bien pensada y de largo plazo, que combine una visión clara del territorio, una política industrial sólida y el impulso desde el sector público. Esto significa que se necesita planear el desarrollo urbano-regional, fortalecer a las empresas locales y preparar a las personas para la nueva demanda de empleos. En este marco, convergen tres enfoques clave: la teoría de los polos de desarrollo de François Perroux, el modelo de competitividad de Michael Porter y la visión del Estado emprendedor de Mariana Mazzucato.

El economista francés François Perroux sostenía que el desarrollo económico no es uniforme, sino que se produce en torno a polo específico donde se concentran industrias dinámicas que generan efectos de arrastre; es decir, “empresas ancla” que atraen otras actividades económicas y que impulsan el crecimiento de otras regiones, beneficiando a más comunidades.

Sin embargo, la presencia física de infraestructura o de industrias no basta para garantizar el desarrollo, Michael Porter en “La ventaja competitiva de las naciones” (1990), argumentaba que la competitividad no dependía solo de los recursos naturales o de la mano de obra, sino de la capacidad para generar ventajas competitivas específicas, como capital humano de calidad, innovación, calidad institucional y articulación de clústeres; en otras palabras, ecosistemas productivos integrados que impulsarán el desarrollo de las cadenas de valor locales y promovieran un entorno fértil para la transformación y el crecimiento..

Con todo, no se puede subestimar el rol de los gobiernos, tal como lo plantea Mariana Mazzucato, quien sostiene que el Estado no debe limitarse a facilitar ni a corregir fallas, sino también debe asumir riesgos y liderar la creación de nuevas industrias y mercados con la colaboración de la iniciativa privada.

Bajo este escenario, es crucial que los gobiernos identifiquen las regiones con potencial para convertirse en polos de desarrollo, generen condiciones para construir ventajas competitivas sostenibles y, sobre todo, asuman un rol proactivo como arquitectos de la prosperidad compartida.

En México, los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBI), impulsados por el Gobierno Federal, buscan integrar a regiones históricamente rezagadas a través de infraestructura, incentivos fiscales y conexión con corredores logísticos. Sin embargo, para que estos polos realmente cumplan con su propósito transformador y no reproduzcan desigualdades ni se conviertan en elefantes blanco, sobre todo en Michoacán, es indispensable una planificación integral y de largo plazo.

Algunos argumentarán que es mejor actuar y corregir sobre la marcha que esperar a tener un plan perfecto. Es cierto que la inversión es necesaria y la oportunidad impostergable, pero la necesidad no debe ser enemiga de la estrategia ni de la visión de largo plazo, porque una planificación sólida multiplica los impactos positivos, reduce costos y evita errores costosos e irreversibles.

Entre los principales riesgos de avanzar sin una planificación adecuada destacan varios problemas que ya han ocurrido en otros casos. Por ejemplo, la construcción de elefantes blancos; la exclusión de la población local, cuando la mano de obra calificada proviene de fuera y los beneficios no llegan a las comunidades; conflictos sociales o territoriales producto de la imposición de proyectos sin consulta previa o sin resolver las tenencias de la tierra; la inconsistencia con otros planes de desarrollo, lo que genera duplicidades o contradicciones con estrategias municipales, y la falta de infraestructura útil y sostenible, al privilegiar obras rápidas y mal realizadas.

Michoacán tienen mucho potencial y gente trabajadora, pero ese potencial solo se convertirá en desarrollo real si va acompañado de una planificación seria, que escuche a las comunidades, tome en cuenta las condiciones del territorio, integre una visión de largo plazo y articule esfuerzos entre el sector público y el privado, no hay que perder de vista que la improvisación cuesta cara, sobre todo, cuando se trata del bienestar de nuestra gente.