Madres autónomas michoacanas festejamos el 10 de mayo entre injusticias, malas prácticas, corrupción y violencia por parte del Poder Judicial del Estado.
Las madres somos obligadas a enfrentar largos procesos legales que nos generan gastos económicos y emocionales insostenibles debido a las malas prácticas y corrupción dentro del sistema judicial del Estado de Michoacán, donde se prioriza el interés de los poderosos en lugar del bienestar de mujeres y de las infancias.
Son violaciones graves de los derechos humanos que se le niegue a una madre el derecho a la guarda y custodia de sus hijos, donde en los centros de conveniencias familiares operan entre negligencias y malas prácticas, sin tener en cuenta el interés superior de la niñez, que se dicten sentencias con pensiones alimenticias irrisorias que no cubren ni mínimamente lo indispensable para la subsistencia y el bienestar de las mujeres y de nuestros hijos, entre una larga lista de abusos por parte de quien supuestamente debe velar y hacer valer nuestros derechos humanos.
El Poder judicial del Estado de Michoacán debe reconocer, respetar y hacer valer los derechos de las madres; así como tomar medidas efectivas para erradicar la corrupción y el mal manejo de los casos en los tribunales.
Es fundamental reconocer que la discriminación y la violencia por razón de género son una realidad cotidiana en la vida de las mujeres en México, y en particular en el estado de Michoacán, las madres somos especialmente vulnerables, ya que enfrentamos múltiples barreras para acceder a la justicia y para denunciar los abusos que sufrimos.
Es imprescindible aplicar las políticas públicas que ya están diseñadas para que se aborden de manera integral los problemas que enfrentamos, una formación especializada para el personal judicial en materia de género, y la creación de protocolos específicos para atender los casos de violencia de género contra las madres, así como la implementación de sanciones efectivas para los funcionarios judiciales que incurran en conductas discriminatorias, violentas y negligentes
Exigimos que el Poder Judicial de Michoacán tome medidas concretas y efectivas para erradicar la discriminación y la violencia de género y que asuma su responsabilidad para garantizar el acceso a la justicia de las madres michoacanas.
La exigencia de justicia al Poder Judicial del Estado de Michoacán para las madres que llevan procesos judiciales se fundamenta en la protección y garantía de sus derechos humanos reconocidos tanto a nivel nacional como internacional.
El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas sin discriminación alguna, y en especial, de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, ratificada por México en 1981, establece en su artículo 2 que los Estados Partes tomarán medidas para eliminar la discriminación contra la mujer y garantizar la igualdad de derechos en todas las esferas, incluyendo el ámbito judicial.
Asimismo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 8, reconoce el derecho de las mujeres a una justicia pronta y expedita, y establece la obligación de las autoridades judiciales de actuar con debida diligencia y enfoque de género en todos los casos que involucren a mujeres víctimas de violencia.
Por lo tanto, se exige al poder judicial del Estado de Michoacán que garantice el acceso a una justicia pronta, expedita y con enfoque de género para las madres que llevan procesos judiciales, protegiendo sus derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por México, y asegurando que no sean discriminadas ni revictimizadas en ningún momento del proceso judicial.
