Ciudad de México.- Con la oposición del PAN y el PRI, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular este martes el dictamen para combatir las empresas fantasmas, el cual establece que delitos como la defraudación fiscal y la venta de facturas falsas ameritan prisión preventiva oficiosa.

El dictamen –que fue aprobado en lo general con 82 votos a favor y 34 en contra, y en lo particular con 66 favor y 45 en contra– fue remitido a la Cámara de Diputados para su aprobación.

Los senadores aprobaron las reservas propuestas por Napoleón Gómez Urrutia y Rocio Abreu. Posteriormente, se aprobó la propuesta de modificación hecha por Ricardo Monreal.

Ante la inconformidad del sector empresarial que ha señalado que la iniciativa criminaliza a los contribuyentes, el líder de la bancada de Morena, al presentar tres reservas, afirmó que el dictamen no establece “un terrorismo fiscal”.

Explicó que la iniciativa no está orientada a la generalidad de la población contribuyente, sino a aquellos que usan “a sabiendas” facturas falsas y aquellos que mediante empresas fantasmas perjudica al fisco.

“Yo le voy a hablar al grupo de mayoría en su lenguaje: esta reforma está ‘fuchi’, esta reforma está “guácala”, para que me entiendan. Señor, señora, empresarios, tengan cuidado, la 4T los va a perseguir peor que a sicarios”, soltó la senadora priista Claudia Anaya Mota.

El dictamen reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

El texto señala como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.

Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio, anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos, señala el dictamen.

Además, aumenta las penas: impone sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona, expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Durante la sesión, el senador Damián Zepeda, del PAN , señaló que esta reforma no resuelve el problema y que si hubiera existido apertura por parte del Gobierno y mayoría hubiéramos encontrado la manera.

«Lo único que logra esta reforma son dos cosas: prisión preventiva oficiosa y convertir en seguridad nacional este tema que lleva también a prisión preventiva oficiosa», detalló Zepeda.

Ciudad de México.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inició una investigación sobre las expresiones usadas por José Manuel Mireles Valverde, servidor público del ISSSTE, que pudieran constituir conductas irregulares.

La dependencia indaga presuntas violaciones al Código de Ética de las Personas Servidoras Públicas del Gobierno Federal, al tiempo que refrendó su compromiso con la igualdad de género y el respeto a los derechos de las mujeres.

Indicó que, una vez terminada la investigación, la SFP estará en condiciones de informar sobre los resultados, en cumplimiento con el compromiso del Gobierno de México de respetar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El expediente de la investigación fue aperturado por el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); se indagará si el funcionario público faltó a lo señalado por dicho Código de Ética que mandata brindar un trato igualitario a todas las mujeres y hombres.

Ello, añadió, evitando cualquier acción u omisión que menoscabe la dignidad humana, los derechos y las libertades o constituya alguna forma de discriminación, además de eliminar cualquier uso de lenguaje discriminatorio basado en estereotipos de género y fomentar una cultura igualitaria e incluyente.

La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, reafirmó el compromiso de fomentar una nueva ética en el servicio público, uno de cuyos elementos fundamentales es la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos de las mujeres.

En ese sentido llamó a las personas servidoras públicas a cumplir con la obligación de observar disciplina y respeto hacia la ciudadanía durante el desempeño de sus funciones.