La decisión más reciente de la Corte Suprema de los Estados Unidos reactivó las redadas móviles en Los Ángeles, permitiendo a agentes federales detener a personas simplemente por su apariencia, idioma o tipo de empleo, sin necesidad de una sospecha razonable. En un fallo de seis contra tres, la mayoría conservadora levantó las restricciones judiciales previas e hizo posible que el perfil racial vuelva a ser argumento para detener a alguien en la vía pública. La jueza Sonia Sotomayor, junto con Kagan y Brown Jackson, señaló que esta medida constituye una violación flagrante a la Cuarta Enmienda y que en adelante ciudadanos y residentes podrán ser acosados por su origen étnico o por hablar español con acento. Organizaciones como la ACLU advirtieron que el fallo es “peligroso” porque impone un régimen de “papers-please” para quienes parezcan latinos, y UnidosUS sostuvo que la decisión erosiona la confianza ciudadana y normaliza la discriminación.
El contexto no es menor. Tan solo en 2024 se realizaron más de 142,000 detenciones migratorias en Estados Unidos, y el operativo más reciente de ICE en Texas detuvo a 822 personas en una sola semana, la mayoría con antecedentes. En California, donde vive casi el 27 % de su población de origen inmigrante (10.5 millones de personas), más de 4 millones son mexicanos. Con este fallo, millones de personas que sostienen la economía local y nacional quedan a merced de un criterio tan frágil como la apariencia. Naciones Unidas, a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es clara: “nadie será sometido a detención o prisión arbitraria”. Lo que dicta la Corte Suprema va en sentido opuesto a lo que el derecho internacional establece como principios básicos.
México no puede permanecer en silencio. En 2024, nuestro país recibió más de 63,000 millones de dólares en remesas, y Michoacán encabezó la lista con 6,052 millones de dólares, seguido por Jalisco y Guanajuato. Tan solo Morelia captó más de 650 millones de dólares en 2023, lo que equivale a un promedio mensual de 54 millones. Ese flujo económico proviene de los mismos migrantes que hoy son perfilados y criminalizados en las calles de Los Ángeles, Houston o Chicago. Resulta paradójico que quienes sostienen la economía nacional con su trabajo duro sean tratados como sospechosos en el país donde generan esa riqueza.
En México son pocos los políticos que se pronuncian con claridad sobre este tema. Hay excepciones que vale la pena mencionar, como el caso de un alcalde que sí ha mostrado interés en la agenda binacional y en los migrantes: Alfonso Martínez, en Morelia. Su postura no impacta en las autoridades americanas, pero es un recordatorio de que desde lo local también se pueden impulsar políticas de apoyo y tender puentes hacia la diáspora.
Mientras tanto, en Los Ángeles se escribe otra narrativa. Colectivos como el Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM), encabezado por Francisco Moreno, y el Comité Mexicano Cívico Patriótico, dirigido por la maestra y ex diputada federal michoacana María Elena Serrano, encarnan el verdadero rostro de la resistencia. COFEM agrupa a más de 30 federaciones y clubes en California, Nevada, Utah y Arizona, promoviendo programas de educación, salud y participación cívica que empoderan a la comunidad. El Comité Cívico Patriótico sostiene la identidad mexicana en suelo estadounidense a través de actos cívicos, apoyo comunitario y organización cultural. Son ellos, con sus redes, los que le dan a la comunidad no solo voz, sino dignidad.
Un ejemplo palpable de esa fuerza es el Desfile de la Independencia en East L.A., el segundo más grande de México después del de la Ciudad de México. Con más de 20,000 asistentes cada año y la participación de más de 100 organizaciones, escuelas y clubes de migrantes, este evento no es únicamente un festejo: es un acto de resistencia cultural y un recordatorio de que la mexicanidad trasciende fronteras. Allí, en medio de un clima de redadas y hostigamiento, ondea la bandera como símbolo de pertenencia y de orgullo.
El contraste es claro. De un lado, tribunales que legitiman la persecución. Del otro, comunidades organizadas que defienden sus raíces con trabajo, cultura y resistencia. Y en medio, la obligación moral y política de México de no dar la espalda. Porque el problema no es la migración, el problema es cómo se criminaliza lo que en realidad es esfuerzo, identidad y aporte.
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