Cada cierto tiempo, la historia coloca a los países frente a decisiones que marcan su rumbo durante décadas. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es uno de esos momentos. Aunque suele presentarse como una negociación entre gobiernos, en realidad representa mucho más: será una prueba de competitividad para México y, sobre todo, para sus estados.
Lo que está en juego no son únicamente reglas comerciales o disposiciones aduaneras. La revisión del T-MEC ocurre en un contexto de relocalización de cadenas de suministro, competencia geopolítica y una creciente búsqueda de empresas por instalarse en regiones que ofrezcan estabilidad, infraestructura y talento. América del Norte sigue siendo una de las regiones económicas más integradas del mundo, y el tratado será determinante para definir cómo aprovechar esa ventaja en los próximos años.
México llega a esta revisión con fortalezas importantes. La integración productiva con Estados Unidos y Canadá ha consolidado al país como un actor estratégico para la manufactura, la agroindustria y la logística. Sin embargo, la competencia ya no será solamente entre países. Cada vez más, la inversión decide su destino comparando estados, ciudades y regiones.
Hoy una empresa no pregunta únicamente si México forma parte del T-MEC. También quiere saber dónde encontrará seguridad para sus operaciones, certeza jurídica para sus inversiones, infraestructura suficiente para mover mercancías, energía disponible, talento especializado y gobiernos capaces de resolver problemas con rapidez.
En ese escenario aparece Michoacán.
Nuestro estado posee activos que pocos territorios pueden reunir al mismo tiempo. Cuenta con el Puerto de Lázaro Cárdenas, una de las plataformas logísticas más importantes del Pacífico mexicano; una poderosa vocación agroexportadora; una ubicación estratégica en el centro-occidente del país y una población joven con enorme potencial productivo.
No obstante, las ventajas naturales ya no garantizan el desarrollo.
La competencia internacional exige algo más que buena ubicación geográfica. Exige instituciones sólidas, carreteras eficientes, seguridad pública, simplificación administrativa, infraestructura energética y confianza para invertir. En otras palabras, exige competitividad.
Diversos análisis sobre la revisión del T-MEC coinciden en que México puede consolidarse como el principal destino del nearshoring en América del Norte, siempre que fortalezca su capacidad institucional y genere condiciones estables para la inversión. La oportunidad existe, pero no llegará por inercia.
Por eso, la pregunta que debemos hacernos en Michoacán no es únicamente qué cambios tendrá el tratado. La verdadera pregunta es si estamos preparando al estado para competir en esta nueva etapa.
Cada proyecto de infraestructura, cada mejora en seguridad, cada inversión en educación técnica, cada esfuerzo por agilizar trámites y fortalecer el Estado de derecho puede convertirse en un argumento a favor de que una empresa elija instalarse aquí y no en otro lugar.
La revisión del T-MEC debe entenderse como un llamado a acelerar nuestra agenda de desarrollo. No basta con tener ventajas comparativas; debemos convertirlas en ventajas competitivas.
El futuro económico de Michoacán no dependerá exclusivamente de lo que se negocie en Washington, Ottawa o la Ciudad de México. Dependerá también de nuestra capacidad para hacer del estado un lugar donde invertir sea sinónimo de confianza, productividad y oportunidades.
Porque cuando concluya la revisión del tratado, las inversiones volverán a buscar dónde establecerse. Y entonces habrá estados que estarán listos para recibirlas y otros que únicamente observarán cómo pasan de largo.
La diferencia entre unos y otros no la marcará el T-MEC. La marcará la decisión de prepararse para competir.
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