El país que empieza de nuevo cada seis años

Hay una costumbre muy mexicana que pocas veces cuestionamos: cada seis años creemos que el país debe empezar de nuevo. Cambian los programas públicos, las prioridades, los proyectos de infraestructura e incluso el lenguaje con el que describimos los mismos problemas. Lo que una administración considera indispensable, la siguiente suele modificarlo, sustituirlo o simplemente dejarlo atrás. Basta mirar la cantidad de proyectos de infraestructura, planes de desarrollo o estrategias nacionales que cambian de nombre, de prioridades o simplemente desaparecen con cada sexenio. Nos hemos acostumbrado tanto a ese ciclo que parece una consecuencia natural de la democracia. Pero quizá sea una de las razones por las que nos cuesta tanto construir un proyecto de país de largo plazo.

Hace unos días escuché una idea que me hizo pensar: hay asuntos que pertenecen a los gobiernos y otros que pertenecen al Estado Mexicano. La diferencia parece sutil, pero quizá explica por qué nuestro país tiene la sensación de empezar de nuevo cada seis años.

Un gobierno federal tiene un mandato temporal. Llega con una agenda, impulsa determinadas políticas públicas y, tarde o temprano, concluye su periodo. El Estado, en cambio, permanece. Representa aquello que trasciende a cualquier administración: las instituciones, la soberanía, el territorio y los intereses permanentes de una nación. Mientras los gobiernos cambian, el Estado debería mantener el rumbo en los temas que definirán el futuro del país.

El problema surge cuando confundimos ambas dimensiones. Entonces empezamos a tratar asuntos estratégicos como si fueran proyectos sexenales. La infraestructura, el agua, la política energética, la educación, la ciencia, la seguridad o la competitividad dejan de responder a una visión de largo plazo y comienzan a depender del calendario electoral. Cada administración busca imprimir su sello, pero con demasiada frecuencia también rompe la continuidad de lo que recibió o lo que ya venía funcionando.

Las democracias necesitan alternancia. Cambiar de gobierno es saludable porque permite corregir errores, renovar liderazgos y ofrecer distintas visiones sobre cómo enfrentar los problemas. Empero, una cosa es cambiar de gobierno y otra muy distinta cambiar de país cada seis años. Existen decisiones que deberían estar por encima de cualquier diferencia política, no porque sean propiedad de un partido, sino porque pertenecen al interés nacional.

Las naciones que han logrado transformaciones profundas entendieron hace tiempo esa diferencia. Corea del Sur pasó, en apenas unas décadas, de ser uno de los países más pobres del mundo a una potencia tecnológica. No fue resultado de un solo gobierno, sino de una visión de Estado que sobrevivió a distintos liderazgos y mantuvo el rumbo en temas estratégicos como la educación, la innovación y el desarrollo industrial. Su transformación no ocurrió en un periodo presidencial, sino a lo largo de una generación. Construir instituciones sólidas exige paciencia, continuidad y la capacidad de pensar más allá de la siguiente elección.

Quizá uno de los mayores desafíos de México no sea únicamente elegir buenos gobernantes, sino definir cuáles son esos temas que nunca deberían depender del resultado de una elección. Si aspiramos a un país más competitivo, más seguro y con mejores oportunidades, tendremos que construir acuerdos y presionar como sociedad para que sobrevivan a los sexenios.

Porque, al final, la pregunta no es qué hará el próximo gobierno.

La verdadera pregunta es… qué estamos dispuestos a mantener, sin importar quién gobierne, para que México deje de empezar de nuevo cada seis años.

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El siglo del mar

Mientras buena parte del debate público se concentra en las elecciones, las reformas y las disputas políticas del momento, una transformación silenciosa está modificando el equilibrio económico y estratégico del planeta. No ocurre únicamente en las fronteras terrestres ni en los grandes centros financieros. Ocurre sobre —y debajo— de los océanos.

Durante siglos, el poder de las naciones se relacionó con la extensión de sus territorios. Después, la Revolución Industrial convirtió la capacidad productiva y tecnológica en una fuente determinante de riqueza. Hoy, el siglo XXI incorpora nuevamente al mar como uno de los principales espacios de competencia económica, tecnológica y geopolítica.

Los datos permiten comprender su importancia. Más del 80% del comercio internacional de mercancías por volumen se transporta por vía marítima. Al mismo tiempo, más del 99% del intercambio internacional de datos circula mediante cables submarinos. Una transferencia bancaria, una operación bursátil, un servicio en la nube o una conversación entre continentes dependen, en buena medida, de una infraestructura invisible instalada en el fondo de los océanos.

El mar ya no es solamente una vía para movilizar mercancías. También alberga infraestructura digital, recursos energéticos, reservas pesqueras y minerales estratégicos necesarios para fabricar baterías, equipos electrónicos y tecnologías de nueva generación. Su seguridad y funcionamiento inciden directamente en la estabilidad económica de los países.

A finales del siglo XIX, el estratega naval Alfred Thayer Mahan sostuvo que las naciones capaces de controlar las rutas marítimas tendrían una ventaja decisiva en el comercio y en la distribución del poder mundial. Su planteamiento vuelve a ser relevante, aunque con una dimensión distinta. Hoy no se trata únicamente de buques y rutas comerciales, sino también de datos, energía, cadenas de suministro e infraestructura crítica.

En este escenario, el océano Pacífico adquiere una importancia creciente. En sus rutas convergen algunas de las economías más dinámicas del planeta y buena parte de la competencia comercial y tecnológica entre Estados Unidos y China. También se encuentran ahí las conexiones que vinculan a Asia con América del Norte, región en la que México ocupa una posición privilegiada.

Sin embargo, durante décadas nuestro país se ha pensado principalmente desde su frontera terrestre con Estados Unidos. Esa relación es fundamental, pero no debe impedirnos reconocer otra realidad: México también es una nación marítima.

El país cuenta con 11,122 kilómetros de litoral continental y una zona económica exclusiva que supera los tres millones de kilómetros cuadrados. Tiene acceso al Pacífico, al Golfo de México y al mar Caribe, además de puertos que pueden integrarlo con los principales corredores comerciales del mundo.

Desde esa perspectiva, el Puerto de Lázaro Cárdenas deja de ser solamente una infraestructura regional. Su ubicación frente al Pacífico, su profundidad natural y su conexión con el mercado norteamericano lo convierten en un activo estratégico para México y en una de las mayores ventajas competitivas de Michoacán.

Su relevancia puede aumentar ante la reorganización de las cadenas de suministro, la integración económica de América del Norte y la búsqueda de rutas logísticas más seguras y eficientes. Pero contar con un gran puerto no garantiza, por sí mismo, el desarrollo.

La geografía solo se transforma en prosperidad cuando está acompañada de seguridad, certeza jurídica, conectividad carretera y ferroviaria, energía suficiente, talento humano e instituciones capaces de sostener una visión de largo plazo. De lo contrario, las ventajas naturales permanecen como posibilidades que nunca terminan de convertirse en oportunidades.

Michoacán tiene frente a sí una decisión estratégica. Puede mirar a Lázaro Cárdenas únicamente como un punto de entrada y salida de mercancías o entenderlo como el centro de una plataforma logística, industrial y tecnológica capaz de generar inversión y mejores empleos en distintas regiones del estado.

Si el siglo XIX estuvo marcado por el territorio y el XX por la expansión industrial, es posible que el XXI sea recordado también como el siglo del mar.No porque la tierra haya perdido importancia, sino porque los océanos concentran cada vez más las rutas, las comunicaciones y los recursos que sostienen la economía mundial.

México no necesita descubrir el mar. Necesita comprender su verdadero valor estratégico. Y Michoacán no necesita imaginar dónde se encuentra una de sus mayores oportunidades de futuro: la tiene frente a sus costas.

El reto consiste en dejar de mirarla desde la distancia y comenzar a construir las condiciones necesarias para aprovecharla.

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Las preguntas que México sigue sin responder

Cada generación cree enfrentar problemas inéditos. La inseguridad, la desconfianza en las instituciones, la polarización política o los desafíos del poder parecen asuntos exclusivos de nuestro tiempo. Sin embargo, basta mirar hacia la historia para descubrir algo sorprendente: hace más de dos mil años la humanidad ya intentaba responder exactamente las mismas preguntas que hoy siguen definiendo el futuro de México.

Cuando Tucídides narró la Guerra del Peloponeso, no escribió únicamente la historia de un conflicto entre Atenas y Esparta. Nos dejó una de las primeras grandes lecciones sobre el poder: las guerras no comienzan por accidente, sino por decisiones políticas, intereses estratégicos y el temor que provoca el crecimiento de otros. Desde entonces, la gran preocupación ha sido la misma: ¿cómo construir sociedades capaces de evitar que la fuerza sustituya a la razón?

Siglos después, Thomas Hobbes advirtió que, sin un Estado capaz de garantizar el orden, la convivencia terminaría dominada por la incertidumbre y la violencia. John Locke respondió que ese mismo Estado solo podía ser legítimo si protegía los derechos y libertades de las personas. Más tarde, Montesquieu dio un paso decisivo al sostener que el poder debía tener límites, porque ninguna sociedad puede llamarse libre cuando todo depende de una sola voluntad.

Podría parecer un recorrido por la historia del pensamiento político. En realidad, es una conversación sobre el México de hoy.

Porque las preguntas fundamentales siguen siendo las mismas. ¿Cómo garantizar la seguridad sin sacrificar las libertades? ¿Cómo fortalecer al Estado sin debilitar la democracia? ¿Cómo construir instituciones que inspiren confianza y no solo ejerzan autoridad?

La experiencia internacional demuestra que los países más prósperos no son necesariamente los que cuentan con mayores recursos naturales ni los que concentran más poder, sino aquellos que han logrado consolidar instituciones eficaces, transparentes y confiables. El Estado de derecho, la certeza jurídica y la fortaleza institucional son condiciones indispensables para atraer inversión, generar desarrollo económico y ofrecer oportunidades a la población. No es casualidad que organismos internacionales insistan en que la calidad de las instituciones es uno de los principales factores que explican el desarrollo de las naciones.

Esta reflexión también alcanza a Michoacán. Nuestro estado posee ventajas que muchos territorios desearían tener: una posición geográfica privilegiada, el Puerto de Lázaro Cárdenas como puerta estratégica hacia el Pacífico, una agroindustria líder y una enorme riqueza natural y humana. Sin embargo, la historia demuestra que el potencial, por sí solo, nunca garantiza el progreso.

Las grandes oportunidades llegan cuando existen instituciones capaces de ofrecer seguridad, certeza jurídica, infraestructura eficiente y confianza para invertir. Ahí radica la diferencia entre los territorios que aprovechan los cambios del mundo y aquellos que observan cómo las oportunidades pasan de largo.

Hoy solemos discutir sobre reformas, estrategias o coyunturas políticas. Son debates necesarios, pero muchas veces olvidamos que detrás de todos ellos existe una pregunta mucho más profunda: ¿qué tipo de Estado queremos construir para las próximas generaciones?

Quizá ese sea el mayor aprendizaje que nos deja la historia. Después de más de dos mil años seguimos buscando la mejor forma de organizar el poder para garantizar la paz, proteger la libertad y promover el desarrollo. Las respuestas fundamentales ya fueron planteadas por quienes dedicaron su vida a comprender la naturaleza del Estado. El desafío de nuestro tiempo no consiste en descubrir nuevas teorías, sino en tener la voluntad de convertir esas ideas en instituciones sólidas.

Porque la fortaleza de una nación no se mide por el tamaño de su territorio, por la riqueza de sus recursos o por la capacidad de ejercer el poder. Se mide, sobre todo, por la confianza que sus instituciones son capaces de generar en sus ciudadanos. Y esa sigue siendo una de las grandes tareas pendientes de México.

 

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Michoacán ante el T-MEC: competir o quedarse mirando

Cada cierto tiempo, la historia coloca a los países frente a decisiones que marcan su rumbo durante décadas. La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es uno de esos momentos. Aunque suele presentarse como una negociación entre gobiernos, en realidad representa mucho más: será una prueba de competitividad para México y, sobre todo, para sus estados.

Lo que está en juego no son únicamente reglas comerciales o disposiciones aduaneras. La revisión del T-MEC ocurre en un contexto de relocalización de cadenas de suministro, competencia geopolítica y una creciente búsqueda de empresas por instalarse en regiones que ofrezcan estabilidad, infraestructura y talento. América del Norte sigue siendo una de las regiones económicas más integradas del mundo, y el tratado será determinante para definir cómo aprovechar esa ventaja en los próximos años.

México llega a esta revisión con fortalezas importantes. La integración productiva con Estados Unidos y Canadá ha consolidado al país como un actor estratégico para la manufactura, la agroindustria y la logística. Sin embargo, la competencia ya no será solamente entre países. Cada vez más, la inversión decide su destino comparando estados, ciudades y regiones.

Hoy una empresa no pregunta únicamente si México forma parte del T-MEC. También quiere saber dónde encontrará seguridad para sus operaciones, certeza jurídica para sus inversiones, infraestructura suficiente para mover mercancías, energía disponible, talento especializado y gobiernos capaces de resolver problemas con rapidez.

En ese escenario aparece Michoacán.

Nuestro estado posee activos que pocos territorios pueden reunir al mismo tiempo. Cuenta con el Puerto de Lázaro Cárdenas, una de las plataformas logísticas más importantes del Pacífico mexicano; una poderosa vocación agroexportadora; una ubicación estratégica en el centro-occidente del país y una población joven con enorme potencial productivo.

No obstante, las ventajas naturales ya no garantizan el desarrollo.

La competencia internacional exige algo más que buena ubicación geográfica. Exige instituciones sólidas, carreteras eficientes, seguridad pública, simplificación administrativa, infraestructura energética y confianza para invertir. En otras palabras, exige competitividad.

Diversos análisis sobre la revisión del T-MEC coinciden en que México puede consolidarse como el principal destino del nearshoring en América del Norte, siempre que fortalezca su capacidad institucional y genere condiciones estables para la inversión. La oportunidad existe, pero no llegará por inercia.

Por eso, la pregunta que debemos hacernos en Michoacán no es únicamente qué cambios tendrá el tratado. La verdadera pregunta es si estamos preparando al estado para competir en esta nueva etapa.

Cada proyecto de infraestructura, cada mejora en seguridad, cada inversión en educación técnica, cada esfuerzo por agilizar trámites y fortalecer el Estado de derecho puede convertirse en un argumento a favor de que una empresa elija instalarse aquí y no en otro lugar.

La revisión del T-MEC debe entenderse como un llamado a acelerar nuestra agenda de desarrollo. No basta con tener ventajas comparativas; debemos convertirlas en ventajas competitivas.

El futuro económico de Michoacán no dependerá exclusivamente de lo que se negocie en Washington, Ottawa o la Ciudad de México. Dependerá también de nuestra capacidad para hacer del estado un lugar donde invertir sea sinónimo de confianza, productividad y oportunidades.

Porque cuando concluya la revisión del tratado, las inversiones volverán a buscar dónde establecerse. Y entonces habrá estados que estarán listos para recibirlas y otros que únicamente observarán cómo pasan de largo.

La diferencia entre unos y otros no la marcará el T-MEC. La marcará la decisión de prepararse para competir.

 

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Una nueva ruta hídrica: derechos, justicia y futuro para el país

El Congreso de la Unión aprobó finalmente la nueva Ley General de Aguas y la reforma integral a la Ley de Aguas Nacionales, una transformación que marca un antes y un después en la política hídrica de México. Tras décadas de rezago, improvisación y vacíos legales, el país cuenta hoy con un marco jurídico moderno, socialmente construido y orientado al derecho humano al agua.

La aprobación no fue producto de una decisión unilateral. Fue el resultado de un proceso donde confluyeron voces de productores, comunidades, pueblos indígenas, especialistas, ambientalistas, empresariado y dependencias gubernamentales. Más de 124 artículos fueron revisados, corregidos y ajustados con rigor técnico y sensibilidad social. 

Es, en todos los sentidos, una ley nacida del diálogo y la escucha.

El agua como derecho, no como privilegio

La nueva legislación por fin da contenido real al derecho humano al agua y al saneamiento. Todas las autoridades están obligadas a respetarlo, protegerlo y garantizarlo. Este derecho se estructura en seis elementos: acceso, calidad, disponibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y continuidad. 

Además, incorpora principios como progresividad, no regresividad, participación social y equidad intergeneracional. En síntesis: la política hídrica deja de ser reactiva y se convierte en un mandato constitucional operativo.

Participación social y reconocimiento a los sistemas comunitarios

Por primera vez, México reconoce formalmente los sistemas comunitarios de agua, muchos de ellos administrados por pueblos indígenas y comunidades rurales, como actores legítimos de la gestión hídrica. 

Estos sistemas serán integrados a la planeación nacional sin perder autonomía ni identidad.

Los Consejos de Cuenca se fortalecen como espacios de decisión y consenso, con representación de usuarios, gobiernos estatales y municipales, academia y organizaciones de la sociedad. La participación deja de ser decorativa y se convierte en un componente estructural de la gobernanza del agua.

Una visión de largo plazo

La aprobación introduce una Estrategia Nacional Hídrica con horizontes de 10, 20, 40 y hasta 60 años. 

Por primera vez, México contará con planeación hídrica multigeneracional, basada en diagnósticos reales, escenarios de estrés hídrico, tendencias de uso y vulnerabilidad climática.

Esta visión técnica y estratégica rompe con décadas de improvisación y permite coordinar políticas públicas federales, estatales y municipales con una sola ruta nacional.

Beneficios directos para el campo y las comunidades rurales

La reforma aprobada ofrece certezas al sector agropecuario, que históricamente había exigido reglas claras y protección frente a cambios discrecionales.

Entre los avances más relevantes destacan:

  • La creación del uso agropecuario familiar, que protege actividades de subsistencia. 
  • La garantía de que la combinación de usos agrícola y pecuario no implica cambio de uso.
  • La eliminación de la reducción de volúmenes derivados de eficiencia: quien modernice su riego conservará su agua.
  • El impulso a la captación de agua pluvial para uso doméstico y productivo familiar.

Estas medidas atienden temores legítimos y fortalecen la seguridad hídrica de miles de familias del campo.

Transparencia, orden y fin del mercado negro del agua

Uno de los puntos más celebrados es la eliminación del mercado del agua, prohibiendo la venta o transmisión especulativa de concesiones entre particulares. 

La nueva legislación cierra grietas legales que durante años permitieron corrupción, acaparamiento y abusos.

A esto se suma:

  • El nuevo Registro Nacional del Agua, una plataforma digital, pública y transparente.
  • La reincorporación del Órgano Interno de Control en CONAGUA, para vigilar la legalidad, prevenir corrupción y asegurar rendición de cuentas. 
  • La eliminación de la negativa ficta, que durante años dejó a usuarios sin respuesta ni certeza jurídica.

México pasa de un sistema hídrico opaco a uno de transparencia obligatoria.

Un fondo de reserva para el futuro

La creación del Fondo de Reserva de Aguas Nacionales permitirá recuperar volúmenes no usados o caducos para reasignarlos donde más se necesiten. 

Los volúmenes integrados al fondo no contabilizarán como disponibilidad, protegiendo reservas estratégicas.

Esto es clave frente al cambio climático, la sequía y la sobreexplotación de acuíferos.

Un régimen de sanciones justo y proporcional

La nueva ley endurece sanciones contra quienes contaminan o roban agua, pero mantiene un enfoque social:

  • Se gradúan penas según el volumen sustraído.
  • Se exceptúan actividades domésticas y agropecuarias familiares para evitar criminalización. 
  • Se refuerza la responsabilidad penal y administrativa de funcionarios públicos.

El mensaje es claro: tolerancia cero a la corrupción y al abuso, sensibilidad total hacia las comunidades.

Una reforma con sentido social y visión de futuro

La aprobación de esta reforma representa un logro político y social de gran calado. Significa pasar del rezago a la planeación, de la opacidad a la transparencia, del desorden a la gobernanza, del privilegio al derecho.

México necesitaba esta legislación, hoy, por fin, la tiene, y con ella, el país inicia una nueva ruta hídrica donde la justicia social, la sostenibilidad y los derechos humanos dejan de ser aspiraciones y se convierten en mandato legal.

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MC y el crimen: el disfraz de la nueva política se cae.

Movimiento Ciudadano (MC) ha vendido durante años la idea de representar una “nueva política”: moderna, joven y alejada de los vicios del pasado. Sin embargo, esta narrativa se ve seriamente cuestionada ante los recientes señalamientos de vínculos entre algunos de sus alcaldes y el crimen organizado.

El caso más destacado es el de José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, detenido por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Rancho Izaguirre, identificado como un centro de adiestramiento y exterminio del grupo criminal. El pasado viernes 9 de mayo, una jueza federal en materia penal lo vinculó a proceso por el delito de delincuencia organizada, agravado por su condición de servidor público.

En Guerrero, Mario Figueroa Mundo, exalcalde de Taxco, se encuentra prófugo de la justicia, derivado de una orden de aprehensión girada por la Fiscalía estatal por desaparición forzada y presuntos vínculos con el crimen organizado. Tras dejar el cargo, sus hijos Mario Figueroa y Marco Figueroa fueron detenidos y vinculados a proceso por delitos relacionados con el narcotráfico.

En Zacatecas, tierra del dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, el exalcalde de Apulco, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz, fue desaforado y separado de su cargo por el Congreso estatal, tras ser acusado de homicidio calificado y asociación delictuosa. La Fiscalía General de Justicia del Estado lo investiga por presuntos vínculos con el jefe del CJNG en la región. 

En Michoacán, Anavel Ávila Castrejón, alcaldesa de Coalcomán por MC, ha sido señalada por su presunta relación con el CJNG. Durante una celebración municipal, se difundieron videos en los que funcionarios agradecieron públicamente a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, por la entrega de “regalos” a niños y niñas. Además, la alcaldesa enfrenta varias investigaciones por desaparición de personas.

Estos impresentables casos evidencian que, pese a su discurso de renovación política, Movimiento Ciudadano enfrenta serios cuestionamientos sobre la integridad de algunos de sus representantes. La presencia de presuntos vínculos con el crimen organizado pone en duda su compromiso con la transparencia y la legalidad, pilares fundamentales de la “nueva política” que tanto promulgan mediante sus principales voceros, como es el caso del senador Luis Donaldo Colosio Riojas.

Es claro que la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano está más preocupada por su estrategia de marketing que por limpiar su propia casa. Mientras se toman selfies o graban TikToks, su estructura se corrompe en los municipios. Hoy, los verdaderos ciudadanos exigen que ese partido y las autoridades correspondientes actúen con firmeza para esclarecer estos señalamientos y que, de ser necesario, los responsables sean castigados con todo el peso de la ley.

Esa sí sería la nueva política… no la que simulan Dante, Máynez, Samuel, Colosio, Lemus y compañía.

 

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Claudia Sheinbaum, un nuevo amanecer

En un acto de gran simbolismo republicano, el día de hoy Andrés Manuel López Obrador entregó la banda presidencial y con ello la titularidad del Poder Ejecutivo a la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, consolidando un hecho histórico, ya que por primera vez en 200 años llegó una mujer a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.

La Dra. Sheinbaum se perfila como la figura que podría marcar uno de los gobiernos más destacados en la historia reciente del país, su candidatura a la presidencia no fue casualidad ni un simple fruto de las circunstancias; es el resultado de una sólida formación académica, una intachable carrera política, y una clara visión de futuro que promete consolidar los avances de la Cuarta Transformación. 

Uno de los aspectos que distingue a la Dra. Sheinbaum de muchos de sus antecesores y contemporáneos es su formación académica de alto nivel, como doctora en física por la UNAM, su carrera académica le ha brindado una capacidad de análisis rigurosa y un enfoque técnico que la ha ayudado a tomar decisiones fundamentadas en datos y ciencia, dicho aspecto es crucial en un mundo donde los retos requieren soluciones cada vez más complejas y basadas en el conocimiento. 

Su trabajo como investigadora y académica también ha moldeado su visión a largo plazo, enfocándose en problemas estructurales, como el cambio climático, la equidad social y el desarrollo sostenible, temáticas que ella ha abordado con gran capacidad tanto en la Ciudad de México, como en foros internacionales. 

La carrera política de Claudia Sheinbaum ha sido coherente y ascendente, como jefa de Gobierno de la Ciudad de México, demostró su capacidad para gestionar una de las urbes más grandes y complejas del mundo. Bajo su mandato, la capital experimentó importantes avances en temas como la movilidad sustentable, seguridad, igualdad de género y el acceso a servicios públicos. 

Sin atisbo de duda, la Dra. Sheinbaum dará continuidad natural a las políticas progresistas que México necesita para reducir la brecha social, enfrentar la crisis climática y fortalecer su democracia, pero eso sí, continuación, con su estilo propio, el cual ha demostrado se basa en el consenso, el dialogo y la inclusión. 

La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, es más que un cambio de figura, se trata de la posibilidad histórica de que una mujer lleve a México a una nueva etapa de desarrollo sostenible y justicia social, basada en el conocimiento y en el compromiso con los sectores más vulnerables. 

¡Bienvenida, todo el éxito Presidenta!

Morena, Verde Y Pt tendrían mayoría calificada en Cámara de Diputados.

En vísperas del inicio de la próxima legislatura del Poder Legislativo Federal, el Instituto Nacional Electoral, ya trabaja en la asignación de las curules por representación proporcional, mejor conocidas como diputaciones plurinominales que asignaría a cada partido político en la Cámara de Diputados.

El INE presentó un documento titulado “Anteproyecto de Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se efectúa el cómputo total, se declara la validez de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional y se asignan a los partidos políticos nacionales” el cual primero fue discutido y aprobado en la comisión de prerrogativas y partidos políticos y posteriormente será debatido y votado mañana viernes 23 de agosto en sesión de Consejo General, el cual es el Órgano Central del INE, integrado por Consejeras y Consejeros Electorales, Consejeras y Consejeros del Poder Legislativo y personas Representantes de los Partidos Políticos Nacionales.

En caso de aprobarse dicho proyecto y de que no prospere ninguna impugnación en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el INE asignaría 236 curules a MORENA, 77 al Partido Verde y 51 al Partido del Trabajo, lo que les daría un total de 364 de 500 diputaciones federales en San Lázaro, tomando en cuenta el principio de mayoría relativa y el de representación proporcional.

Hoy la oposición política de México, pide que la interpretación del artículo 54 constitucional que habla de la sobrerrepresentación de la cámara sea interpretado de una forma diferente a la que se ha hecho en las ultimas 3 elecciones, aquí la cavilación debe ser la siguiente: Cuándo a ellos les convino que se aplicara la interpretación literal de éste artículo constitucional, no se manifestaban y ahora que ya no resulto a su favor, piden sea interpretado de manera diferente. ¿Por qué después de su rotundo fracaso en la elección de este año, se tendrían que interpretar de otra manera las reglas que ellos mismos hicieron y aplicaron en el pasado?

Tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, corresponde a la votación apabullante que MORENA, Partido Verde y Partido del Trabajo, obtuvieron el pasado 2 de junio en las urnas, es relevante reflexionar que la ciudadanía a través del sufragio, dio su confianza al proyecto de la 4ta Transformación, para hacer cambios profundos en el régimen.

La mayoría calificada permitirá gobernabilidad y desarrollo, permitirá identificación de objetivos para que las políticas progresistas se implementen, permitirá que las reformas constitucionales avancen para dar paso a una república más justa y moderna para todas y todos los mexicanos.

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Columna: Venezuela, sobre una bomba

Nicolás Maduro Moros se enquistó en el poder desde el 19 de abril de 2013, cuando asumió la presidencia de Venezuela tras la muerte de Hugo Chávez Frías,quien fue el fundador del movimiento político populista denominado “Chavismo”.

Maduro ha estado en el poder aproximadamente 11 años y 4 meses, y su administración se ha caracterizado por tener resultados muy negativos en varias áreas torales del gobierno, estos son algunos datos: 

– En 2021 la tasa de inflación anual fue de aproximadamente 2,700% de acuerdo con el Banco Central de Venezuela. 

– El PIB se ha contraído más del 70% desde 2013, según datos del FMI. 

– En 2021, más del 76% de la población vivía en pobreza extrema según la ENCOVI. 

– El salario mínimo mensual en Venezuela es uno de los más bajos del mundo, con $3.70 dólares mensuales. 

– El ACNUR nos dice que más de 7 de millones de venezolanos han dejado el país desde el 2015 debido a la crisis. 

En 2018 Nicolás Maduro se reeligió en la fue considerada una elección ampliamente fraudulenta, y el pasado 28 de julio busco nuevamente perpetuarse 6 años más en el poder, compitiendo con la oposición venezolana liderada en esta ocasión por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado Parisca. 

Con lo que no contaba Nicolás Maduro, era con la amplia participación ciudadana debido al hartazgo que la sociedad venezolana tiene con su gobierno, con una oposición política unida y organizada, y además de toda la comunidad internacional observando el proceso electoral, empero, al día de hoy, su consejo nacional electoral, y digo suyo porque él nombro a todos los funcionarios del mismo, lo ha declarado ganador en el proceso, sosteniendo este resultado sin hacer públicas en las actas de votación de la jornada electoral, además de que los líderes opositores son víctimas de arresto y persecución por parte del gobierno, quien utiliza a grupos paramilitares para intimidar a todo aquel que proteste contra el régimen. 

Los informes de observadores independientes y las denuncias de numerosos actores nacionales e internacionales confirman lo que todos ya sabíamos: las elecciones en Venezuela no fueron ni libres, ni justas, ni transparentes.

El reciente fraude electoral en Venezuela no es más que un recordatorio doloroso del desprecio absoluto que Nicolás Maduro y el chavismo tienen por la democracia y los derechos humanos. 

Las democracias del mundo, junto con organizaciones internacionales facultadas como la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas, deben actuar con firmeza y decisión, ya que hoy Venezuela exige una respuesta contundente y coordinada que incluya sanciones más severas contra el régimen de Maduro Moros, además de apoyo incondicional a la oposición venezolana y medidas concretas para proteger a las y los ciudadanos venezolanos de la represión y la miseria.

El economista Amartya Kumar Sen sustenta su obra principal “Desarrollo y Libertad” argumentando que la libertad política y la democracia son esenciales para el desarrollo humano y económico, y hoy es justo el llamado que se le hace a la comunidad internacional, para que se tomen medidas decisivas que restauren la democracia y la libertad para lograr la recuperación económica y el bienestar de las y los venezolanos. 

Sin un cambio en el sistema político es difícil imaginar una solución sostenible a la crisis económica y humanitaria, hoy Venezuela se encuentra sobre una bomba, es momento de tomar acciones urgentes, ya que la historia juzga a quienes, teniendo la capacidad de actuar, eligieron la indiferencia.

 

2024: Inolvidable Proceso Electoral.

El pasado domingo 2 de junio, vivimos como cada 3 años, la fiesta democrática en nuestro país, y para nadie fue sorpresa la victoria aplastante de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, quien ganó la elección presidencial con un total de 35 millones 924 mil 519 votos, a la candidata de la “oposición” Xóchitl Gálvez Ruiz, quien saco la tenue cantidad de 16 millones 502 mil 697 votos, es decir 19 millones 421 mil, 822 votos de diferencia, más de dos a uno. De esta manera la Dra. Sheinbaum no solo se convirtió en la primera mujer en la historia de México en llegar a la presidencia, también logró ser la persona más votada en una elección presidencial en nuestro país, superando los 30 millones 113 mil 483 votos que logró Andrés Manuel López Obrador en la elección del 2018.

En esta jornada electoral se disputaron 8 gubernaturas y la jefatura de gobierno de la CDMX, en donde la coalición “Sigamos Haciendo Historia” conformada por MORENA, Verde y PT, se llevó 6 gubernaturas, le arrebato al PAN el Estado de Yucatán, al PES el Estado de Morelos, y también triunfo en Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco, además de ganar nuevamente la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, es importante resaltar que hoy dicha coalición gobernará en total 24 de 32 entidades federativas.

El Senado de la República quedo conformado de la siguiente manera, de los 128 senadores, los partidos políticos que conforman la coalición “Sigamos Haciendo Historia” tendrían el siguiente numero de integrantes, MORENA  60 escaños, el Partido Verde 14 y el PT 8; mientras que, del lado de la “oposición”, el PAN tendría 22 senadores, el PRI, 16, Movimiento Ciudadano 6 y el PRD la diminuta cantidad de 2.

En la Cámara de Diputados la conformación fue la siguiente, de los 500 diputados federales, MORENA tendrá 245, el Partido Verde 77 y el Partido del Trabajo 48; mientras que en la oposición el PAN tendrá 68 curules, el PRI 33, Movimiento Ciudadano 25, el PRD 3 y habrá una legisladora independiente, que por cierto es del Distrito de Uruapan, Michoacán.

En el Congreso de la Unión, MORENA, PVEM y PT, si contarán con las y los 370 legisladores federales para obtener la mayoría calificada, mientras que, en el Senado de la República, con 82 escaños, se quedarían a 3 de alcanzarla; es relevante señalar que de acuerdo con la ley electoral, las asignaciones finales de las diputaciones y senadurías plurinominales se concretarán hasta el mes de agosto, ya que es necesario que todos los juicios de inconformidad y posible nulidad de casillas sean desahogados, y agregando a lo anterior, el INE tiene la posibilidad de aplicar criterios adicionales sobre una posible sobrerrepresentación, lo cierto es que al día de hoy el tablero político en ambas cámaras legislativas, queda así.

En Michoacán, MORENA, PVEM y PT, también arrasó, ganando el Senado de la Republica, 9 diputaciones federales de las 11 que estaban en disputa, y 21 distritos locales de 24 en disputa; en donde además con el reparto de diputaciones plurinominales que aprobó el IEM, dicho bloque tendría la mayoría calificada en el Congreso de Michoacán, con un total de 27 legisladores de la coalición “Sigamos Haciendo Historia”.

Así las cosas, la oposición en México quedó liquidada y aplastada, consecuencia de malas decisiones, de no presentar una propuesta política atractiva para el electorado, de enviar pésimos perfiles a las candidaturas y de mantener al frente de sus dirigencias nacionales a impresentables como Alito Moreno; Hoy la gran responsabilidad y oportunidad la tienen las y los próximos gobernantes y legisladores de MORENA, PVEM y PT, de hacer gobiernos honestos, que atiendan y resuelvan las verdaderas problemáticas de la gente, y en las cámaras legislativas, de representar con honorabilidad y altura política a las y los mexicanos que les dieron su confianza a través del voto, yo estoy convencido que así lo harán.

Hoy veo en estos perfiles buenas intenciones y vocación de servicio para dejar un legado positivo en nuestro país y consolidar la transformación de México, mis mejores deseos siempre a todas y todos los recién abanderados, sé que sus gestiones serán exitosas.

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