Morena cristaliza un salto en la democracia mexicana: de la representación simulada al poder real. Ahora, el pueblo toma las decisiones de manera directa, y ya no entiende (ni quiere entender) por qué no debería ser así. Los pataleos alrededor de la revocación de mandato son la clara constatación: hay un sistema que ya no cabe, pero que se resiste a morir.
La idea de que «el pueblo pone y el pueblo quita» se elevó a axioma político con nuestro fundador, Andrés Manuel López Obrador. Cuando todavía imperaban los «dedazos», él abrió una consulta masiva para ver si el Distrito Federal lo quería como candidato de izquierda a la Jefatura de Gobierno. Fue hace un cuarto de siglo, en 2000. Ganó con un 96 por ciento.
Ya en el gobierno, las consultas se volvieron su herramienta clave. Consultó a los capitalinos si estaban de acuerdo con el horario de verano (2001), con subir el costo del Metro y con construir un segundo piso al Periférico y el Viaducto (2002), y hasta se sometió a los primeros revocatorios antes de que estuvieran consagrados en la ley (2002 y 2004).
Fueron también su fundamento de lucha. Enrique Peña Nieto promovió una reforma energética contra los intereses de la nación. López Obrador reunió 712 mil 285 firmas en contra y las entregó al Senado. No había entonces una ley que las hiciera vinculantes, pero visibilizó la brecha infranqueable entre los «representantes» del pueblo y la voluntad popular.
Con la biografía de Andrés Manuel se cruza, una y otra vez, la historia de todos esos momentos en que la representación chocó con la voluntad popular, donde quienes se decían apoderados de los intereses del pueblo tomaban decisiones en contra de este. Y, curiosamente, cada vez defendían que las tomaban por su bien, aunque el pueblo no lo entendiera.
Esa historia conduce, inevitablemente, al momento en el que, en 2011, se fundó el Movimiento de Regeneración Nacional. «Con el pueblo, todo; sin el pueblo, nada». Morena le devolvió a México la esperanza, esperanza que quiso apagar una élite jurásica, porque auguraba, y con razón, que si el pueblo avanzaba en la democracia directa empujaría su extinción.
Su pesadilla se volvió realidad cuando López Obrador llegó a la Presidencia de México. Y, como era de esperarse, gobernó consultando siempre al pueblo. ¡Ah, cómo hizo urticaria en el PRIAN! El aeropuerto de Texcoco, programas sociales, obras prioritarias, juicio a expresidentes y, por supuesto, la revocación de mandato, ahora ya con un marco jurídico.
En 2019 promovió una reforma constitucional para crear el mecanismo, en 2021 se terminó de ajustar: lo puede activar una solicitud ciudadana firmada por el 3 por ciento de la lista nominal de electores, distribuido en al menos 17 entidades federativas; el resultado es vinculante si cuenta con los votos de al menos el 40 por ciento del padrón electoral.
En 2022 se llevó a cabo la primera revocación de mandato presidencial en la historia de México. Participó un total de 17 millones de personas, más del 17 por ciento del padrón, de las cuales cerca del 91.1 por ciento votó a favor de que permaneciera en el cargo, esto es, 15 millones de sufragios ratificaron el primer gobierno de la Cuarta Transformación.
Andrés Manuel cedió el poder, por el mandato de las urnas, a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien se encuentra en el proceso de construcción del segundo piso de la 4T. ¿A alguien le sorprende que proponga fortalecer los mecanismos de participación ciudadana? No debería: son dos personas distintas, pero forman parte de un mismo movimiento.
La oposición sostiene que adelantar el revocatorio al tercer año de gobierno para ahorrar costos innecesarios, como propone la presidenta, es antidemocrático. ¡Vaya absurdo!, tanto como sostener que el círculo es cuadrado. Se trata, por el contrario, del siguiente paso en el proceso de transitar hacia un modelo de democracia verdaderamente directa.
Si la revocación coincide con la elección intermedia a un sexenio, entonces, no sólo se garantizaría la austeridad, sino también que fuera vinculante, ya que se podría asegurar que participaría el 40 por ciento del padrón. En pocas palabras, una reforma de este tipo le daría al pueblo, ¡por primera vez!, el poder de quitar realmente a sus malos gobernantes.
Una reforma haría realidad aquello que la izquierda soñó durante los gobiernos de Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. ¡Nos habríamos ahorrado tanto sufrimiento, tanta corrupción, tanta represión, tanto, tanto, tanto…! Por otro lado, obligaría a los gobiernos a tomarse en serio sus responsabilidades.
No imagino que haya alguien que, declarándose demócrata, pudiera estar en contra del Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Voy más allá: no creo que alguien que simpatiza con el Movimiento de Regeneración Nacional pueda estar en contra. Todavía más: no debería haber nadie que, debiéndole su cargo a la 4T, pudiera votar en contra.
