Por David Pascual Arestegui

En 2027 habrá elecciones en 17 estados del país y siempre ocurre lo mismo: se difunden encuestas por todos lados. Se inundan las redes sociales, los medios digitales, no faltan las columnas políticas… en fin… todos hablan de números, de preferencias, de quién sube y quién baja en las encuestas. Pero hay una pregunta que pocas veces se hace con seriedad: ¿qué tan confiables son esas encuestas?

Hoy, en la antesala de la definición de los coordinadores de la defensa del voto de Morena y delos distintos partidos políticos de oposición, las encuestas se han convertido en una herramienta de poder. Ya que no solo miden la realidad, también la moldean. Influyen en decisiones internas, en narrativas mediáticas y, sobre todo, en la percepción ciudadana.

El problema es claro: no existe en México una regulación suficientemente estricta ni efectiva que abarque toda la línea de tiempo del antes durante y después de la elección. Sobre quién puede publicar encuestas y bajo qué estándares. Esto ha abierto la puerta a ejercicios sin rigor metodológico, estudios “a modo” y mediciones que responden más a intereses políticos que a la realidad social.

Una encuesta mal hecha no es un error técnico… es una forma de desinformación.

Cuando se publican datos sin transparencia metodológica, sin tamaño de muestra claro o sin criterios estadísticos sólidos, lo que se genera es una distorsión de la democracia. Se construyen percepciones artificiales, se posicionan candidaturas de manera engañosa y se condiciona el comportamiento del electorado. Es importante diferenciar la veracidad de una encuesta digital, telefónica o presencial y su metodología de levantamiento de datos. Ya que esto no es menor pues en política, la percepción muchas veces pesa más que la realidad.

Por eso resulta urgente abrir el debate sobre la regulación de las encuestas electorales, particularmente en estados como Michoacán, donde los procesos políticos están altamente influenciados por la opinión pública y la narrativa mediática.

Desde el Colegio de Economistas de Michoacán “Lázaro Cárdenas del Río”, se está impulsando una iniciativa para establecer reglas claras y la obligatoriedad de fichas técnicas completas, transparencia en financiamiento, criterios metodológicos verificables y mecanismos de supervisión institucional, además de una ampliación en los periodos de monitoreo del Instituto electoral local.

No se trata de limitar la libertad de expresión. Se trata de proteger la calidad de la información pública.

La democracia no puede sostenerse sobre datos manipulados ni sobre percepciones construidas artificialmente. Necesita evidencia, rigor metodológicoy responsabilidad.

En los próximos meses veremos una avalancha de encuestas. Algunas serán serias. Otras no. Lo preocupante es que la diferencia no siempre será evidente para la ciudadanía.

Y ahí está el verdadero riesgo.

Porque cuando la información falla, la democracia se debilita.

Y cuando la democracia se debilita, no lo hace de forma inmediata ni evidente… lo hace de manera silenciosa, progresiva y profundamente peligrosa.

Normalizar encuestas sin sustento, tolerar la opacidad metodológica y permitir que intereses particulares definan la narrativa pública, es abrir la puerta a una simulación democrática donde la percepción sustituye a la realidad.

Hoy no basta con cuestionar las encuestas.
Es momento de exigir estándares, de construir reglas claras y de asumir una responsabilidad colectiva sobre la calidad de la información que circula en el espacio público.

Porque en política, quien controla la percepción puede influir en el rumbo de una elección… pero quien garantiza la verdad, fortalece la democracia.

Y esa es una decisión que ya no se puede seguir postergando.