Antonio Soto busca retrasar inicio de proceso electoral hasta por 90 días

Ante la problemática que se vive por el COVID-19, no sólo en el país, sino en todo el mundo, el diputado de extracción perredista, Antonio Soto Sánchez, propuso en sesión virtual que se retrase el inicio del proceso electoral, hasta la segunda semana del mes de diciembre del año previo a la elección.

“Al retrasar el inicio del proceso electoral, hasta por 90 días naturales, habilita para que el supuesto del artículo 105 fracción II de la Constitución General de la República, sea debidamente garantizado y respetado por esta soberanía”, dijo.

Lo anterior, derivado a la contingencia sanitaria por el Covid-19 y ante la necesidad de proteger y salvaguardar la salud de la población, el legislador propuso esta iniciativa en sesión virtual, para que se postergue el inicio del proceso electoral local 2021, y a su vez se protege la salud de la población, se ponen a salvo los derechos político-electorales y se previenen posibles irregularidades en la contienda.

En ese sentido, el congresista argumentó en sesión vía Zoom, que es obligación del Estado, cumplir el derecho a la protección de la salud y el político-electoral, buscando la coexistencia de ambos, ajustando a criterios de prevalencia temporal en un contexto de plena observancia a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad rectores de los derechos humanos.

El legislador, señaló que se busca reformar el primer párrafo del artículo 182 del Código Electoral del Estado, donde explicó que las elecciones ordinarias de Gobernador, diputados y ayuntamientos, de inicio en la segunda semana del mes de diciembre –y no en septiembre-, del año previo al de la elección y concluye con la última declaración de validez, una vez resueltos en definitiva los medios de impugnación que se presenten o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno, según sea el caso.

Tipificar delito de pederastia en Michoacán y prisión de 10 a 30 años propone Ángel Custodio Virrueta

Con el objetivo de combatir y erradicar el delito de pederastia, el diputado Ángel Custodio Virrueta García, propone incorporar el delito de pederastia en el Código Penal de Michoacán y que se castigue de 10 a 30 años de prisión a quienes abusen de los menores, además de plantear que la acción penal no prescriba, a fin de garantizar el derecho de las víctimas al acceso a la justicia.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, resaltó la importancia de que esta iniciativa que presentará mañana pueda prosperar a la brevedad, con la que además se homologa la legislación estatal en materia de pederastia con la federal, al incorporar los parámetros para establecer referido delito en el Código Penal del Estado.

En ese sentido, el legislador resaltó que esta iniciativa de reforma está encaminada a proteger el libre desarrollo de los menores, así como para prevenir, sancionar y erradicar el delito de pederastia en nuestro estado.

Ángel Custodio Virrueta señaló que incluso la Iglesia Católica en la entidad, se pronunció por actuar contra todo aquel que atente contra los menores y por la justicia para las víctimas y sus familias, por lo que desde todas las trincheras se debe sumar y garantizar una legislación fortalecida, para cerrarle paso a la impunidad.

“Es contar con un marco normativo eficaz para prevenir, sancionar y erradicar el delito de pederastia en nuestra entidad, estableciendo la pena impuesta para dicho delito, así como los casos considerados como agravantes de este, la forma en que serán sancionados los encubridores, así como la asistencia médica y psicológica para las víctimas, que es lo que propondremos mañana en la sesión”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV Legislatura Local, resaltó la importancia de tipificar este delito, ya que en Michoacán en nuestro Código Penal vigente no contempla el tipo penal de pederastia, contemplando en otros tipos penales las conductas sexuales de los menores como abuso sexual con pena de dos a cinco años, hostigamiento y acoso sexual de uno a cuatro años y estupro de seis meses a cuatro años.

Explicó que su propuesta es incorporar el tipo penal de Pederastia en el Código Penal del Estado, toda vez que nuestro código es totalmente omiso, para lo cual propone sancionar con pena de 10 a 30 años de prisión y de 650 a 3 mil 250 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización.

Aclaró que la sanción al delito de pederastia, no puede ser menor al contemplado en nuestro Código Penal Estatal para el delito de violación. En esta reforma se contempla que todo aquel que se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tiene sobre un menor de 18 años, derivada de su parentesco en cualquier grado, tutela, curatela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica, o de cualquier índole y ejecute, obligue induzca o convenza a ejercer cualquier acto sexual, con o sin su consentimiento será castigado y la misma pena se aplicara cuando la conducta descrita sea en perjuicio de una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado o resistirlo.

Además se establece la obligación del agente activo o en su defecto del Estado para garantizar la atención médica, psicológica o de la especialidad requerida, para la víctima y especifican las agravantes respectivas, para el caso de que dicho delito sea cometido con violencia física o psicológica, o para el caso de que el agente activo sea funcionario público. Y en su caso, la pérdida de la patria potestad, la tutela, la curatela, la adopción, el derecho de alimentos y el derecho que pudiera tener respecto de los bienes de la víctima, en términos de la legislación civil.

Se contempla que cuando el delito sea cometido por un servidor público o un profesionista en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, además de la pena correspondiente será inhabilitado, destituido o suspendido de su empleo público o profesión por el término establecido.

También se propone establecer la sanción de destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta al autor del delito, para una persona que, siendo servidor público, encubra al responsable del delito de pederastia.

Otro aspecto relevante de la propuesta de Ángel Custodio Virrueta es establecer que las sanciones del delito de pederastia sean imprescriptibles, con el fin de garantizar el derecho de las víctimas al acceso a la justicia, teniendo en cuenta que la prescripción de la acción penal consiste en la extinción de la posibilidad de perseguir al autor del delito y la de terminar su culpabilidad por el hecho cometido, extinguiéndose la posibilidad de que este sea sometido a juicio y cumpla con su pena.

Proponen que delito de rapiña se persiga por querella y se castigue de 4 a 16 años de cárcel

Con la finalidad de brindar certeza jurídica al patrimonio de las personas y al propio Estado, persuadiendo y sancionando el robo, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto presentará una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, para establecer que el delito de rapiña se persiga por querella y se sancione de 4 a 16 años de prisión en Michoacán

Este miércoles en la sesión virtual, el diputado presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura Local, presentará la iniciativa, con la que se busca sancionar dicho delito, ya que, ante situaciones de vulnerabilidad social, hay quienes de forma dolosa se aprovechen del estado de confusión generalizada para realizar actos de rapiña a establecimientos comerciales de particulares o dependencias públicas.

La rapiña se considera como el acto de apoderarse de una cosa mueble, ajena y sin consentimiento de quien legítimamente pueda disponer de ella, perpetrado por una o varias personas, con violencia o sin ella, aprovechando el estado de caos y confusión generalizada, derivado de un hecho de la naturaleza que provoca vulnerabilidad social.

Tony Martínez establece en la iniciativa que se considere que la rapiña como un tipo penal, y delito que debe tener tratamiento distinto al de un robo calificado grave. “Se propone que el delito de rapiña se persiga por querella y al responsable se le imponga de 4 a 16 años de prisión y una multa de doscientos a quinientos días”.

En cuanto a la consumación, el legislador perredista plantea que contrario al delito de robo, la aplicación de la sanción, se dará por consumado el delito de rapiña en el momento en que el sujeto activo tiene en su poder la cosa mueble, en caso de que la cosa se encuentre al interior de un inmueble, al momento de sustraerla del mismo, en ambos casos, aun cuando la abandone o lo desapoderen de ella.

“Asimismo, se propone una sanción de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de multa (en la lógica de la penalidad estipulada en la fracción I del multicitado artículo 200); a quien convoque, organice, promueva o difunda, por cualquier medio, la ejecución de rapiña”.

Cabe destacar que por lo regular quienes cometen actos de rapiña, no sustraen productos relacionados con alimentación, tratamientos médicos o básicos para la subsistencia, caso contrario, se enfocan en artículos de valor como son joyas, relojes, aparatos electrodomésticos y de telecomunicación, entre otros, por lo que en la tipificación no se encuadra el estado de necesidad.

Ante tal grave supuesto, Tony Martínez refiere que se debe proteger el patrimonio de las personas y del propio Estado; al no permitir desde la legislación que, aunado a la difícil crisis de salud, económica y social que atraviesa nuestra entidad, se toleren actos de rapiña que atentan contra el círculo comercial local, desplegados por sujetos que dañan severamente el tejido social incitando a estas actividades antisociales a través de medios electrónicos de comunicación digitales u otros.

Por ello, también propone que se derogar la fracción III del artículo 204 del Código Penal del Estado, así como adicionar el artículo 204 bis a nuestra legislación penal, tipificando en la especificidad el delito de rapiña, para garantizar que quien lo cometa asuma las consecuencias jurídicas y se haga responsable de la reparación de los daños ocasionados.

Lucila Martínez plantea plataforma digital para fortalecer trabajo legislativo

Generaría ahorros económicos y se aportaría al cuidado de nuestros recursos naturales

Con el objetivo de fortalecer el trabajo legislativo, la diputada Lucila Martínez Manríquez propone reformar la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado, para que este Poder pueda hacer uso de la tecnología y se cuente con una plataforma digital, con lo que se garantiza un funcionamiento eficaz y oportuno de las distintas áreas a través del aprovechamiento de los recursos vanguardistas que, a su vez, sean generosos con el cuidado del medio ambiente

En la sesión de este miércoles, la diputada local presentará la iniciativa con la que se pretende contrarrestar el costo tanto económico como ambiental, y a su vez, hacer más eficiente el proceso de difusión de la información, haciendo uso de los recursos tecnológicos existentes, con el fin de facilitar la consulta interna de los documentos legislativos.

Por ello, se plantea que la Secretaría de Servicios Parlamentario del Congreso será la responsable de la asistencia en la sesión para apoyo a la Mesa Directiva en la preparación y desarrollo de los trabajos del Pleno; de registro, seguimiento e integración de expedientes de iniciativas, propuestas de acuerdo o minutas de Ley o Decreto; distribución de los documentos sujetos a su conocimiento, preferentemente mediante el uso de medios tecnológicos; información y estadística de las actividades del congreso; elaboración, registro y publicación de las actas de las sesiones; y registro de leyes y resoluciones que adopte el pleno.

Se establece que no podrá discutirse ningún dictamen de Ley, Decreto o Propuesta de Acuerdo, sin que previamente se haya distribuido el texto a los diputados por cualquier medio, preferentemente mediante el uso de medios electrónicos, por lo menos con 24 horas de anticipación y publicado en la Gaceta Parlamentaria al día de la sesión.

Lucila Martínez aclaró que “la implementación del proyecto que se plantea, además de ser congruente con los lineamientos del plan de austeridad, lo es con el compromiso ambiental que ha distinguido a la presente Legislatura, así como con el mejoramiento operativo en la distribución de gacetas parlamentarias, pues de aprobarse esta reforma, el uso de aplicaciones tecnológicas generará un ahorro anual significativo en las finanzas del Congreso del Estado”.

De igual manera, señaló que la construcción de una plataforma digital permitirá realizar diferentes funciones y obtener una gama de beneficios, los cuales se describen a continuación: ahorro reflejado en los estados financieros del Congreso del Estado; sustitución directa de los impresos por publicaciones virtuales; facilita sustancialmente la entrega a tiempo y divulgación efectiva de la información; incremento de la eficacia, que se reflejará en posibilidad de una consulta interna de los archivos de forma inmediata, oportuna y en tiempo real; creación de interfaces web y una biblioteca de la misma, entre otros.

Además, dijo que resulta necesario adoptar a partir de la normativa reglamentaria el uso de una alternativa tecnológica viable para el proceso de publicación de documentos legislativos, en especial los emanados del departamento de Asuntos Editoriales, el cual tiene como una de sus principales tareas, la distribución oportuna –de forma física– de las Gacetas Parlamentarias.

Aunado a que se hará más eficiente el proceso de difusión de la información, por lo que plantea la elaboración de un proyecto integral, que sienta sus bases en el uso de los recursos tecnológicos existentes para facilitar la consulta interna de dichos textos, proponiendo una aplicación inteligente que cuente con la afabilidad de ser accesible a los usuarios mediante dispositivos electrónicos a un costo mínimo.

“El Congreso del Estado tiene la valiosa oportunidad de ser pionero en nuestro país al integrar al marco normativo el uso de la tecnología, con lo que se fortalece el trabajo que se realiza en pro de las y los michoacanos”.

Actos de corrupción de Servidores de la Nación serán investigados en el Congreso

A pescadores les piden moche de los apoyos que les otorga el Gobierno Federal

La Comisión de Pesca en el Congreso de la Unión investigará las denuncias de sobre los posibles actos de corrupción que se están reportando en distintas entidades del país, por parte de los Servidores de la Nación contra los pescadores, sobre el presunto cobro de cuotas para recibir los recursos del programa federal Bienpesca, subrayó el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso de la Unión, José Guadalupe Aguilera Rojas.

El diputado federal señaló que los afectados han hecho llegar una serie de documentos que serán revisados en la comisión, de la cual es integrante y que paralelamente a la determinación que se tome en la misma, se analiza como Grupo Parlamentario del PRD presentar las denuncias correspondientes ante diversas instancias.

Explicó que la denuncia se basa en que a los pescadores se les están quitando dinero de los recursos que el Gobierno Federal les asignó como beneficiarios del programa Bienpesca, y si bien los cheques que se entregan tienen nombre y apellido, se les exige una cantidad en efectivo por un supuesto papeleo, y hay casos en los que se les ha quitado hasta la mitad de los 7 mil 200 pesos que se les dio.

Tras reprobar los abusos contra los pescadores, acto de corrupción que de comprobarse debe ser castigado con todo el peso de la ley, el diputado Lupillo Aguilera demandó a la dependencia federal responsable de otorgar estos recursos, a que inicie una investigación de inmediato y proteger a los pescadores de los Siervos de la Nación.

Los pescadores informaron a los legisladores que algunos de ellos se han visto obligados a acceder a la extorsión, porque son amenazaron con sacarlos del censo de beneficiarios de Bienpesca de la Conapesca, por lo que solicitaron la intervención de los legisladores federales.

El diputado federal por Michoacán, recalcó que estos abusos son actos reproblables que deben ser investigados, y se tiene castigar a los responsables, ya que se está atentando y afectado la economía de miles de familias.

“Hay diferentes casos, en algunos les pidieron de 4 mil a 3 mil pesos; pero hay otro grupo de mujeres de una región que les quitaron mil 500 a cada una, en otra zona un grupo de hombres nos reporta que les despojaron de mil 800 pesos, por lo que estamos investigando y haciéndonos de las pruebas que los mismos afectados nos han hecho llegar para completar el expediente y hacer lo correspondiente”.

Lamentó que pese a que el discurso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y su bandera, es el combate a la corrupción, sus Siervos de la Nación están robando de manera vil a los más pobres.

En ese sentido, puntualizó que en la reunión con los diputados federales solicitará que en esta investigación también se incluya a la dependencia federal responsable de este programa, y de ser necesario se llame a comparecer a su titular.

Con iniciativa, Ernesto Núñez busca frenar abusos en incumplimiento de contratos

La propuesta plantea mediación entre las partes vía juez, e incluso la extinción del acuerdo

Morelia, Michoacán, a 02 de junio del 2020.- Con la intención de regular y evitar abusos cuando por causas imprevisibles como una pandemia o desastre natural se incumpla algún contrato en materia civil, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, propondrá una serie de modificaciones al Código Civil del Estado de Michoacán.

Dada la emergencia sanitaria por la pandemia del Coronavirus, miles de ciudadanos se quedaron sin empleo provocando graves afectaciones económicas, mismas que han llevado a que quienes sostenían algún contrato de arrendamiento, por mencionar algún ejemplo, no puedan cumplir los pagos convenidos o establecidos en un acuerdo formal.

Por ello en la iniciativa con proyecto de decreto sobre la imprevisión de contratos, Ernesto Núñez plantea que en acontecimientos extraordinarios, los cuales deriven en cobros excesivos para una de las partes, y a su vez favorezcan a la otra, el contrato deberá ser modificado conforme a la buena fe y reciprocidad, y en último caso se podrán extinguir sus efectos.

Actualmente el marco normativo en la entidad no es proclive para que dada alguna situación extraordinaria se puedan realizar modificaciones sobre las obligaciones adquiridas mediante algún contrato civil, situación que puede llegar a perjudicar los intereses de cada una de las partes.

“Desde el Legislativo tenemos que buscar la manera de apoyar a las y los michoacanos en medio de esta pandemia, iniciativas similares se han presentado en otros estados como Jalisco, Quintana Roo, Guanajuato y Aguascalientes, por mencionar algunas, por ello la necesidad de actualizar el marco legal en nuestro estado”, subrayó Núñez Aguilar.

La enmienda en mención considera que deberá tramitarse un juicio sumario para reconvenir de manera equitativa los intereses de las partes, no sin antes haberse agotado la mediación y conciliación de los involucrados para llevar a cabo este procedimiento.

Establece como acontecimientos extraordinarios, aquellas situaciones imprevisibles por hechos o circunstancias naturales: fenómenos meteorológicos, desastres, epidemias o pandemias; o generados por el hombre: estado de guerra o desaparición de poderes. Es decir, cuestiones que alteren la situación económica y social del país.

“Tenemos que buscar mecanismos legales para proteger la economía de nuestros michoacanos dada esta emergencia, ponernos al nivel para que haya plazos y prórrogas de pago, y se deje de lucrar con la estabilidad de la población que mueve la economía el estado”, concluyó el diputado local.

En Michoacán justicia efectiva, con nuevo marco legal de FGE: Humberto González

Acertada estrategia de la Fiscalía en tareas de investigación, persecución de homicidio y feminicidio

El nuevo marco normativo para la procuración de justicia aprobado por la LXXIV Legislatura, está arrojando resultados concretos a través de una Fiscalía General del Estado, que ha dejado en el pasado el archivo de expedientes para transitar a una justicia efectiva, a través del procesamiento y fincamiento de responsabilidades contra quienes delinquen, de manera particular en materia de homicidio doloso y feminicidio, subrayó el diputado Humberto González Villagómez, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Congreso Local.

En Michoacán se consolidan acciones en el combate de la impunidad y claro ejemplo de ello, son los avances que reporta la Fiscalía General del Estado en la estrategia de investigación, persecución del homicidio doloso y feminicidio, al registrarse un aumento en el número de casos judicializados, reconoció el diputado local.

En ese contexto, calificó como acertado y positivo el trabajo que realiza dicha institución a cargo del Fiscal Adrián López Solís, en donde se han redoblando esfuerzos para dar resultados efectivos a las y los ciudadanos y lograr resolver los casos, con lo que se garantiza un acceso real a la justicia.

Con el trabajo que realiza la FGE, -añadió-, en Michoacán se están dando pasos firmes para garantizar solidez en las carpetas de investigación, apegadas a plenitud a nuestro marco normativo, fortaleciendo con ello la procuración e impartición de justicia.

“Los retos que la Fiscalía General tiene de frente no son menores, en donde el combate a la impunidad es el reto principal, por lo que celebramos el trabajo que se realiza, y los resultados positivos que se están reportando en el corto plazo”.

Humberto González coincidió con los avances que se reportan, lo cual demuestra que se va por la ruta correcta, al lograr incrementar el número de casos judicializados durante la contingencia sanitaria por el Covid-19, en donde pese a la pandemia no se bajó la guardia y reforzaron acciones.

“Reconozco el trabajo que realiza el titular de la FGE, Adrián López, ya que el garantizar la justicia es un tema que por años se había demandado, y hoy con el trabajo que realiza tanto él y la Unidad Especializada para la Investigación y Persecución de Homicidio Doloso, Homicidio Doloso en Agravio de la Mujer y Feminicidio, se está garantizando que dichos delitos no queden impunes y los responsables sean presentados ante los tribunales”.

Refrendó su respaldo al Plan de Persecución de Delitos de la FGE y a las acciones que se realizan para fortalecer la institución en beneficio de las y los ciudadanos, en donde se trabaja firmemente por la procuración de justicia y combate a la impunidad.

Cabe señalar que tan solo en el caso de Morelia, se logró la judicialización de más del 52 por ciento de los homicidios dolosos que conoció, y el 83.3 por ciento en lo que refiere a feminicidios ocurridos durante abril y mayo, lo que representa un avance significativo en comparación con el año anterior.

Mientras que, en Michoacán de las 171 carpetas iniciadas en abril, se judicializaron el 29.7 por ciento, y en mayo, de 151 homicidios que se registraron, ya se tienen identificados a los responsables en el 41 por ciento de los casos, en su mayoría detenidos y vinculados a proceso.

Diputados federales y edil de Morelia piden a gobierno estatal informes claros sobre Covid-19

Morelia, Michoacán.- Tras reiterar su respaldo a las políticas implementadas por la Federación para la contención del Covid-19, diputados federales de Morena y el presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, solicitaron al gobierno del estado tener cifras claras respecto al informe técnico diario emitido diariamente sobre el Coronavirus.

En rueda de prensa donde hicieron un llamado a la coordinación de los tres ordenes de gobierno en medio de la crisis sanitaria, Morón Orozco aseguró que las autoridades están obligadas a informar a la gente de manera precisa, por eso el llamado a trabajar en unidad.

“Es importante que los municipios tengamos el avance, la estadística de cuantos más casos tengamos, basados en la información técnica científica de los gobiernos”, subrayó.

En su oportunidad, la diputada federal morenista, Ana Lilia Guillén, se pronunció por dejar de lado la confrontación entre quienes de manera irresponsable quieren sacar raja política durante la pandemia, por ello que independientemente de la estrategia que cada gobierno implemente.

Avalan en comisión iniciativa de Tony Martínez para ampliar servicios urgentes y extraurgentes en derechos

Morelia, Michoacán.- En la Comisión de Hacienda y Deuda Pública en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado verificará la iniciativa propuesta por el diputado Norberto Antonio Martínez Soto para ampliar los servicios urgentes y extra urgentes en derechos, con lo que se beneficiará a las y los michoacanos.

En la próxima sesión, será a veces el Pleno el dictamen por el cual se adiciona al Título Cuarto «de los Derechos», el Capítulo XXI denominado «por Servicios Urgentes y Extraurgentes» el cual contendrá el artículo 132 Bis, a la Ley de Hacienda del Estado

La iniciativa propuesta por Tony Martínez y aprobada en la Comisión, tiene como objetivo que los servicios que se ofrecen específicos a los Derechos por Servicios del Registro Civil, por Servicios de la Dirección del Notariado y Archivo General de Notarías, por Servicios de Catastro, y por Servicios Oficiales Diversos pueden ser entregados al siguiente día o el mismo en el que se hace el trámite, bajo el carácter de trámites urgentes y extraurgentes respectivamente.

Dichas Unidades Administrativas del Poder Ejecutivo son las que tienen mayor demanda por parte de la ciudadanía, y por lo tanto las víctimas que tienen que la documentación marítima entregada de forma inmediata, para posteriores trámites personales del solicitante.

En ese contexto, se adapta la redacción del artículo, para especificar qué trámites que de común se entregan el mismo día, se firma otorgando así y con el costo corriente establecido en la Ley, y el carácter de urgencia y extraurgente solo aplique para esos trámites que normalmente tardan cuatro o más días en entregarse.

Con la propuesta de Tony Martínez, busca la búsqueda en la Ley de Hacienda del Estado, la posibilidad de realizar servicios urgentes y extraurgentes para el pago de Derechos, con lo que se evita que la población tenga que realizar mayores gastos.

Explica que hace unos días se solicitó por el Pleno una reforma a la Ley de Hacienda del Estado, pero con la que él presenta, se amplía en la norma los servicios urgentes y extraurgentes, con lo que se beneficia a las y los michoacanos que fácilmente de estos servicios.

Con esta propuesta que confía en el mar aprobado en la siguiente sesión, la población podría resultar beneficiada al tener su documento inmediato, lo que implica un ahorro en tiempo y en costos de traslados.

“Con esto se atiende una de las demandas de la ciudadanía, quienes han expuesto su inconformidad por la demora en diversos trámites que se realizan en las unidades administrativas, lo que ocasionan pérdidas financieras, mientras que otros contribuyentes no pueden llevar a cabo sus trámites con celeridad, como son pasaportes, escrituración, enajenación de bienes inmuebles, apostillas de planos de estudio, legalización de títulos, entre otros ”.

En ese contexto, reiteró sobre la necesidad que era adicionar un apartado en la Prestación de servicios de Derecho Público, que especifica que cuando se realicen con carácter de urgencia, y especificando que los servicios ordinarios se entregarán a los cuatro días hábiles, los urgentes al día siguiente, y los extra urgentes el mismo día.

Improcedente juicio político contra presidenta municipal y ayuntamiento de Nahuatzen

  • Los diputados locales llegaron a esta conclusión luego del análisis y discusión de que la denuncia no cumplía ninguno de los supuestos del numeral 30 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado.

Morelia, Michoacán.- El Pleno de la 74 Legislatura, determinó la improcedencia de la denuncia de juicio político en contra de Mayra Lucía Morales, en cuanto Presidenta Municipal de Nahuatzen, así como del Ayuntamiento de dicho municipio.

Lo anterior, en razón de que los planteamientos presentados por los ciudadanos Miguel García Pablo, Dolores Álvarez Rojas, José Jesús Avilés León, Roberto Paleo Ana Lucas, Antonio Paleo Flores, Emiliano Velázquez Meza, José Inés Capiz, Efraín Molina Avilés, Carlos Magaña Espino, Arnulfo Espino Capiz, Jorge Irepan González y David Daniel Romero Robles, no contemplan ninguno de los supuestos del numeral 30 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios.

Además, los solicitantes del juicio político, no señalan nombres de forma particular, de los servidores públicos que integran dicho Cabildo, ni especifican la conducta que les puede ser atribuida para ser sujetos de juicio político, dejando a este cuerpo legislativo sin elementos para entrar al estudio y análisis de la posible participación de los integrantes del Cabildo en la actualización de alguno de los supuestos citados por la Ley antes citada.

De esta manera y luego del estudio y análisis realizado por los diputados integrantes de las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales en torno a la denuncia de juicio político contra Mayra Lucía Morales, Presidenta Municipal de Nahuatzen y del Cabildo de dicho Ayuntamiento, reconocieron que la descripción de los hechos contenidos en el escrito de la denuncia y en concatenación con las documentales que se adjuntaron en copia simple, no se actualiza ninguno de los supuestos contemplados para determinar la procedencia de un juicio político.

Cabe señalar que los legisladores, dejan salvaguardados los derechos de los denunciantes para que puedan ejercerlos ante la autoridad competente.