Por la salud sexual y reproductiva de niñas y mujeres, Araceli Saucedo propone iniciativa

Morelia, Michoacán, 07 de julio de 2020. En medio de la pandemia por el Covid-19, se debe garantizar la prestación de todos los servicios de salud, fortaleciendo los procesos y protocolos de educación sexual y derechos reproductivos, por la salud de las mujeres y niñas que viven en zonas de alta y muy alta marginación, como en las comunidades y pueblos indígenas, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, quien presentó una reforma a la Ley de Salud en el Estado.

Al presentar la iniciativa durante la sesión virtual celebrada este martes, la diputada integrante del Grupo Parlamentario del PRD señaló que en estos momentos existe una tendencia creciente a la vulneración de los derechos reproductivos y sexuales, como resultado del encierro voluntario, principalmente en aquellas comunidades donde las mujeres históricamente han sido sometidas.

Durante el encierro por la pandemia, comentó que especialistas señalan que los embarazos no deseados y las violaciones sexuales a las mujeres y niñas han venido incrementando de manera alarmante, mayormente en los pueblos originarios.

Por ello, Araceli Saucedo plantea que no se dejen de prestar los servicios de salud, diferentes al Covid, tales como procesos y protocolos de educación sexual y derechos reproductivos, ya que en estos momentos muestran tendencias crecientes la violación de los derechos reproductivos y sexuales, derivado del encierro voluntario por la pandemia, sobre todo en aquellas comunidades donde las mujeres históricamente han sido sometidas.

En la iniciativa de reforma establece que la Secretaría de salud deberá identificar y reconocer las necesidades diversas de las mujeres y niñas, focalizando la atención en las más marginadas, para garantizar equitativamente el acceso a servicios básicos de salud para ellas.

Además de que dicha dependencia deberá implementar estrategias emergentes para proteger el derecho a la salud de las mujeres y niñas, en las zonas de alta y muy alta marginación, sobre todo en áreas indígenas del Estado, cuando la población se mantenga en riesgo sanitario y que se encuentren imposibilitadas para trasladarse.

En la propuesta, Araceli Saucedo señala que, en caso de identificar un número alto de contagios de enfermedades de transmisión sexual, y con la finalidad de resguardar la salud de las enfermedades de las mujeres, se deben redoblar las acciones por parte de la Secretaría de Salud, y de ser necesario se deberán trasladar unidades médicas móviles con los servicios e insumos suficientes y brindar el tratamiento que se requiera.

Además, se deberá garantizar de manera gratuita la totalidad de medicamentos y diagnósticos de laboratorio que se requieran hasta el final del tratamiento y en caso de que la clínica o unidad no cuente con ellos, será obligación de la Secretaría de Salud abastecer a los mismos.

Ante la contingencia que se vive, reconoció que muchos de los esfuerzos y recursos en materia de salud, se han concentrado en contener la propagación del coronavirus y brindar la mejor atención a los pacientes contagiados, por lo que es importante que a la par con esta emergencia sanitaria, no descuidemos el resto de los servicios de salud, en especial los dirigidos a grupos vulnerables como las mujeres, adolescentes y niñas.

“Es importante destacar la importancia de dar seguimiento a los procesos sanitarios, sexuales y reproductivos de la población femenina, garantizando sus derechos humanos, porque habrá que resaltar que, durante este contexto resalta de manera particular la vulnerabilidad en la que se encuentran diversas comunidades que integran nuestro Estado, no sólo por la desventaja social y económica del entorno en que se desarrollan, sino también por el riesgo que se padece de ser principales focos de violencia física, psicológica y sexual que padecen dentro y fuera de sus hogares”.

Por lo anterior, Araceli Saucedo llamó a redoblar esfuerzos para que en esta contingencia y en todo momento, se dé continuidad a los procesos y protocolos de educación sexual y derechos reproductivos.

“Estudios de organizaciones de salud, han señalado que durante esta pandemia se han venido reflejando y evidenciando cada vez más los casos de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos, ya que este tema se ha venido sacrificando, dando prioridad a otros temas de salud, no menores, es cierto, pero descuidando un tema tan importante en la vida y desarrollo de las mujeres. Provocando con esto que las cifras que se vienen registrado durante este encierro voluntario, se han disparado los casos de violencia sexual, que en la mayoría concluye en embarazos no deseados o enfermedades de transmisión sexual”.

Por lo anterior, dijo que se deben de dar las herramientas necesarias desde la LXXIV Legislatura en del Congreso del Estado para garantizar equitativamente el acceso a los servicios integrales de salud para mujeres y niñas; que cuenten con procesos eficientes e inclusivos de prevención, detección y seguimiento.

“Esta pandemia, viene a evidenciar el grave riesgo y situación en el que se encuentran los pueblos indígenas e impulsa a adoptar medidas urgentes de protección al derecho a la salud de esta población, en particularmente de aquellos que se vieron afectados por este aislamiento voluntario, debemos legislar con perspectiva colectiva, con una cosmovisión y diversidad cultural”.

Finalmente, reiteró la necesidad de que se implementen políticas públicas que garanticen el derecho a la salud de los pueblos indígenas, y priorizando los riesgos de salud de las mujeres, quienes deben recibir una atención integral incluyendo la accesibilidad de los servicios y la disponibilidad de insumos, es decir exámenes de diagnóstico y medicamentos necesarios; intensificar la elaboración e implementación de protocolos de prevención de enfermedades de transmisión sexual y reproductivas apropiados, que incluyan el diseño de estrategias de capacitación

Proponen que delito de rapiña se persiga por querella y se castigue de 4 a 16 años de cárcel

Con la finalidad de brindar certeza jurídica al patrimonio de las personas y al propio Estado, persuadiendo y sancionando el robo, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto presentará una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado, para establecer que el delito de rapiña se persiga por querella y se sancione de 4 a 16 años de prisión en Michoacán

Este miércoles en la sesión virtual, el diputado presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura Local, presentará la iniciativa, con la que se busca sancionar dicho delito, ya que, ante situaciones de vulnerabilidad social, hay quienes de forma dolosa se aprovechen del estado de confusión generalizada para realizar actos de rapiña a establecimientos comerciales de particulares o dependencias públicas.

La rapiña se considera como el acto de apoderarse de una cosa mueble, ajena y sin consentimiento de quien legítimamente pueda disponer de ella, perpetrado por una o varias personas, con violencia o sin ella, aprovechando el estado de caos y confusión generalizada, derivado de un hecho de la naturaleza que provoca vulnerabilidad social.

Tony Martínez establece en la iniciativa que se considere que la rapiña como un tipo penal, y delito que debe tener tratamiento distinto al de un robo calificado grave. “Se propone que el delito de rapiña se persiga por querella y al responsable se le imponga de 4 a 16 años de prisión y una multa de doscientos a quinientos días”.

En cuanto a la consumación, el legislador perredista plantea que contrario al delito de robo, la aplicación de la sanción, se dará por consumado el delito de rapiña en el momento en que el sujeto activo tiene en su poder la cosa mueble, en caso de que la cosa se encuentre al interior de un inmueble, al momento de sustraerla del mismo, en ambos casos, aun cuando la abandone o lo desapoderen de ella.

“Asimismo, se propone una sanción de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 100 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de multa (en la lógica de la penalidad estipulada en la fracción I del multicitado artículo 200); a quien convoque, organice, promueva o difunda, por cualquier medio, la ejecución de rapiña”.

Cabe destacar que por lo regular quienes cometen actos de rapiña, no sustraen productos relacionados con alimentación, tratamientos médicos o básicos para la subsistencia, caso contrario, se enfocan en artículos de valor como son joyas, relojes, aparatos electrodomésticos y de telecomunicación, entre otros, por lo que en la tipificación no se encuadra el estado de necesidad.

Ante tal grave supuesto, Tony Martínez refiere que se debe proteger el patrimonio de las personas y del propio Estado; al no permitir desde la legislación que, aunado a la difícil crisis de salud, económica y social que atraviesa nuestra entidad, se toleren actos de rapiña que atentan contra el círculo comercial local, desplegados por sujetos que dañan severamente el tejido social incitando a estas actividades antisociales a través de medios electrónicos de comunicación digitales u otros.

Por ello, también propone que se derogar la fracción III del artículo 204 del Código Penal del Estado, así como adicionar el artículo 204 bis a nuestra legislación penal, tipificando en la especificidad el delito de rapiña, para garantizar que quien lo cometa asuma las consecuencias jurídicas y se haga responsable de la reparación de los daños ocasionados.