• El líder parlamentario del PVEM consideró necesario fortalecer el tipo penal de dicho delito ante la otra pandemia que vive México y Michoacán

Morelia, Michoacán.- Con la finalidad de facilitar la integración de una carpeta de investigación y garantizar la aplicación de justicia cuando se trate de un feminicidio, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, planteó una propuesta de modificación al Código Penal del Estado.

Para Ernesto Núñez resulta de gran trascendencia fortalecer el tipo penal del feminicidio ante la otra pandemia que está viviendo México, la de los asesinatos de mujeres, ya que es una realidad lacerante en la que ocultar su estadística, prevalencia, e incidencia es tanto como negarla, calificando este acto de violencia como el más grande en contra de la mujer.

La enmienda de reforma a los artículos 120, 122, 124 y 135 busca un cambio del tipo penal para que el Ministerio Público tenga mayor facilidad en la introducción de elementos de prueba en la carpeta de investigación y por consecuente se obtenga un resultado punitivo en una sentencia acusatoria por el delito de feminicidio.

Hasta el mes de abril, en México el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) registró un total de 632 crímenes contra mujeres, de los cuales 466 casos fueron de homicidios dolosos y 166 fueron tipificados como feminicidios.

“Facilitar la acusación supone un doble propósito: lograr la integración de la carpeta de investigación con pruebas suficientes; y segundo, no permitir que una construcción deficiente del tipo penal permita que los sujetos activos resulten sin castigo, cuando en los hechos han provocado la muerte de una mujer”, subrayó el diputado local en sesión virtual.

En su propuesta, Núñez Aguilar expone que ahora el tipo penal básico de feminicidio podrá ser considerado calificado, lo cual redundará en un aumento general de la pena; por necesidad será considerado como doloso (en cualquiera de sus formas); propone el concepto “quién”, lo cual, permite que cualquier persona pueda ser responsable del delito.

Mientras que el verbo rector será “privar de la vida”, advirtiendo que el asesinato puede perpetrarse en cualquiera de sus formas; y también que el sujeto pasivo siempre será una mujer, materializando así el bien jurídico tutelado: la vida de cualquier michoacana.

Finalmente, el diputado del Partido Verde llamó a sus compañeras y compañeros legisladores para que el estudio de la iniciativa sea ágil y así Michoacán avance en el camino de erradicar cualquier tipo de violencia en contra de mujeres y niñas, a fin de no dejar de dar pasos hacia la justicia y construcción de un sistema garante de sus derechos.

Para eliminar los obstáculos que impiden a la población ocupar un cargo público, el diputado Ángel Custodio Virrueta García, presentó una iniciativa de reformas a varias leyes y a la Constitución Política del Estado, para armonizar de manera integral la legislación estatal y con ello, modificar el requisito de ser mexicano por nacimiento.

En la sesión virtual, resaltó que estas modificaciones son necesarias para garantizar la igualdad, al establecer que los cargos públicos pueden ser ocupados por ciudadanas o ciudadanos mexicanos, dando acceso a todas las personas que quieran ocupar un cargo.

Hizo mención que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación determinó que el requisito de nacionalidad por nacimiento contraviene los principios de igualdad y no discriminación, consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho convencional al que se hace referencia, ya que el artículo 32 constitucional debe interpretarse a la luz del artículo 1° Constitucional, de acuerdo con el cual debe preferirse la interpretación que evite discriminaciones entre mexicanos.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, subrayó que, es necesario homologar los ordenamientos estatales con la legislación nacional, conforme a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de enero del 2020, referentes a invalidar el requisito de contar con la nacionalidad mexicana por nacimiento para acceder a cargos públicos.

“Por eso estamos proponiendo eliminar dicho requisito, modificando los textos establecidos en la Constitución del Estado y la legislación secundaria estatal”, sostuvo el legislador en la sesión de este lunes.

Para lograr dicho fin de atender tanto el principio de igualdad y no discriminación, así como el de paridad de género, resaltó que se propone la modificación de la redacción para pasar de decir “mexicano por nacimiento” a “mexicana o mexicano”, y para los casos contemplado en los preceptos a modificar “michoacano” por “michoacana o michoacano”.

En la Constitución del Estado y las leyes reglamentarias materia de la iniciativa, en los que se propone se elimine el requisito de nacionalidad por nacimiento son: diputado; Secretario de Gobernación del Estado; Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Presidente, síndico y regidor; Contralor del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral; Contralor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; Director general del Organismo para el Desarrollo Integral de la Familia; Miembro de la Junta Directiva, de la Dirección de Pensiones Civiles; Titular del Órgano Interno de Control del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Rector, Consejero representante de los maestros y Consejero representante de alumnos de la Universidad michoacana de San Nicolás de Hidalgo; Investigador titular e investigador adjunto del Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos del Congreso del Estado; Titular del Órgano Interno de Control del Poder Judicial; Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica; Miembro del Consejo de participación ciudadana, de Seguridad pública y para ingresar a las Instituciones de Seguridad pública.

“La nacionalidad es considerada como uno de los derechos humanos esenciales de las personas, toda vez que implica el acceso a un conjunto importante de las garantías que el Estado debe salvaguardar”.

En Michoacán, el requisito de ser mexicano por nacimiento para ocupar cargos o comisiones en la función pública, primeramente en la Constitución Política del Estado se establece en el artículo 23, para el caso de ser diputado, en el 63 para secretario de gobernación, en el 76 para ser magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y en el 119 para presidente, síndico y regidor municipales, requisito que para el caso de ser gobernador del Estado no se contempla, y por lo que ve a la legislación reglamentaria en 10 leyes estatales se contempla dicho requisito para ocupar diversos cargos públicos.

-Alertó sobre las acciones que se han venido instrumentando por el Gobierno Federal y que atentan contra la democracia en el país

Es necesario en México frenar la intentona que se pretende dar, para que todo ciudadano sea investigado por el patrimonio que posee, tal como ahora lo plantea el partido en el poder federal, subrayó Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

El legislador alertó sobre las acciones que se han venido instrumentando por el Gobierno Federal y que atentan contra la democracia en el país, aprovechando la coyuntura de la crisis sanitaria para cristalizarlas.

“Ahora se pretende facultar al INEGI para que investigue el patrimonio de todos los mexicanos, poniendo como excusa la lucha contra la desigualdad, lo que sin duda abre camino a un Estado persecutor y con margen para la represión”.

Antonio Soto Sánchez apuntó que se pretende echar mano del INEGI como mecanismo de inteligencia, para detectar el patrimonio de cada mexicano, complementando la medida con mayores atribuciones a la Comisión Federal de Competencia Económica.

“La lógica de la progresividad fiscal que ahora plantea Morena justo en estos momentos, en donde la crisis sanitaria impacta de manera lacerante la economía de millones de mexicanos, muestra la falta de solidaridad Federal, porque va por mayores cobros a los ciudadanos que durante su vida se han hecho de un patrimonio”.

Por otra parte, el legislador consideró que la medida oculta como dolosa de fondo ya que al contar un “gran ojo” sobre el patrimonio que han construido las personas, se corre el riesgo de acciones político-fiscales de aquellos críticos o que no muestren coincidencia con las políticas de gobierno.

Asimismo, Antonio Soto Sánchez, apuntó que esta medida desalienta de origen la posibilidad de que las personas puedan contar con un patrimonio, situación de por sí ya complicada en estos momentos para millones de mexicanas y mexicanos.

 

A fin de garantizar que las mujeres tengan garantizado el derecho y acceso a la vivienda, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Instituto de Vivienda del Estado, en la que se plantea dar preferencia de acceso a una vivienda digna, a las jefas de familia y sus descendientes.

El diputado local integrante del Grupo Parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, expuso que de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la necesidad de reemplazo de vivienda está concentrada en la población no afiliada a la seguridad social, que representa el 73% de la necesidad nacional y solamente recibe el 30% del financiamiento total destinado a vivienda de acuerdo a lo establecido en este documento en 2010, la carencia de servicios básicos en la vivienda afectó a 9.4% de la población en localidades urbanas, mientras que en zonas rurales se presenta en 50.4%.

En dicho plan, se evidencia que existen grupos de la población, particularmente desatendidos como es el caso de las jefas de familia, por lo que Tony Martínez presentó esta iniciativa durante la sesión virtual.

La reforma propuesta este día por el diputado consiste en que el Instituto de Vivienda podrá celebrar contratos de venta, arrendamiento y donación de inmuebles, ajustándose a los ordenamientos legales aplicables, con jefas y jefes de familia que no sean propietarios de vivienda preferentemente, procurando resolver la necesidad de vivienda popular y de interés social.

Además de que el instituto, con base en lo dispuesto en los ordenamientos legales aplicables y de acuerdo a lo convenido con las instituciones financieras y crediticias, formulará las reglas y procedimientos mediante los cuales se regulará la operación y otorgamiento de créditos, donaciones y financiamientos destinados a la construcción, adquisición o mejoramiento de vivienda de interés social y popular.

En ese contexto, se tendrán que sujetar a las siguientes bases: solo podrán ser concedidos a personas en lo individual y se dará preferencia a los beneficios que otorga la presente Ley, a las personas de más bajos ingresos que tengan a su cargo una familia; vivan en hacinamiento; o no cuenten con una vivienda digna y propia, priorizando a las jefas de familia, con los mecanismos y apoyos que garanticen su exigibilidad.

En Michoacán, una de las necesidades básicas que aqueja a las familias es precisamente la carencia de una vivienda digna, especialmente cuando dichas familias solo cuentan con un sostén económico, que en la mayoría de los casos se trata de mujeres a las que denominamos jefas de familia, resaltó el legislador en su exposición de motivos.

Tony Martínez manifestó que “tener acceso a este derecho en muchas ocasiones es complicado derivado de la difícil situación económica por la que atraviesan diversos sectores sociales de nuestro país, esta situación se agrava en caso de mujeres que son jefas de familia y tienen a su cargo la educación y manutención de sus hijos”.

En nuestro estado, como en el resto del país, dijo que, las familias se encuentran viviendo con sus hijos en hacinamiento, con repercusiones que afectan especialmente el desarrollo psicológico y de salud de estas personas.

Por ello, la importancia de esta reforma para establecer en la Ley, que las jefas de familia pueden acceder a un crédito, financiamiento público o apoyo destinado para la obtención o mejoramiento de la vivienda señalados en la Ley Orgánica del Instituto de Vivienda del Estado, a fin de contribuir a su desarrollo y eliminar cualquier obstáculo o discriminación.

“Es nuestro compromiso y deber plasmar en nuestra legislación local, las acciones para fortalecer los derechos de las mujeres y garantizarles que puedan adquirir vía crédito o financiamiento público, una vivienda digna y así fortalecer el núcleo más importante de nuestra sociedad que es la familia”.

Tony Martínez aclaró que, la aprobación de la presente iniciativa, no representa necesariamente un impacto presupuestal negativo a las finanzas públicas, debido a que los tres órdenes de gobierno cuentan ya en sus respectivas leyes de ingresos, con presupuesto destinado a programas de financiamiento y subsidio consignados a la obtención, mejoramiento y ampliación de vivienda, en la especificidad, el espíritu de la presente pieza legislativa, es modificar el sistema de acceso y de selección a las políticas públicas y programas antes mencionados, priorizando la oportunidad de obtener estos beneficios a un grupo vulnerable como es el que las jefas de familia representan

– Plantea reformar Ley de Salud y se incluya figura jurídica

-Establece las acciones que tendrán que realizar los ayuntamientos, organismos y diversas áreas

Ante la gravedad de la pandemia causada por el COVID-19, es urgente reformar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado, en aras de darle plena vigencia a los derechos humanos de la población, ante lls riesgos para la vida, salud e integridad personal, estableciendo las responsabilidades de las autoridades locales y estatales, así como de los diversos sectores sociales, subrayó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, quien presentará una iniciativa al respecto.

“La actualización de la Ley de Salud estatal, significa salvar vidas. Nos enfrentamos a una pandemia sin precedentes, una crisis de salud, económica y social, que pone en peligro la coexistencia de la totalidad del catálogo de Derechos Humanos reconocidos. Esta contingencia es una prueba contrarreloj, en caso de que el actuar del poder público se retarde significaría la muerte de la población, de ahí la importancia de la presente iniciativa”, sostuvo el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD.

Tony Martínez explicó que los artículos 134 y 139 de la Ley General de Salud, señalan que el control de epidemias son facultades concurrentes entre la Federación y los Estados. Y, la determinación de medidas que se requieran para la prevención y el control de dichas enfermedades, son de observancia obligatoria por los particulares, sin embargo, no considera la figura jurídica de pandemia.

Esta crisis sanitaria que hoy se vive, refleja que las medidas impuestas por las autoridades de todos los niveles, en la mayoría de los casos se decretaron de manera emergente frente a una sociedad y un sistema jurídico no preparado para esta causa superviniente e impredecible.

Dijo que ello agravó los mensajes confusos y contradicciones en el Gobierno Federal, lo que provocó que en diversas Entidades Federativas, -no solo en Michoacán-, los Gobiernos Locales y Municipales, adoptaran medidas propias en aras de buscar la protección máxima de su población, tal es el caso del uso de cubrebocas, el inicio de las medidas preventivas, el aislamiento en casa voluntario u obligatorio y el más reciente plan para la nueva normalidad, que acertadamente la Federación ha determinado sea de observancia voluntaria para los estados y municipios.

“Ante este panorama, como legisladores nos conlleva a reflexionar si la vida en el ámbito del cuidado de la salud posterior a esta contingencia será igual que antes. La polarización para abordar la pandemia provoca un temor fundado sobre la erradicación del virus, incluso con una vacuna por la desinformación o contra-información.
Todas y todos somos testigos del desgaste de la sociedad, cuando se supere la crisis de salud, vendrá una crisis económica, que ya se vive, en el sector público y privado, luego entonces, es urgente analizar si nuestra actual ley de salud se encuentra preparada para la vida presente y futura en una pandemia”.

Por ello, mencionó que es necesario que en Michoacán se atienda el llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien exhorta a que los gobiernos adopten medidas urgentes y asertivas para combatir el brote, estableciendo una gestión integral de riesgos sanitarios y civiles, que atiendan cualquier contingencia de salubridad y social de manera adecuada, ordenada y oportuna, conforme los protocolos nacionales e internacionales en la materia, por lo que es vital adecuar la legislación.

En ese contexto, Tony Martínez plantea que se considere en la Ley la figura jurídica «pandemia», y que cuando esta suceda como actualmente, se deberá cerrar filas para su contención, atención y lo que sea necesario para salvar vidas, en ello, así como en desastres naturales, así como en urgencias epidemiológicas.

En la iniciativa se especifica a los ayuntamientos, albergues, centros penitenciarios, de readaptación, centros de reunión, de espectáculos, patronatos de salud rurales, sector privado y social, vendedores, y locatarios –entre otros, que en casos de epidemias y desastres naturales estarán obligados a acatar las medidas emitidas por las autoridades de salud.

En tanto los cementerios, en caso de muertes que deriven de epidemias, pandemias o enfermedades transmisibles, cuyo riesgo de propagación sea alto, la Secretaría emitirá medidas sanitarias excepcionales de control sanitario.

En lo que se refiere a desastres naturales, urgencias epidemiológicas o pandemias, los planteles educativos contarán con protocolos específicos para la prevención, contención o atención. Para ello contarán con la asesoría de la Secretaría.

Así también se establece que, las autoridades sanitarias serán suspendidas de forma inmediata en caso de que se compruebe el incumplimiento a lo señalado en esta Ley o se dará aviso a las autoridades correspondientes.

En la iniciativa de Tony Martínez también se establece que en el caso de declaratoria de Pandemia, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría, implementará como medida de seguridad sanitaria, un sistema de fases de observancia general y obligatoria, con la finalidad de darle seguimiento al promedio global de casos, la evaluación continua y gestión del riesgo, la velocidad de propagación y severidad de la pandemia, por medio de distintas fases que se especifican en la iniciativa.