-Se da un claro mensaje de las acciones a realizar, sin generar percepciones equivocadas que tiendan a un relajamiento social sobre las medidas preventivas y de protección

En Michoacán existe una planificación racional y ordenada para generar una nueva convivencia frente a la crisis sanitaria que hemos afrontado, lo que abatirá los riesgos de contagio entre la población, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

El legislador consideró que desde Michoacán, se da ejemplo de planificación para el país, sobre un esquema de planificación claro, ordenado y racional, que pone en el centro la salud de las michoacanas y los michoacanos y atiende también las necesidades de reactivación social que deben darse de manera paulatina.

“De manera esencial en Michoacán se da un claro mensaje sobre las acciones a realizar, sin generar percepciones equivocadas que tiendan a un relajamiento social sobre las medidas preventivas y de protección que debemos tener todos y que no hay que descuidar”.

Destacó que se impulse el concepto sobre una nueva convivencia, pues la realidad que ha generado la pandemia por el Covid-19, evidencia la necesidad de formas distintas de relacionarnos, primero con nuestro propio cuerpo y su cuidado, luego con otras personas, y también con nuestro entorno y medio ambiente.

Antonio Soto Sánchez destacó que establecer una ruta clara y transparente genera certeza y confiabilidad de la ciudadanía a las autoridades, y aunque en algunos casos las medidas puedan parecer estrictas, la sociedad tiene los elementos para valorar y entender las razones que se tienen en la toma de decisiones.

“Las medidas para la nueva convivencia dadas a conocer por el gobernador Silvano Aureoles, generan una perspectiva clara de los pasos a dar en Michoacán, evitando la incertidumbre y la especulación que lamentablemente hemos visto en lo federal, por la falta de claridad en las determinaciones que se toman”, concluyó.

Las iniciativas deberán exponer los beneficios sociales que generarán.

Al proponer la creación de organismos, dependencias o la ampliación de la estructura gubernamental, deberá justificarse la suficiencia presupuestal.

 

Morelia, Michoacán, 19 de mayo de 2020. Con el objetivo de dar cumplimiento eficaz y útil al trabajo legislativo es necesario establecer en la Ley Orgánica del Congreso del Estado un análisis de los beneficios sociales sobre cada iniciativa propuesta y dar celeridad al trabajo en comisiones, aseveró Oscar Escobar Ledesma, diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN).

Al presentar la iniciativa con la que se adiciona un quinto párrafo al artículo 235, y un cuarto párrafo al artículo 243, de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, Escobar Ledesma refirió que es necesario explicar el impacto social que tendrá cada propuesta, además de contemplar la existencia de presupuesto cuando se proponga la creación de algún organismo o dependencia.

«El trabajo legislativo que realizamos los diputados, refiriéndome a las iniciativas de ley o decreto con el propósito de dar respuesta a las diferentes necesidades de los michoacanos, este debería de ser presentado no sólo con una exposición de motivos y la propuesta del articulado, sino con un análisis de los beneficios que pudiera generar o impactar en la sociedad. Además, si estas propuestas de ley pretenden la creación de organismos, dependencias o la ampliación de la estructura gubernamental, deberá justificarse si existe la suficiencia presupuestal para ello, pues en muchas ocasiones se realizan este tipo de propuestas y tardan años en poder implementar las disposiciones de la ley por la falta de presupuesto».

El legislador por el distrito 19 con cabecera en Tacámbaro señaló que la iniciativa que presentó también contempla impulsar el trabajo de las comisiones para evitar el rezago de asuntos.

«Dentro de esta propuesta también se contempla que las comisiones que no emitan un dictamen a las iniciativas presentadas, en los términos establecidos por la ley en su artículo 243, deberán presentar un informe al presidente del Congreso del Estado, donde expongan los motivos o consideraciones que justifiquen la inactividad del proceso legislativo, a fin de que determine lo conducente».

Con esta iniciativa se evitará que muchos temas terminen en la llamada «congeladora legislativa», porque las propuestas no logran ser analizadas y presentadas en el pleno, recalcó Escobar Ledesma

A fin de no permitir lagunas en el marco jurídico electoral que frenen la participación efectiva de la mujer, la diputada Lucila Martínez Manríquez presentó una iniciativa para reformar el Código Electoral del Estado, para que se incluya en las recientes reformas avaladas del Congreso del Estado la paridad de género.

Con pasos firmes y una legislación fortalecida, recalcó que el Congreso del Estado debe refrendar su compromiso con las mujeres, garantizando en el marco normativo sus derechos y dando cumplimiento al mandato federal.

La paridad de género asegura la igualdad entre los géneros, por lo que se debe incluir en el Código Electoral esta igualdad que en principio es normativa, se traduzca en un verdadero acceso de las mujeres a cargos de elección popular.

En la sesión virtual celebrada este lunes, la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, propuso establecer en su en el marco normativo el concepto de paridad de género, entendiéndose ésta como la igualdad política entre hombres y mujeres, y se garantice con la asignación del 50% mujeres y 50% hombres en candidaturas a cargos de elección popular y en nombramientos de cargos por designación.

Lucila Martínez dijo que, la paridad de género en el ámbito político busca lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el ejercicio del poder, así también en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, por lo que el Congreso del Estado debe hacer lo que le corresponde.

La legisladora señaló que la paridad debe ser una realidad y estar reflejada plenamente en el Código Electoral, en donde el Congreso Local es el responsable de confeccionar el andamiaje normativo.

“Se debe armonizar nuestro marco normativo con el ordenamiento recién aprobado, el cual estriba en precisar que la violencia política contra las mujeres es toda acción u omisión, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de las mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, o el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo”.

Con dicha reforma se fortalece la defensa de todas, al establecer que la violencia política contra las mujeres en razón de género: es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Para evitar improvisación y garantizar que las autoridades estatales, municipales, así como los diversos sectores sociales, cuenten con los instrumentos jurídicos para actuar de manera oportuna e inmediata ante cualquier contingencia, y con ello, salvaguardar la vida de la población, el diputado Norberto Antonio Martínez Soto presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado.

En la sesión de la LXXIV Legislatura Local que se celebró este lunes, el diputado refirió que ante los graves estragos que ha generado la pandemia causada por el COVID-19, es urgente reformar diversas disposiciones de la Ley vigente, estableciendo las responsabilidades de las autoridades locales y estatales, así como de los diversos sectores sociales.

El actualizar la norma estatal, hoy más que nunca resulta urgente, sostuvo el legislador, al referir que nos enfrentamos a una pandemia sin precedentes, una crisis de salud, económica y social, que pone en peligro la coexistencia de la totalidad del catálogo de Derechos Humanos reconocidos.

En su exposición refirió que, los artículos 134 y 139 de la Ley General de Salud, señalan que el control de epidemias son facultades concurrentes entre la Federación y los Estados, sin embargo, la determinación de medidas que se requieran para la prevención y el control de dichas enfermedades, son de observancia obligatoria por los particulares, además de que no considera la figura jurídica de pandemia.

Atendiendo el llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre adoptar medidas urgentes y acertadas para combatir esta pandemia, estableciendo una gestión integral de riesgos sanitarios y civiles, que atiendan cualquier contingencia de salubridad y sociales de manera adecuada, ordenada y oportuna, es que este lunes se presentó la iniciativa.

Para ello, es necesario que nuestra legislación contemple la figura jurídica pandemia, a fin de que ahora, y cuando ocurra cualquier acontecimiento de tal naturaleza, se pueda intervenir.

En la iniciativa que presentó Tony Martínez este día, se establece que los ayuntamientos, albergues, centros penitenciarios, de readaptación, centros de reunión, de espectáculos, patronatos de salud rurales, sector privado y social, vendedores, y locatarios –entre otros, estarán obligados a acatar las medidas emitidas por las autoridades de salud.

Así también, los cementerios o panteones, en caso de muertes que deriven de epidemias, pandemias o enfermedades transmisibles, cuyo riesgo de propagación sea alto, la Secretaría emitirá medidas sanitarias excepcionales de control sanitario.

En caso de desastres naturales, urgencias epidemiológicas o pandemias, los planteles educativos contarán con protocolos específicos para la prevención, contención o atención. Para ello, contarán con la asesoría de la Secretaría.

Asimismo se establecen sanciones para las autoridades sanitarias, quienes serán suspendidas de forma inmediata, en caso de que se compruebe el incumplimiento en su labor y también se define que en el caso de declaratoria de Pandemia, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría, implementará como medida de seguridad sanitaria, un sistema de fases de observancia general y obligatoria, con la finalidad de darle seguimiento al promedio global de casos, la evaluación continua y gestión del riesgo, la velocidad de propagación y severidad de la pandemia, por medio de distintas fases que se especifican en la iniciativa.

Ante el Congreso del Estado, el diputado por el Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, presentó una iniciativa para que la vida se respete desde la concepción en Michoacán.

En su exposición de motivos el congresista, enfatizó que la vida debe de ser una prioridad, por encima de la situación económica, social o cultural, por lo que consideró que el Poder Legislativo tiene la responsabilidad adecuar las leyes para que se prevalezca la vida.

Actualmente en Michoacán, el aborto se permite dentro de las primeras 12 semanas cuando el embarazo es resultado de una violación, de una inseminación artificial no consentida, de una procreación asistida no consentida, precaria situación económica, cuando el feto registra malformaciones graves y cuando la vida o salud de mujer está en peligro.

“No es un derecho que pueda ser otorgado por alguna ley, o que por una ley se pueda decidir a quién se le otorga el derecho a vivir y a quien no, pues como mencione el derecho a la vida ya está implícito desde la concepción”, mencionó el legislador en sesión virtual.

El legislador explicó que, de aprobarse el derecho a la vida en la constitución, los gobierno además estarían obligados a generar las condiciones para que las y los ciudadanos cuenten con mejores condiciones de seguridad, salud y educación.

“También debemos tomar en cuenta que la vida inicia desde la concepción y en ese momento va implícito el derecho a vivir y que tiene que ver con el libre desarrollo de la dignidad… no podemos ser tratados como cosa, ser desechados como un objeto, como seres humanos tenemos el derecho a que se nos respete desde los primeros segundos de vida”, puntualizó.