Controversia constitucional contra Ley de Coordinación Fiscal, urgente para frenar deterioro de los estados: Antonio Soto


“Ante la cerrazón del Gobierno Federal para terminar con viejos regímenes que han colapsado y estancado el desarrollo de los estados y municipios en el país, el promover una controversia constitucional contra la Ley de
Coordinación Fiscal, es una alternativa viable, necesaria y urgente”, subrayó el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez.
El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió a las y los mexicanos transformar el país, gobernando “diferente”, lo cual es falso, ya que no quiere quitar una coma a la Ley de Coordinación Fiscal, y la que por cierto, representa a los viejos regímenes que tanto critica por ser neoliberales.
Antonio Soto señaló que “ese viejo esquema sigue siendo utilizado por el nuevo régimen, lo que representa un grave detrimento de las entidades federativas que viven en una subsistencia presupuestal a consecuencia de un Pacto Fiscal centralizado, propio de regímenes totalitarios, como el que hoy tenemos en México”.
En ese sentido, consideró lamentable las voces que salen en defensa de lo que por años han criticado, más en estos momentos, en los que se requiere de toda la sensibilidad y respaldo de quienes gobiernan el país, ya que, en esta emergencia sanitaria, además de la crisis en salud, se tienen graves efectos negativos en la economía, la cual está colapsada por la injusta e inequitativa distribución de los recursos.
“Los gobernadores, al representar legal y legítimamente a sus poblaciones, tienen derecho a promover la controversia constitucional, y están obligados a exigir a la Federación mejores condiciones fiscales y presupuestales en beneficio de sus representados”, recalcó Antonio Soto.
Reiteró que promover una controversia constitucional es una alternativa viable, ante la cerrazón del titular del Poder Ejecutivo Federal al no querer modificar esa relación.

Si en México no existe coordinación entre los estados y municipios, con la Federación, es porque el Gobierno de México le apuesta más al cálculo político-electoral que al bienestar real de la población, pues quiere someter a las entidades y colapsarlas, al no apoyarlas en esta contingencia, puntualizó.

En esta contingencia sanitaria, recalcó que ha sido evidente que los estados están solos, ante la insensibilidad de quien dirige este país, lo que se evidencia al no dotar de recursos extraordinarios a las entidades y los insumos que mandan son insuficientes y de mala calidad como se denunció en diversos puntos del país.
Antonio Soto reiteró que México debe reorientar los criterios de distribución de los recursos públicos, a través de una revisión profunda de la Ley de Coordinación Fiscal.
“La contingencia sanitaria, por la que atravesamos, ha evidenciado aún más la urgencia de una modificación profunda en la distribución de los recursos del país, tanto en las participaciones y aportaciones, como en los convenios”, sostuvo.
Ante la necesidad de las entidades federativas, para hacer frente a la crisis económica generada por la sanitaria, refirió que Gobernadores del país, como el de Michoacán, han tomado decisiones oportunas; por lo que, es tiempo que la Federación haga lo que corresponde y cumpla con su compromiso de transformar a México y termine con los viejos regímenes neoliberales.
Desde hace casi nueve lustros que la fórmula de distribución en México es inequitativa, ya que por cada peso que se recauda en el país, la Federación se queda con 80 centavos, los Estados 15 centavos y los municipios cinco centavos.
Es decir, la Federación ha sido la gran concentradora de los recursos públicos, lo que ha venido colapsando al resto de los niveles de gobierno y que ahora, en una situación como en la que nos encontramos, pone la soga al cuello a estados y municipios, ya que se ven acotados para poder actuar frente a la contingencia, a expensas de las ocurrencias y las compras patito de insumos que realiza el Gobierno Federal.
Por lo anterior, respaldó que se proponga promover una controversia constitucional a la Ley de Coordinación Fiscal, al reiterar que es urgente que en México se garantice la justa distribución de los recursos y se cuente con una nueva fórmula en la distribución que sea justa y equitativa para los estados y municipios

Gobernadores que buscan romper pacto fiscal, ajenos al interés nacional: Alfredo Ramírez

• Un mal chiste, amagar con promover controversia constitucional contra la Ley de Coordinación Fiscal, señala el diputado.

Morelia, Michoacán, 11 de mayo del 2020.- Los cinco gobernadores que amagan con promover una controversia constitucional contra la Ley de Coordinación Fiscal, no sólo evidencian su desconocimiento jurídico, están dando la espalda a la población en un momento en el que se requiere menos cálculo político-electoral, y más coordinación entre estados y federación para superar la emergencia sanitaria, aseveró el diputado Alfredo Ramírez Bedolla.

En este momento, la prioridad para todos los órdenes y niveles de gobierno, así como para la población en general, es superar la contingencia por coronavirus y reactivar la economía a la mayor brevedad, recalcó Ramírez Bedolla.

Sin embargo, añadió, hay gobernadores que sólo están viendo cómo sacar provecho de la emergencia sanitaria en favor de sus intereses electorales, como Silvano Aureoles y Jaime Rodríguez que destacan entre los mandatarios peor evaluados por la gente.

El diputado de Morena afirmó que los gobernadores de Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León, Durango y Michoacán no tienen sustento jurídico para promover una controversia constitucional, por lo que dijo que sólo buscan el escándalo mediático, y vender la idea de que con un cambio en el pacto fiscal los estados tendrán mayor capacidad para hacer frente a la emergencia sanitaria y superarla, «cuando la realidad es que cualquier modificación a la Ley de Coordinación Fiscal no tendría efectos a corto plazo».

«Es un error querer responsabilizar al pacto fiscal de la crisis financiera en algunos estados, porque la federación no tiene la culpa de la malversación de recursos federales, de los endeudamientos leoninos, del derroche en el gasto del presupuesto, de la corrupción y de los costosos privilegios de la clase gobernante que han vulnerado las finanzas de los estados», concluyó Alfredo Ramírez.

Se deben mejorar condiciones de las madres jefas de familia: Adriana Hernández

Morelia, Mich., a 10 de mayo de 2020.- Mejorar las condiciones en las que se desenvuelven las madres mexicanas debe convertirse en una prioridad para el Estado, ya que todos los días las mujeres se enfrentan a muchas carencias que se han acrecentado a consecuencia de los recortes presupuestales hechos por la federación y que impactan directamente en el tejido social. 

Así lo afirmó la diputada local Adriana Hernández Íñiguez, tras asegurar que continuará buscando la forma de seguir apoyando a las mujeres que tienen a su cargo familias y que en muchas ocasiones no cuentan con los apoyos y oportunidades suficientes para desenvolverse en el ámbito profesional ni para garantizar el desarrollo de sus hijos. 

La diputada recordó que de 2019 a 2020 hubo una disminución del 69 por ciento (casi 2 mil millones de pesos) a 20 programas de apoyo a la mujer, por lo que consideró necesario recuperar tal monto para el presupuesto 2021, tomando en cuenta que en medio de la crisis sanitaria actual problemas como el desabasto de medicamentos y materiales de salud, la violencia e inseguridad se han acrecentado.

En ese sentido, recordó que las para muchas mujeres las oportunidades laborales se cierran cuando se conoce que tienen hijos, pero además, una vez que logran encontrar algún trabajo, cuentan con salarios más bajos y pocas o nulas prestaciones. 

La congresista mencionó que más del 70 por ciento de las mujeres ocupadas en alguna actividad económica tiene al menos un hijo. Y de acuerdo a cifras del INEGI, este sector, además de enfrentar doble jornada por el trabajo que realizan en casa, también obtiene bajos ingresos.

“Es por esto que no debemos bajar la guardia, desde el Congreso debemos legislar para mejorar la condiciones de las madres de familia del estado. Necesitamos trabajar en coordinación con autoridades y con los núcleos familiares, porque además de las diferencias laborales, las madres de familia, en muchos casos, se enfrentan a la inseguridad y la violencia o padecen enfermedades que necesitan largos y costosos tratamientos”, agregó Hernández Íñiguez. 

En el marco de la conmemoración del Día de las Madres, la legisladora tricolor reconoció a las mujeres que día con día buscan oportunidades para garantizar el desarrollo de su familia e hizo un llamado para trabajar en la consolidación de verdaderas oportunidades y condiciones de igualdad para las mujeres.

Castigo a servidores públicos que difundan imágenes de las víctimas propone Araceli Saucedo

Con el objetivo de proteger a las víctimas, la diputada integrante de la LXXIV Legislatura Local, Araceli Saucedo Reyes propuso reformar el Código Penal y la Ley de Responsabilidades Administrativas ambas del Estado, para castigar a los servidores públicos que participen en la revictimización, al filtrar información, imágenes o vídeos e incrementar las penas.

Durante su intervención en la Sesión Extraordinaria Virtual, la legisladora expuso que es necesario y apremiante que se analicen y aprueben estas reformas para proteger los derechos de las víctimas y sancionar a quienes revelen, publiquen o difundan cualquier tipo de información relativa a hechos delictivos, en donde se expongan imágenes o videos de la o las personas víctimas del delito.

Ante casos tan graves que ya se han reportado en el país, subrayó que es necesario garantizar en la legislación local la protección de las víctimas y sancionar a todo aquel que las vulnere. “La iniciativa busca proteger la integridad de la víctima, así de sus familiares, evitando un uso distinto de la información, el cual debe ser contenido exclusivo de la carpeta de investigación”.

Es por ello, que plantea sancionar a todo aquel servidor público que difunda, revele, publique, transmita, exponga, video grabe, audio grabe, fotografíe, filme, reproduzca, intercambie o comparta imágenes, por cualquier medio, sin autorización legal en una investigación o proceso penal, sobre documentos, lugar de los hechos, indicios, evidencias, objetos, o instrumentos relacionados con un homicidio.

Si el filtrado es de imágenes, audios o videos de cuerpos humanos deformados, mutilados o trasmite las últimas circunstancias de la forma en que se llevó a cabo el acto, Araceli Saucedo propone que se incremente la sanción en una tercera parte; y si se vincula con imágenes de un feminicidio, que implique niñas, niños o adolescentes se aumente en dos terceras partes.

Además, plantea que el particular que reciba información de la señalada en esta fracción y no denuncie al Servidor Público que la filtró, se considerará coparticipe y será sancionado en los mismos términos.

Asimismo, la diputada por el Distrito de Pátzcuaro propone que el servidor público que incurra en filtrar, revelar o trasmitir audios, videos, fotografías o imágenes a cualquier persona que no tenga derecho a conocer o participar en la investigación administrativa, será responsable de los daños que ello ocasione al Estado o a particulares, con independencia del delito que con ello comete.

Araceli Saucedo expresó que “el feminicidio del caso conocido más reciente “Ingrid Escamilla”, en la Ciudad de México, da origen entre otros motivos a plantear la iniciativa que sostiene que deben ser sancionado aquel servidor público que filtra imágenes de víctimas; caso citado trajo a la luz lo anormal de la violencia que se vive contra las mujeres; puso énfasis añadido en el periodismo amarillista de medios de comunicación que usan el dolor ajeno de los familiares y amigos de la víctima como botín de ventas publicitarias con indiferencia, por ello esta iniciativa se dirige a frenar y sancionar estos actos y sus consecuencias de filtrado de imágenes por quienes tiene acceso a ellas en los canales institucionales de investigación y administración de justicia”.

Refirió que el Poder Legislativo debe actuar y proponer las reformas que den la paz requerida contra esos actos y actores, al proteger a las víctimas y sancionar a quienes las vulneren, ya que las revictimizaciones ponen en riesgo no sólo una investigación, sino principalmente a las mujeres.

Por ello, aclaró que con dicha iniciativa de reformas que propone se propone establecer como delito de filtrado de información o imágenes de una víctima por difundir, entregar, revelar, publicar, transmitir, exponer o distribuir; videos, audios, fotografías, por servidores públicos respecto de datos que obren en una carpeta de investigación o proceso penal en cualquier etapa, pues ello constituye las grietas en el sistema de procuración y administración de justicia.

Además, la iniciativa busca el respeto que debe salvaguardarse a toda persona humana fallecida, tutelando su dignidad de que las condiciones de su muerte no las filtren los servidores públicos; haciéndose por tanto congruente el planteamiento de esta propuesta con los artículos 1° y 16 Constitucionales que imponen al Estado la obligación de garantizar el respeto al derecho a la privacidad de la persona y sus datos personales.

Con esta propuesta se armoniza con la Ley de Atención a Víctimas para el Estado, que mandata la obligación de la confidencialidad del uso de la información personal de la víctima y también se armonizará con la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán, que define que por violencia contra la mujer como es cualquier acción u omisión que, en razón del género le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público, que se expresa en amenazas, agravios, maltrato, lesiones y daños asociados a la exclusión, subordinación, discriminación, explotación y opresión de género en cualquiera de sus modalidades.

Urgente garantizar seguridad de los estudiantes: Eduardo Orihuela

*Es un asunto que se debe atender de manera integral

Morelia, Michoacán, 08 de mayo de 2020. La seguridad pública de los estudiantes es un tema que se debe atender de manera integral, incluyendo tanto la prevención de delitos e incidencia delictiva, como la seguridad vial durante su entrada y salida de clases; esto debe ser entendido como una garantía que debe brindar el Estado para libre ejercicio de los derechos de los estudiantes, indicó Eduardo Orihuela Estefan.

El coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el congreso de Michoacán, presentó iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el artículo 80, de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán de Ocampo, y se adiciona el artículo 86, de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo, en materia de seguridad escolar, ya que en los últimos años, se ha incrementado de manera importante la incidencia criminal en las zonas escolares y alrededores.

En su exposición de motivos a través de la primera sesión virtual que se lleva a cabo, destacó que los estudiantes se han convertido en blanco de la delincuencia, sufriendo una constante de asaltos, agresiones, acoso y hostigamiento sexual, e incluso delitos de alto impacto como secuestros y desapariciones.

Estos delitos, agregó, tienen repercusiones sociales, económicas y psicológicas en la vida de los estudiantes y sus familias; es urgente y necesario tomar acciones de prevención en materia de seguridad pública y seguridad peatonal, estableciendo atribuciones específicas a las autoridades e instituciones para salvaguardar y garantizar la integridad de los estudiantes en su trayecto a sus hogares.

Las instituciones educativas son lugares físicos donde pasamos gran parte de nuestras vidas, donde nos desarrollamos, crecemos, aprendemos y maduramos, sin embargo, no están ajenas a la crisis de inseguridad que vive el país y el Estado. Garantizar la seguridad de los alumnos es una condición indispensable en un entorno actual de violencia y criminalidad, añadió Eduardo Orihuela.

“De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los dos primeros meses de este año, la incidencia delictiva del fuero común en la entidad ha incrementado en un 6%, destaca un repunte en la incidencia de los delitos contra la seguridad sexual con un aumento del 25%, un aumento del 10% en delitos contra la integridad corporal, del 14% en delitos contra la libertad personal, y del 17% en delitos contra otros bienes”.

 

A la par, señaló Orihuela Estefan, también es necesario y urgente garantizar la seguridad vial de los estudiantes, quienes tienen un mayor riesgo al no respetarse el reglamento de tránsito y vialidad en las zonas escolares; para tener una referencia de la urgencia de acciones en materia de seguridad vial, solamente durante los primeros dos días del regreso a clases en el año en curso, se presentaron 28 siniestros viales en la capital del estado.

Aunado a lo anterior, expuso, el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de Michoacán, ha tenido una inversión histórica de más de siete mil millones de pesos; sin embargo, sus resultados han sido magros en cuanto a la protección y seguridad de los estudiantes, lo que hace necesario implementar atribuciones específicas en el marco legal para tal efecto.

A su vez, dijo, la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Michoacán de Ocampo no incluye acciones de seguridad vial específica para estudiantes y zonas escolares, por lo que es necesario incluir dichas medidas de protección, incluyendo la coordinación entre Estados y municipios para disminuir los riesgos a los peatones en zonas escolares y aledañas.

Finalmente, Eduardo Orihuela indicó que garantizar la seguridad de los estudiantes implica una realización urgente de acciones y políticas de prevención como garantía de dicho derecho humano, derecho que tienen un impacto fundamental en la calidad de vida de la población estudiantil, esta función le corresponde al Estado y municipios de forma irrenunciable.

Reconoce Ernesto Núñez voluntad de diputados para fortalecer figura del exhorto legislativo

El líder del GPPVEM confía que el Pleno legislativo valide la propuesta de dictamen aprobada en comisiones unidas
El coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso local, Ernesto Núñez Aguilar, reconoció y agradeció la voluntad de los diputados integrantes de las comisiones unidas de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, así como Jurisdiccional, para aprobar su propuesta por el que los exhortos legislativos adquieren un sentido jurídico.
Desde noviembre del 2018, Ernesto Núñez Aguilar promovió dicha propuesta de reforma con la intención de que el Legislativo local obtuviera un verdadero resultado en los pronunciamientos dirigidos a instancias municipales, estatales y órganos autónomos para la correcta fiscalización de sus acciones, o de lo contrario se fincaran las responsabilidades correspondientes.
“Más que realizar un pronunciamiento por parte de las y los diputados de esta y cualquier otra legislatura, sin un seguimiento o resultado preciso, está el hecho de que la autoridad tiene el deber y obligación de responder o manifestarse al respecto; no minimizar ni hacer caso omiso a los comentarios vertidos en la máxima tribuna del Estado”, subrayó Núñez Aguilar.
Dictamen por el cual se plantearon modificaciones a las leyes Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán, y la de Responsabilidades Administrativas del Poder Legislativo.
Mismo que establece que dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal y de los municipios, tendrán un término de 30 días hábiles para responder sobre la viabilidad de llevar a cabo, o no los exhortos que deriven de un punto de acuerdo, o de lo contrario se fincarían sanciones no graves a funcionarios responsables de áreas.
Lo anterior, toda vez que Ernesto Núñez recordó que el Congreso es el órgano constitucional que ostenta la máxima representación popular y que, además de crear leyes, también tiene como mandato controlar y fiscalizar la acción del gobierno o ente público.

De forma exitosa, el Congreso del Estado sesionó por primera vez de manera virtual

El Congreso del Estado sesionó por primera vez de manera virtual, como una medida de prevención ante la actual contingencia sanitaria por la pandemia del virus SARS-CoV-2 y de darle continuidad al trabajo legislativo.
Con la mayoría de las y los diputados integrantes de esta LXXIV legislatura, se desahogaron 12 puntos que fueron enlístanos en la orden del día con temas de interés y relevancia para la vida y el desarrollo de Michoacán.
Con la presencia de la Mesa Directiva de este Congreso del Estado en el recinto legislativo, la primera sesión virtual se desarrollo con éxito, las y los diputados locales coincidieron en que este ejercicio marcará un parteaguas en la vida de este Poder Legislativo y coadyuvará con el trabajo y para que no haya una parálisis en esta soberanía.
De igual forma, las y los diputados de esta LXXIV legislatura enviaron sus felicitaciones a todas y cada una de las madres michoacanas, previo al próximo 10 de mayo, día de la madre en México.
Es importante destacar que el Congreso del Estado mantiene las sesiones de manera presencial, por lo que ahora el Poder Legislativo cuenta con dos formas de sesionar, en ambas con las medidas preventivas estipuladas por las autoridades en materia de salud.

Comienza primera sesión ordinaria virtual en Michoacán

Por Ricardo Téllez


Con la intención de no detener las actividades legislativas en el Congreso del Estado de Michoacán, se dio por primera vez una sesión extraordinaria de manera virtual a través de la plataforma Zoom, debido a la contingencia por el Covid-19.

Sin embargo, algunos diputados si asistieron al pleno legislativo para darle salida a la sesión, tal fue el caso de la diputada Yarabí Ávila, Humberto Gonzáles, Oscar Escobar y el Presidente de la Mesa Directiva, Antonio Madriz, mientras que el resto de sus compañeros asisten de manera virtual.

Dicha sesión extraordinaria contará con los puntos que se quedaron pendientes en la sesión ordinaria del 10 de marzo, día que fue asesinado el congresista Erik Juárez Blanquet.

La sesión se realiza a través de la aplicación Zoom y se transmite por las cuentas oficiales del Congreso del Estado de Facebook y Youtube.

En Michoacán los exhortos que emita el Pleno del Congreso deberán ser atendidos: Octavio Ocampo

Para garantizar que los exhortos que emite el Pleno del Congreso del Estado sean atendidos por las autoridades estatales, municipales y órganos constitucionalmente autónomos, este día las comisiones unidas de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias y Jurisdiccional, dictaminaron las dos iniciativas que les fueron turnadas, estableciendo la responsabilidad de que se atienda, informó el diputado Octavio Ocampo Córdova.

El presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias en la LXXIV Legislatura Local, explicó que dicho dictamen se elaboró con las dos propuestas presentadas por los diputados Ernesto Núñez Aguilar y Sergio Báez Torres.

En ese sentido, se establece que las autoridades que sean exhortadas en la entidad, deberá darle seguimiento y emitir un informe fundado y motivado como respuesta, el cual se rendirá en un plazo máximo de treinta días hábiles para que el Pleno determine en su caso lo conducente.

Aclaró que el incumplimiento u omisión del informe será causa de responsabilidad administrativa de conformidad con la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado, por lo que una vez aprobado por el Pleno del Congreso este dictamen y publicado, quienes sean exhortados deberán cumplir.

El diputado local consideró que dicha reformas a la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán y así como la de Responsabilidades Administrativas, eran necesarias ya que los exhortos que se aprobaban en el Congreso no todos eran atendidos y eran como llamadas a misa, ya que dependía de la voluntad de a quienes se observaba.

Cabe señalar que en el dictamen se estableció que a partir de que el Pleno apruebe el presente dictamen, el tercer secretario de la mesa directiva del Congreso integrará en el libro de los acuerdos, aquellos exhortos aprobados por el Pleno y les dará seguimiento, solicitando a las autoridades exhortadas un informe fundado y motivado, el cual se deberá rendir en un plazo máximo de treinta días hábiles, en caso de no hacerlo, el servidor público que por su omisión incumpla con esta obligación será sancionado por dicha falta administrativa.

Con esta reforma, la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias, así como la Comisión Jurisdiccional confirman su compromiso con seguir trabajando en favor de la vanguardia legislativa y el cumplimiento cabal de las leyes y el marco jurídico vigente.

Necesario garantizar un proceso electoral equitativo, limpio y transparente: Javi Paredes

Morelia, Mich., 07 marzo del 2020.- Ajustados a los plazos acordados, es necesario concentrar nuestros esfuerzos para que la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, pueda generar las herramientas necesarias para que en las próximas elecciones los órganos Electorales y los actores públicos puedan garantizar la paridad de género, una competencia sin violencia política y la imparcialidad, afirmó el Legislador Independiente, Javier Paredes Andrade.

Al respecto, recalcó la necesidad de que, en el próximo proceso electoral, se consolide la participación política de las mujeres y se avance en la confianza de la ciudadanía en las autoridades encargadas de llevar los comicios, premisas que serán eje toral para que la elección de representantes populares se realice de manera libre y sin coacciones.

Paredes Andrade recalcó que seguirá en la lucha por fomentar la imparcialidad en las autoridades electorales y la materialización de herramientas para combatir la violencia política en razón de género, para que las mujeres sean tomadas con la debida seriedad y se refleje en una mayor participación en los cargos de elección.

Dejó en claro que como integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y de Participación Ciudadana, permanecerá en la mejor disposición de escuchar las voces y coadyuvar para que se incluyan las propuestas de otras Comisiones y del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Tribunal Electoral del Estado (TEEM) y organizaciones civiles feministas, que se encuentran interesadas en la aplicación de un marco jurídico que les garantice la prevención y sanción de la violencia política en razón de género.

El Legislador Independiente, garantizó que continuará en la ruta trazada por los integrantes de la Comisión y los llamó a no apresurar pronósticos o caer en nerviosismos y con ello se evite generar especulaciones o adelantarse a los plazos acordados al interior de la propia Comisión, dado que las circunstancias actuales demandan total responsabilidad para con la ciudadanía.

“Como legislador tengo la responsabilidad de que la ciudadanía tenga las herramientas para estar informada, involucrada y sea parte activa en todas las etapas del proceso electoral, de la misma manera, se necesita que las instituciones electorales generen confianza y sean imparciales como una realidad y no un simulacro de la democracia”, refirió.

Celebró los avances hasta ahora registrados como la figura de la violencia política en razón de género, para generar condiciones de piso parejo a las mujeres, que tienen la intención de participar en los cargos de elección popular y que permita que hombres y mujeres sean postulados en municipios y distritos con altas posibilidad de lograr un triunfo electoral.