El Gobierno Federal debe reforzar las acciones e instrumentar medidas para la protección de las víctimas de violencia, ante el incremento de agresiones contra la mujer en el confinamiento en el país, demandó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado.

De acuerdo con las estadísticas de la Red Nacional de Refugios, en el primer mes de confinamiento se registraron 5 mil 783 denuncias por violencia sexual‬ en el país, por lo que la legisladora lamentó que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador minimizara lo que viven las mujeres.

“Resulta desafortunado sus declaraciones y con ellas demuestra el poco interés que tiene para trabajar en el impulso de políticas públicas que generen un entorno seguro y libre de violencia para todas, al afirmar que la violencia contra las mujeres en el entorno familiar no ha aumentado en esta crisis sanitaria, cuando la propia Secretaría de Gobernación federal ha reconocido que se han recibido más denuncias”.

Señaló que el hecho de que el Presidente no acepte lo que se vive, representa un grave riesgo para todos y en especial para las mujeres, ya que el minimizar lo que sucede, no focaliza esfuerzos ni acciones para combatir, prevenir y erradicar la violencia.

“La propia Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que por el estrés y la crisis económica que viven varias familias mexicanas, era muy probable que la violencia familiar haya aumentado, sin embargo, el presidente desconoce que pasa y que acontece en nuestro país, o tiene como es costumbre, otras cifras”.

Refirió que las estadísticas dadas a conocer por la Red Nacional de Refugios muestran que el acoso ha incrementado en un 92.2 por ciento, el hostigamiento sexual un 62.9 por ciento, el abuso sexual un 25.6 por ciento, la violación un 14.6 por ciento y la pornografía infantil 117 por ciento.

Lo anterior –coincidió- refleja la vulnerabilidad a la que están expuestas las mujeres, por lo que urgen acciones concretas para la atención de este sector y para combatir la violencia.

En el caso de Michoacán reconoció el trabajo que día a día se realiza para salvaguardar la integridad de las mujeres, al hacer referencia de las cifras que dio a conocer la Fiscalía General del Estado sobre que impuso en el mes de abril 147 medidas de protección, a mujeres que han sido víctimas de violencia.

Aunado a esas cifras, hizo mención que la FGE, en el mes de marzo, la Fiscalía atendió otros 157 casos, es decir, en dos meses fueron 300 medidas de protección, aunado al trabajo que realizan otras áreas para la atención oportuna a las mujeres.

Resaltó la importancia del Plan de Persecución de Delitos de la FGE a través del cual se brinda atención especializada a los casos de violencia en contra de las mujeres, así como a sus familias, además de que se cuenta con la plataforma digital de denuncia en línea, www.fiscaliamichoacan.gob.mx/, a través de la cual la población puede solicitar el auxilio de las autoridades.

• Sin importar las restricciones por la crisis sanitaria, mantienen su mano generosa extendida, a tal punto que las remesas se mantienen al alza en el país

Los paisanos siempre dan muestra de apoyo y solidaridad a México, aún en tiempos tan difíciles como el que enfrentamos todos con la crisis sanitaria por el Covid-19, por eso es necesario responderles de la misma manera, subrayó la diputada Araceli Saucedo Reyes, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el distrito de Pátzcuaro, destacó que no obstante las restricciones de movilidad, las medidas de confinamiento, nuestros paisanos mantienen su mano generosa extendida, de tal manera que en plena pandemia, las remesas a nuestro país se mantienen al alza.

Destacó que en marzo la entrada de ingresos por remesas familiares a México mostró un repunte de 35.8 por ciento a tasa anual, para ubicarse en cuatro mil 16.1 millones de dólares, que representa el mayor flujo observado desde que hay registro, resultado del mayor número de operaciones y al incremento en el valor promedio del envío.

Explicó que durante marzo se realizaron diez mil 633.3 millones de operaciones, lo que representó un crecimiento de 15.13 por ciento respecto al mismo mes de 2019, mientras que la remesa promedio subió a 378 dólares, 57 unidades más con relación a febrero que fue de 321 dólares, y superior en 18.13 por ciento a los 320 dólares promedio, observados en marzo de 2019.

“Es claro que pese a cualquier contingencia o adversidad la respuesta de los mexicanos que radican en el extranjero para con su país de origen se mantiene intacta, comprometida y solidaria, y nuestro deber como país es responder de la misma manera”.

En ese sentido recalcó que el Gobierno Federal debe velar por el respeto de los derechos de nuestros paisanos, y porque el cuidado y protección de su salud no sea un tema de último plano, frente a la necesidad de Estados Unidos por reactivar su economía.

“La voz del Estado Mexicano debe ser firme en ese sentido, es lo menos que se espera frente a la actuación de los paisanos con su país en esta crisis sanitaria”.

• Grave que en estos momentos el Gobierno Federal concentre esfuerzos en medidas persecutorias contra sus opositores políticos

La intención de regular las redes sociales para controlar la discusión pública que en ellas se desarrolla, evidencia la naturaleza censora del Gobierno de la República, en momentos en que su atención debiera estar enfocada a la atención de la crisis sanitaria, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.

El legislador hizo mención que la condición de paranoia de quien ocupa la titularidad del Ejecutivo Federal, va escalando y descobijando su carácter más oscuro, lo que puede costar para el país graves retrocesos en los avances de su democracia.

Consideró grave que en estos momentos el Gobierno Federal concentre esfuerzos en medidas persecutorias contra sus opositores políticos, producto de la ira e incomodidad que produce el debate público, en particular todo aquello relacionado con el desaseo federal para accionar durante la crisis sanitaria en la que nos encontramos.

Refirió que el planteamiento de exigir al Instituto Nacional Electoral que se auditen las cuentas de los partidos políticos, para conocer si estos invierten en redes sociales, evidencia la desesperación del Gobierno Federal por la opinión pública sobre su desempeño en esta crisis sanitaria no le es favorable.

“El Gobierno Federal olvida o deja patente su desconocimiento de nuestro marco normativo electoral, pues ésta ya prevé procesos de fiscalización claros y rigurosos por parte del INE a a los partidos políticos y la manera en que éstos ejercen sus recursos. Este trabajo lo realiza de manera permanente la autoridad electoral por mandato de Ley y no porque el grito desesperado de un gobernante lo obligue a actuar”.

Apuntó que la intentona censora que el Gobierno Federal busca cristalizar para acallar las redes sociales, se suma a la postura de condena y acallamiento que se aplica como regla en esta administración, para voces críticas y no favorables, en donde medios de comunicación de enorme prestigio, periodistas, analistas, especialistas y figuras políticas han sido expuestos a campañas de odio por incomodar al titular del Ejecutivo.

• Maestros y padres de familia, pieza fundamental para que no se pierda ciclo escolar

A que la nueva Ley de Educación que se construye en el Congreso del Estado contemple el aprendizaje tecnológico, para garantizar acceso a todas y todos los estudiantes y a los maestros las herramientas necesarias para su implementación, combatiendo la desigualdad que se tiene en las comunidades y zonas de marginación, convocó la diputada Araceli Saucedo Reyes.

Al hacer uso de la Máxima Tribuna, la diputada local integrante de la LXXIV Legislatura Local en el Congreso del Estado, expuso que esta pandemia por el Covid-19, ha evidenciado las carencias que se tienen para continuar con sus estudios a distancia, por lo que desde todas las trincheras se debe aportar y es necesario fortalecer la legislación.

En estos momentos, que al interior del Poder Legislativo se construye la nueva Ley, y ante lo que se ha visto en el marco de la contingencia necesaria, solicitó que en la norma se contemple el acceso al aprendizaje a través de la tecnología, para que en escenarios como el que hoy se viven, las niñas, niños y jóvenes puedan contar con las herramientas que se requieren.

En Michoacán, 4 de cada 10 hogares tiene conectividad y si bien el INEGI informa que más del 70 por ciento de la población tiene acceso al internet, ello no significa que el mismo número pueda acceder al servicio desde sus hogares, más cuando hay comunidades que no tienen conexión.

No obstante, reconoció que a pesar de la situación que vive, las maestras y maestros, con apoyo de los padres de familia, han implementado estrategias para continuar con los planes de estudios y garantizar la formación de los estudiantes.

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, señala que son 565 mil 50 hogares del millón 283 mil, los que carecen del servicio de internet, siendo la zona rural en donde se tiene menor acceso.

“Hoy hago uso de esta tribuna para reconocer el esfuerzo que hacen los padres de familia por continuar con la educación escolar de sus hijos desde sus hogares, a pesar de las precariedades con las que se vive por esta pandemia que nos tomó a todo el mundo por sorpresa”.

Asimismo Araceli Saucedo expresó su reconocimiento a las maestras y los maestros, porque a pesar de la situación que se vive, han puesto por encima de cualquier otro interés legítimo, el interés superior del derecho de niñas y niños a recibir educación, implementado estrategias para hacerles llegar hasta las zonas más alejadas en el Estado, las actividades educativas que tiene que realizar para poder continuar con su aprendizaje.

“El coronavirus vino a cambiar entre otras actividades, la forma de impartir educación, hoy en día las escuelas se encuentra cerradas, sin embargo estas medidas que se han tomado de manera correcta para el cuidado y protección de la salud de nuestros hijos, han venido a dejar al descubierto la inequidad que viven muchos de los alumnos fuera de las aulas”.

Sin embargo, reconoció que para los estudiantes de familias de bajos ingresos, llevar las actividades escolares a casa significa enfrentarse a nuevos retos y a precariedades tecnológicas o falta de conectividad online en algunas zonas rurales.

“Es momento de que en coordinación el Ejecutivo Federal, Estatal y nosotros como legisladores emprendamos una ruta legislativa, en la que se plantee una reforma educativa acorde a las circunstancias, primeramente debemos implementar una plataforma escolar que inculque una cultura basada en el aprendizaje tecnológico y darle a los maestros y alumnos las herramientas educativas y tecnológicas necesarias para su implementación”.

Finalmente, expresó “desde esta tribuna les pido, no nos olvidemos de las niñas y los niños, de los jóvenes, que luchan día a día por cumplir con sus clases y concluir este año escolar, no nos olvidemos de las carencias que padecen y les impide continuar con sus estudios”.

Ante la crisis que se vive en el país y la injusta distribución de los recursos, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez, urgió a un nuevo Pacto Fiscal, para terminar las desigualdades sociales y fortalecer el federalismo en México, ante lo que se requiere voluntad política de quien conduce este país.

Al hacer uso de la Máxima Tribuna, para emitir un posicionamiento sobre un nuevo Pacto Fiscal, para enfrentar la crisis del Covid-19, el legislador señaló que es apremiante una amplía reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, con el fin de que, en México, se garantice la justa distribución de los recursos, con una nueva fórmula equitativa para los estados y municipios.

“En medio de esta terrible crisis sanitaria, que está provocando graves estragos en la economía del país, ha resurgido, el debate nacional entre las autoridades locales y la federación, respecto de la viabilidad, equidad y justicia del actual pacto fiscal, que – por cierto – nos rige desde 1978. Es este el marco legal, a través del cual se recaudan los impuestos federales; como el IVA, ISR y el IEPS, y que prácticamente ha permanecido sin modificaciones importantes en los últimos 40 años”, argumentó.

Antonio Soto dijo que ante la incapacidad presupuestaria de los gobiernos locales, para enfrentar la creciente demanda cotidiana de la población de servicios (educación, salud y muchos otros más) y que ahora, de manera extraordinaria como consecuencia del Covid-19, resulta apremiante replantear un nuevo diseño, una nueva relación y un nuevo trato entre los tres niveles de gobierno.

Es clave para el desarrollo de nuestro país, un nuevo pacto entre estados, municipios y el gobierno federal, que se traduzca en un destino más equitativo de los recursos, mejor ejercicio del gasto y una mayor independencia fiscal.

El líder perredista recalcó que el debilitamiento de las finanzas estatales en el fondo se debe a este pacto federal dislocado, para lo cual debe quedar claro que no habrá un desarrollo pleno del país, si no se mejora la coordinación fiscal entre estados y la federación.

“Alrededor del 80 por ciento de los ingresos correspondientes a los impuestos federales se entregan a la Federación, con el fin de que éste mismo reparta, a cada uno de los estados, bienes, seguridad, servicios como educación y salud, entre otros derechos con los que cualquier mexicano debería contar”, señaló.

Por lo anterior, reiteró que es urgente construir un nuevo Pacto Fiscal, así como conformar un Sistema Nacional de Coordinación de las Haciendas Públicas con su respectiva Ley, ya que es inaplazable redistribuir las potestades tributarias, terminar con la simulación del federalismo educativo, de salud, reducir los pari passus o eliminarlos, reconocer el papel que juegan los congresos locales, eliminar la discrecionalidad en el gasto público y avanzar en serio en una mayor transparencia y rendición de cuentas.

“La crisis de las finanzas públicas estatales y municipales, profundizada en los últimos años, muestra que el Pacto Fiscal se agotó; hay preocupación en la sociedad por no contar con un mejor sistema tributario y de gasto. Los ingresos fiscales se distribuyen con inequidad, pues de la recaudación participable, que no es toda, sólo llega a las entidades federativas el 17% y poco más del 5% a los municipios”, subrayó.

Al tiempo que sostuvo: “en el reparto de potestades tributarias, vivimos en un monumento al centralismo fiscal, con sólo el 2.4% de facultades en los gobiernos locales. Por ello, la principal parte de los ingresos de estados y municipios provienen de las transferencias federales. De ahí que se explique el crecimiento de la deuda de las entidades federativas en los últimos años”.

Antonio Soto llamó a impulsar los cambios que nos permitan salir de la subordinación fiscal para construir un verdadero federalismo fiscal mexicano, donde el trato a los otros niveles de gobierno no sea discriminatorio como ocurre actualmente.

“Para lograrlo, es necesario llevar a cabo una Convención Nacional Hacendaria, en donde se revise el pacto, toda vez que los gobiernos estatales requieren de mayores recursos que les permita poder atender a sus respectivas poblaciones en todas sus necesidades, como ahora de manera urgente en esta emergencia sanitaria”, finalizó.

• La legisladora petista propuso hacer los ajustes pertinentes para permitir la aplicación de lo dispuesto en el numeral 39 de la legislación en materia de comunicaciones y transportes, que señala que en caso de catástrofe o epidemia se preste el servicio de manera gratuita.

Morelia, Mich.– Con la finalidad de que el transporte público sea gratuito para las personas adultas mayores de 60 años, así como para aquellas que tengan una discapacidad que implique alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial, la diputada local Teresa Mora Covarrubias presentó una iniciativa.

En su exposición de motivos, la legisladora del Partido del trabajo (PT), señaló que el universo de personas mayores de 60 años o con discapacidad es amplio, y por lo general, estas personas, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y desventaja con respecto a la demás población, mucho mayor, no solo por el ingreso, si no por un acceso mucho más complejo a bienes y servicios.

“En Michoacán, según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, habitan más de quinientas diez mil personas de 60 años y más; en cuanto a las personas con capacidades diferentes, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, del INEGI, Michoacán ocupa el sexto lugar en el país, con doscientas quince mil personas”.

De igual forma, la legisladora del Partido del Trabajo (PT), en su iniciativa propone establecer los criterios necesarios que permitan se aplique la que dispone el numeral 39 de la legislación en materia de comunicaciones y transportes.

“Dicho numeral indica que entre las obligaciones que tienen los concesionarios y permisionarios del servicio público de autotransporte, está la de prestar el servicio gratuito en los casos de catástrofe o aparición de epidemias; es decir, hoy, en términos de la norma, deberíamos de gozar de transporte público gratuito, sin embargo no es así, quizá el problema es que la norma no fue perfecta y no se dispuso, a partir de qué momento, o cómo debía aplicarse este supuesto”, explicó la legisladora petista.

De esta forma la diputada por el distrito 06 de Zamora, consideró que la aprobación de esta iniciativa debe de ser urgente ya que se tienen que realizar correcciones al marco normativo para hacer realizable los supuestos de una norma ya vigente, además reiteró lo indispensable de ampliar el espectro de beneficio, a otros grupos que también son vulnerables, de forma permanente en la sociedad.

-Propone reformar el Código Familiar del Estado para evitar interrumpir las convivencias familiares cuando ocurran casos fortuitos o de fuerza mayor