Morelia, Mich., 07 mayo del 2019.- El coordinador de la Representación Parlamentaria de la 74 Legislatura, Javier Paredes Andrade, presentó una iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se pretende inhabilitar definitivamente y no temporalmente a los funcionarios y servidores públicos que incurran en actos de ilegalidad y corrupción.
La Iniciativa con Proyecto de Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Constitución Política; Ley de Responsabilidades Administrativas; y, la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos de Michoacán y sus Municipios, en materia de Inhabilitación Definitiva por hechos graves de corrupción, pretende otorgar castigos ejemplares y no temporales a todo aquel que incurra en actos de ilegalidad.
El politólogo ahondó en que es necesario castigar a toda aquella persona que tenga un cargo de elección popular, para evitar que este tipo de prácticas se conviertan en una forma de vida, debido a que los castigos temporales, les permite disfrutar del dinero que obtuvieron mediante acciones ilícitas el tiempo que se encuentran inhabilitados, para posteriormente regresar sin culpa alguna a la función pública.
El legislador único por Movimiento Ciudadano, reflexionó en que la temporalidad en las sanciones administrativas para el funcionariado público, permite que se convierta en una “forma de vida para los políticos, porque no hay castigos, situación que alienta a que se sigan cometiendo actos de corrupción”.
Paredes Andrade demandó un cese a la simulación en el combate a la corrupción y que los políticos, servidores públicos y funcionarios de cualquier nivel gubernamental, reciban castigos ejemplares con cárcel, inhabilitación permanente y la devolución del daño, situación que permite que se generen “monumentos a la impunidad”.
Lamentó que ante la serie de casos de corrupción que han quedado en completa impunidad, se sigan registrando escándalos como el de la Casa Blanca, Odebrecht, entre muchos otros, que permiten que México siga quedando ante los ojos del mundo, como un país corrupto y que finge la aplicación de la legalidad.
“Lamentablemente en solamente algunos casos, han sido inhabilitados por un par de años, pero les sale muy barato, hoy desviar recursos en Michoacán, apoderarse de recursos del patrimonio público, les sale muy barato, viven cómodamente a costa del pueblo, mientras fingen recibir y acatar su castigo, para después volver como si nada hubiese pasado”, criticó.
Paredes Andrade dejó en claro que en torno a la corrupción no debe existir “ni el perdón, ni el olvido”, que permita que la impunidad sea la tónica de las políticas públicas en México y en Michoacán.
México se encuentra en un nivel de percepción de corrupción alarmante, estancado como uno de los lugares donde se perciben más casos en todos los niveles de gobierno, lo que ha sido documentado por Transparencia Internacional a través de su índice anual.
En su más reciente reporte, correspondiente al 2018, se advierten los siguientes resultados; México se ubica en el puesto 138 de 180, con una calificación de 28, tres lugares por debajo del mismo diagnóstico de 2017.
México se encuentra empatado con Guinea, Irán, Líbano, Papúa Nueva Guinea y Rusia; y, está entre los cinco países con la calificación más baja en la región de las Américas. Solo 10 puntos por arriba de Venezuela, último lugar en la zona.
Este año, Canadá, Estados Unidos, Uruguay, Barbados y Chile nuevamente encabezan el top cinco en la región. El declive de derechos políticos básicos en México como la libertad de expresión y de prensa es una de las causas principales por las que la prevención de la corrupción en el país es limitada.
